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EL ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA Y SUS IMPLICANCIAS

El pasado 27 de junio se dio a conocer la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y el MERCOSUR. A casi 25 años del nacimiento de la iniciativa, se trata sin lugar a dudas de una noticia trascendental para la Argentina y el MERCOSUR.

Hasta el momento, las fuentes de información respecto de los resultados de las negociaciones provienen fundamentalmente de la Unión Europea, donde los documentos oficiales evidencian las ventajas obtenidas para dicho bloque.

Por su parte, las declaraciones del gobierno argentino son aún superficiales y se desconocen los resultados definitivos alcanzados sobre temas de alta complejidad e impacto como las ofertas de liberalización comercial, el tratamiento dado a las diferencias de desarrollo relativo entre los bloques, las compras públicas y los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

Una serie de pasos administrativos deberán completarse antes del envío del acuerdo a los respectivos parlamentos, donde se trasladará el debate. Los socios menores del MERCOSUR reclaman desde hace años el avance en acuerdos de este estilo. Mayores cuestionamientos son esperables en Argentina y Brasil, donde las incertidumbres que genera el acuerdo son considerables y la influencia de los gobiernos sobre sus respectivos parlamentos es relativamente baja. Nuevas resistencias podrían surgir también en Europa, en particular dentro del grupo de socios que perciben mayores amenazas en la asociación.

Un acuerdo a cualquier precio

Las tensiones comerciales que dominan los portales de noticias a escala global, hacen evidente hoy más que nunca, que las diferencias entre firmar un acuerdo y firmar un buen acuerdo se esconden en los intersticios de los textos acordados. La escasa transparencia y la magra información respecto de los resultados alcanzados por las negociaciones, dificulta la de por sí compleja tarea de evaluar las consecuencias de una iniciativa de esta magnitud.

En el caso argentino, la insuficiente información pública y la inexistencia de estudios de impacto de la actual administración no resulta casual. Por el contrario, trasluce la postura con la que el gobierno argentino implementó su política exterior desde finales de 2015. Se trata de una visión cándida respecto de las ventajas de la apertura internacional, que tiende a sobrevalorar la gestualidad y desconoce los focos de preocupación respecto de sus consecuencias y efectos concretos.

La decisión de “volver al mundo” es hoy en día la principal y única definición de política exterior de la Argentina, no existiendo claridad respecto de los objetivos y beneficios esperables de dicha inserción internacional, ni de los pormenores de la estrategia que debería asumirse.

La celeridad impuesta a las negociaciones para su aprovechamiento en el marco del proceso electoral y los malos antecedentes en materia de subestimación de impactos y problemas que esgrime el gobierno nacional despiertan importantes dudas respecto de los resultados obtenidos en la negociación.

La falta de definiciones estratégicas se ha hecho ya evidente en la organización de eventos de relevancia internacional como las cumbres de la OMC y el G-20, donde Argentina no supo aprovechar su condición de anfitrión para trasladar a la agenda internacional problemáticas o iniciativas concretas, propias y/o de la región. Los riesgos de esta postura para la firma del Acuerdo UE-MERCOSUR conlleva sin embargo riesgos mucho mayores.

La información preliminar marca que el nuevo acuerdo se caracteriza por la resignación de la mayor parte de las exigencias que históricamente requirió el MERCOSUR para garantizar un acuerdo equilibrado que considere las asimetrías entre los bloques. La visión naive respecto de lo que implica la inserción económica externa implícita en el posicionamiento argentino, amenaza no sólo el futuro del empleo, la producción y el desarrollo tecnológico del país y la región, sino que además entorpece la concreción de un acuerdo mutuamente provechoso entre los bloques.

 Breve historia y antecedentes del acuerdo

En 1994 la Unión Europea y el Mercosur sentaron las bases para el inicio de las conversaciones en pos de un acuerdo de libre comercio. Los avances en las negociaciones del ALCA impulsaron a Europa a buscar un acuerdo con el MERCOSUR en vistas de no perder su histórica y estratégica influencia sobre el Cono Sur de América Latina.

Las tratativas se iniciarían formalmente en el año 2000, aunque las diferencias en las ofertas y posicionamientos, sumadas a las tensiones generadas ante la incorporación a la Unión Europea de un grupo de países de Europa Central y del Este dificultaron las conversaciones.

