La Justicia Federal de Córdoba condenó a tres años de prisión a dos funcionarios judiciales juzgados por su actuación durante la dictadura de 1976, y absolvió a otros dos. Satisfacción de víctimas y fiscal por el valor histórico de un proceso que puso por primera vez en el banquillo a funcionarios civiles, pero duras críticas por las absoluciones. Abucheos para acusados y jueces a la salida de Tribunales.  

Por Mónica Ambort
Fotos Mechi Ferreyra

“Una vergüenza”, dispara Raquel Altamira en la puerta del Juzgado Federal donde minutos antes fueron absueltos dos de los magistrados juzgados por su participación en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura eclesiástico-cívico-militar de 1976, y condenados otros dos, a penas muy menores a las pedidas por los fiscales
“No hay ninguna duda de la culpabilidad de (Carlos) Otero Álvarez. En varias oportunidades los presos le dijeron que a mi marido, Hugo Vaca Narvaja, lo matarían. Era una muerte anunciada, y él no movió un dedo para evitarlo”, agrega a La Barraca, al borde del llanto. A su lado, su hija Carolina, los ojos enrojecidos, se consuela en múltiples abrazos… Como si de un pésame se tratara.
“Que este tribunal lo haya absuelto, es una vergüenza”, remata la esposa del abogado secuestrado en 1975 en la puerta de un juzgado federal, y asesinado meses más tarde por un comando militar que lo retiró de la Cárcel Penitenciaria de Córdoba junto a otros detenidos, y fusiló en la calle. “De Tribunales Federales no se puede esperar justicia. Se defienden entre ellos. Aunque es un mazaso, esta absolución era esperable”, concluye.

Señalados por numerosos sobrevivientes

Los fiscales habían pedido siete años de prisión para el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez (67), absuelto; dos para el ex defensor Ricardo Haro (84), también absuelto; y cinco para el ex fiscal Antonio Cornejo (79) y el ex juez Miguel Angel Puga (71), ambos condenados a tres años.
Desde el 25 de julio, los ex magistrados de la dictadura estaban siendo juzgados por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento, en el caso de 75 detenidos políticos, 27 de los cuales fueron sacados de la Cárcel Penitenciaria por patotas militares en el invierno de 1976, y fusilados en la vía pública, asesinatos que luego eran informados como supuestos intentos de fuga. Otros dos presos murieron salvajemente vejados en el patio del penal, ante decenas de testigos. Por esos crímenes, los jerarcas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez resultaron condenados en 2010 a prisión perpetua, pero los funcionarios judiciales recién siete años después se sentaron en el banquillo de los acusados en el Tribunal Federal oral 2 de Córdoba.
A lo largo de más de tres meses, el testimonio de los sobrevivientes y numerosos documentos firmados por los magistrados, fueron mostrando cómo convalidaron por acción u omisión, crímenes, secuestros, torturas y violaciones. Las víctimas relataron que rechazaron hábeas corpus, firmaron autorizaciones para traslados ilegales, validaron declaraciones tomadas bajo tormento, aceptaron que militares apuntaran a detenidos en su presencia, y permanecieron indiferentes ante las denuncias de aberrantes violaciones a los derechos de los prisioneros políticos.

