Por Rosana Forgas

Me acabo de sentar en la compu sin precalentar, (esta vez saldrán recuerdos a capella), chapé el termo, puse youtube, y el delicioso The best is yet to come en la voz de “La Voz”, me lleva a donde mi crónico estado de optimismo quería viajar.

Porque no sólo me transporta a su célebre repertorio, sino que Sinatra viene a cuento de lo que ni yo misma sabía que tenía tantas ganas de contar, y que tiene que ver con episodios muy intensos de la década del 90, esa de la que tantos motivos nos sobran para recordar como palabras nos faltan para describir.

Corría el año 1992, acababa de asumir la gobernación de mi provincia Ramón Ortega, Palito, el changuito cañero, el cantante más popular de todos los tiempos, (el empresario exitoso que acababa de perder un millón de dólares de su propio patrimonio por un fracasado negocio con Frank), pero que para los tucumanos tiene un sello muchísimo más importante que toda su historia pública: le ganó el sillón de Lucas Córdoba a Bussi. Y pudimos patear su despreciable figura por cuatro años más. –Pero… a esto ya lo contaste, chabona, no te repitas que se van a dar cuenta que estás veterana-.

Bueno, mejor voy derechito al grano porque después no sé cómo cuernos hacer para reducirme a las 1000 palabras que convenimos con los barracos.

En los 90, la crisis económica y financiera por la que estábamos atravesando era bastante similar a la actual, sin crisis sanitaria global ni exterminio post-macrista, pero en medio del menemato. Con coparticipaciones con cuentagotas, con cuasi monedas en varios distritos, con meses de atrasos salariales, cositas que cito sólo para vernaculizar los despelotes porque, si no, voy a ocupar mucho texto hablando del brutal cipayismo del riojano (alqueDiostengadonsesemerece, como decía mi abuela Ina)

Lo cierto es que no atravesábamos por una pandemia, pero sí por una epidemia a nivel regional, la del cólera, que azotaba a la región NOA, con epicentro en Salvador Maza, Salta, y que se expandía muy rápidamente. Esa dolorosa circunstancia, tan desconocida como la covid 19 (aunque no tan grave, desde luego), nos sirvió para confirmar la verosimilitud de la afirmación de que, a veces, las crisis son oportunidades. Porque las acciones que se realizaron para paliar los daños en la salud de la población nos sirvieron como políticas públicas durante mucho tiempo después. Y es en esa mirada, si se quiere, de “resiliencia política”, (¿cómo, no se dice así? bueno, acabo de inventar un concepto, entonces…), en lo que nos inspiramos desde el IEFI para presentar en “en sociedad” a partir del 2022, algunos de los proyectos sobre políticas sanitarias que tenemos en agenda y que, fundamentalmente, tienen que ver con la accesibilidad a los medicamentos esenciales: aquellos a los que la OMS define como los medicamentos que cubren necesidades de atención de salud prioritarias, a los que se selecciona atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa.

Para ponerlo en términos coloquiales: son los medicamentos de consumo masivo, como los analgésicos, antiinflamatorios, antihipertensivos y tantos etcéteras que llenan los botiquines familiares. Los mismos que siempre son pasibles de obscenos incrementos de precio a raíz de que, muy pocas veces en nuestra historia, (y siempre durante gobiernos “populistas”), el Estado se puso los pantalones largos para ejercer su autoridad paternal sobre uno de los mercados más impiadosos: el de la industria farmacéutica. Sector éste por demás corporativo y poderoso que se aprovecha de las características de la demanda de medicamentos que es inelástica por antonomasia; esto es que los fármacos se consumen lo mismo, independientemente del precio que fijan los laboratorios (como por ejemplo pasa también con las leches maternizadas o la electricidad o los combustibles), ya que son artículos de primera necesidad.

Pero existen alternativas válidas para enfrentar, desde el estado nacional y los provinciales, la feroz embestida de una de las industrias lícitas más poderosa del mundo (sino la más) contra el bolsillo de los trabajadores, como la producción pública en gran escala, como ocurriera en los años noventa, época que marcó el mayor esplendor de los laboratorios estatales de elaboración de medicamentos esenciales.

Este escenario permitiría que sea el propio Estado el que oficie como ente regulador de precios, y no el libre mercado que condena a los enfermos crónicos a abandonar sus tratamientos complicando su situación de salud y, por ende, generándole más gasto al propio Estado. Los medicamentos para pacientes ambulatorios (crónicos o agudos) son una barrera sanitaria que optimiza los recursos financieros estatales por cuanto un paciente hospitalizado requiere de una infraestructura infinitamente mayor para su atención, por lo que es fácil deducir que el precio de los medicamentos no sólo afecta a un ciudadano que concurre a la farmacia con la receta prescripta por su médico pero no puede adquirirlo por sus precios, sino también a toda la población sana que con su  responsabilidad tributaria sostiene el sistema de salud.

Con esto no estoy diciendo otra cosa que los intereses económicos y geopolíticos de la industria farmacéutica en el mundo repercuten en los bolsillos de todos y que sus exorbitantes ganancias denotan uno de los aspectos más perversos de la desigualdad; remedios carísimos y consumidores que no pueden acceder a ellos.

Les advierto a mis lectores que se vienen varios viernes con notas como ésta, que profundicen las recetas para remediar la salud, así que mejor ya voy terminando con esta introducción a una problemática tan compleja como controvertida por cuanto involucra decisión política y una gran cuota de valentía por parte de quien la ejerza.

Y ustedes coincidirán conmigo en que es imposible imaginar un gobierno neoliberal poniendo freno alguno a cualquier exceso de las grandes corporaciones cuando ellos son propiamente las corporaciones.

Sólo basta con recordar el exterminio macrista ¿o no?

Nos vemos en la próxima, amigos, sólo les pido que voten bien este domingo.