Rol del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Argentina.

Por: María Cristina Andrieu

En la segunda mitad del siglo pasado los estados nacionales involucrados en estrategias de promoción industrial y reconversión de la renta agraria reafirmaron la vocación de pacto sostenido en la etapa emancipadora de nuestras repúblicas y diseñaron políticas de intervención para facilitar la regionalización. En la Argentina en 1959 se genera como parte del sistema científico tecnológico el Consejo Federal de Inversiones (CFI) al que se le da rango de Pacto  Federal. Los órganos de conducción serán la Asamblea General de Gobernadores y tendrá como objetivo trazar el plan de  la cooperación técnica que se brinda al sector público provincial a través de estudios, proyectos y planes.

En un contexto similar se producen iniciativas sustantivas de organización en varias repúblicas latinoamericanas: en México el Fondo Nacional de Estudios y Preinversión (1982),  en Colombia el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) (1968) y en Brasil el Fondo de Estudios y Proyectos (1965).

Hoy la política de integración suramericana se encuentra en la disyuntiva de crecer aceptando las propuestas y enfoques de los organismos internacionales que sostienen los intereses hegemónicos de los grupos de presión financiera o rearmar una estrategia de crecimiento utilizando la capacidad instalada y el capital simbólico acumulado en sus sistemas de innovación científico-tecnológica.

El CFI y el camino realizado en la cuestión Regional

Como política de estado (1950-1976) en el contexto de la expansión del proyecto de industrialización en Argentina y sus similares en la región que, desde sus inicios en 1959 y hasta 1976 se asocia a las grandes obras de fomento regional: la región Comahue, Patagonia, Centro, el Noreste Argentino (NEA) y el Noroeste Argentino (NOA), los planes de desarrollo como los del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE Neuquén), la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Rio Colorado (CORFO) y el Instituto de Desarrollo del Valle inferior del Río Negro (IDEVI), http://www.cired.org.ar.

En 1974 constituye la base académica en la que se redacta el Plan Trienal 1974-1976 que indicó el rumbo de las iniciativas socio económicas del gobierno democrático  hasta el golpe militar de 1976.

El período de hegemonía de las políticas de apertura económica y desindustrialización regional 1976-2003. La ruptura democrática en 1976 interrumpe el diálogo político técnico que fue su sello inicial y se reimpone con posterioridad en 1983. La labor se centrará en la actualización de las bases de información socioeconómica y la refuncionalización del dispositivo de financiamiento (Fondo Federal de Inversiones) para la inversión productiva. Sin embargo no puede resistir el liberalismo que inicia la década del Consenso de Washington y se desarman cruciales programas sustantivos de investigación aplicada y de apoyo al desarrollo.

Los desafíos del nuevo siglo (2003-2015).

El primero consiste en evaluar  los recursos  organizacionales de los  organismos de concertación federal  para la integración regional. El Gobierno Nacional en  2010 presentó las estrategias de desarrollo contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 2020 y el Plan Productivo Agropecuario Nacional propuestas que  requirieron el tratamiento federal y regional de sus alcances.

La experiencia de la Unión Europea como política de inversión en activos de desarrollo institucional resulta el ejemplo más integrado. Se ejecuta a través de dos fondos principales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC). Apoya la competitividad, la mejora de la calidad de vida y predica el desarrollo sostenible como ideología económica. Los actores institucionales generalmente son los institutos de administración pública nacionales (España y Alemania) en concierto con el sistema de investigación de la red universitaria.

¿Qué condiciones requieren las regiones para diseñar políticas conjuntas y gestionar recursos?

La Constitución Nacional bajo la reforma de 1994 recorta la acción del gobierno nacional a favor de la autonomía de los estados federales provinciales.

Las características de estas modificaciones inciden en dos espacios fundamentales: el financiamiento y la incumbencia política. Respecto de la conformación del espacio regional a nivel nacional se estipula que las provincias tienen la iniciativa. Tal vez el desafío institucional más significativo resulte adecuar la estructura programática del CFI para articular el diseño de estrategias operativas que consideren el espacio federal integrado.

