Comenzó el Juicio de los Magistrados

La Justicia cordobesa tiene la oportunidad histórica de pagar una deuda

 

Por Mónica Ambort *


Si no hay condena, habrá escrache.
En el comienzo del primer juicio que se hace en la provincia de Córdoba contra un ex juez y otros funcionarios de la Justicia Federal por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad perpetrados en 1976, uno de los principales impulsores del juzgamiento, preocupado, lo advierte sin medias tintas.
Desde que hace 41 años una patota militar la sacó de la cárcel y fusiló junto a otros presos en un supuesto intento de fuga, Luis Miguel Baronetto, que entonces también estaba detenido, no ha cesado de moverse para que los asesinos de su esposa, Marta Juana González, fueran juzgados y condenados por el crimen que dejó huérfanos de madre a sus dos pequeños hijos; el más chico, nacido en cautiverio.
Por el asesinato de Marta González y otros 32 presos políticos alojados en la Penitenciaría de Córdoba, en 2010 la Justicia Federal de esta provincia condenó a Jorge Rafael Videla a prisión perpetua. La primera perpetua para el anciano genocida después de casi 25 años, cuando en el Juicio a los Comandantes que impulsara el presidente Raúl Alfonsín en 1985, se lo condenara también a la pena máxima. Su socio Luciano Benjamín Menéndez,, jefe supremo del terrorismo de Estado en Córdoba, recibió por los asesinatos de la cárcel, una de las 12 perpetuas que acumula en su periplo por tribunales del país.
Baronetto, ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, y otros familiares de los presos ejecutados en 1976, querían sentar junto a Videla y Menéndez, a los magistrados que conociendo los crímenes, y los secuestros, torturas y violaciones padecidas por otras y otros detenidos, no hicieron nada por impedirlos ni investigarlos. Pero recién ahora, siete años más tarde de las condenas a los jerarcas militares, esos funcionarios están en el banquillo de los acusados en el Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba.
Ignoraron y rechazaron hábeas corpus, firmaron autorizaciones para traslados ilegales, validaron declaraciones tomadas bajo tormento, aceptaron que militares apuntaran a detenidos en su presencia, recibieron indiferentes denuncias de numerosos crímenes. Fueron cómplices, dicen los denunciantes.
Se trata del ex juez Miguel Angel Puga (71); el ex secretario Carlos Otero Álvarez (67); ex defensor Ricardo Haro (84), y ex fiscal Antonio Cornejo (79), a quienes se juzga desde el martes 25 de julio, por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento. Los funcionarios que elevaron la causa a juicio, no encontraron en cambio motivos para acusarlos de haber sido partícipes necesarios, es decir, cómplices. Inicialmente, los acusados por las víctimas eran más. El principal de ellos, el entonces juez Adolfo Zamboni Ledesma, en cuyo juzgado Carlos Otero Álvarez actuó de secretario. Zamboni Ledesma murió en 1984, y fue despedido con gloria por La Voz del Interior, en una necrológica de cabecera de página: destacado profesional; justo, noble y ético. Probo. Mientras que por dictamen médico, el ex fiscal Alí Fuad Alí y otro ex defensor, Luis Molina, no podrán ser juzgados.
“Los jueces federales tenían pleno conocimiento de la existencia de los campos de concentración que operaban en su jurisdicción”, dictaminó sobre ellos en 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como recordó Alexis Oliva en su libro Todo lo que el Poder Odia, una biografía de Viviana Avendaño. La resolución de la CIDH destaca la “complicidad manifiesta” del Juzgado a cargo del fallecido Zamboni Ledesma y su secretario ahora en el banquillo, Otero Álvarez.


