A continuación reproducimos la Síntesis y el Informe Completo del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) que analiza la responsabilidad del gobierno porteño por la represión ilegal en el Hospital Borda ocurrida el 26 de abril de 2013.Informe sobre la responsabilidad del gobierno porteño por la represión ilegal en el Hospital Borda

Informe sobre la responsabilidad del gobierno porteño por la represión ilegal en el Hospital Borda

Informe: La responsabilidad por la represión ilegal en el Hospital Borda del Observatorio de Derechos Humanos (ODH)

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SÍNTESIS

El día 26 de abril de 2013 en un operativo desplegado por la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda, por órdenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se procedió a demoler ilegalmente el Taller Protegido Nº19 ubicado en el Hospital Neuropsiquiátrico en el barrio de Barracas, con la finalidad de comenzar a construir el nuevo centro cívico de la Ciudad. En dicha oportunidad, la Policía Metropolitana al mando del Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez y del Subjefe Ricardo Pedace, dieron lugar a uno de los episodios represivos más grandes de la actual gestión de Mauricio Macri, junto con el desalojo del Parque Indoamericano, el desalojo de la “Sala Alberdi” y el enrejamiento del “Parque Centenario”.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) hemos observado y denunciado que en dichas circunstancias la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad y el principio de razonabilidad que debe tener la respuesta de la Fuerza durante un operativo. Esto significa, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, en cumplimiento con el artículo 27 punto 3 de la ley 2894. Asimismo, consideramos que no se aplicó el principio de gradualidad establecido en el punto 4 del artículo 27 y punto 7 del artículo 28 de la ley 2894, por el que la Policía Metropolitana debía intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.

El artículo 34 inciso 1 constitucional obliga a la policía a aplicar el “CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY DE NACIONES UNIDAS”; que sólo autoriza el uso de la fuerza “cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.” Esta obligación constituye un principio básico de actuación recogido por la Ley de Seguridad Pública: el principio de “gradualidad”; que en el operativo desplegado por la Policía Metropolitana no fue observado, incumpliendo así la normativa local e internacional vigente.

Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a la Argentina en el Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto DESC, a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3).

El ODH presentó un pedido de informes al GCBA a los cuatro días de la represión ilegal. Esa información aportada por el propio Gobierno, el análisis de las causas existentes en los distintos fueros y las versiones taquigráficas de la interpelación al Ministro Montenegro en la Legislatura sirvieron de insumos para el presente Informe.

Hoy, en la causa “MACRI, Mauricio y Otros s/ Vejaciones y apremios ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) se encuentra procesado H. Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, por lesiones y abuso de autoridad. Pero se ha sobreseído, entre otros, a R. Pedace por obediencia debida, lo que fue apelado. También los Jueces sobreseyeron a los funcionarios por la teoría de la delegación, lo cual fue cuestionado por la querella encabezada por ATE y la Fiscalía.

 

La situación procesal actual

El Juzgado Nacional en lo Criminal Nº30 a cargo del Dr. Jorge A. López, el 23 de octubre de 2014 en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) decretó el procesamiento sin prisión preventiva del Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez , Jefe de la Policía Metropolitana.

En virtud de las pruebas producidas por la querella de ATE, se ha comprobado en las actuaciones mencionadas que sería penalmente responsable de los apremios y las lesiones provocadas por la Policía Metropolitana a los trabajadores, profesionales, pacientes, legisladores y periodistas el 26 de abril de 2013.

Si bien en el mismo auto de procesamiento el magistrado a cargo decide sobreseer a los funcionarios políticos del GCBA, los abogados de la querella encabezada por ATE manifestaron que “existe prueba suficiente para citar a indagatoria al Dr. Guillermo Montenegro y María Eugenia Vidal, no obstante el juez no la tuvo en cuenta al momento de dictar el sobreseimiento”. Por esta razón se han presentado recursos para que revean la situación sobre los responsables políticos directos de la represión. El objetivo es revocar los sobreseimientos y poder continuar la investigación penal sobre los mismos.

Surge del expediente que “existieron sendas llamadas entre el Jefe de la Policía –ahora procesado- y el subjefe de la policía, ambos en el lugar del hecho, y el Ministro de Seguridad Montenegro, durante todo el día de la represión, lo que supone no sólo una ausencia de delegación de funciones sino asimismo un absoluto conocimiento, control y dominio de la situación represiva.

El Ministro Daniel Chaín otorgó una orden ilícita de demolición –sin un acto administrativo previo- utilizando a la Policía Metropolitana como escudo para poder llevar adelante la demolición del Taller Protegido Nº 19 mediante personal de una empresa contratada a tal efecto.

El día 19 de diciembre de 2014 se realizará la audiencia en la Cámara Criminal y Correccional a efectos de la confirmación del procesamiento del Jefe Giménez y revocar el sobreseimiento de los funcionarios políticos responsables.

