por Gabriel Bermejo

Hemos leído y visto en las últimas semanas un incremento de la problemática represiva vinculada a la colectividad senegalesa, puntualmente en lo que hace a su condición de vendedores  ambulantes.

Dicha corriente inmigratoria tuvo la posibilidad de regularizar su situación a partir del año 2013, mediante la obtención inicial de residencia precaria y en un marco de limitación idiomática, que hace elegir a esa colectividad mayormente la venta ambulante de carteras, anteojos, bijouterie, sin embargo, esa propensión inclusiva del Estado Nacional se ha ido revirtiendo, creándose más obstáculos a la permanencia de dicho colectivo en nuestro país.

El presidente Mauricio Macri  buscó agilizar los procesos de expulsión de extranjeros a través del DNU 70/2017 (Decreto de Necesidad y Urgencia) en cuyos considerandos se establece….Que en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas…..Que, a su vez, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ha incrementado en los últimos años…… Que por otro lado, en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad,se observa que el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las personas bajo custodia del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL son extranjeros. Ello denota que la población extranjera detenida en dependencias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL por infracción a la Ley N° 23.737 está altamente representada entre los detenidos.

Sin perjuicio de que en tales estadísticas, obviamente no se encuentran comprendidos el concejal del PRO Emanuel Gainza citado a declarar el 3 de julio de 2018 en la causa donde se encuentra procesado el también intendente del PRO de Paraná, Entre Ríos, Sergio Fausto Varisco, por supuesta vinculación con el narcotráfico, cabe interrogarse cual sería la relación entre el narcotráfico y la colectividad senegalesa y la respuesta es unívoca…NINGUNA.

Es menester destacar que durante 2017 el diario LA NACION  elaboró una estadística sobre la incidencia de inmigrantes en el delito, cuyos resultados son sumamente interesantes.

En tal sentido se pormenorizan los siguientes datos:

1.-   Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un estudio que proyectó esa cifra a 2.000.000. Es decir, sólo el 4,6% de la población que vive en la Argentina es extranjera.

2.-  La inmigración que más creció en los últimos años proviene de países latinoamericanos, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú, que en conjunto representan el 75% de la migración latinoamericana.

3.-  Bajo el subtítulo  Inmigración y delito sostiene el artículo mencionado que…..algunos funcionarios y representantes de la política destacan que el 21% de los presos del país son extranjeros. Si bien el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) indica que el 23% de los presos detenidos en cárceles federales son de otros países (cifra que, según pudo saber LA NACION, bajó al 21% en 2016), ese porcentaje sólo contempla las detenciones bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).Si analizamos los números totales, es decir, la cantidad de extranjeros detenidos en relación a la población penitenciaria completa de la Argentina, el porcentaje es mucho más bajo: sólo el 6% de los detenidos son de otros países. (Unos 4300 sobre 71.000 presos).Esto quiere decir que sólo el 0,2 % de los extranjeros que residen en el país está detenido. La cifra se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años, según datos oficiales.

Agrega el informe que,  pese  a los sostenido por la ministra Patricia Bullrich en el sentido que la cantidad de extranjeros que cometen delitos vinculados al narcotráfico en el país es del 33%,   Sin embargo, si se tienen en cuenta todas las cárceles del país, y no sólo las federales, esa cifra desciende al 17,5 %.

Sostiene  Ariel Cejas Meliare, director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria,  que la estadística de detenidos extranjeros “es muy baja”. “Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de política criminal contra este colectivo porque sin datos oficiales rozamos la discriminación y la estigmatización  

Nos encontramos entonces con que en función de esas  pseudopremisas  el P.E.N. elude el trámite legislativo por el cual se debería modificar una ley , para llevarla  a cabo, como nos tiene acostumbrados  esta gestión, mediante la vulneración del sistema republicano que paradójicamente declaman ,custodiar.-