Las negociaciones se empantanaron a finales de 2004, cuando las exigencias de la UE resultaron desmedidas para el MERCOSUR. Mientras se reclamaba una apertura casi completa para el comercio de bienes, servicios, compras gubernamentales, además de una serie de beneficios adicionales en materia de propiedad intelectual, solo se ofrecían cuotas parciales para los productos de interés del bloque sudamericano. El cambio de rumbo político en Sudamérica que se cristalizó en el rechazo al ALCA de 2005 postergó las negociaciones, que se reabrirían recién tras la última gran crisis financiera internacional.

La crisis regional de Europa y la pérdida de relevancia de sus productos en el mercado sudamericano a manos de la competencia china reavivó el interés de la UE por un acuerdo. En 2010, los mandatarios de ambas regiones anunciaron la reapertura de las conversaciones. Sin embargo, los avances resultaron exiguos en el contexto de la intransigencia de la Unión Europea para conceder acceso preferencial a los productos agroindustriales del MERCOSUR y la amenaza que los bienes industriales de origen europeo generaban sobre los entramados industriales de las dos principales economías del MERCOSUR (Argentina y Brasil).

A partir de 2016, la confluencia de gobiernos de cosmovisión compartida en Argentina y Brasil dieron un nuevo impulso a las negociaciones. No obstante, la posición de la Unión Europea, y en particular de los países con fuerte tradición agroindustrial (Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia), tendió a endurecerse de la mano del crecimiento de las posturas nacionalistas en el viejo continente.

Las intenciones del gobierno argentino de formalizar un acuerdo a cualquier costo en el marco de la cumbre del G20 realizada en Buenos Aires en 2018 y el temor a un cambio en el rumbo político por las elecciones en Brasil forzaron una acelerada flexibilización de las exigencias del MERCOSUR. No obstante, a contramano de los esfuerzos del bloque sudamericano, la oferta europea resultó en algunos casos inferior a la realizada años atrás, en particular en rubros claves como lo son las cuotas de carne bovina y biocombustibles.

Finalmente, hacia finales de junio de 2019, cuando las miradas del mundo se posaban sobre la reunión del G20 en Japón y las posibles novedades en la guerra comercial que enfrenta a los Estados Unidos con China, se dio a conocer la concreción del acuerdo.

Al día de hoy (4 de julio), los términos completos del Tratado se mantienen aún desconocidos por fuera de algunos trascendidos y documentos parciales publicados por la Comisión Europea. Con el correr de los días, el flujo de información permitirá avanzar en evaluaciones más profundas respecto de las posibles consecuencias. Sin embargo, la revisión de los materiales disponibles refleja que la urgencia de los gobiernos de Argentina y Brasil por presentar a la opinión pública un acuerdo, condujo a importantes concesiones que desvirtúan 20 años de negociaciones, de un tratado que para resultar provechoso debía necesariamente contar con mecanismos que permitan equilibrar las asimetrías entre los bloques.

Asimetrías y desacuerdos

El MERCOSUR y la Unión Europea son bloques con marcadas y evidentes diferencias de desarrollo relativo. Unos pocos indicadores económicos permiten resaltar las asimetrías en materia de tamaño, desarrollo económico y productividad, especialización productiva y complejidad tecnológica.

Mientras que la Unión Europea representa aproximadamente un tercio del comercio mundial, la relevancia del MERCOSUR es levemente inferior al 2%. La distancia entre ambos bloques expresa la brecha de tamaño y escala de sus economías. Por su parte, el producto bruto por habitante manifiesta las asimetrías en términos de productividad y desarrollo relativo, en tanto aún al comparar los países con mejores registros del bloque sudamericano con los registros más bajos del bloque europeo, las diferencias son importantes.

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La preeminencia de los productos industriales en las exportaciones de UE (76% del total) y de los bienes primarios en el caso del MERCOSUR (78%) manifiesta además la diferencia en los patrones de especialización de ambos bloques. El MERCOSUR se inserta al mercado mundial como proveedor de bienes primarios de escaso valor agregado, en contraposición a lo ocurrido con el bloque europeo, que se destaca por sus ventas industriales de alto valor.

Los gastos en investigación y desarrollo (I+D) reflejan también las distancias en la complejidad y contenido tecnológico de las producciones de los dos bloques. Tan sólo Brasil se aproxima a los niveles de inversión en tecnología de los miembros más rezagados de la UE.

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Dadas las mencionadas asimetrías, el intercambio entre ambos bloques asume históricamente un patrón según el cual las exportaciones de productos primarios y de escaso valor agregado dominan las ventas del MERCOSUR a Europa (productos agropecuarios y minerales). Por su parte, las manufacturas de mayor valor agregado sobresalen entre las exportaciones europeas (maquinaria, químicos, vehículos, partes y piezas, etc.).