 

Las pruebas que existen en el expediente

  • Surge de las cámaras de la Policía Metropolitana que H. Giménez, R. Pedace y Horacio García se encontraban en el lugar desde las 7 hs.
  • Las mismas cámaras muestran a H. Giménez y R. Pedace –Jefe y Subjefe de la Policía Metropolitana-dando órdenes en la línea de represión
  • Los testimonios los ubican dando órdenes y presentándose como responsables del operativo conjuntamente, recibiendo órdenes de Chaín, M. E. Vidal y Montenegro.
  • Ambos estuvieron en constante comunicación telefónica con el Ministro Montenegro quien monitoreaba y dirigía el operativo desde su despacho.
  • María Eugenia Vidal y Chaín dirigieron la obra, la demolición y monitoreó la represión durante toda la mañana del 26 de abril, comunicándose telefónicamente con M. Macri y H. Rodríguez Larreta.

 

INFORME COMPLETO

Las circunstancias dentro de las cuales se desarrolla la represión ilegal en el Hospital Borda

En agosto de 2012 comenzaron los problemas referentes a la construcción del Nuevo Distrito Cívico en los predios del Hospital Borda, cuando la Procuración General de la Ciudad junto con policía metropolitana se apersonó en el taller Nº 19 para realizar un desalojo de los bienes y materiales del mismo.

Dicha situación derivó en un conflicto colectivo con las organizaciones gremiales actuantes, motivando la decisión de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y lugares Históricos el 04/10/2012 que dispuso que “dado la condición de Monumento Histórico Nacional que afecta al sitio, a través del Decreto PEN Nº349/99, le solicitamos el envío a esta Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos, del proyecto en cuestión, y adicionalmente se le instruye que, hasta tanto este organismo no se pronuncie, en el marco de las competencias que le asigna la Ley 12.665, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas. Fdo. Arq. Juan Martín Repetto. Presidente.”

Sin perjuicio de esta resolución de la autoridad Nacional, y ante inminentes obras que desoían a la autoridad administrativa, los actores sociales actuantes y legitimados decidieron interponer una acción de amparo con una medida cautelar a los fines de solicitar la suspensión por parte del GCBA de las actividades a priori ilícitas tendientes a desalojar el Taller Protegido.

En fecha 28/12/2012 la Excma. Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la CABA en los autos “Frondizi y otros” -Acumulada a la causa “Naddeo y otros” – resuelve “Confirmar la cautelar dictada en la causa “Frondizi” con los alcances expuestos en los considerandos 14 a 16. En consecuencia, mantener la suspensión del decreto 121/12 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o se dé cumplimiento con los recaudos procedimentales establecidos en las normas reseñadas en los considerandos indicados, lo que ocurra primero. 4. Revocar la resolución dictada en la causa “Naddeo” a fs. 287/292 y conceder la medida cautelar allí solicitada en los términos indicados en el punto precedente de esta parte dispositiva

En virtud de ello, el GCBA manifiesta haber cumplido con los requisitos establecidos en el Considerando 14/16 de la sentencia dictada por el superior y la Dra. Danas, jueza actuante en la primera instancia, decide levantar la medida cautelar dictada.

Contra esa decisión los amparistas recurren con una apelación y se concedió dicha apelación elevándose a la Sala II para su tratamiento con efecto suspensivo, tal como lo ratificara la Excma. CCAyT el 26/04/2013.

Recordamos que la doctrina sostiene que “A través de la protección cautelar, el derecho de acceso a la jurisdicción se completa con el derecho a una tutela eficaz. Más aún, el proceso cautelar tiene en la actualidad un sentido fundamental en los procesos contenciosos-administrativos, puesto que concreta el equilibrio entre las prerrogativas de la Administración, es decir, el denominado régimen exorbitante en el caso particular, la ejecutoriedad de sus actos– y la garantías de los particulares (CASSAGNE, Juan C. “Las medidas cautelares en el contencioso-administrativo”, LL del 28/3/2001, p. 2.) En efecto, la medida cautelar constituye una garantía que representa un doble aspecto; por un lado, preserva la eficacia de la resolución final evitando la desaparición de los medios necesarios para la ejecución de la sentencia y, por el otro, tutela la integridad del derecho cuyo reconocimiento o restablecimiento se pretende obtener a través del fallo judicial“, (BALBÍN, id., ps. 379, 380).1

Es decir, la medida cautelar dispuesta y que se encontraba vigente, buscaba preservar el taller Nº 19 no sólo desde el punto de vista de las relaciones del trabajo (fuentes de trabajo y condiciones) y de la salud mental (tratamiento y reinserción de pacientes) sino por sobre todas las cosas, preservar el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad y el impacto ambiental. (considerando 15 de la sentencia de fecha 28/12/2012).

A esto cabe agregar que, ante la posibilidad de que el GCBA desoyera la medida cautelar decretada judicialmente, y aún después del levantamiento de la medida cautelar dispuesta por la Dra. Danas (que se encontraba impugnada), distintas voces se alzaron aclarando, en distintos medios de comunicación, que la suspensión estaba vigente, ante el rumor de que el gobierno de la ciudad iba a actuar de todas maneras. Por otra parte, la ilicitud de la medida adoptada, a sabiendas de la prohibición de llevar adelante acciones sobre el predio del Hospital Borda y el Taller Nº 19, se evidencia en la nocturnidad, en la falta de aviso y antelación suficiente que debe prever un acto administrativo de dichas características.

Conforme consta en las declaraciones testimoniales los más de 400 policías (grupos especiales, ambulancias SAME, Carros hidrantes, etc.) que se destinaron a una simple custodia de los bienes de la empresa contratista y trabajadores, se prepararon a las 4.30 hs. e ingresaron al predio al predio en horario no laboral, por la puerta trasera del Hospital, con un claro fin de ocultamiento de llevar adelante un hecho ilícito, más tarde consumado. Si no, carece de razón de ser semejante despliegue con estas características.

