Objetivos

  1. Que el Estado ingrese como participante activo en el núcleo del negocio de mayor rentabilidad de la Argentina: producción agropecuaria, complejo agroexportador y mercado cambiario con la generación de dólares comerciales y el aumento de la recaudación fiscal.

Una empresa testigo, que permita una planificación estratégica de los mercados de granos y cambiario, y fortalezca políticas públicas en post de una mayor seguridad y soberanía alimentaria y comercial internacional.

  • Creación de un sistema nacional de fiscalización online para la determinación de las magnitudes de exportación, en base a un sistema integrado de balanzas caudalímetros en el marco del Sistema Malvina.
  • Que el Estado nacional  cree un registro único nacional en base al Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías, de uso obligatorio en toda transacción comercial nacional e internacional, que abarque la totalidad de los bienes producidos en nuestro país.
  • Impulsar la reconstrucción de la Marina Mercante Argentina, como instrumento   de la soberanía nacional, y a la vez la posibilidad de ahorro anual en dólares por la necesidad actual de contratar barcos de bandera extranjera. Esto exigirá entre otras cuestiones construir barcos en nuestros astilleros con lo cual se crearán y sostendrán puestos de trabajo.
  • Recuperar las deudas que la empresa Vicentín tiene con los Bancos Públicos y con Instituciones impositivas y aduaneras Que según los informes alcanza a la cifra de 24.284.231.442 de pesos sin actualización.

Propuesta

  1. Conformar una empresa estatal o una  Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria –SAPEM- de Comercialización de Granos al estilo de la chilena COTRISA para transparentar el mercado y atenuar la acción de los especuladores sobre los precios internos.

Dicha empresa nacería de la fusión de YPF Agro, los puertos y la Aceitera de Vicentín SAIC.

En el caso de la SAPEM, el estado se podría asociar a los acreedores cooperativos y productores a fin de fortalecer la fundación de la empresa, ayudar de esta manera a que puedan cobrar sus créditos, y vigorizar a los productores y cooperativas frente las grandes corporaciones trasnacionales el mercado de granos y aceite.

  • Establecer Creación de un sistema nacional de fiscalización online para la determinación de las magnitudes de exportación, en base a un sistema integrado de balanzas en el marco del Sistema Malvina.

Establecidas en la Zona Secundaria Aduanera (TAG y TAE), a metros de los portales de ingreso de las terminales portuarias que operen con mercaderías “a granel” (sólidos) y dentro de las terminales por la vía de caudalímetros integrados al Sistema Malvina.

Crear un registro único nacional de uso obligatorio – REGISA -, en base al Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías, de uso mundial obligatorio para las transacciones comerciales internacionales (en el ámbito de la OMC) que abarque la totalidad de los bienes producidos (y comercializados real o potencialmente) en nuestro país.

  • Reconstrucción de la Marina Mercante Nacional. Planteamos entonces tres etapas de recuperación de nuestra Marina Mercante:
  • Adquisición y construcción de bracos graneleros, así nuevamente a generaríamos recursos y empleos dignos para los marinos de nuestro país.
  • Formación de una Flota petrolera estatal
  • Construcción de una flota de porta contenedores

Fundamentación de las propuestas

  1. Necesidad estrategia de una empresa con mayoría estatal para como participante activo en la producción agropecuaria, complejo agroexportador y mercado cambiario con la generación de dólares comerciales y de incidencia en el cuidado de no trasladar los precios internacionales a los alimentos e insumos que se consumen en el país.

Los controles y regulaciones frágiles y limitados que realiza el Estado permiten la subfacturación de exportaciones, retener cosechas, vender una parte de la producción en negro, presionar por devaluaciones con el manejo de la liquidación de dólares, triangular operaciones con firmas offshore para eludir pago de impuestos y fijar precios internos que perjudican a productores y consumidores.

La perspectiva de que la Empresa que proponemos se convierta en un jugador testigo de la cadena de producción agropecuaria, en el comercio exterior y en la generación de divisas por exportaciones significaría para el Estado ingresar en forma directa en uno de los centros del poder económico en Argentina

A través de YPF Agro se abre un amplio abanico de posibilidades para una intervención estatal eficaz y eficiente en el comercio exterior de granos y la regulación de sus precios para toda la cadena productiva y para el consumo interno.

La idea de empresa testigo es clara: un actor que observa cómo funciona el mercado e interviene en forma directa, sin esperar que el resto de las compañías del sector relaten a los funcionarios lo que está pasando.