Seguramente los fiscales apelarán

El fiscal Facundo Trotta anticipó a La Barraca que cuando vean los fundamentos del fallo, considerarán la posibilidad de apelar, fundamentalmente la absolución de Otero Alvarez, el más cuestionado por los sobrevivientes. A pesar del malestar por las dos absoluciones, Trotta destacó la importancia del juicio para el proceso de memoria, verdad y justicia: la responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. En el mismo tono, Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo que a sus 86 años asiste regularmente a los juicios contra los crímenes perpetrados durante el terrorismo de Estado en la provincia, destacó ante este medio que más allá de la sentencia, el proceso judicial ha sido valioso para conservar viva la memoria, de modo “que nunca más pase lo que pasó”. Y reiteró lo dicho desde hace décadas: “Nunca he sentido odio ni deseos de venganza. Las Abuelas solo queremos verdad y justicia. Que los cordobeses sepan que el trabajo que hicimos los organismos, ha sido para mantener la memoria”.
Al tiempo que muchos de los sobrevivientes de la dictadura que fueron testigos en el juicio, familiares y militantes de derechos humanos, gremios y partidos políticos, se aglutinaban frente a la puerta principal donde crecía la presencia de policías uniformados, el fiscal Trotta completó su idea: “Aunque levemente inferiores a las que pedimos, estamos muy conformes con las condenas. Cuando la sentencia esté firme, los condenados deberían ir a la cárcel”.

Escenografía de una larga espera

Ya dijimos Nunca Más; Justicia para Santiago; Cárcel perpetua a los jueces cómplices… reclamaban desde sus carteles el Frente de Izquierda Unida y el Movimiento Socialista de Trabajadores Nueva Izquierda, mientras la Juventud Peronista exhibía una bandera con retratos de quienes “vivieron, lucharon y dieron sus vidas por la patria libre, justa y soberana”. En su remera, un joven suelto, exhibía su propio reclamo: Primavera sin Porta (en referencia a la fábrica de alcoholes y bebidas, acusada de contaminar el barrio donde trabaja). Un poco más allá, una nutrida columna de trabajadores del sindicato de televisión, y militantes del gremio de judiciales.
Durante la espera, como ocurre habitualmente en los encuentros de sobrevivientes y familiares, las víctimas, en este caso los asesinados de la Penitenciaría, fueron nombradas una a una, al grito de presente coreado por los allí reunidos.
En la ochava de la señorial e incómoda (a los fines tribunalicios), casona donde se hizo el juicio, la bandera de Hijos ocupaba el lugar más visible. Abajo, las siluetas, intervención artística que recuerda a las víctimas, y los rostros de los fusilados de la cárcel, que miran desde hace cuarenta años.
Una escenografía que la Agrupación Hijos montó a media mañana, bajo la lluvia, cuando la última audiencia estaba por comenzar. Fue un comienzo fugaz. Los acusados optaron por no decir nada cuando les tocó el turno, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el mediodía. Cerca de las 13, con la rápida lectura de la sentencia, concluyó el juicio. Desde el interior del Juzgado se escuchaban nítidamente los gritos de celebración cuando el presidente del Tribunal leyó las dos condenas, y los abucheos, cuando cerró con las dos absoluciones.

Carolina Vaca Narvaja. Una escenografía de décadas

 