El desarrollo de todo el conflicto suscitado desde agosto de 2012 referente al desalojo primero, conflicto colectivo después, medidas cautelares suspensivas y las inspecciones oculares que se hicieron en fecha 24/04/2013, así como el ingreso y preparación de operativo represivo en unas cuantas horas y sin los avisos correspondientes, exponen de forma notoria que existió y debía existir conocimiento por parte de los Sres. Ministros Chaín y Montenegro, como de la Vice Jefa de Gobierno María Eugenia Vidal, que existía un conflicto de derechos sobre el ingreso y construcción del “Nuevo Distrito Cívico” en tanto no sólo estaba judicializado con una medida cautelar que suspendía la realización de obras, sino que asimismo, la actitud y ordenes llevadas cabo se hicieron a sabiendas que no se encontraba habilitado al efecto.

 

La decisión judicial en la sede Penal

El fallo dictado por el Juez de primera instancia realiza un análisis de la prueba recabada hasta el momento reconociendo que existió una actitud desmedida, desproporcionada y fuera de toda razonabilidad del personal policial actuante, provocando lesiones de diversa gravedad a gran cantidad de personas, entre ellos, trabajadores, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, legisladores y hasta pacientes del Hospital Borda.

De las constancias del expediente surge que los incidentes duraron varias horas, desde las 09 hs hasta las 15 hs aproximadamente, con picos de intensidad represiva. Frente a estas constancias es que se el Juez decide decretar el procesamiento, exclusivamente, de Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves -32 hechos- (arts. 45, 54, 89, 248 del Código Penal y 306 y 310 del Código Procesal Penal), al que se le suma el procesamiento oportunamente decretado y firme de Martín Jorge Roth- .

Al mismo tiempo decreta el sobreseimiento no sólo de los restantes que fueron formalmente imputados, sino además de todos los denunciados y sindicados como responsables por distintos denunciantes y querella encabezada por ATE. Esto implicó la exoneración de culpas de todos los funcionarios políticos y de los agentes de la Policía Metropolitana que llevaron efectivamente adelante la represión.

 

La situación procesal de Daniel Gustavo CHAÍN.

Al momento de su indagatoria, se le atribuyó al Sr. Chaín, en su carácter de Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “haber ordenado disponer la materialización de la obra denominada “Nuevo Distrito Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el terreno vinculado al Hospital J.T. Borda y donde se hallaba el “taller protegido nº 19” –ordenado el 21/02/2012 mediante el decreto 121/2012-. Que a esos efectos, requirió el 25-4-13 mediante nota (NO-2013-01438034-MDUGC) al Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA, Dr. Guillermo Montenegro, la intervención de la Policía Metropolitana para proteger la integridad de los bienes y la seguridad del personal del GCBA y/o de la empresa contratista…”.

La propia intimación efectuada al Ministro Chaín, muestra una perspectiva particularmente exculpatoria, fundamentalmente porque la conducta delictiva no es el “haber ordenado disponer la materialización” de la obra. La conducta concreta, cometida por Chaín, es la de haber mandado a materializar, de manera ilegal la obra, desobedeciendo una medida cautelar vigente que se lo prohibía terminantemente y que se encontraba impugnada.

Por otra parte, como autoridad ministerial y siendo el que decretó al orden de materializar la obra prohibida, pidiendo asistencia al efecto al Ministerio de Justicia y Seguridad –para el despliegue policial-, nada hizo a pesar de las graves consecuencias que aparejaron su ilícita decisión. En las 6 horas que duró el conflicto, con canales de televisión transmitiendo en vivo la salvaje represión policial, el Ministro Chaín no tomó ninguna medida, en el marco de su competencia, para dar marcha atrás con su ilegal decisión.

A pesar del cúmulo probatorio obrante en esta causa, el Dr. López decide sobreseer a Chaín. Sostiene el Juez que “Chaín –de profesión arquitecto- desplegó una conducta diligente y prudente a los efectos de previamente verificar si, en puridad, se hallaba legalmente habilitado para hacer lo que hizo por lo que consultó al organismo pertinente el que lo asesoró… que no existían medidas judiciales impeditivas…” y agrega que “el imputado obró mediante error invencible que elimina la culpabilidad ya que en forma alguna podía conocer la antijuridicidad debido a que no era necesario acudir a ningún otro medio de información…”.

Cabe agregar que la demolición del Taller Nº 19 –construcción que posee asbesto- requiere de un tratamiento especial en razón de su toxicidad, siendo ello absolutamente conocido por el Arquitecto Chaín, y sin embargo ninguna medida de seguridad se tomó al respecto. Sobre el punto, corresponde observar que los informes de División Operaciones del Depto. de Delitos Ambientales de la PFA con más los expertos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial las copias e informe técnico acompañado por la querella encabezada por ATE surge evidente que la demolición de un edificio con Asbesto posee un complejo y determinado modo de realización que, por su pericia en la Arquitectura y su título en la materia, debía estar en pleno conocimiento del Arquitecto Chaín. Sin embargo mediante Resolución de fecha 12/09/2013 el juez de primera instancia, se declaró incompetente para entender en la posible comisión de una violación a la ley Penal Ambiental.