La transparencia en los precios sería una tarea esencial en un mercado opaco junto con el fomento de la formalidad en las transacciones cuando es habitual que una parte se comercialice sin registrarla.

Así se podría determinar costos, precios y cadena de proveedores, actuar en forma contra cíclica y definir políticas específicas para pequeños productores.

Como empresa testigo facilitaría la planificación estratégica del Estado en los mercados de granos y cambiario.

Puertos de Vicentín SAIC hacia un puerto con mayoría estatal

Nuestra propuesta contiene la necesidad de sumar la “Terminal Multipropósito SUR y NORTE-CENTRO” que se encuentra dentro del ejido del Puerto de Rosario. La empresa Vicentín sería propietaria del 70% de la firma Terminal Puerto Rosario S.A y la empresa marítima chilena Ultramar SA sería la propietaria, presuntamente, del 30% restante.

Al tomar el control de la Terminal multipropósito del Puerto de Rosario, se podría tratar con igualdad de condiciones y facilitar efectivamente la operación de comercialización externa a las decenas de cooperativas y grupos de productores “rehenes” de esos grupos por la vía del acceso igualitario al transporte internacional, que es manejado hasta la fecha de manera discrecional y coordinada con el resto de esas empresas transnacionales, rompiendo así una de las prácticas perversas que aseguran la pervivencia del oligopolio que conforman las diez primeras exportadoras del sector.

Similar es el caso de la sociedad de Vicentín: Ríos del Norte SA   que opera en el Puerto de Reconquista. Nuestro objetivo es recuperar el control operacional del Puerto de Reconquista, ponerlo en valor y aumentar la oferta para el transporte internacional o de removido de las exportaciones argentinas.

La “Terminal A” de ese puerto fue concesionada a Vicentín en el año 1999 a la firma Ríos del Norte SA, conformada por Vicentín SAIC y BUYATTI SAICA para el almacenaje y cargas de granos y aceites, la cual estaría “inactiva” desde 2004.

Es posible que en el marco del Concurso de acreedores articulando los distintos estructuras y organismos del Estado nacional y provinciales, tanto los Bancos Públicos como los acreedores impositivos pueda convenir que la mayoría de las acciones de Vicentín en dichas empresas pasen a manos del Estado.

Y desde allí se podría gestar un acuerdo con los accionistas privados de articular o fusionar esas empresas en Sociedad Anónima con mayoría Estatal, potenciando las capacidades y posibilidades de estos puertos para la producción nacional y las propias empresas.

POTENCIALIDAD ESTRATÉGICA CON EL SECTOR COMERCIALIZADOR

Un acuerdo con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y otras cooperativas cumpliría un rol estratégico en una primera etapa porque sus inversiones en materia de infraestructura para la exportación y acopio de granos, junto a su poder de fuego como cooperativa, le ofrecen un rol estratégico desde lo empresarial pero también en cuanto a lo social.

De esta manera se buscaría aliarse a este actor de peso dentro de la cadena agroexportadora para, en conjunto, competir a la par de firmas multinacionales.

MARCO DE REFERENCIA: PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS – POTENCIALES MEDIDAS ESTRUCTURALES

Garantizar alimentos accesibles para argentinas y argentinos

Alrededor del 25% del costo de la Canasta Básica de Alimentos proviene de productos de este sector (aceite, panificados, arroz, legumbres)

•             Desacoplar precios internos de los internacionales y la cotización del dólar mediante DERECHOS DE EXPORTACIÓN y/o TIPO DE CAMBIO DIFERENCIAL. El esquema debería contemplar diferencias entre soja y resto de los productos, con alícuotas diferenciales según grado de industrialización, estrato productivo (pequeños y medianos productores). Es importante tener en cuenta los costos de producción para determinar alícuotas.

Transparentar el mercado de granos

Durante los últimos años la concentración del mercado en pocos exportadores le ha quitado transparencia perjudicando especialmente a pequeños y medianos productores

•             Desarrollar la segregación por calidad. Profundizar la utilización del SIOGRANOS aplicando los análisis de calidad en las operaciones de compra -venta. Realizar un mapa de calidad de granos por campaña.

•             Lograr que la SAPEM de Comercialización establezca las referencias de mercado para la segregación

•             Realizar alianzas estratégicas de la SAPEM con el sector cooperativo y empresas nacionales proveedoras de insumos (p. ej. Proferti l-YPF) para acceder a infraestructura de embarque propia que compense la concentración del sector exportador.

