Por Horacio Rovelli

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte de esa deuda, 66.137 millones, estaban en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera, y el 93,5% de los acreedores que poseen el 99% de esos títulos aceptaron, el 31 de agosto de 2020, canjearlos por nuevos títulos, cinco en dólares y cinco en euros, con vencimientos que van desde el año 2030 a vencimientos en el año 2046, sobre los cuales se pagará solamente un interés del 3,07% anual y recién comienza a amortizar capital a partir de julio de 2024.

Paralelamente, por la cláusula RUFO[1], igual trato debe darse a los títulos de deuda de jurisdicción nacional y, por la ley respectiva, se permite canjear dichos títulos de deuda que ascienden al equivalente a 41.715 millones de dólares. Si bien todos están denominados en dólares, algunos se pagan en dólares y otros en pesos al tipo de cambio oficial (dólar linked). Los tenedores de títulos elegibles con vencimiento hasta 2024 tienen la opción de canjear sus tenencias por nuevos bonos en pesos ajustables por inflación (BONCER), con vencimiento en 2026 y 2028. La opción de canje por BONCER no tiene quita nominal pero se realiza a un tipo de cambio implícito predeterminado ($70,815 por dólar).

En síntesis, prácticamente 107.800 millones de dólares se canjean por títulos que devengan interés y comienza  a amortizar capital en el segundo semestre de 2024, por lo que se oxigenan las cuentas de la administración de Alberto Fernández que finaliza su mandato el 9 de diciembre de 2023.

La otra parte es la deuda es con el FMI, en DEG (Derechos Especiales de Giro), aproximadamente unos 45.000 millones de dólares; otras deudas (aproximadamente 30.000 millones de dólares) son con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Club de París, etc.; otros 130.000 millones en esa moneda es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y los 11.200 millones de dólares de deuda restante es con el sector privado en moneda nacional o en moneda extranjera pero, en ese caso, con cláusulas de ajustes propias.

El acuerdo don los bonistas, tanto extranjeros como locales, fue un éxito porque la diferencia con los vencimientos originales es abismal. El acumulado a pagar a los bonistas con jurisdicción extranjera al 31 de diciembre de 2024 es de  unos 6.200 millones de dólares (cuando los vencimientos originales de los títulos canjeados hubieran significado de 33.664 millones de dólares para ese lapso). Paralelamente, por los títulos de jurisdicción local se abonará el equivalente a unos 3.910 millones de dólares, conformando un total de 10.100 millones de dólares en cuatro años, suma que se puede pagar con el amplio superávit comercial que se espera para todo ese período.

LA NEGOCACION CON EL FMI

Cumplida la negociación con los tenedores privados de los títulos de deuda argentina, tanto aquellos que tienen jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local, resta modificar el compromiso con el FMI que obligaba a pagar en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolso, a partir de septiembre de 2021 (es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares  y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG[2]), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por  5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones  de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.

Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI.  Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2021 en adelante, y por otra parte no sabemos exactamente el valor del DEG en el futuro. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar, que el Presidente de la República Argentina, en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de 2021, estimó en ese año 2021, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares.

La negociación de la deuda con el FMI es sumamente compleja, primero, por su monto; y segundo porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concedieran a la Argentina de Cambiemos los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) (unos 45.000 millones de dólares en la actualidad) para, como dijo el Presidente Alberto Fernández, financiar la campaña política más cara de la historia Argentina.  En cambio, el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Brasil, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), a muchos de los cuales el Departamento de Estado considera el “eje del mal”, concepto que repiten insistentemente los grandes medios de comunicación, siempre funcionales  a los EEUU.

Fiel a la política externa de los EEUU, el FMI va a endurecer su posición en un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidades que son las mismas de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de  años de aportes y de  edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo incrementar la alícuota del IVA en los alimentos) y estructurales que se repiten, privatizaciones (recordemos que en el año 2002 el FMI proponía que se privatice el Banco de la Nación Argentina) y hasta insistir en que se reimplante el sistema de capitalización previsional.  Además, algunas no escritas, como la presión para que se concesione nuevamente la mal llamada Hidrovía del Paraná y otras que no se explican si no es por la presión de los acreedores que el FMI representa.

El Gobierno de Alberto Fernández escribió a las autoridades del FMI explicitando que no va aceptar un plan de ajuste y que sólo va a pagar con crecimiento económico, tal pasó con los acreedores privados encabezados por grandes fondos de inversión como Blackrock, PIMCO, Fidelity, Gramercy, Franklin Templeton entre otros, que aceptaron porque caso contrario, no cobrarían.  El caso del FMI es distinto porque es un organismo internacional del que somos parte y, negarnos a pagar sería presentado como una actitud hostil hacia el resto de las naciones que lo componen, pero la verdad, es que EEUU intenta que la Argentina se subordine a sus designios y eso, un país soberano como el nuestro no debe hacer.

En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, el Presidente de la República, Alberto Fernández, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…” con ello el Presidente de la Nación manifestó su voluntad de promover una querella criminal por administración fraudulenta contra los funcionarios de Cambiemos y los máximos responsables políticos que tuvieron a su cargo la obtención y gestión del crédito condicionado (stand by) otorgado por el Fondo Monetario Internacional.