Asimismo, en fecha 24/04/2013 en las actas de constatación efectuadas por la Sala II Contencioso Administrativo y Tributario se establece que “La Procuración señala que las placas que se encuentran en el techo del taller tiene asbesto, altamente tóxico, el entrepiso no guarda las medidas de seguridad. Se accede al sótano y técnicamente al ser inundable potencia el efecto tóxico del asbesto…”.

Por otra parte, mediante actas de constatación efectuadas por el Asesor Tutelar y el Sr. Secretario de la Sala II Contencioso Administrativo y Tributaria que se constituyó en el lugar de la demolición el día 26/04/2013, menciona que “siendo las 10:10 horas me constituí en el “Hospital Psicoasistencial Dr. José T. Borda” sito en la calle Ramón Carrillo 375 de esta ciudad a fin de constatar las circunstancias del taller Protegido Nº19… Allí me contacté con el Dr. Ricardo Picasso Director del Hospital Borda, quien me introdujo al Jefe de la Policía Metropolitana Sr. Alberto Horacio Giménez. Preguntado el Sr. Giménez respecto de si existía una orden judicial ordenando la demolición del Taller Protegido Nº 19 respondió que “en un expediente judicial la Dra. Andrea Danas había ordenado que el Taller se mude a otro lugar” (sic) y que la orden se basaba en un acto administrativo del Ministerio de Desarrollo Urbano… solicité contactarme con una autoridad del Ministerio de Desarrollo Urbano, a lo cual se me introdujo al Sr. Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano Dr. Juan Carlos Alessio. Requerido el Dr. Alessio del acto administrativo por el cual se disponía la demolición del Taller Protegido nº 19, respondió que no había acto administrativo, que la demolición había comenzado a las 9:15 hs. y se había dispuesto conforme al cronograma para la Construcción del Centro Cívico… fdo. Irene Marco – Secretaría Asesor Tutelar Cámara de Apelaciones”.

Es decir, el Sr. Ministro Daniel Chaín otorga una orden ilícita de demolición –sin un acto administrativo previo- y envía a su Jefe de Gabinete, Dr. Juan Carlos Alessio, al lugar de los hechos a los fines de llevar adelante la ejecución de la misma. El mismo descargo del Arquitecto Chaín refiere que “el personal de la mencionada empresa, alrededor de las 9:30 hs. procedió a la demolición del mencionado “Taller Protegido Nº 19…”.

 

La situación procesal de Guillermo MONTENEGRO.

El Ministro Sr. Guillermo Montenegro, fue sobreseído por entender el juez actuante que “de la prolongación de la pesquisa, se advierte que no se han incorporado extremos mínimos objetivos, ciertos, concretos y directos que conlleven atribuirles algún tipo de participación criminal a los nombrados en lo acontecido el 26 de abril de 2013, en el predio del Hospital José T. Borda, pues no puede extendérseles la responsabilidad jurídico penal, en cuanto a la supuesta ilícita actuación del personal policial de la Policía Metropolitana…”

Tanto de las constancias habidas en estas actuaciones, como de los propios dichos del Ministro Montenegro en la interpelación realizada en la Legislatura Porteña, existía un grado de comprobación no sólo de conocimiento sobre los hechos sucedidos, sino también del dominio de los mismos. En primer lugar, conforme surge de la declaración del testigo Fabio Basteiro que “intentó en varias oportunidades hablar con los jefes del procedimiento identificándose como legislador porteño. Que habló con varios policías no identificados, hasta que se entrevistó con Giménez. Que continuamente le refería recibir órdenes de Chaín, Montenegro o la Vicejefe de Gobierno Vidal…“ (fs. 1791/1792). Por otra parte, el testimonio del testigo Humberto Rodríguez Cerantonio en su declaración de fs. 3248/3250 expresa que “alrededor de las 15 hs. se comunicó con el dicente a su teléfono celular quien dijo ser el Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, “no recuerdo el nombre pero incluso me dijo que estaba en las inmediaciones del predio cercano a la empalizada y me ofreció encontrarnos dando esa referencia y no logró hacerlo por el desorden general y el accionar represivo continuaba…” y que el mismo estaba en constante comunicación con el Sr. Ministro.

De la instrucción de la causa penal surge a fs. 3291/3292 que el Subsecretario de Seguridad Ciudadana en el lugar de los hechos durante la represión era el Dr. Horacio José García del cual nada se dispuso a investigar en la causa, dictando el sobreseimiento del Sr. Guillermo Montenegro sin más.

La versión taquigráfica de la interpelación realizada en la Legislatura en fecha 27/04/2013 al Sr. Ministro Montenegro, él mismo expresa que “Durante las dos horas iniciales se trabajó sin ningún problema, con una presencia mínima de personal policial. En algún momento de la mañana, alrededor de las 9:30 ingresaron algunas personas por la puerta del Hospital y agredieron a dos personas pertenecientes a la seguridad privada a cargo del ingreso del Hospital Borda. Por este motivo se solicitó mayor presencia de la Policía Metropolitana, entendiendo que podía darse una situación cada vez más compleja” y agrega que “Luego, empezamos a ver una cantidad de gente que se estaba agolpando en el lugar, observando las distintas imágenes que se realizan para la auditoría propia del personal policial que va a realizar este tipo de procedimiento”. Reconoce en dichas manifestaciones que “participé en todas las discusiones desde su inicio en la Legislatura y sigo conduciendo políticamente y haciéndome responsable de cada uno de los actos que realicen los policías…” y agregó que “alguien preguntó dónde estuve durante el operativo y la respuesta es en mi despacho, como siempre; es más, si allanan mi oficina a las 6 de la mañana me van a encontrar ahí…” No obstante los dichos expresados en un ámbito que no es el judicial, deben tenerse presentes en virtud del conocimiento demostrado en los hechos que aquí se investigan.