Escrache, la condena de las víctimas

“Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar, olé, olé, olé, olá…”, corearon los manifestantes mientras dos de los acusados dejaban el lugar, cántico que redoblaron cuando luego de una prolongada vigilia, hizo lo propio el ex secretario penal Carlos Otero Alvarez, sobreseído por sus pares. Sonriente, con la vista al frente y el pulgar derecho en alto; rodeado de familiares, y escoltado por sus dos abogados defensores, salió a paso raudo del Juzgado y pocos metros más allá abordó un auto. Como si corriera algún riesgo, lo hizo en medio de un pelotón de señores de traje oscuro y cabello al ras, agentes del Departamento Especial de Protección de Testigos, un cuerpo de la policía de la provincia creado para proteger testigos de los juicios de lesa humanidad.
“A trabajar, a trabajar”, mascullaba hacia los manifestantes mientras se alejaba del lugar el abogado Julio Palacio Deheza, auxiliar de Marcelo Brito, defensor de Otero Alvarez.
Los sobreseídos Ricardo Haro y Carlos Otero Álvarez fueron los acusados más nombrados por las víctimas durante las audiencias.
El ex detenido Miguel Canizzo recordó que había advertido al entonces secretario penal Otero Alvarez, que a su compañero de celda, Hugo Vaca Narvaja, lo iban a matar. Así se lo habían anticipado los propios militares. “Me respondió que no podía hacer nada pues Vaca Narvaja no estaba a disposición de su juzgado”, le dijo Canizzo a los jueces.
El nombre de Carlos Otero Alvarez surgió también vinculado al asesinato de Diana Beatriz Fidelman, ocurrido, como recordó el fiscal Carlos Gonella durante su acusación, siete meses después de denunciar ante el secretario penal los abusos sexuales y otras atrocidades que los perpetradores hicieron sobre su cuerpo indefenso en el Departamento de Policía, y que el funcionario no investigó.
Vejaciones que su compañera de prisión, Gladys  Ambort, en su libro Algo se quebró en mí: de cómo terminó mi adolescencia en una celda de castigo, recuerda especialmente:  “Diana (Fidelman) fue la primera compañera que fusilaron los militares. Se la llevaron el 18 de abril de 1976, pero algunos días más tarde la volvieron a traer. A su regreso, tenía mucho menos cabello que antes; se lo habían arrancado torturándola. Nos contó que intentaban sofocarla cubriéndole el rosto con una bolsa de plástico llena de excrementos. Diana, sin embargo, no había perdido ni su alegría ni su vitalidad. La noche del 17 de mayo la volvieron a llevar, y ya no regresó. Supimos por el preso común que estaba en el hospital, al frente de nuestro pabellón, que la mataron la misma noche en que la sacaron del penal”,
En cuanto al ex defensor Ricardo Haro, el preso político Fidel Antonio Alcázar comentó al declarar en este juicio, que cuando quiso contarle las torturas padecidas durante en el momento de ser detenido, Haro no le prestó atención. Estaba leyendo el diario, dijo Alcázar.

Un tribunal no transparente

“Las absoluciones son graves”, opinó para este medio Luis Miguel Baronetto, uno de los querellantes de la causa, sobreviviente de la Penitenciaría, de donde su esposa fue retirada clandestinamente, y ejecutada con otros detenidos a la usanza de la época: fraguando un intento de fuga. “Hay un resultado positivo en haber llegado al juicio”, valoró, amén de las críticas al resultado final Baronetto, quien batalla en esta causa desde hace décadas.
Durante años, a la hora de conformar el tribunal para emprender el juicio, diez funcionarios de la Sagrada Familia, como llaman en Córdoba a la Justicia Federal por la hegemonía de los lazos de sangre en la cultura de la institución, se fueron apartando. Casi todos por amistad íntima con los acusados. Finalmente, el juicio debió hacerse convocando a jueces de otras provincias. “La causa maldita”, la bautizó uno de los primeros en impulsarla, el abogado Rubén Arroyo, integrante de la Conadep Córdoba (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el presidente Raúl Alfonsín).
“En cuanto al resultado final, no desconocemos que los jueces no siempre hacen justicia. En el caso de Otero Alvarez, son muchas las pruebas escritas; aun así el presidente del tribunal ha repetido un fallo anterior, en el que había considerado a un secretario como un simple fedatario”.
Baronetto se refiere a un fallo de Julián Falcucci, absolviendo a un acusado por considerar que su responsabilidad como funcionario de la Justicia se limitaba a registrar las actuaciones del juez. Aunque los fundamentos de la sentencia se darán a conocer recién el 7 de diciembre, en diálogo con los periodistas el presidente Falcucci anticipó que la absolución del ex secretario penal estaba también ahora fundada en ese argumento.
“Nos han sorprendido las absoluciones, pero las olfateábamos. Ha sido un tribunal no transparente. Falcucci debió apartarse. Y otro de los integrantes, José Camilo Quiroga Uriburu, fue funcionario de la dictadura. Hubo condenas, pues tan escandaloso el tribunal no puede mostrarse. Quedaría mal frente a la sociedad que se levante solo el ojo derecho de la venda para absolver a sus amigos”, concluyó Baronetto.