Sobre la necesidad de incorporar la Aceitera a la Empresa estatal o a la Sociedad Anónima de mayoría estatal

La importancia de su recuperación se centra en dos razones que derivan de “invertir” la lógica comercial de las compañías transnacionales, donde la actividad principal está orientada a la venta en el exterior (exportación) y los saldos, en el mercado interno, internalizando los hipotéticos “precios” no obtenidos, traducidos a pesos por intermedio de una constante presión devaluatoria del propio sector agroindustrial.

En primer lugar, tomar el control productivo y comercial de la aceitera y su fraccionadora significa superar esa lógica de internalización de precios externos teóricos. La aplicación, fronteras adentro, de una nueva lógica de formación de precios derivado de la suma de costos propios verdaderos, con más los de una mínima tasa de ganancia razonable que asegure la operatividad y el mantenimiento y actualización de la estructura productiva, será, además de justo, una “medida” para el resto de las empresas que comercializan los mismos productos (aceites comestibles) dentro y/o fuera de nuestras fronteras.

Por medio de la operación estatal o de una empresa mixta de la aceitera, todos los argentinos, a la hora de adquirir sus alimentos, conocerán el verdadero precio y desaparecerá definitivamente la excusa de la mentirosa pérdida de oportunidad de realizar ideales “exportaciones potenciales” que terminaron siempre por “normalizar” (aunque a regañadientes) la aceptación de comprar fronteras adentro al mismo precio que lo que se paga en el exterior; 

Y, por otro lado, podremos empezar a resolver los problemas de “escasez” permanente o estacional también inducido por aquel desmedido “lucro empresarial” y posición oligopólica dominante. Un aumento sostenido de demanda deriva en una disminución de los precios internos de las mercaderías sucedáneas. La variedad de las producciones de la empresa asegura que esta intervención opere inmediatamente en el mercado de harinas, aceites y carnes, entre otras.

El recupero de las deudas con el sector público como base material de la propuesta.

La magnitud de las deudas de Vicentin SAIC con el sector público argentino, la necesidad del Estado de recuperar esas acreencias de manos de una empresa sospechada de ilegalidades, crean la base material para las propuestas que realizamos a nuestro gobierno.

Según información del concurso de acreedores estas acreencias del sector públicos sin actualización son:

RAZONPROVINCIATOTAL %CAUSA
1BANCO DE LA NACION ARGENTINASANTA FE18.182.297.617,7074,9%Deuda Financiera
2BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESCAPITAL FEDERAL1.814.311.396,167,5%Deuda Financiera
3AFIP – Adm. N. de AduanasC.A.B.A1.118.547.556,384,6%Impositivas y Aduaneras
4BANCO HIPOTECARIO S.A.CAPITAL FEDERAL758.515.541,103,1%Deuda Financiera
5NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.ENTRE RIOS508.177.600,002,1%Deuda Financiera
6NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.SANTA FE372.533.424,661,5%Deuda Financiera
7BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRESCAPITAL FEDERAL318.704.741,101,3%Deuda Financiera
8BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIORCAPITAL FEDERAL313.231.794,521,3%Deuda Financiera
9AFIP – Adm. N. de AduanasC.A.B.A200.330.302,140,8%Impositivas y Aduaneras
10C.A.M.M.E.S.A.BUENOS AIRES129.295.268,170,5%Compra bienes y servicios
11BANCO INDUSTRIAL S.A.CAPITAL FEDERAL125.910.965,750,5%Deuda Financiera
12ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS SANTA FESANTA FE104.103.965,690,4%Impositivas y Aduaneras
13AFIP – Adm. N. de AduanasC.A.B.A97.833.101,550,4%Impositivas y Aduaneras
14PROFERTIL S.A.CAPITAL FEDERAL96.366.991,510,4%Compra de granos
15AFIP – DGIC.A.B.A60.911.679,010,3%Impositivas y Aduaneras
16AFIP – Adm. N. de AduanasC.A.B.A47.509.712,960,2%Impositivas y Aduaneras
17MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZOSANTA FE17.306.152,090,1%Impositivas y Aduaneras
18EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIASANTA FE9.634.393,270,0%Compra bienes y servicios
19MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDASANTA FE3.850.645,670,0%Impositivas y Aduaneras
20ADMINISTRACION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE CHACOCHACO2.741.600,120,0%Impositivas y Aduaneras
21DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE FORMOSAFORMOSA842.052,660,0%Impositivas y Aduaneras
22F.T.C.I.O.D. y A. DE LA REPUBLICA ARGENTINASANTA FE464.350,090,0%Impositivas y Aduaneras
23DIRECCION GRAL DE RENTAS SALTASALTA369.945,580,0%Impositivas y Aduaneras
24COMUNA DE RICARDONESANTA FE191.886,760,0%Impositivas y Aduaneras
25MUNICIPALIDAD DE ROSARIOSANTA FE189.598,620,0%Impositivas y Aduaneras
26NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.SANTA FE36.526,370,0%Deuda Financiera
27CENTRO UNION EMPLEADOS DE COMERCIO AVELLANEDASANTA FE12.679,960,0%Impositivas y Aduaneras
28COMUNA DE LANTERISANTA FE5.041,000,0%Impositivas y Aduaneras
29DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS DE JUJUYJUJUY4.911,600,0%Impositivas y Aduaneras
TOTAL24.284.231.442,19