La excusa de la administración anterior, que se tomó deuda para cubrir el déficit fiscal que ellos mismos expandieron al eliminar las retenciones (derechos de exportación) y disminuir el de la soja y derivados, para nada justifica que -como ocurrió- se tome deuda en dólares para afrontar gastos que el Estado tiene que realizar en pesos.  La deuda fue contraída  para obtener los dólares para propiciar su fuga, como lo señala el BCRA en el informe que realizara al respecto: “en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la formación de activos externos alcanzó los 45.100 millones de dólares”, un monto proporcional, financiado con el préstamo del FMI. Para poder hacerlo el FMI incumplió su reglamento que establece como límite máximo de préstamo para un país el 500% de la cuota en ese organismo. La cuota argentina en el FMI desde agosto de 2016 es de 3.187,3 millones de DEG. Como la cotización del DEG es de alrededor de 1,40 dólares y mucho no ha variado, Argentina en ningún caso podría haber obtenido más de U$s 22.300 millones y le dieron un al gobierno de Macri un crédito que llegó a U$S 45.000 millones aproximadamente (32.200 millones de DEG)

EL PROBLEMA LEGAL

Toda la deuda externa de la Nación Argentina con el sector privado (colocación de títulos públicos de deuda) se tomó con aprobación del Congreso de la Nación porque la solicitud de endeudamiento se presenta con la Ley de Presupuesto de cada año.  Pero la deuda contraída con el FMI fue una decisión del Poder Ejecutivo de junio de 2018, su autorización expresa no fue pedida al Poder Legislativo como exige la Constitución Nacional[3] 

El Art. 60 de la Ley 24.156/1992 de Administración Financiera y Control de Gestión de la Administración Nacional dice expresamente: “Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”.   Y al final exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte. 

El incumplimiento reside en que la Reforma Constitucional de 1994 deja sin efecto esa prerrogativa desde el año 2010,  por ende hay un claro abuso de autoridad del gobierno de Macri y de los funcionarios que acordaron y firmaron el acuerdo de la deuda con el FMI. La reforma de la Constitución Nacional, en su cláusula transitoria octava estableció que “…La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”. El último párrafo del artículo 60 de la Ley 24.156 es una norma de naturaleza delegativa, que fue prorrogada por última vez -y por un plazo de un año – por la ley 26.519. Esta última ley, promulgada el 21 de agosto de 2009, establecía que “… Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un (1) año, y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. …” (Artículo 1).

Es decir que, desde agosto de 2010, quedó caduca la excepción prevista en el último párrafo del artículo 60 de la Ley de administración financiera y, por tanto, el Poder Ejecutivo no podía eludir la obligación de pedir autorización expresa al Honorable Congreso de la Nación para contraer el empréstito con el FMI. La responsabilidad principal de aquella elusión legal recae en quien entonces ocupaba el rol de Jefe de Gabinete de Ministros, quien tiene el ejercicio exclusivo de las facultades delegadas.

Pero además de eludir al Congreso Nacional, cuya atribución exclusiva prevista en el art. 75 inciso 4 y 7 se refuerza con la disposición expresa del artículo 76 que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo materias determinadas de la administración o en casos de emergencia pública, el gobierno de aquel entonces tampoco cumplió con los requisitos elementales para celebrar válidamente un acto administrativo, toda vez que se desconoce la confección de expedientes y documentos de respaldo previo a la firma de los acuerdos.

El dictamen jurídico que está agregado a estas actuaciones dice expresamente que se expide cuando ya está todo firmado, además ni siquiera analiza lo que debería haber analizado: si el Poder Ejecutivo, o sea Mauricio Macri, el presidente de la Nación en el año 2018, tenía facultades para suscribir ese acuerdo. No las tenía, lo que analiza es si el funcionario competente para firmar la carta de intención de acuerdo a los convenios que los países firman con el Fondo era o no el Ministro de Hacienda, no tiene ningún sentido. Se incumplió con la ley de administración financiera, se incumplió con la ley de procedimientos administrativos y todo esto genera, en cabeza de los funcionarios que incumplieron esas normas, una responsabilidad personal y patrimonial.

(…) Lo que hay que investigar y mensurar, es el daño que todo esto ha generado, y eso es un perjuicio fiscal claramente, ese perjuicio fiscal debe reclamarse directamente a los funcionarios, lo dice la ley de administración financiera en el artículo 130, que dice expresamente que los funcionarios públicos son responsables patrimonialmente por el daño económico que generan por no cumplir con las normas para la formalización de acuerdos de este tipo, y la ley de responsabilidad del Estado, también lo establece en su artículo 9”.

Por ende, todos esos funcionarios del Poder Ejecutivo del gobierno de Cambiemos que acordaron la toma de deuda con el FMI, incluido el por ese entonces Presidente de la República, Mauricio Macri, son plausibles de malversación de fondos público, abuso de autoridad y por ende de delitos contra la Administración, por ello el Fiscal federal, Franco Picardi, abrió una investigación que deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes.