Se trata de un esquema a partir del cual el bloque del viejo continente se ha provisto históricamente de materias primas indispensables para la fabricación de productos de mayor elaboración, abasteciendo luego al socio con productos industriales y agroindustriales.

El patrón de comercio entre ambos bloques dio forma a las primeras negociaciones y desacuerdos. Los intercambios comerciales fueron utilizados como referencia para establecer las pautas y metas de desgravación arancelaria.

Dada la mayor relevancia relativa que asumen las compras a la Unión Europea para el MERCOSUR, su patrón de especialización comercial y las particularidades del esquema de protección, los productos de interés europeo representan una elevada proporción de los intercambios efectivamente realizados. En tanto las metas de liberalización del acuerdo fueron establecidas como una proporción de los intercambios realizados y no potenciales, alcanzar las metas de desgravación exigidas por la UE implicó para el bloque sudamericano grandes esfuerzos y sacrificios.

Contrariamente, dada la efectividad de los mecanismos de protección vigentes en la UE y la relevancia que asumen los intercambios de un conjunto de productos primarios con bajos aranceles, Europa logró desde un principio mostrar elevados márgenes de liberalización en su oferta, aislando de la negociación a los principales productos de interés del MERCOSUR.

Estas discrepancias iniciales signaron los desacuerdos entre los bloques imponiendo una agenda de mayores exigencias de liberalización sobre el socio relativamente más débil. Un estudio realizado en 2008 a partir de las ofertas intercambiadas hasta entonces, estimó que la oferta del MERCOSUR duplicaba los esfuerzos de liberalización de la UE.1

Dado que los niveles de protección arancelaria de ambos bloques son heterogéneos, los esfuerzos que impone la liberalización son también asimétricos. La protección industrial europea es relativamente baja y las exportaciones de este tipo de productos por parte del MERCOSUR son poco significativas, motivo por el cual la liberalización del comercio en este grupo de productos no constituye un sacrificio de relevancia para la UE y si para el MERCOSUR.

Por el contrario, la UE presenta elevados grados de protección arancelaria y no arancelaria en bienes agrícolas que ha conseguido aislar parcialmente del proceso de negociaciones, imponiendo mayores sacrificios para el bloque sudamericano, que tendieron a dificultar el avance de las negociaciones.

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En estrecha vinculación con lo anterior, existe un tercer elemento que tendió a desbalancear las negociaciones. Dadas las insuficiencias de recursos fiscales, los países menos desarrollados suelen concentrar sus esfuerzos de protección en la política arancelaria, la cual no sólo no constituye un elemento de erogaciones para el sector público, sino que por el contrario se transforma en un elemento recaudatorio.

Por el contrario, los países más avanzados poseen un arsenal de políticas de promoción más amplio en el que se cuentan programas de subsidio, promoción de exportaciones, desarrollo tecnológico y medidas para-arancelarias, entre otros. La Política Agrícola Común de la Unión Europea es un ejemplo de estas circunstancias. De esta manera, la reducción de aranceles lejos de igualar los terrenos de competencia tiende a desproteger más a los países de menor desarrollo económico relativo.

Según declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el acuerdo permitiría a la UE ahorrar más de 4.000 millones de euros en tarifas y aranceles, lo que significa cuatro veces el ahorro implícito en el acuerdo negociado entre la UE y Japón.

Ganadores y perdedores: una primera aproximación

Según información publicada por la Comisión Europea, el MERCOSUR se comprometió a liberalizar el 91% de sus importaciones provenientes de la UE en un lapso de 10 años, en tanto la UE alcanzará un margen de liberalización del 92%. Tal como se mencionó en la sección anterior, la diferencia entre las metas establecidas para ambos bloques es no sólo ínfima, sino que dados los universos comprendidos y las tarifas de partida tienden a cargar mayores esfuerzos sobre el bloque sudamericano.

Las negociaciones estuvieron históricamente signadas por la intransigencia europea respecto de la liberalización del acceso a sus mercados de bienes agrícolas altamente protegidos y sus demandas de acceso preferencial para sus productos industriales.

Las capacidades industriales y manufactureras del MERCOSUR resultan a todas luces inferiores a las de la UE. En este sentido, los resultados generales del acuerdo en materia de comercio de bienes dependerán en buena medida de que las ventajas de acceso en materia agrícola permitan compensar las pérdidas esperadas, fundamentalmente, por Argentina y Brasil en materia industrial.

