Por Gerardo Nicolópulos

A raíz del proyecto de gravar a las grandes fortunas, saltaron desde las sombras en las que estaban escondidos, para oponerse, varios legisladores de la Cámara de Senadores de la Nación; primereando y al unísono, Carlos Reutemann (Santa Fe) y Juan Carlos Romero (Salta).

Reutemann es bastante conocido, Romero no tanto. Hablan de “bajo perfil” y en realidad estaban escondidos, para hacer lo que las élites económicas de sus respectivas provincias les encomendaron, y protegidos por los fueros. Es el caso de Romero, por lo menos, quien carga imputaciones de numerosos casos de corrupción. También hay intereses particulares, pues se sospecha que sus fortunas personales son mucho mayores que las que declaran legalmente.

Y en la opacidad en que se mueven, para un ciudadano común es imposible saber los pormenores de su historia política, el entramado de complicidades para hacer grandes negocios para su beneficio personal y en perjuicio del pueblo, y salir impune hasta ahora.

Algunos se acuerdan que Romero fue candidato a vicepresidente en 2003, como compañero de fórmula de Ménem. Y otros arriesgan que fue, al final, un salvavidas de plomo y causante de su fracaso, pues mucho se habló por los medios entonces, de su historia de corrupción, negocios turbios, manejo de la justicia salteña (Ver la nota de Horacio Verbitsky en Página 12 del 20 de octubre de 2.002, “No hay derecho”) y sospechas de involucramiento en negocios de narcotráfico.

Sobre estos puntos me remito a publicaciones accesibles, como ser la nota mencionada; y un libro: “Salta – El Narcopoder”, del escritor y periodista Sergio Poma, muy perseguido por el lawfare de su tiempo y ya fallecido. Y también al Informe de la Comisión creada por la Cámara de diputados de la Nación en el año 2000, y que presidía la diputada Elisa Carrió (el “Informe Carrió”). “Lilita” Carrió, cuando era “buena” y trabajaba junto a Alfredo Bravo y Mario Cafiero. En este Informe se traduce una trama mafiosa que abona la certeza que el menemato es la otra cara del “Proceso” de la dictadura cívico-militar del 76; la misma moneda. El informe es largo y me remito a lo que le atañe a nuestro amigo.

En cuanto asume como gobernador, y siendo presidente Menem, Romero asume también como el privatizador de las empresas públicas salteñas, destacándose el Banco de Salta S.A. (Banco de la Provincia de Salta, luego Banco de Salta SA), que pasa rápidamente y por poco dinero, a manos del Banco Macro de Jorge Brito (por entonces un pícaro común, ahora una de las grandes fortunas), que ya se había deglutido al Banco de Misiones (Luego le tocará a otros). A partir de entonces la Provincia se desentendió de la administración de todos los fondos públicos, haberes de la administración, manejo de regalías, recepción de coparticipación federal, el manejo de los fondos judiciales, entre tantas otras prebendas, que pasa a administrar el banco Macro de manera exclusiva.

 No sería el único caso de privatización y de armar, a partir de ellas, grandes negocios.

Acá ponemos énfasis en que es fundamental para su impunidad y la de sus amigos, el rol del diario El Tribuno, propiedad de la familia Romero, el diario más leído en la provincia, como usina ideológica de derecha, socio en este aspecto de los medios hegemónicos de Buenos Aires. El Tribuno es un buen diario de entretenimiento, atractivo, pero que esconde en las editoriales propias y las de Clarín, que replica, y copiando las “noticias” nacionales e internacionales, su verdadero objetivo: crear en la mente del salteño de clase media, un sentido común. Esto lo ve claro cuando entra a cualquier café y tiene un ejemplar de El Tribuno a su disposición, mientras que TN le explica cómo son las cosas desde el televisor.

Agregamos que El Tribuno es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y miembro fundador de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA).

Otro punto es el manejo político. Como capitán de los soldados de la oligarquía salteña, como Alfredo Olmedo, dirigentes de la UCR y ahora el actual gobernador Sáenz, el poderoso Romero los controla a todos. También a Urtubey, aunque en este caso, tal vez por ser éste, parte de esa oligarquía, mediante acuerdos convenientes a ambos.

La historia de la oligarquía salteña enseña que fue causante de importantes acciones históricas para su beneficio, desde su complicidad con las fuerzas españolas en el asesinato del Gral. Martín Güemes, en el siglo XIX, hasta la dictadura del “Proceso” en 1976; ha sabido remover todos los obstáculos en su camino de crecimiento económico y poder político y, con la llegada de la democracia en 1.983, con un país y una provincia minados democráticamente, muchos personajes son elegidos y designados por ella para protagonizar esta nueva etapa. Juan Carlos Romero, a su turno, es uno de ellos.