El mecanismo de endeudamiento y fuga es el siguiente: El que contrae la deuda es el Tesoro de la Nación que depende del Ministerio de Economía, pero como el Estado paga a sus trabajadores (donde más de la mitad son fuerzas de defensa y seguridad), a los jubilados y pensionados nacionales, las contrataciones, licitaciones, y transferencias, en pesos,  le vende esos dólares al BCRA.  Y el BCRA al tipo de cambio oficial le da pesos al Tesoro de la Nación.  El problema es que por la Ley 24.144 de carta Orgánica del BCRA, éste puede vender esos dólares, que son deuda del Tesoro de la Nación a los Bancos que se lo demanden, allí operaron fundamentalmente los diez grandes bancos privados y hasta grandes bancos oficiales nacionales y provinciales administrados por Cambiemos que compraron para sí y para sus clientes en la gestión de Macri, 86.200 millones de dólares, así lo afirma el Informe del BCRA denominado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, preparado por pedido expreso del Presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2020.

El Informe de marras del BCRA sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe intimar a los titulares de esas cien firmas y exigirles el pago del impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, si correspondiera, y la declaración del origen de esos fondos con lo que lograríamos hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Una vez analizados, en principio, los cien primeros grandes compradores y fugadores de divisas del período diciembre 2015-diciembre 2019, seguramente les cabrá las generales de la ley y por multas y/o declaraciones falsas deberán devolver al Estado nacional parte de lo fugado. Es más, podría acordarse amortizar parte de lo equivalente a 45.000 millones de dólares de deuda con el FMI, con esos ingresos.

El enigma es que nunca se comunicó oficialmente quiénes son esos 100 primero fugadores, pero el medio digital “El Cohete a la Luna” con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”, afirma que al lote de esos grandes fugadores de capital lo encabezan Telefónica Argentina  con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[4], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); el Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[5];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

EN SINTESIS

Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.  De hecho, desde el año 2003 hasta el año 2020 el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.712 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que esa suma obtenida por un brutal ajuste externo, se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructura, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una red ferroviaria suficiente, no, nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.

La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná, que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad), y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites y en el año 2020  superó los 80 millones de toneladas, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.

Pero no solo no hay control sobre la producción  y su exportación, sino que se declara sólo una parte, es importante la subfacturación de exportaciones y de esa forma se fuga.  En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial (declarado y no declarado) y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares. 

El centro de la cuestión es que el BCRA se basa en la Reforma Financiera de 1977 que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los 10 –diez- bancos  privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico y que los bancos deben desempeñar el papel de dirección técnico-política de las políticas fiscales y monetarias. Y de la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA que la hizo Domingo Felpe Cavallo, como dijimos, para permitir que la deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación (El Estado Nacional) el que se endeuda (deuda que pagamos los ciudadanos de a pie) y después le vende esos dólares a los bancos (como operador cambiario de última instancia)[6].

De esa manera, por ejemplo, el superávit comercial de todo el año 2020 que fue de 12.528 millones de dólares, a lo que se le debe agregar 5.780 millones de dólares que disminuyeron las Reservas Internacionales en ese lapso, que suman 18.308 millones de dólares, de los cuales se emplearon, unos 5.200 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default y los intereses de todo el año.  Unos 1.900 millones de dólares en la venta del llamado dólar ahorro, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes.  Pero los 11.200 millones de dólares restantes se vendieron irresponsablemente, más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea productos que no habían ingresado a la aduana del país, por eso el INDEC no los contabiliza porque no están en la Argentina (a un precio de $ 70 a $ 80 desde enero hasta septiembre 2020, asegurándole el cambio) y  otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shopping en todo el país), etc. 

Esto se pudo haber evitado si se anulaba el Decreto 893/2017 de noviembre de 2017 y de esa manera se restablecía el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria, que hubiera impedido que el BCRA venda los dólares para que las empresas paguen supuestas deudas externa y, menos aún, para dárselo a los importadores que adelantaron compras al exterior por temor a una devaluación y empleando dólares de las reservas del BCRA. Es más, Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, entre otras solicitaron dólares al BCRA  para comprar soja y maíz de sus filiales en Paraguay principalmente y, de Brasil y Uruguay.

[1] La cláusula RUFO es la que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, por ende si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y/o menor plazo para pagar el capital y/o los intereses, se le debe otorgar igual trato  al resto de los acreedores.

[2] Derechos Especiales de Giro, es una canasta de moneda que emplea el FMI para ajustar el valor del crédito otorgado, al 31 de julio de 2020 la paridad era 1,4076 dólares por DEG.

[3] Artículo 75 de la Constitución Nacional, norma que establece y enumera una por una las distintas responsabilidades y funciones del Congreso de la Nación.  Por consiguiente, en su inciso 4º dispone que corresponde al  Congreso: “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y casi inmediatamente (específicamente en el inciso 7° del mismo artículo) agrega -para que no quede ninguna duda- que: corresponde al Congreso… “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

[4] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[5] También en el Grupo Banco Galicia, en el Banco Macro SA y, en el Banco Santander, Larry Fink reconoce participación en su capital accionario

[6] De haber regido la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 se lo hubiera evitado