Por Alejandro Mosquera

Tanto la violencia institucional y en particular policial (analizada en este número por Ginés Araez, MalkaManestar y Gustavo Ramiro López de Andhes), como la toma de conocimiento parcial del reclutamiento por la AFI macrista de policías de la ciudad, provinciales y federales como agentes orgánicos o inorgánicos, la continuidad de las autonomía policial del poder civil, la falta de controles estatales sobre esas policías, la necesidad de una mejor prevención y persecución del delito sin caer en las políticas de mano dura ineficientes para combatir el crimen pero si para convencer distraídos o alimentar a la derecha cultural, son todos elementos que muestran la necesidad de una reforma integral de los sistemas de justicia y seguridad, y de las policías provinciales y federales.

La eficiencia en la seguridad comunitaria y democrática no esta reñida con el cumplimiento de las leyes, con el sostenimiento del estado de derecho, con el respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos. Por el contrario, son la base de su cumplimiento.

No es militarizando a las fuerzas de seguridad, ni convocando a las fuerzas armadas a tareas de seguridad interior, ni con la doctrina Chocobar, ni con ministros cuyo papel es promocionar mediáticamente a policías sospechadas. Tampoco creando sistema de control virtual y tecnológico que vulnere el derecho a la privacidad o nos convierta a todos en sospechosos.  La idea rudimentaria de que la ocupación del territorio es la forma central de la política de prevención y persecución al delito es falsa. Esa ocupación ha creado policías elefantiásicas como la de la provincia de Buenos Aires, pero con bajísima profesionalización, con nichos de corrupción, con violencia institucional, y en su peor faceta ha derivado en la regulación del delito en esos territorios que dice proteger.

Durante el gobierno de Scioli se aprobó una buena ley de creación de la llamada Policía Judicial como un cuerpo de investigadores dependientes de la procuración para investigar el delito complejo y el de los funcionarios públicos.  La ley la dotaba de capacidades necesarias y sentaba las bases de un cambio de paradigma en la persecución penal.  Se discutió en cada departamento judicial, en las universidades, con expertos, con organismos e instituciones de derechos humanos, con organizaciones no gubernamentales, con oficialistas y opositores. Luego de su aprobación todos sabíamos que venia la batalla por una implementación que no vulnerara el espíritu de la ley, sino que la potenciara. Se la quiso minimizar, evitar que la bonaerense perdiera facultades de manejar la investigación, achicarla hasta el punto de no tener capacidad de investigar el delito complejo y mucho menos el de los funcionarios. Durante el gobierno de Vidal llegó una modificación de la ley originaria para lograr debilitarla en sus extremos mas salientes y lograr enterrar el intento de contar con un “FBI provincial” que edificara la proclamada independencia judicial en el área penal. Muchos prefirieron seguir dando poder a la burocracia policial, en otros garantizar impunidades, y también quienes son socios desde la política de las ilegalidades desde el estado.

Hay siempre dirigentes, “expertos” y tantos otros que esgrimen argumentos para desarrollar el poder autónomo de las policías. Y se dedican a atacar a quienes plantean el estado de derecho, las garantías procesales y un nuevo paradigma de investigación criminal como “garantistas” en tono de acusación delictiva. Diciéndole a nuestro pueblo que los garantistas protegen a los ladrones y no a los ciudadanos que pagamos los impuestos.

También están quienes reconocen la necesidad de transformar los sistemas de seguridad pero que al oído te dicen no te metas ahí. Tienen mucho poder y demasiados socios en la política. Vas a fracasar o te van a destruir.

Son los predicadores de que siempre hay una razón de estado para no hacer lo que se debe hacer.

Es imprescindible y urgente emprender la reforma de las policías y mejorar el sistema de seguridad democrática y ciudadana. Es urgente para los vecinos que sufren la inseguridad, una justicia tan lenta y lejana que no es justicia, para los pibes de los barrios pobres que son violentados por policías bravas e ineficientes, para que la justicia pueda trabajar sin depender en su carrera de que haga la vista gorda con los comisarios. Es urgente si queremos depurar a las fuerzas de seguridad de los agentes reclutados por la AFI.

Parte central del proceso de reforma será

  • Gobierno de la seguridad ciudadana y democrática asentado en el poder político y sus instituciones. Superando las distintas formas de autogobierno policial.
  • El gobierno de la seguridad debe combinar la acción nacional y provincial con una democracia de cercanía lo que exige repensar el rol de los gobiernos de cercanía sin reducirlo a una fuerza policial local.
  • Convocatoria a un Centro de investigación y estudio a las Universidades y especialistas, organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales, a los partidos políticos y movimientos sociales a diseñar una política y consensos que den sustento y permanencia al proceso reformista.
  • que las policías estén organizadas para la prevencióny persecución del delito y no para el control social,
  • Trabajar para cambiar las practicas policiales en todo el país con protocolos precisos de actuación policial.
  • Control externo del trabajo policial, con herramientas acordes para la investigación.
  • Crear estadísticas criminales, de victimización y sobre la actividad policial sin que se descontinúen por conveniencias circunstanciales de los gobiernos.
  • Elevar y rediseñar los planes de formación.
  • Transparencia pública de bienes de todos los actores públicos involucrados en las áreas de seguridad.

Algunos compañeros nos dirán que no existe la correlación de fuerzas para hacerlo.  Pero esa mirada ve a la misma como una foto, queda presa de un conservadurismo que mantiene el status quo. Hay que construir con debate, implicando a la sociedad, a sus instituciones, a todos los partidos, a las universidades, a los vecinos, el sujeto colectivo que construye una etapa clave de la democratización del país.