Por último, se encuentra reconocido y surge del examen realizado por la Policía Federal Argentina a fs. 3253/3254 y 3347/3374 que el celular del Sr. Ministro (1140267134) se comunicó durante toda la jornada con el Sr. Horacio Alberto Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana ahora procesado) y el Sr. Ricardo Raúl Pedace (Subjefe de la Policía Metropolitana) destacando como importantes los siguientes datos. Por un lado, se corrobora que el Sr. Ministro Guillermo Montenegro se hallaba en su despacho tal como refirió en la interpelación de la Legislatura, en la sede del Ministerio de Seguridad sito en la Avda. Regimiento de Patricios Nº1142 de esa Ciudad. Por otro lado, entre las 10:01 y 15:11 horas el Sr. Ministro mantiene contantes comunicaciones telefónicas con el Sr. Giménez todas ellas entre 37 segundos y los 5 minutos lo que concuerda con sus dichos en la Legislatura que “Por este motivo se solicitó mayor presencia de la Policía Metropolitana, entendiendo que podía darse una situación cada vez más compleja” y agrega que “luego, empezamos a ver una cantidad de gente que se estaba agolpando en el lugar, observando las distintas imágenes que se realizan para la auditoría propia del personal policial que va a realizar este tipo de procedimiento”. Todo ello supone un conocimiento inmediato y con dominio de la situación, lo que determina la falta de fundamento de la resolución liberatoria.

Debe señalarse que independientemente que el Ministro de Seguridad no haya dado la orden de llevar delante de esa manera, semejante operativo represivo, lo cierto es que indudablemente está en posición de garante, tanto por la función que le es propia, como por el alto cargo que posee en el Poder Ejecutivo. El Sr. Ministro omitió truncar el abusivo y evidente accionar de sus subalternos. No hay duda de que el jefe de la Policía, Giménez, se encontraba en posición de garante no solo por ser el Ministro de Seguridad, superior directo de los ejecutores de los hechos, sino fundamentalmente por el conocimiento del desarrollo de los acontecimientos, por no implementar medidas que redirigieran a la legalidad el accionar de sus dependientes, evitando en consecuencia, las lesiones que se le reprochan. El principio de confianza al que han hecho alusión en su momento las defensas, queda alterado mediante el especial deber que le cabía al tomar conocimiento que sus subordinados actuaban fuera de los límites aprobados por las leyes y los reglamentos aplicables. El supuesto de confianza cede como principio cuando el otro ha dado evidencias de un actuar dirigido a la ilicitud.

Por otra parte, debido a la sensibilidad política y social de la acción llevada adelante el 26/04/2013 en el Hospital Borda, el Ministro debía supervisar como garante de la situación el operativo desplegado y teniendo conocimiento necesario de lo que estaba ocurriendo debió actuar poniendo coto a la acción de sus subalternos ordenando que ajustaran sus conductas a derecho. El Sr. Ministro tenía una posición de garante con relación a la corrección del accionar policial.

El Sr. Guillermo Montenegro contaba con la información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría, con capacidad de generar en lo inmediato un curso de acción diverso, a diferencia de otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Es todo este contexto el que hace imprescindible profundizar la investigación en relación a este funcionario a fin de que estos hechos graves no queden impunes, ni se responsabilice exclusivamente a los últimos eslabones de la cadena, siendo que las decisiones y acciones (u omisiones) fueron a partir de decisiones políticas.

 

La situación procesal de María Eugenia VIDAL.

En relación a la Lic. María Eugenia Vidal, el juez de primera instancia resuelve que “de la prolongación de la pesquisa, se advierte que no se han incorporado extremos mínimos objetivos, ciertos, concreto y directos que conlleven atribuirles algún tipo de participación criminal a los nombrados en lo acontecido el 26/04/2013, en el predio del Hospital Borda, pues no puede extendérseles la responsabilidad jurídico penal, en cuanto a la supuesta ilícita actuación del personal policial de la Policía Metropolitana…”. Expresa que …“más allá que a María Eugenia Vidal se le detectaron comunicaciones con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, como ya se reiteró no puede conocerse el contenido de aquellas, las celdas que se activaron no ubican a Vidal en la zona del Hospital Borda…”.