Este es uno de los pocos juicios por responsabilidades civiles durante la dictadura que se hacen en el país. Su comienzo casi ha coincidido con la condena a prisión perpetua en Mendoza, el miércoles 26, a los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, por su complicidad con secuestros, torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Durante la primera audiencia del juicio de Córdoba, se comenzaron a leer las acusaciones. Una morosa jornada de más de seis horas, insuficientes para el relato de los 119 casos de violaciones a los derechos humanos incluidos en la causa, padecidos por 75 detenidos, en 1976.
Entre abril y octubre de ese año, treinta y uno de los presos, muchos de ellos a disposición de la Justicia Federal, fueron retirados del penal por fuerzas militares, y ejecutados en la calle. En intentos de fuga, informaban después los comunicados del Ejército que la prensa reproducía y la Justicia no cuestionaba. Otros dos detenidos, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fueron ejecutados en el patio de la cárcel. Raúl Bauducco, un estudiante de Ciencias de la Información de 30 años, de un tiro en la nuca cuando no resistió un baile de madrugada, y René Mourkazel, un médico de 27 años, estaqueado frente a las celdas de las mujeres. Muerte lenta, a baldazos de agua, en una de las noches más frías del invierno de 1976.
La Causa de los Magistrados ha llegado a juicio después de innumerables postergaciones. La causa maldita, le dicen en los pasillos de Tribunales. La Sagrada Familia, como se conoce al Poder Judicial vernáculo en la ciudad meditarránea, donde los lazos de parentesco y origen social valen más que los créditos profesionales, estrechó filas en torno a los acusados. En sucesivas ocasiones, cuando parecía que el juicio al fin comenzaría, diez funcionarios que a su turno debieron integrar el tribunal, fueron recusados o se autoexcluyeron por amistad íntima, generando una vacancia que debió resolverse con jueces de otras provincias: José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, de La Rioja y de Concepción del Uruguay.
En cuanto al presidente del tribunal, Julián Falcucci, según el querellante Luis Miguel Baronetto, ya adelantó opinión acerca de la inocencia de sus colegas. “Lo hizo al actuar en el caso de un funcionario de Tucumán, siguiendo la postura del juez Javier Díaz Gavier, para quien un secretario, como es el caso de Otero Alvarez, sólo es un fedatarios”. Será un juicio difícil, dice Baronetto.
“Están muy cuidados, muy protegidos. Han generado las condiciones óptimas para que no queden expuestos”, subrayó en la misma dirección ante La barraca, Carolina Vaca Narvaja, hija de una de las víctimas.
Si no hay condena, habrá escrache, ha dicho Baronetto al agradecer a la voluntad de los hijos, que finalmente este juicio se esté haciendo. Por eso a pesar de sus temores, es categórico: “Se trata del primer juicio contra la complicidad civil en Córdoba. Es la oportunidad de la Justicia de recuperar la credibilidad. De reivindicarse contra quienes la denigraron”. A su lado, durante la primera audiencia, estuvo sentado el periodista Horacio Verbitsky. Un juicio al que se ha llegado cuando ya nadie creía en él, agregó Baronetto, y advirtió que se lo quiere invisibilizar. Efectivamente, los medios tradicionales de Córdoba apenas si lo divulgan. Hacerlo, parece que será tarea de la prensa no comercial, y de la voluntad ciclópea de algunas y algunos periodistas que resisten en los grandes medios.
“A mi padre esto le ha llevado mucho tiempo. Y mucha soledad”, dice a La barraca, Mariana Baronetto, 42 años, cuatro hijos. Médica. Y agrega: “Porque mucho más difícil que litigar contra los militares, es hacerlo contra los magistrados. Por eso acompaño al Gordo (su papá, Miguel) y lo cuido todo lo que puedo”. Mariana tenía diez meses cuando detuvieron a sus padres. “Recibimos muchísimo amor de nuestros abuelos. Pero la ausencia de la Marta, está siempre presente. Es una necesidad contínua. Será así, hasta el día que me muera y nos reencontremos en otro lado”.
Amén del resultado final, el martes 25 de julio ha sido un día histórico. Muy importante, dijo Carolina Vaca Narvaja. “Es increíble que el juicio se realice a pesar del contexto nacional. Y de las dilaciones que hubo desde 1983. Tiene un gran valor social e histórico. Es muy difícil poner en el banquillo de los acusados a gente de la Justicia Federal”.
Carolina, 46 años, dos hijos, actriz y docente de teatro, es hija de Hugo Vaca Narvaja, secuestrado en las escaleras de Tribunales de Córdoba en 1975 y fusilado junto con Gustavo Adolfo De Breuil y de Arnaldo Toranzo, en presencia Eduardo De Breuil, a quien dejaron vivo para que al regresarlo a su celda “lo contara”. Defensor de presos políticos, Vaca Narvaja era hijo del ex ministro de Gobierno de Arturo Frondizi, Miguel Vaca Narvaja, un padre leal que a los 59 años, poco antes del golpe del 76, fue arrancado de su casa familiar, y ejecutado vilmente. Unos días después, el 23 de marzo a la noche, 26 integrantes de la familia Vaca Narvaja irrumpieron con lo puesto en la embajada de México en Buenos Aires, de donde partieron al exilio. “Mi papá nos dijo que nos fuéramos”, recuerda ahora su hija, en la sala de periodistas donde se juzga a los magistrados. “Nos quitaron la posibilidad de una vida normal. Es muy significativo que mi padre, que era un hombre de justicia, haya defendido a los presos políticos, y hoy estemos juzgando a quienes no lo defendieron a él”, cuenta Carolina Vaca Narvaja, con la voz sacudida. Los ojos temblorosos.

  • Mónica Ambort. En 1985 cubrió el Juicio a los Comandantes de las Juntas Militares para el diario Puntal de Río Cuarto, donde realizó las primeras investigaciones periodísticas sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura eclesiástico-cívico-militar de 1976. Trabajó en los diarios Clarín, La Voz del Interior y Página 12 Córdoba. Es autora de los libros Juan Filloy, el escritor escondido; Córdoba, historias de amor, de locura y de muerte (que incluye crónicas escritas en los 90, sobre el fusilamiento de la Familia Pujadas y los estudiantes desaparecidos del Colegio Manuel Belgrano de Córdoba); y coautora de Lapa 3142. Viaje sin regreso. Ha sido entrevistadora de la Survivors of the Shoah Visual History Foundation que creó el cineasta Steven Spielberg y durante 25 años, docente de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirigió las revistas Umbrales, y El Cactus. Integra la Red Par. Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista, y es miembra fundadora del Manifiesto Argentino. Vive en Mendiolaza, en las Sierras Chicas de Córdoba.