Los trascendidos del acuerdo plantean que la UE se beneficiará de cuantiosas reducciones arancelarias en rubros de interés tales como automóviles (35%), autopartes y maquinaria (14%-20%) químicos (18%) y medicamentos (14%). Las pautas de desgravación trascendidas para el sector industrial plantean una clara amenaza a las actividades con elevada incidencia en la generación de empleo y valor local.

En el caso de los vehículos se definió un período de liberalización de 15 años, con la posibilidad de incrementarse en 7 años más a partir del otorgamiento de un cupo de comercio obligatorio durante la transición. Para las autopartes, el período de liberalización establecido es de 10 años.

La industria automotriz y autopartista en el MERCOSUR constituye una porción muy relevante del empleo y la producción industrial, con importantes encadenamientos en materia de demanda de insumos y productos. Las amenazas sobre esta industria constituyen no sólo un peligro para la producción y el empleo, sino también para la posibilidad de desarrollo de proyectos de carácter estratégico a partir de los recursos naturales disponibles, como es el caso de los reservorios de litio y su aplicación para la fabricación de baterías para autos eléctricos.

En el caso de los productos agrícolas, cabe mencionar que ambos bloques son importantes productores y comercializadores de este tipo de productos. En el MERCOSUR, sus ventajas naturales constituyen el principal factor de competitividad, mientras que, en el caso de la UE, la Política Agrícola Común estructura un esquema de subsidios y beneficios determinante para la sustentabilidad de las producciones.

El margen de liberalización ofrecido por la UE en el caso de bienes agrícolas es del 82%, incluyendo además un sistema de cuotas y tarifas para productos sensibles. Sin embargo, la UE ha sido muy enfática en el sostenimiento de sus estándares sanitarios y fitosanitarios, que funcionan en numerosas oportunidades como barreras para-arancelarias al ingreso de productos agroindustriales. Adicionalmente, el acuerdo establece que más de 350 productos de origen europeo serán protegidos por su identificación geográfica.

La evolución de las negociaciones muestra que la oferta agrícola aceptada por el MERCOSUR no sólo se encuentra por debajo de los objetivos iniciales planteados en la negociación, sino también por debajo de los parámetros establecidos en ofertas anteriores realizadas por el bloque europeo2. En particular sobresale el caso de la carne vacuna, con una cuota de 99 mil toneladas, inferior a las 150 mil ofrecida en rondas anteriores.3

Los intereses de la UE en materia agrícola no son sólo defensivos, sino que incluyen además una serie de productos que competirán particularmente con la producción argentina de las regiones de Cuyo y Patagonia. En este sentido, la liberalización afectará también a las producciones de vino, fruta fresca tales como las peras y manzanas (Río Negro, Neuquén y Mendoza), duraznos y ciruelas (Mendoza), conservas de tomate y durazno (Mendoza y San Juan), aceite de oliva (San Juan, La Rioja y Mendoza) y papas congeladas (Mendoza y Buenos Aires), entre otras.

Tanto en el caso del sector automotriz y autopartista, como en el de algunos productos agroindustriales argentinos, las amenazas del acuerdo no se limitan a sus efectos en el mercado doméstico. La pérdida de la ventaja relativa para exportar hacia otros socios del MERCOSUR podría generar el desplazamiento de los productos regionales a manos de productos europeos (desvío de comercio).

Estimaciones realizadas por la Cancillería Argentina en el año 2013, calculaban que la firma del acuerdo implicaría para el país una reducción de sus exportaciones a Brasil de alrededor de U$S 1.500 millones. La baja no alcanzaría a ser compensada por las mayores ventas a la UE, generando un impacto neto negativo. En términos sectoriales se verían particularmente afectadas las exportaciones automotrices, de químicos y maquinaria y equipos (autopartes y bienes de capital) a Brasil, en favor de la venta de productos primarios a Europa.

Según el mismo estudio, la situación no sería la misma para el caso de Brasil, quien pese a perder participación en el mercado argentino vería más que compensadas sus pérdidas por las ganancias en el mercado europeo.

Resultados similares arroja una evaluación de impacto realizada por la Universidad de Manchester (2007), que asegura que la Argentina sería dentro del MERCOSUR el país menos beneficiado por un acuerdo con la UE, del que cabía esperar pérdidas de empleo y producción en el sector manufacturero.