Sin embargo, de la prueba producida en la investigación existe un grado de comprobación no sólo de conocimiento sobre los hechos sucedidos, sino también del dominio de los mismos. Las pruebas que fueran realizadas y el resultado arrojado por las mismas, demuestran que, en primer lugar conforme surge de la declaración del testigo Fabio Basteiro de que “intentó en varias oportunidades hablar con los jefes del procedimiento identificándose como legislador porteño. Que habló con varios policías no identificados, hasta que se entrevistó con Giménez. Que continuamente le refería recibir órdenes de Chaín, Montenegro o la Vicejefe de Gobierno Vidal…“ (fs. 1791/1792). En segundo lugar, el testimonio del testigo Humberto Delfín Armando Rodríguez Cerantonio en su declaración de fs. 3248/3250 expresa que “llamó también desde su celular al Jefe de Gabinete de Vidal, Sr. Federico Salvai, celular que tampoco recuerda, habla con esa persona le transmite la misma preocupación le digo que había además de una medida cautelar vigente dispuesta por la justicia y que no entendía el operativo ni el procedimiento que se estaba llevando adelante, a lo que la persona se mostró receptivo pero no me dio respuesta concreta ni se volvió a comunicar conmigo…”. En tercer lugar, surge que de la cuenta @mariuvidal de twitter del dominio de María Eugenia Vidal de fecha 26/04/2013 en donde a las 8:17 minutos de la mañana expresaba que “El gremio ATE utiliza a los pacientes del #Borda como rehenes”. Y en la misma cuenta siendo las 11:12 hs. expresó públicamente que “En minutos, damos una conferencia de prensa sobre la situación en el #Borda”. Por último, se encuentra reconocido y surge del examen realizado por la Policía Federal Argentina a fs. 3253/3254 y 3347/3374 que el celular de la Sra. Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal realizó sendas comunicaciones con el Ing. Mauricio Macri y el Dr. Horacio Rodríguez Larreta. No obstante la duración de las llamadas –siempre dentro del horario de la plena represión- corresponde manifestar que a partir de las 10:35 hs. hasta las 13:57 hs. del día 26/04/2013, las celdas que toman el celular de la Vicejefa, la ubica en las antenas de las calles de Isabel la Católica Nº 1374 y Constitución, como se dijo, a escasos 200 metros del Ministerio de Seguridad ubicado en la Av. Regimiento de Patricios Nº1142, donde se hallaba el Sr. Ministro Guillermo Montenegro. En concordancia con lo dicho por el Sr. Ministro Guillermo Montenegro en la interpelación de la Legislatura Porteña, que se hallaban en el mismo lugar, con pleno conocimiento, decisión y dominio de los hechos que se sucedían en el predio del Hospital Borda.

 

La situación procesal de Ricardo Raúl PEDACE.

La situación del Subjefe de la Policía Metropolitana no difiere de la del procesado Jefe de la fuerza, sin embargo el juez de primera instancia actuante sostiene que Pedace no se encontraba al mando directo de la operación, en virtud de encontrarse el Sr. Horacio Alberto Giménez en el lugar del hecho, por lo cual “dado el cargo que ostenta, queda enmarcada en el supuesto previsto en el artículo 34 inc. 5 del CP . El querer deslindar responsabilidad del Subjefe de Policía, el más alto jefe policial después de Giménez, por una situación de obediencia debida, ante hechos graves, ilegales y manifiestos, es volver a interpretaciones oscurantistas, anti democráticas e inconstitucionales del derecho penal.

En la causa, constan numerosas pruebas donde el propio juez de primera instancia reconoce la responsabilidad del Subjefe Pedace. En primer lugar, se reconoce que el Subjefe de la Policía Metropolitana estuvo presente durante todo el desarrollo de los hechos y que condujo las acciones llevadas adelante por la Policía Metropolitana ese 26 de abril. Asimismo, se constata que “de algunos testimonios incorporados al proceso se alude a que Pedace emitía órdenes al personal policial que actuaba en la emergencia…”. El testimonio de Jorge Julián Arnao (fs. 1225 y vta. y 1227/9) expresa que “…quien daba las órdenes era el Subcomisario Pedace, lo escuchó decir frases como “avancen” o similares… a su vez Pedace seguí las órdenes de Giménez”. Cabe destacar que los hechos duraron varias horas, con distintas situaciones represivas y con una actuación del personal policial que se caracterizó por el uso innecesario de la fuerza, con persecución de manifestantes en retiradas ocasiones, con apaleamientos de manifestantes, periodistas y legisladores, con disparos de bala de goma a corta distancia a zonas vitales por encima de la cintura, con utilización indiscriminada de gas pimienta. En suma, una actuación policial destinada a la persecución, apaleamiento y dispersión de toda persona cercana al predio, a cualquier costo, lo que tuvo como consecuencia decenas de heridos de distinta gravedad.

En la causa penal existe una pormenorizada descripción de testimonios en este sentido con relatos de legisladores, trabajadores, dirigentes sindicales y periodistas, que cuentan cómo fueron golpeados, perseguidos, apaleados y sufrieron disparos de bala de goma, en situaciones que nada tenían que ver con una actuación policial de asegurar el predio.

Este hecho, que duró varias horas y que ocurrió a la vista del Subjefe de la Policía Metropolitana, trae como corolario que Ricardo Raúl Pedace, tuvo acabado conocimiento y dominio de lo que estaba ocurriendo y lo respaldó. En este punto, si la orden fue previa o concomitante, o hubo una aquiescencia del jefe policial al momento de desarrollarse los hechos, es irrelevante. El Subjefe de la Metropolitana vio lo que ocurría sin lugar a dudas, y respaldó el accionar abiertamente, ya que ninguna orden emanó que tuviera por objeto hacer cesar la represión salvaje e indiscriminada de sus subordinados.