Si en una empresa mixta con mayoría estatal se integran los productores y cooperativas esa base de sustentación de la propuesta crece.

Tipo de ProductoresProductoresDeudaDeuda promedio
Cantidad%Monto%Monto%
Grandes Sociedades Anónimas241,3%8.999,735,1%375,02671,1%
Cooperativas985,2%8.040,331,3%82,0506,3%
Resto  productores1.77493,6%8.617,033,6%4,9-64,1%
TOTAL1.896100,0%25.657,0100,0%13,50,0%
  • BALANZAS ANTEPORTUARIAS: Creación de un sistema nacional de fiscalización online para la determinación de las magnitudes de exportación, en base a un sistema integrado de balanzas en el marco del Sistema Malvina.

El mercado ilegal, nacional e internacional de granos, harinas y aceites se apoya no solamente en el diferencial de precios que logran esconder y desviar a las guaridas fiscales las compañías transnacionales que manejan el agronegocio, sino que necesariamente deben articular en igual medida el ocultamiento permanente de millones de kilos o litros de los registros de las operaciones aduaneras, para asegurar con ello que las aduanas no apliquen ninguno de los métodos prescriptos y aceptados como norma internacional (Articulo VII del GATT) para la reconstrucción de los valores y gravar los flujos comerciales que realizan ilegalmente.

Para exportar cualquier mercadería, se debe solicitar ante la Aduana lo que se denomina “Permiso de Embarque”, declarando cuál será la mercadería se va a embarcar, el “barco” que hará el transporte internacional, el “destino final” de la venta comercial y consignando el “Puerto de descarga.

Esa declaración aduanera se circunscribe a calcular una “magnitud teórica” (conforme al medio de transporte elegido por el exportador) y a un “valor FOB” que puede ser “definitivo” o sujeto a alguna modificación posterior, denominado “precio revisable”.

El permiso de embarque se “oficializa” ante la aduana que va a intervenir fiscalizando la operación, en base al resultado derivado de la cantidad (unidad, peso o volumen) efectivamente embarcada, que se denomina “Cumplido de embarque”.

Ello refleja la “cantidad real” que dará certeza respecto del “Valor en aduana” y/o la “base imponible” sobre la cual se calcularán los “derechos de exportación” y/o lo que “cobraría” por el concepto de “reembolsos”.

Así las cosas, la búsqueda de una certeza indubitable sobre esa magnitud debería ser uno de los objetivos centrales del entramado institucional estatal. De su conocimiento fehaciente deriva el imperio de la igualdad ante la ley, la justa imposición arancelaria, la inequívoca exigencia sobre el monto de divisas que el exportador debe ingresar y liquidar en el Mercado Único Libre de Cambio por la operación comercial internacional y el adecuado ingreso a las arcas fiscales, nacional y provinciales, de los montos correspondientes por aranceles, impuestos y tasas, necesarios para solventar el normal funcionamiento de la totalidad de las responsabilidades asumidas por el entramado estatal institucional.

Mantener eternamente descompuestas o descalibradas las balanzas se transforma en un ejercicio económico.

Por lo tanto, un exportador jamás puede tener a su merced un puerto y ejercer algún control sobre las magnitudes de sus propias exportaciones.

Dado que todavía casi todos ellos tienen contratos vigentes de uso y explotación de los puertos de muy difícil revocación, no hay razón ni impedimento alguno que aconseje no instaurar e instalar un sistema de balanzas “ante portuario”, provisto de un sólido complejo nacional con balanzas principales, alternativas y auxiliares, todas las cuales deben estar “en línea” con el Sistema MALVINA y sin que exista la posibilidad de eludirlas.