Más allá del comercio de bienes

Los términos del acuerdo incorporan además de los objetivos en materia de liberalización del comercio de bienes, pautas y exigencia en materia de comercio de servicios, inversiones, compras públicas, reglamentaciones (reglas de origen, normas técnicas, etc.) y derechos de propiedad intelectual. Se trata de un conjunto de ítems de alta relevancia e impacto, para el cual los conocimientos respecto de los contenidos de la negociación son aún menores.

En el caso de las compras públicas la información de la Comisión Europea asegura que se garantizó para las empresas del viejo continente, el acceso a las licitaciones públicas en iguales condiciones que el de las firmas originarias del MERCOSUR. Las negociaciones plantean además la posibilidad de extender los beneficios a las compras públicas sub-nacionales (provinciales y municipales).

En un sentido similar, se propone limitar la posibilidad de utilizar a las empresas públicas como instrumento de discriminación en favor de proveedores locales. Además, se restringe la posibilidad de recurrir a las denominadas Licencias No Automáticas de Importación (LNA), a pesar de tratarse de un instrumento de política comercial avalado por la OMC.

En los tres casos (compras públicas, empresas públicas y licencias de importación) los mencionados requerimientos reducen los ya de por sí escasos espacios de oportunidad con lo que cuentan las economías en desarrollo para establecer políticas de fomento y desarrollo tecnológico y productivo. La pérdida de márgenes de maniobra para avanzar en una estrategia de diversificación productiva resulta particularmente grave dadas las asimetrías entre los bloques, y formó históricamente parte del posicionamiento de los socios mayores del MERCOSUR.

Las definiciones en materia de reglas de origen son también de gran importancia, en tanto determinan las exigencias que debe satisfacer un producto para poder beneficiarse de las condiciones del acuerdo. Esta y otras reglamentaciones constituyen no sólo elementos fundamentales en el acuerdo en tanto su diseño puede dificultar o beneficiar el acceso al mercado del socio. Según la información de la UE, el acuerdo no logró incorporar el histórico reclamo del MERCOSUR en pos de la consideración de reglas de origen que tengan en cuenta las diferencias de desarrollo entre los bloques.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, las naciones más avanzadas suelen exigir el reconocimiento de patentes por períodos prolongados, garantizándose el monopolio en la provisión de determinados productos. Finalmente, en el caso de las inversiones, el gobierno argentino manifestó un renovado optimismo sobre el tema, desconociendo los frustrados anuncios de“lluvia de inversiones” del inicio de su mandato.

La posición relativa de la Unión Europea en el stock de Inversión Extranjera de la región es ya elevada, siendo el principal inversionista en el MERCOSUR con un stock estimado de U$S 430 mil millones. Cabe esperar que el acuerdo siente las bases para una mayor facilidad en el desarrollo de estrategias basadas en la importación de partes de origen europeo.

Una serie de factores tienden a configurar un escenario no del todo positivo para Argentina en materia de inversiones. La vigencia de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) garantiza desde hace décadas los beneficios en términos de tratamiento nacional y solución de litigios en tribunales internacionales, entre otros aspectos. La regulación de inversiones establecida por el acuerdo UEMERCOSUR será en cambio una novedad para Brasil, que históricamente resistió la firma de TBI.

Esta circunstancia se sumaría entonces a otros factores estructurales que posicionan de mejor modo al socio regional como receptor de inversiones extranjeras (tamaño, estabilidad macroeconómica, capacidades productivas, etc.).

El falso debate sobre el “regreso al mundo”

El gobierno argentino intenta presentar los posicionamientos respecto del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea como una disputa entre visiones extremas.Por un lado, quienes critican el acuerdo son catalogados como “proteccionistas” y “aislacionistas”. La postura busca ridiculizar las críticas, asegurando que se trata de visiones que niegan las tendencias a la integración y la organización de la producción a escala planetaria por medio de cadenas globales de producción. Se trataría de posiciones que condenan a la Argentina a rezagarse de las tendencias que se observan a nivel mundial.

Contrariamente, la defensa del acuerdo, es presentada como una postura“moderna” que conduciría naturalmente y casi por arte de magia al país por unasenda de progreso y modernización.

La historia de las negociaciones internacionales en las últimas décadas refleja que la realidad resulta bastante más compleja que la simplificación propuesta. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las posiciones de los países centrales y emergentes que paralizó las negociaciones comerciales en el plano multilateral (Ronda de Doha), no fue el resultado de un debate teórico respecto de las ventajas del libre comercio, sino la expresión de diferencias concretas respecto de la distribución de los beneficios y perjuicios de los tratados.

