Por Sofía Fares

Durante la emergencia Sanitaria entró en juego nuevamente la ponderación de derechos. No dudamos en entregar datos personales en pos de la protección de nuestra salud física y mental. En el mismo escenario, muchas mujeres quedaron encerradas con sus agresores y las denuncias por violencia de género prácticamente se duplicaron.

Entonces, ¿qué entendemos realmente por salud? ¿cómo juega aquí la salud de las mujeres cuando la violencia es moneda corriente?

Esa pregunta abre el gran interrogante de un derecho que hoy está en la cima de su estrellato aunque nunca pierde realmente su protagonismo, porque al fin y al cabo ¿no es la salud lo que verdaderamente importa?. 

La Salud Integral

El concepto de salud ya abandonó su histórica definición de “falta de lesión o enfermedad”. Hoy entendemos que la salud es mucho más que eso y trabajamos sobre la base de la salud integral que, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), es “el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo”.

Existen una multitud de acuerdos, convenios y declaraciones internacionales y regionales que han reconocido la salud como derecho humano básico: La Constitución de la OMS; La Declaración Universal de los DDHH; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; La convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «Convención de Belem do Para«; entre otros. Los Estados asumieron en estos la obligación de respetar y proteger este derecho, generando condiciones en las cuales todas, todos y todes podamos vivir lo más saludablemente posible.

La Salud de las mujeres 

Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia de género ya configuraba una de las violaciones más urgentes a los derechos humanos. Según Naciones Unidas la violencia de género provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. En Argentina una mujer es asesinada por violencia de género cada 25 horas. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Según las estadísticas, la inmensa mayoría de las mujeres en el mundo sufren diariamente acoso callejero, y un gran porcentaje se siente insegura al caminar por las calles y modifica su rutina o su vestimenta por esta razón.

La violencia contra las mujeres representa un problema social y sanitario de máxima importancia, no solo porque es uno de los factores determinantes en su morbimortalidad, sino también porque afecta su integridad física, psicológica, sexual y su ámbito social, constituyendo así el principal obstáculo para el goce de una salud plena.

La vulneración de derechos, las discriminaciones y en general, las inequidades que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, han estado históricamente invisibilizados y naturalizado en todas las sociedades. A esto debe sumarse el siguiente análisis: la violencia, y por ende el riesgo a la salud y a la vida, se agrava y se incrementa en algunos contextos, teniendo en cuenta las variables de clase, origen étnico, identidad de género, orientación sexual, condición de migrante, de refugiada, discapacidad, edad, etc. Es decir, las inequidades penetran diferente bajo una mirada interseccional.

A pesar de contar con una legislación de avanzada, muchos países como Argentina todavía tienen tasas preocupantes de violencia contra las mujeres, demostrando que existe una gran barrera entre la teoría y la práctica.

¿Y el Estado?

Ya en el año 1996 la OMS acordó que la violencia es una prioridad en salud pública en todo el mundo e instó a los Estados miembros a evaluar la dimensión del problema en su territorio.

Con el afán de combatir la violencia de género y de dictar legislación acorde a los estándares internacionales, en el año 2009 se promulgó en nuestro país la Ley 26.485 de «Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”. Esta es una ley de orden público, que retoma un concepto amplio de violencia, contemplando “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”, y enumera, sin el afán de ser taxativa, los tipos y modalidades de violencia conocidos[1]. Por supuesto que entre los diversos derechos protegidos por la ley se encuentra el Derecho a la Salud, y a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer.

Dentro de las modalidades se encuentra la Violencia institucional, un concepto dentro del cual se incluyen tanto las acciones como las omisiones que pueden emanar del Estado. Es por ello que la ausencia de las regulaciones legales necesarias, la no implementación de políticas públicas operativas y eficientes para prevenir las violencias, la asignación de un presupuesto insuficiente, la falta de trabajo activo para la erradicación de patrones culturales que sostienen la discriminación son también formas en las que el Estado vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.

El Estado Nacional tiene una vasta legislación en pos de la protección de las mujeres y las personas LGBTQ+, pero las estadísticas nos demuestran que las acciones no son suficientes. Sumado a la realidad Nacional, tenemos en Tucumán un Estado Provincial sumamente negligente con su rol, con resistencias a la ampliación de derechos en donde la realidad de las mujeres es crítica, y que según la Agencia Presentes es “una de las provincias más violentas para personas LGBT”. La demora en la adhesión a leyes nacionales como la Ley Micaela, la Ley de Paridad, la falta de reglamentación e implementación de ESI, del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable,y las barreras burocráticas para el acceso a las ILEs son algunos de los motivos por los cuales nuestra provincia está en deuda con nosotras y nosotres.

Abordaje Integral

La violencia de género contra las mujeres están hoy, como nunca antes, en la agenda pública. El grito de “Ni Una Menos” ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera a las cuestiones individuales, resaltando su carácter sistémico. Gracias a esa visibilidad es que hoy podemos contemplar la problemática en toda su extensión, incluyendo en ella las responsabilidades del Estado, las obligaciones de prevención y la protección de DDHH de las mujeres en su sentido más amplio. Hoy entendemos que la violencia contra las mujeres es sistemática y transversal.

Es fundamental que el Estado en su rol de garante de derechos asuma un compromiso real para el cumplimiento de sus obligaciones, con la elaboración de estadísticas, con la implementación de presupuestos y planes nacionales acordes.

Se trata por supuesto de una problemática compleja que requiere modificar estructuralmente la realidad y abordar integralmente las violencias para prevenirlas, sancionarlas, atenderlas y erradicarlas. Si no trabajamos desde todas estas aristas las desigualdades y las inequidades seguirán afectando a la salud de las mujeres, vulnerado derechos humanos básicos. Es necesario que, a través de las acciones de promoción y prevención, se pueda reconocer y visibilizar esta realidad para lograr por fin un pleno goce del derecho a la salud integral y con ello el derecho a vivir una vida libre de violencias.

[1] Tipos: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica.

Modalidades: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática

Sofía Fare es abogada feminista.