por Gabriel Bermejo

Mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 801/2018, el que deberá ser refrendado por la Comisión Bicameral Permanente, el Poder Ejecutivo transformó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en una Secretaría de Estado, reproduciendo lo ya concretado  en su época por el Dictador Onganía, situación que naturalmente es objeto de fundadas preocupaciones.

La nueva Secretaría, junto con la de agroindustria integrará y estará bajo la órbita y conducción del Ministerio de Producción, lo que obliga a una primera conclusión: La administración macrista equipara el rol del Estado en lo que hace al derecho del Trabajo con el que cabe al mundo agroexportador, y esta orientación se reafirma en función del actual rol preponderante que se le asigna a la Sociedad Rural en las decisiones estatales.

Más allá del repudio  explicitado por las diversas corrientes sindicales ante el nuevo organigrama de la administración, recuérdese que el 30 y 31 de agosto último se llevó a cabo la 106  Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, en la Provincia de Jujuy, espacio en el que se habían pautado lineamientos de trabajo., donde se sostiene que ……..”Ante las versiones que son de público conocimiento, relacionadas con la eventual eliminación del Ministerio de Trabajo de la Nación, sea por convertirla en secretaria y/o unificarlo con otros organismos, tales como el Ministerio de Modernización y/o de Producción entre otros, que implicaría un retroceso institucional, máxime teniendo presente que nuestro país es reconocido internacionalmente por el importante desarrollo en materia de legislación laboral, creación de derechos y protección social al mundo del trabajo y la producción, por ello este Consejo Federal manifiesta lo siguiente: Objetivos y funciones  El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promueve, regula y fiscaliza el cumplimento de los derechos de los trabajadores, en especial de la libertad sindical, la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y de trato, y la erradicación del trabajo forzoso, informal e infantil. Interviene en las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo y en conflictos individuales, ejerciendo facultades de conciliación, mediación y arbitraje. Ejerce el poder de policía en el orden laboral, como autoridad central, y la superintendencia de la inspección del trabajo, que coordina las políticas y los planes nacionales de fiscalización, en especial los relativos al control del empleo no registrado. A través del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) brinda a los trabajadores y empleadores con diferendos provenientes de conflictos laborales individuales o pluriindividuales, un ámbito propicio que facilite la negociación de sus intereses con el propósito de arribar a acuerdos consensuados, sujetos a homologación. Por medio del programa ASISTIR, se ofrece a los trabajadores asesoramiento jurídico gratuito en las demandas de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante el Tribunal de Trabajo Doméstico se encarga de tramitar todas las acciones que se producen por irregularidades que surjan entre las personas que trabajan en el servicio doméstico y sus empleadores, y funciona como un juzgado ordinario aunque está en sede administrativa y no pertenece al Poder Judicial. Los juzgados laborales intervienen frente a una apelación presentada a un dictamen de la institución. Por medio de la Unidad para Personas Discapacitadas lleva adelante los lineamientos que el MTEySS propone para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Todo lo antecedentes expuestos, muestran claramente la importancia de no Eliminar el Ministerio de trabajo, máxime lo que ello significa para el contexto de las provincias Argentinas, como organismo regulador y garante del mundo del trabajo, pilar fundamental del desarrollo y crecimiento de todas las naciones del mundo”.

Es dable observar la diferencia conceptual y funcional con el nuevo Ministerio de la Producción y del Trabajo, donde su solo enunciado degrada al trabajo a un nivel subalterno al de la producción, léase agro, y dicho sin eufemismo alguno, al de las patronales, más allá que en el enunciado de las funciones del nuevo ministerio se hable de fomentar la producción, o el trabajo de calidad, lo que deviene a esta altura de los acontecimientos en burla hacia la sociedad toda; a excepción de los grupos concentrados de la economía

Esta decisión del gobierno macrista – radical, da de bruces  con la normativa vigente en la materia, por ejemplo la ley nacional nro. 25.212 que ratifica el Pacto Federal del Trabajo, y donde si bien se reconoce como deber irrenunciable de los organismos provinciales el cumplimiento de la legislación laboral, establece un trabajo conjunto que coordine proyectos y programas protectorios, de forma mancomunada con el Ministerio de Trabajo –

Sin desmedro de las autonomías provinciales en lo que hace a la Inspección del Trabajo, la ley 25877 creó el sistema integral de inspección del Trabajo y de la Seguridad Social  en todo el territorio nacional, inspirada en los convenios 81 y 129 de la OIT – Organización Internacional del Trabajo que hablan expresamente de una inspección laboral a cargo de una autoridad centralizada , es decir, en nuestro país, el Ministerio de Trabajo.-

A posteriori la ley 25.877 fue modificada por la ley 26.940 de Promoción del Trabajo registrado y fraude Laboral, que otorga mayores facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en materia de fiscalización del Trabajo, básicamente en la creación el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales – Repsal , que el ahora ex Ministro Triaca quiso borrar en el malhadado proyecto de reforma laboral

Quién cumplirá ahora estas funciones ?, una secretaría ?, con que dotación de recursos humanos ? si justamente en los considerandos del DNU se sostiene que en esta instancia resulta pertinente efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas en materia de reducción presupuestaria…..

Esta  nueva embestida por parte del Poder Ejecutivo contra los trabajadores se complementa con el intento de reactivación del traspaso de la justicia nacional, y entre ella la del trabajo, al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un claro intento flexibilizador y disciplinador que difícilmente pueda consolidarse.-