Raquel Altamira, viuda de Hugo Vaca Narvaja, y Luis Miguel Baronetto, viudo de Marta Juana González. Detrás, Elda Toranzo, hermana de Higinio Toranzo, fusilado junto con Vaca Narvaja y Gustavo Adolfo De Breuil

 

También escrachados los jueces


Acompañado de sus dos colegas del tribunal, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, el presidente Julián Falcucci fue uno de los últimos protagonistas de la jornada en abandonar el Juzgado. Después de más de una hora frente al ingreso, aunque el público había mermado un poco, todavía un nutrido grupo de personas lo aguardaba pacientemente. Sorteando gente y abucheos, los jueces atravesaron la vereda a paso tranquilo, y se instalaron en el Renault Megane de Falcucci. Petrificada frente al auto, la sobreviviente Delia Galará logró que el presidente del tribunal bajara la ventanilla: “Para qué nos hacen venir a declarar… Creí que después de 40 años, habría justicia”, le dijo al juez, quien sólo atinó a decir, bueno, bueno, antes de poner en marcha su coche y partir, mientras una jovencita lo despedía al grito de hijo de puta.

Delia Galará, sobreviviente y testiga en el Juicio a los Magistrados, y su hija Lucía

 

El asesinato, impune. El periodista, condenado


A la misma hora en que comenzaría la última audiencia de este juicio a los magistrados de Córdoba, estaba prevista la lectura, a unas cuadras de distancia, del fallo del Tribunal Superior de Justicia, en un juicio contra el periodista Hernán Vaca Narvaja. El periodista es hijo del abogado defensor fusilado en 1976, cuyo caso se ventiló en el juicio a los funcionarios de la Justicia Federal.
Vaca Narvaja hijo (y nieto de Miguel Vaca Narvaja, ex ministro del Interior de Frondizi, también vilmente ejecutado y desaparecido durante el terrorismo de Estado cuando tenía 59 años) fue demandado por daño moral por Marcelo Macarrón a raíz de la cobertura periodística de la muerte de su esposa  Nora Dalmasso, asesinada hace once años en un country de Río Cuarto. Un crimen que sigue impune, con un único imputado, el viudo de Macarrón.
Premio Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) a los derechos humanos, Vaca Narvaja dirige la revista El Sur en aquella ciudad cordobesa y es autor de varios libros, entre ellos Las cuatro muertes de Nora Dalmasso, y César Masetti, el periodista de la revolución, recién publicado por Sudamericana.
Dos veces condenado en Río Cuarto, Hernán Vaca Narvaja apeló al máximo tribunal de la provincia, y el martes 7 de noviembre debía presentarse a conocer la resolución. A la misma hora en que su madre estaría en el Juzgado Federal 2, a la espera de la sentencia, finalmente absolutoria, del funcionario que nada hizo por salvar la vida de su marido.
“No me extraña en absoluto que esta coincidencia de fechas sea una perversidad del poder, a tono con el poder nacional”, reflexionó Raquel Altamira, y recordó: “Son los mismos personajes. (Luis) Rubio, miembro del Tribunal Superior de Justicia que debe dictar sentencia en el caso de Hernán (Vaca Narvaja), vino a este juicio, en calidad de testigo, a defender al doctor Otero Alvarez”.
Inesperadamente, el día antes, lo jueces del máximo tribunal suspendieron la audiencia donde darían a conocer su veredicto en la causa contra el director de El Sur. ¿Por qué evitaron que esa sentencia coincidiera con la absolución, en la Justicia Federal, del ex secretario penal acusado por los sobrevivientes de la Cárcel Penitenciaría de haber hecho la vista gorda cuando le advirtieron que Miguel Hugo Vaca Narvaja, abogado de presos políticos y apoderado del Partido Auténtico; padre del periodista que entonces era un niño, sería fusilado?

 

FIN
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