El histórico diferendo entre países desarrollados y emergentes respecto de la necesidad de liberalizar el acceso a los mercados de productos primarios como condición necesaria para la liberalización de los mercados de productos industriales, se complejizó en los últimos años. El cambio en la estrategia de inserción comercial de los Estados Unidos, las crecientes tensiones comerciales desatadas y las críticas sobre los organismos multilaterales plantean un nuevo escenario para la política comercial.

La principal potencia económica del mundo modificó en 2017 radicalmente su estrategia comercial externa. Por un lado, detuvo el avance de los dos grandes megarregionales llamados a resolver la parálisis de las negociaciones multilaterales: (i) el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) que buscaba integrar a la Unión Europea con los Estados Unidos; (ii) el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) iniciativa orientada a incrementar su influencia en la región del Asia Pacífico.

Por otro lado, puso en marcha intensas negociaciones comerciales para redefinir las condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así también como las relaciones bilaterales con algunos socios puntuales, cuya principal, aunque no única expresión, son los diferendos con China.

Las novedades en materia de política comercial a escala internacional tendieron así a fortalecer la idea de que los acuerdos de libre comercio no son necesariamente favorables, y que malas negociaciones pueden generar malos resultados en materia de empleo, desarrollo productivo, elusión impositiva y exacerbación de las diferencias distributivas.

En un contexto donde algunas de las principales potencias del mundo revisan los términos de sus acuerdos comerciales y se discute el rol y la eficacia de las reglas impuestas por los organismos multilaterales tales como la Organización Mundial del Comercio, la decisión de avanzar en acuerdos de libre comercio a cualquier costo coloca a la Argentina en una posición de extrema vulnerabilidad.

Consideraciones finales

Argentina y el MERCOSUR necesitan avanzar en nuevos acuerdos comerciales que le permitan superar años de parálisis. Estas circunstancias se hacen particularmente evidentes en el caso de algunas producciones, que requieren para su crecimiento del establecimiento de acuerdos preferenciales que equiparen el campo de competencia con otros importantes productores regionales.

La delicada situación externa de la economía argentina y su vulnerabilidad asociada a la insuficiencia de divisas exige que dichos acuerdos sean negociados de forma inteligente a fin de garantizar un crecimiento de las exportaciones y una mejora de las capacidades productivas.

La información disponible sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, refleja que lejos de satisfacer estas necesidades se ha tendido a incrementar las amenazas de primarización y desindustrialización de la economía, en una decisión que implicó la resignación de posiciones y avances alcanzados a lo largo de 20 años de intensa negociación.

Tal como se mencionó anteriormente, a pesar de las diferencias de desarrollo relativo, los términos del acuerdo cargan los mayores esfuerzos de liberalización sobre el MERCOSUR y un primer balance del acuerdo destaca que los potenciales costos en materia de empleo y producción industrial, difícilmente se vean compensados por las ganancias en el comercio de productos agrícolas.

Por fuera de los efectos en los mercados domésticos, el acuerdo constituye a su vez una amenaza para los intercambios intra-bloque del MERCOSUR. Las mayores alarmas apuntan en este caso a la Argentina, no sólo en relación a las exportaciones industriales cuyo destino es Brasil, sino también para un conjunto de productos agroindustriales de gran relevancia para algunas provincias.

Por fuera del comercio de bienes, dadas sus exigencias, el acuerdo establece límites claros a la aplicación de instrumentos de política necesarios en el marco de una estrategia de desarrollo y diversificación productiva.

En este contexto, la decisión de avanzar en un acuerdo a cualquier costo ofrece no sólo mayores riesgos y amenazas que beneficios, sino que a su vez podría constituirse en un escollo para la concreción de un acuerdo inteligente que beneficie a ambos bloques.

Con el correr de los días y el flujo de información, Embajada Abierta avanzará en la actualización del informe a fin de precisar las conclusiones del diagnóstico.

1 Para un pormenorizado análisis de la evolución de las negociaciones en torno a este aspecto ver:Molle (2008) “Negociación UE-MERCOSUR”.

2 Para mayor detalle ver Haboba y col. (2018); “Hacia el Acuerdo de Asociación BirregionalMERCOSUR-UE. Proceso de negociación y factores condicionantes”.
3 También se establecieron cuotas en el caso de carne aviar y de cerdo, arroz, etanol, miel y maíz.

* La Fundación Embajada Abierta esta presidida por  Jorge Argüello