De la misma forma que lo explico en el punto sobre la importancia de recuperar el control operativo de la firma Playa Puerto S.A. propiedad de Vicentín SAIC.

El sistema de balanzas y caudalímetros aquí propuesto se propone y pesar los camiones que transportan a granel las commodities que se embarcan en las bodegas de los buques y barcazas que las transportan al exterior o realizan los removidos y/o tránsitos hacia otros países.

No escapa a la comprensión y el conocimiento de todos que buena parte de las denuncias que recaen sobre las multinacionales de exportación de este tipo de productos, se fundamentan en la falta de trazabilidad y de la compraventa de mercaderías no registradas (en negro) que se entremezclan (blanquean) con otras de origen cierto.

Al tener un control operacional certero sobre el transporte interno (camiones o vagones) se puede tener una mayor certeza sobre cuál es el origen interno (o externo), la fecha de la cosecha y la persona jurídica (productor, acopiador, Etc.) que remite la mercadería al exportador, logrando así un conocimiento más acabado del tipo de operaciones que constantemente están inmersas en maniobras de elusión, evasión y contrabando, al poder cruzarlas casi en tiempo real, con la facturación electrónica de AFIP, las Cartas de Porte y las DJVE.

Y a diferencia de lo que ocurriría solamente en el puerto de Rosario, este sistema integrado nacional provocaría inmediatamente un salto cuantitativo en la recaudación, el ingreso de divisas y el  imperio de la igualdad como base para la imposición de tributos que declara el artículo 16ª de la CN, además de honrar lo que manda el artículo 4º de la norma fundamental respecto de lo que corresponde para la formación del Tesoro nacional con lo que verdaderamente corresponde por derechos de exportación.

  •   REGISA

Los objetivos centrales que le propuso el Frente de Todos a la ciudadanía exigen, como condición necesaria, repotenciar el entramado productivo nacional y llevarlo a su máxima expresión, dado que su resultado significa: crear trabajo, aumentar la recaudación y afianzar la soberanía económica.

Pero para alcanzar estas metas, toda política pública que se proponga tener éxito debe, inexorablemente, partir de certezas que solo pueden ser concebidas si se cuenta con información precisa e inequívoca.

El Estado nacional NO CUENTA con ninguna herramienta o variable de estudio que permita conocer cualitativa ni cuantitativamente la totalidad de la “realidad” productiva nacional por fuera, claro está, de aquellas mercancías que registra el sector externo, por su actividad exportadora.

El Estado nacional argentino no puede determinar ni responder fehacientemente con ningún grado de certeza aceptable: ¿Qué producimos los argentinos? ¿Quién hace o puede hacer que cosa? y, ni mucho menos ¿Cuál es nuestro potencial productivo real? por fuera de la imaginación mejor intencionada del administrador político de turno.

No obstante, es perfectamente posible conocer la respuesta a estos tres interrogantes y en base a ello diseñar una política económica y productiva precisa que, al menos, acerque sus decisiones a nuestra realidad productiva real y potencial, entre otras ventajas no menos soslayables.

Mediante la implementación obligatoria de un sistema de codificación y clasificación que “UNIFIQUE” la información de la comercialización interna e internacional, en base a las mismas reglas inequívocas que se utilizan y aplican ineludiblemente para las transacciones internacionales, el Estado nacional contará (por primera vez en su historia) con la información que le permitirá estudiar e “identificar” de manera perfecta y precisa tanto a los productores que se quiere potenciar o recrear, como a los agentes económicos que con su conducta comercial generan la sempiterna inflación que destruye la economía argentina.

Nuestra propuesta se circunscriba a aplicar la actual NCM (Nomenclatura Comercial Mercosur) a nivel extendido (naturalizando su inclusión) a la totalidad de los sistemas fiscales registrales (nacional, provincial o municipal)  la misma codificación que en la actualidad solo manejan exclusivamente los contribuyentes “importadores y exportadores” para identificar inequívocamente sus mercancías en una transacción internacional y que, por extensión, los agentes de la administración pública de la AFIP y todo el entramado ministerial productivo o de relaciones comerciales internacionales conoce y aplica obligadamente desde la creación del GATT (hoy OMC).

Toda política macroeconómica orientada al aumento de la productividad con destino a generar concordantemente un aumento de las exportaciones que no cuente con esta herramienta, sucumbe ante la mínima voluntad contraria de los actores reales del sector.