Resulta intolerable en un Estado de Derecho que personal policial lleve adelante semejante atropello contra derechos elementales de las personas y provoque lesiones a mansalva, a la vista del Jefe policial y que éste resulte impune.

Por otra parte, el argumento que el Jefe de la Policía Metropolitana se encontraba presente y por ende deslinda la responsabilidad del Subjefe de la Policía en virtud de la obediencia debida prevista ene l art. 34 inc. 5 del CP resulta absurdo, ya que los hechos duraron varias horas y Pedace en ningún momento dio orden alguna para contener a los efectivos, para limitar su actuación y para limitar su participación en el operativo al resguardo del lugar, ni para denunciar y/o cuestionar la decisión de su superior. Ricardo Raúl Pedace aceptó y acompañó la actuación de sus subordinados, estuvo varias horas viendo lo que sucedía, recorriendo el lugar y a una distancia que le permitía ver lo que ocurría. Nada hizo para poner un coto a la situación represiva, no solo la toleró, sino que por su responsabilidad funcional, obviamente la promovió y respaldó. Ante este panorama, el sobreseimiento dictado resulta arbitrario.

 

La situación de los demás efectivos de la Policía Metropolitana.

En la causa se ordenó la realización de reconocimientos fotográficos respecto de la totalidad de los efectivos de la Policía Metropolitana, con testigos que en sus declaraciones hicieron alusión a que podían reconocer a los agresores.

Sin embargo el juez que lleva adelante la investigación decidió dejar sin efecto los reconocimientos ordenados en diciembre de 2013 pasado sin fundamento alguno.

Asimismo, conforme consta en las imputaciones efectuadas por el juzgado y petición del Ministro Chaín, se hallaron presentes en el lugar como Jefes de Operativo, distintas unidades de la Policía Metropolitana tales como el Inspector Rubén Carrión (Jefe División Criminalística), Inspector Castillo (a cargo del Grupo División de Intervenciones Complejas – DIC), Comisionado Mansulli (a cargo del Grupo Brigada de Rápida Intervención – BRI), Comisionado Garaventa (a cargo de la Superintendencia de investigaciones), además del Comisionado Roth (ya procesado a cargo del grupo DOEM), los cuales deberán ser citados a prestar declaración indagatoria en los términos de ley. Que, existen todavía pendientes reconocimientos fotográficos que podrían establecer la responsabilidad de otros efectivos policiales intervinientes en la represión.

Así mismo, más allá de la atribución de responsabilidad penal, administrativamente deben ponerse en funcionamiento los mecanismos sumariales previstos para aquellos agentes que con su accionar han violado la normativa que debe regir su accionar, estas son el artículo 34 inciso 1 de la Constitución de la CABA, que hace alusión a las reglas éticas de conducta aprobadas por Naciones Unidas, que a nivel nacional fueron incorporadas por el Dec. 637/2003 Fuerzas de Seguridad, y que en el marco de la ciudad están presentes en la ley de Seguridad Pública 2894/08.

En el Código de Conducta mencionado, en su artículo 3 establece que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.”

 

CONCLUSIONES

Del análisis de la causa Penal a la que tuvo acceso el ODH, se le imputa a los mencionados una conducta que se encontraría tipificada en el Código Penal con sus responsabilidades. Surge de las pruebas de la causa penal que la ingeniería jurídica y administrativa, así como la decisión política de los máximos responsables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para obrar en el conflicto del Hospital Borda -que culminó con los heridos leves y graves- fue puesta al servicio de la acción represiva por parte de la Policía Metropolitana aquel 26/04/2013, afectando derechos fundamentales de los trabajadores, pacientes, legisladores, periodistas y personas que se encontraban en el lugar.

Lo que surge del análisis de la causa penal relacionándola con las actuaciones en la justicia Contenciosa Administrativa y Tributaria, como así también las distintas actuaciones administrativas en el marco local y nacional, y sin perjuicio de la responsabilidad directa de los policías es que, en el marco del conflicto colectivo suscitado en la instalación del Nuevo Centro Cívico en los terrenos del Hospital Borda – gestión de Gobierno que comenzó en el año 2007- existió una voluntad jurídica/política/administrativa única llevada adelante por las máximas autoridades gubernamentales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se vio materializada en los distintos actos de gobierno y voluntades administrativas con la finalidad expresa de reprimir y ejemplificar a los trabajadores que se organizan y reclaman con las consecuencias que a priori se han constatado.

El involucramiento directo de los comprobados responsables políticos de las obras del Centro Cívico en los predios del Hospital Borda, llevando a cabo las actuaciones desde la desafectación del bien inmueble del Ministerio de Salud para transferírselo al Ministerio de Desarrollo Urbano, hasta el acuerdo con los gremios (SUTECBA, AMM, UPCN y Asociación de Profesionales) para llevar adelante las refacciones del Hospital y la violación de la medida cautelar dispuesta en los autos “Frondizi, Marcelo Hernando y otros c/ GCBA s/ Amparo”.