Reflexiones

La experiencia muestra que desde la década de los 1950 es posible impulsar en las repúblicas latinoamericanas iniciativas respecto del desarrollo regional.

Hoy el escenario suma nuevos actores a escala continental comprometidos en organismos regionales. Se valora la labor realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en apoyo de las unidades nacionales pero aún no se ha definido quiénes ni cómo auxiliarán a las ententes pactadas tales como el MERCOSUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), ZICOSUR, Pacto Andino, etc. a gestionar los objetivos planteados.

La experiencia de los organismos federales nacionales es revisada bajo esta nueva demanda. Debe ser redefinido en el escenario de nuevos desafíos emergentes: el capitalismo financiero global y las hegemonías de las corporaciones transnacionales interpelan el rol político de las organizaciones técnicas brazos de los estados nacionales.

La política demanda a las instituciones que ejerzan su función propositiva:

¿Cómo serán las administraciones  públicas luego de la pandemia? Revisar los supuestos jurídicos y tácticos que legitiman la independencia corporativa que sostienen un gran número de unidades del sistema científico tecnológico será una tarea necesaria.

Reconsiderar las prácticas de planeamiento legitimadas por la política neoliberal que desconocen los tiempos de construcción de lo social. Los términos “políticas de gobierno” y “políticas de estado” dan cuenta de esa dicotomía conceptual que evidencia la necesidad de considerar el tiempo no sólo como elemento cronológico sino como metáfora de los procesos históricos.

Incentivar el reconocimiento de los sectores no visualizados e integrar las organizaciones sociales como representación de lo colectivo en un universo que propicie garantizar la diversidad de posiciones. La interrelación entre Estado y mercado ha demostrado ser poco efectiva para resolver los problemas del desarrollo socioeconómico.

Este cambio está en curso en toda Latinoamérica, donde se deja oír la voz de los sectores sociales excluidos de un proyecto de globalización que favorece la concentración de recursos y la pauperización de mayorías. Nuestro compromiso burocrático expresado en tono weberiano es poner en relieve las experiencias exitosas y acercar las posiciones a un escenario inclusivo.

Bibliografía

Andreu, M. C. (1990). Impacto del desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe. Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre Preinversión, Desarrollo e Integración. BID-OPALC-FONADE- Bogotá, Colombia, .

Bernazza, C. (2012). Concursos, carreras y jerarquías públicas. Propuestas para un empleo público al servicio de un proyecto de país. Boletín Estado y Políticas Públicas (50). Recuperado de [http://www.claudiabernazza.com.ar/web/documentos/jerarquiasverticesycarreras2.pdf]

Boiero, Mariano. Empleo público :la nueva normalidad.Exposición :https://www.youtube.com/watch ?v=9oBAdCTadVM

CFI (1994). Boletín 35º Aniversario. Buenos Aires, Argentina. CFI.

Do Santos, T. y Salama, P. (2015). Diálogos sobre la política social en América Latina. En N. Garita (Comp.), Pueblos en movimiento. Conferencias Congreso ALAS 2015. San José, Costa Rica: Letra Maya.

Evans, P. (2007). Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. Bogotá, Colombia: ILSA.

Hernández, R. D. (1990). Rol del Consejo Federal de Inversiones en la preinversión. Buenos Aires, Argentina: CFI.

Iacoviello, M. y Zuvanic, L. (2005). Desarrollo e integración de la gestión de recursos humanos del Estado en América Latina. En X Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. CLAD. Santiago, Chile.

Kuczynski, P. y Williamson, J. (Eds.) (2003). Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina.: U.P.C.A  Lima,

Rofman, A. y García, A. (Comps.) (2018). Planificación, región y políticas: en búsqueda de nuevas ideas para un proyecto productivo. Buenos Aires, Argentina: F.C.E.-UBA.

Zuvanic, L. e Iacoviello, M. (2010). La burocracia en América Latina. ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (58-59): 9-41. Recuperado de [http://biblioteca.icap.ac.cr/rcap/58_59/laura_zuvanic.pdf]

Autora: Dra. María Cristina Andreu. Investigadora superior, retirada, del Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, Argentina; miembro de la Asociación Regional de Desarrollo Empresario, Quilmes, Argentina.
[email protected]