Y cualquier política pública que se diseñe para crear, recomponer y/o reeditar (con las herramientas y posibilidades del presente) el exitoso proceso de industrialización por sustitución de exportaciones que cuenta aún con toda su posibilidad latente, debe partir de las certezas que sólo esa información puede proveerle.    

  • Reconstrucción de la Marina Mercante Nacional

Se estima que el dinero generado en fletes por exportación e importación en la Argentina está entre los 6000/7000 millones de dólares. Aplicando la Ley de Reserva de Cargas el 50 % de ese valor debería ser transportado con bandera nacional o sea que prácticamente rondaría los 3500 millones de dólares. Ese dinero actualmente se pierde, cae en manos de empresas extranjeras que hacen con sus barcos y sus tripulaciones, los fletes internacionales que nos pertenecen a los argentinos.

Siendo Argentina un país exportador de granos. Las exportaciones argentinas durante el 2019 fueron de 65000 millones de dólares y el 37 % de ese valor corresponde a la importación de granos no tenemos flota granelera, país agroexportador donde barcos de otras naciones son los que sacan los granos de nuestros puertos.

Nuestra Marina Mercante fue vaciada durante el gobierno del presidente Menem, siendo el artífice de ese vaciamiento el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo.

En nuestro mar navegaban los extranjeros. Hasta los remolcadores más chicos de puerto, tenían bandera de conveniencia y no la Argentina. Fuimos extranjeros en nuestro mar.

Argentina es un país netamente exportador de granos. Las exportaciones argentinas durante el 2019 fueron de 65000 millones de dólares y el 37 % de ese valor corresponde a la importación de granos. La carga de los barcos cerealeros (bulk Carriers), se hace en los puertos del Río Paraná y por lo general se completa el cargamento en los puertos de Quequén y Bahía Blanca. Argentina no tiene flota granelera, país agroexportador donde barcos de otras naciones son los que sacan los granos de nuestros puertos hacia distintos destinos del mundo.

Deberíamos poner nuestros mayores esfuerzos en volver a tener una flota estatal, empezando para lograrlo por la adquisición y construcción de eficientes barcos graneleros. Con esos barcos debemos comenzar a desplazar a las bodegas extranjeras que se llevan nuestros fletes y volver de esa manera, nuevamente a generar recursos y empleos dignos para los marinos de nuestro país.

Luego de iniciar el resurgimiento con los graneleros de nuestra Marina Mercante, deberíamos apuntar a la formación de una buena flota petrolera estatal y otra buena flota de porta contenedores, buscando siempre que los fletes pasen a ser un negocio de los argentinos y no de los extranjeros.

Esta propuesta implica el desarrollo y fortalecimiento de nuestros astilleros tanto estatales como Rio Santiago como privados de capitales nacionales.  Eso generaría trabajo directo y dinamizaría empresas de insumos que también favorecerían el empleo.

Cabe destacar, además, que la imposibilidad de contar con una flota mercante “independiente” de las tradicionales compañías navieras de origen extranjero, impide el desarrollo de una política comercial propia y desanclada de los flujos de siembra y comercialización internacional determinados por las empresas transnacionales del mercado agropecuario mundial, lo cual asegura la pervivencia del oligopolio y la cartelización de precios que se propone desvirtuar por sus efectos en la economía nacional argentina.

No hay posibilidad de desarrollar una política agropecuaria de comercialización internacional distinta sin la flota marítima propia que la transporte, también, de manera independiente y dispuesta para ello. En el mercado granario, no hay exportación sin barcos.  

* El Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI) se funda para cooperar en esta tarea colectiva de construir una alternativa al modelo desigualitario, al capitalismo de la catástrofe. A pensar el mundo y la Argentina para poder transformarlos. Somos activistas contra la desigualdad, militantes por la igualdad, activistas contra el cambio climático y militantes por un nuevo modelo de desarrollo que preserve nuestro ambiente, porque sin agenda ambiental todo modelo de desarrollo termina siendo extractivista.

El IEFI es una unidad de trabajo, una asociación sin fines de lucro, especializada en diferentes disciplinas o ramas del conocimiento, integradas de acuerdo con intereses sociales, culturales y económicos comunes. Cuyos objetivos consisten en aportar ideas, diagnósticos y propuestas en clave de construir igualdad, emancipación cultural y soberanía integral, desde la territorial hasta la alimentaria, cuya condición de posibilidad es la soberanía científico-tecnológica en el marco de un proyecto de agroindustria nacional, que promueva la agricultura familiar.