por Alejandro Mosquera

Las declaraciones de Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana en el gobierno de Mauricio Macri sobre que no hubo un plan sistemático de represión y extermino de opositores a la dictadura militar, sobre que hubo una guerra entre dos bandos y por lo tanto negando que fue un estado terrorista de persecución al pueblo argentino, negando la magnitud de los desaparecidos, mintiendo sobre que el levantamiento carapintada  sosteniendo que fue un planteo hacia la superioridad militar y no al gobierno constitucional y que no se hizo para lograr la impunidad de los genocidas, no son extrañas al gobierno nacional.

La declaración del secretario de Derechos Humanos de la Nación sobre que lo sostenido por su funcionario “son a título personal» y que «no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno» más allá de las convicciones propias de Claudio Avruj, se parece más a un intento de reducir daños en la opinión pública que una convicción del Macrismo.

Fue el propio Presidente quien planteó la vieja idea de los militares que participaron en la dictadura sobre que fue una “guerra sucia”.  Y fue un funcionario propio Darío Lopérfido que acusó que la cifra de desaparecidos fue arreglada en una mesa de negociación y que no hubo 30.000 desaparecidos. También hay que anotar las reuniones de la secretaria de derechos humanos con las organizaciones que defienden y reivindican a los genocidas, con el argumento de que hay que recibir a todos “los de un lado y del otro”. En esta línea hay que inscribir el decreto para hacer movibles los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril, como intentos de debilitar la presencia de la memoria sobre la historia reciente, más allá de que fue obligado por el repudio a dar marcha atrás.

Algunas razones claves parecen explicar esta cadena de acontecimientos.

El gobierno tiene en su seno, entre sus principales espadas y en su base de sustento social a un núcleo minoritario que apoyan con distintas intensidades y profundidad el papel de los militares y comparten el relato construido en la retirada de la dictadura.  Una parte de la estructura de los grandes empresarios tiene una historia de fuerte relación de negocios con la dictadura. La propia empresa familiar del presidente tiene esa impronta.

El gobierno intenta modificar el umbral común que construimos los argentinos sobre la dictadura y la defensa de la democracia. Para eso necesita desandar todo lo construido de memoria colectiva. Lo cual no se refleja solo en desbaratar o debilitar programas de apoyo a la lucha contra la impunidad y por la justicia. Sino por plantear un Estado equidistante, que no debe actuar a favor de las víctimas y de los juicios. Una especie de neutralidad frente a los golpistas, asesinos, torturadores, sus cómplices y los torturados y asesinados. ¿equidistancia entre democracia y dictadura?

Son negacionistas. La idea de la guerra sucia intenta disipar la mirada sobre el estado terrorista, sobre las responsabilidades militares, civiles, eclesiásticas, empresariales, judiciales.

Su idea de reconciliación está ligada a debilitar y si pueden frenar los juicios.  De mínima intentan que la investigación y sentencias apunten a los militares, pero no avancen hacia la complicidad empresarial.

Sin embargo, la memoria se resiste a su invisibilización. El proceso colectivo de memoria, de interpretación de lo que sucedía, de sus implicancias en el presente y en el futuro que queremos, fue construido a lo largo de muchos años. Sus raíces son profundas y fuertes. La mirada sobre el pasado reciente siempre está en gestación-modificación en el presente. Son parte de las luchas actuales, de las miradas sobre la actualidad, sus conflictos y también expresa intereses e ideología.

El pacto democrático sobre que el limite son los genocidas y la dictadura intenta ser vulnerado.  Estamos viviendo una nueva etapa de la lucha por la democracia, la verdad y la justicia. La memoria popular resiste…