Y es del caso que, la Justicia declaró la inconstitucionalidad del mentado decreto de necesidad y urgencia ya que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional”. El voto mayoritario de la Sala V consideró que… la inconstitucionalidad se deriva tanto de que el Gobierno utilizó sin justificación la herramienta del DNU, como que las medidas adoptadas son contrarias a los derechos humanos de los migrantes.   la Justicia sostuvo que el decreto “no sólo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia”. Respecto al argumento del Gobierno de que una “emergencia en seguridad” para justificar el DNU que modificó la Ley de Migraciones, los jueces sostuvieron que “el decreto no expone razones válidas -dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas- para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso mediante el procedimiento legislativo ordinario”.La causa judicial se originó en febrero de 2017 por una presentación del CELS, la Comisión Argentina para Refugiados e Migrantes, y el Colectivo por la Diversidad. Posteriormente se presentaron en la causa otras personas y actores tales como el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Civil Derechos Humanos, Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina y la Asociación Civil Mesa por la Igualdad. En su sentencia los jueces consideraron que las reformas a la ley de Migraciones vulneran la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las personas migrantes. La sentencia se refiere específicamente a los tiempos acotados del trámite de expulsión exprés, a las retenciones preventivas de personas migrantes y al riesgo de que se conviertan en una detención arbitraria y a la afectación del derecho a la unidad familiar. Según el fallo, el decreto “establece una serie de restricciones al derecho al debido proceso que no se compadecen con los fines que declara perseguir la norma. Además de los defectos en la fundamentación del estado de necesidad para su dictado (y que por sí solos determinan su invalidez), se advierte que las medidas que constituyen el objeto del acto no guardan proporcionalidad ni razonabilidad con los fines que se pretende alcanzar, pues, a partir de la vinculación que se arguye entre criminalidad y migrantes, se establece un mecanismo sumarísimo de expulsión aplicable a cualquier extranjero, sin consideración a sus circunstancias personales, tenga o no antecedentes penales“ Debe observarse también que el colectivo al que se refieren estas modificaciones de la ley migratoria, constituye un grupo vulnerable, en situación de inferioridad en cuanto al ejercicio real y efectivo de sus derechos”, sigue el fallo. Y agrega: “El decreto no hace más que perpetuar esta situación de sometimiento, respecto de todos los migrantes, ya que no se limita a los casos de quienes tienen antecedentes penales o específicamente a quienes poseen antecedentes penales por infracciones a la Ley de Estupefacientes”.

Recientemente, en fecha 8 de mayo de 2018,, la Corte Suprema de Justicia de La Nación en la causa   APAZA, LEON ,  también puso un freno legal a la voracidad xenófoba del Poder Ejecutivo.

En dicho expediente se discutió si esa   persona, de nacionalidad peruana y residente en el país que resultó condenado por un tribunal argentino a una pena de prisión en suspenso de un año y seis meses por el delito de robo en poblado y en banda en grado de tentativa, se -encuentra alcanzado por el artículo 29, inciso c, de la Ley Nº 25.871 y, por lo tanto, puede ser expulsado del país.

Sostuvo al respecto  el Alto Tribunal……Por consiguiente, la interpretación plausible del inciso c del artículo 29 de la ley 25.871 es que tanto la “condena” como los “antecedentes”, para poder justificar la prohibición de entrada o la expulsión de un migrante, deben relacionarse con alguna de las cinco categorías de delitos que se mencionan en el inciso -tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas-, o bien con cualquier otro delito que para la legislación argentina merezca pena privativa de libertad de tres años o más.De acuerdo con este inciso quien en el país o en el exterior haya sufrido condena penal -o tuviera antecedentes- por alguno de los delitos mencionados, o por delitos cuya pena mínima en la legislación argentina esté prevista en tres o más años de prisión, encuadraría en la causal impediente reglada en la norma.

De modo tal que se encontrarían fuera de los alcances punitivos de la normativa, una importante cantidad de senegaleses procesados por falsificación de marcas, que tiene una pena máxima de 3 años (y no mínima).

A la par, también resulta ilustrativo lo establecido en el artículo 83 del código contravencional de CABA cuando expresamente aclara que…………..No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías ……

En definitiva, deberán multiplicarse y consolidarse los vallados políticos y judiciales ante la inconstitucional embestida contra la inmigraciٕٕón de lso países hermanos de la región, como así también del olvidado, por parte de los países centrales,  continente africano.