Los tres ministros, responsables (por acción y por omisión) de los sucesos represivos acaecidos aproximadamente entre las 9 y las 15 hs. del día 26/04/2013 en el predio del Hospital José T. Borda, ya que contaban con “información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría con capacidad para generar un inmediato curso de acción diverso” (Cfr. Causa “De la Rúa, Fernando s/ rec. De casación”) para hacer cesar o evitar el exceso de la actuación policial.

Nuevamente desde el ODH repudiamos enérgicamente la brutalidad desplegada, en el operativo ilegal e inconstitucional del 26/04/2013, contra pacientes, trabajadores de la salud, trabajadores de prensa, delegados sindicales, legisladores y personas en general.

Hemos advertido, oportunamente, que la Policía Metropolitana es una fuerza elaborada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un ferviente admirador de la última dictadura militar; una fuerza que intentó armarse con neopicanas Taser, que fueron prohibidas por la Justicia; una fuerza cuyo “bautismo de fuego” ocurrió en el Parque Indoamericano contra el pueblo pobre de la ciudad, causando muertos; una fuerza que ya tuvo numerosos casos confirmados de “Gatillo Fácil”.

Desde el Gobierno de la Ciudad se intenta erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden, cuando todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Reiteramos que en diciembre de 2011 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, instó a la Argentina en el Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto DESC, a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” El Comité expresa preocupación por los casos en que los agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados, han recurrido a represalias y a un uso desproporcionado de la fuerza contra personas que participaban en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales…” “El Comité insta al Estado parte a proteger a los activistas sociales y a los defensores de los derechos humanos de toda forma de intimidación, amenaza y, especialmente, uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados.”(E/C.12/ARG/CO/3).

La Justicia debe pronunciarse, porque se han cometido innumerables delitos, que deben ser atribuidos a quienes los ejecutaron como así también a quienes impartieron las órdenes, haciendo extensiva la responsabilidad a quienes, teniendo la capacidad política y dirigencial de revertir el curso de los hechos, no lo hicieron.

A partir de las pruebas producidas en el expediente se pudo constatar los apremios y las lesiones llevadas a cabo por la Policía Metropolitana en el inconstitucional operativo llevado a cabo el 26/04/2013. Se ha probado que la Fuerza fue conducida y dirigida en el lugar de los hechos por Horacio Giménez (Jefe de la Policía Metropolitana), Ricardo Pedace (Subjefe de la Policía Metropolitana) y Horacio García (Subsecretario de Seguridad Ciudadana).

Asimismo, se encuentran constatadas las numerosas llamadas realizadas, durante todo operativo, entre Giménez y Pedace, ambos en el lugar de los hechos, y el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y la Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal, lo que señala no sólo una ausencia de delegación de funciones sino asimismo un absoluto conocimiento, control y dominio de la situación represiva por parte de los funcionarios.

Afirmamos que Giménez es responsable por el concurso de delitos cometidos en el Hospital Borda y la Cámara deberá confirmar el procesamiento, para continuar en el camino de la Justicia. Asimismo, sostenemos que hay prueba suficiente en el expediente para procesar a Pedace, García, a los Ministros Montenegro y Daniel Chaín y a la Vicejefa de Gobierno Vidal, quienes también dirigieron la represión en el Borda.

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1 En el mismo sentido se ha dicho: “Si bien, en términos generales, las medidas cautelares tienden a establecer la igualdad de las partes, eliminando la posición de superioridad que se constituye a favor de una de ellas, en los procesos contra autoridades públicas en ejercicio de la función administrativa esa cualidad se ve, ciertamente, acentuada. En este ámbito, la tutela preventiva se nos presenta como una técnica garantizadora de la utilidad del propio proceso, ora constitucional, ora administrativo, en tanto brinda necesario equilibrio (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala V, Montes de Oca v. EN”, LL 1997-E-544) entre las prerrogativas —sustanciales y adjetivas— de que está investida la Administración (refiriéndose al acto administrativo —la decisión ejecutoria, en el vocabulario del derecho francés— Weil señala: ‘La Administración puede modificar unilateralmente la situación jurídica de los administrados sin pasar por el juez: no emite simples pretensiones, sino que toma verdaderas decisiones’ [WEIL, Prosper, Derecho Administrativos, Civitas, Madrid, 1994, p. 85], En esa dirección, García de Enterría, al explicar el principio de autotutela, destaca que todos los actos administrativos, salvo aquellos a que expresamente la ley se lo niegue, ‘obligan al inmediato cumplimiento aunque otro sujeto discrepe sobre su legalidad… La Administración puede, por lo tanto, modificar unilateralmente las situaciones jurídicas sobre las que actúa’ [GARCÍA DE ENTERRÍA-FERNÁNDEZ, Curso…, p. 49]), con miras a la consecución del interés público, y las garantías de los particulares —también sustanciales y adjetivas—. Así, v. gr. la suspensión de los efectos del acto administrativo se presenta como una dispensa provisoria, ora en sede judicial, ora en sede administrativa, a la regla general que establece que el acto administrativo es obligatorio y como tal se vincula a la obediencia. Ello así por cuanto, la consecuencia de aquella medida no es sino la inmediata e interina paralización de los efectos del acto, evitando de ese modo que su concreta puesta en práctica produzca daños graves irreparables“, (SAMMARTINO, Patricio Marcelo E., Principios constitucionales del amparo administrativo. El Contencioso Constitucional Administrativo Urgente, LexisNexis, 2003, p. 315/6).