Al pedir entre 7 y 2 años de prisión para los 4 ex funcionarios judiciales a los que se juzga en Córdoba por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976, los fiscales sostuvieron que los acusados convalidaron secuestros, torturas, saqueos, y el fusilamiento de 30 prisioneros políticos. Este martes 10, el turno de los defensores.

 

Por Mónica Ambort
Foto Nicolás Castiglioni

 

“¿Qué hubiera pasado si los jueces ponían al descubierto los asesinatos? ¿Las fuerzas de seguridad hubieran continuado sus crímenes?”.
Con voz sonora, subrayando las palabras, el fiscal Facundo Trotta habla de la “gravedad de las consecuencias de la acción de la Justicia”; formula preguntas, se interrumpe, gira la mirada hacia el primer banco del público donde audiencia tras audiencia se ubica puntualmente uno de los querellantes, y dice: Baronetto se puede preguntar aún hoy. ¿Habrían matado a su esposa, si los jueces hubieran reaccionado cuando el matrimonio denunció su secuestro y los tormentos sufridos en el departamento de policía?
Igual que otros familiares de víctimas, que han llegado a Tribunales para presenciar la acusación de los fiscales, Luis Miguel Baronetto escucha reconcentrado. Las manos entrelazadas sobre el abdomen. Inmóvil. Los ojos a lo lejos. Como un escapulario, la foto de su esposa siempre colgada en el pecho. Su esposa, Marta Juana González, 26 años cuando la asesinaron, es una de las 30 presas y presos políticos que en 1976, estando alojados en la Cárcel Penitenciaria de Córdoba, la UP1, a disposición de la Justicia Federal, fueron retirados ilegalmente del penal, y fusilados en la vía pública. En fraguados intentos de fuga.
Después de dos prolongadas jornadas (en total, más de diez horas) durante las cuales contextualizaron el rol de la Justicia en el terrorismo de Estado en la década del 70 del siglo pasado, e hicieron un estremecedor resumen de los casos por los cuales se los acusa, los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta pidieron el martes 3, la pena de prisión e inhabilitación para los cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal que desde el 25 de julio, están siendo juzgados en el Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba.
El pedido mayor, siete años, fue para el ex secretario Carlos Otero Álvarez, cuyo jefe, el juez Adolfo Zamboni Ledesma, nombrado reiteradamente por las víctimas, y que ha firmado con Otero innumerables documentos que muestran la participación de ambos en los crímenes cometidos por la policía y los militares del Tercer Cuerpo, no pudo ser juzgado pues murió en 1984.
Para el ex fiscal Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga, la pena solicitada es de 5 años de prisión. Pero para el ex defensor oficial Ricardo Haro, a pesar de los numerosos relatos que recordaron la indiferencia conque atendió las denuncias de los prisioneros a quienes debía protección, a muchos de los cuales recomendó callar las aberraciones padecidas, los fiscales pidieron sólo dos años de prisión, en suspenso. Una consideración que Gonella justificó en la avanzada edad del acusado, 84 años, y el prolongado tiempo de este proceso: diez años, desde que en 2007 se inició la causa que sufrió una seguidilla de dilaciones debido al cerco protector de la Sagrada Familia judicial cordobesa alrededor de los acusados. Por lo menos diez funcionarios que debían abocarse al juicio, fueron apartándose por cuestiones de amistad.
Para todos los procesados, pedido de inhabilitación por el doble de tiempo que dure la condena. Los delitos son incumplimiento de la obligación de promover la acción penal y abuso de autoridad (Cornejo y Puga, 7 hechos); abuso de autoridad (Haro, 9 hechos); y omisión de dar cuenta a la autoridad competente de una detención ilegal (Otero Álvarez, 40 hechos).
En este juicio, que el martes 10 de octubre continuará con el alegato de los abogados defensores, y cuyo final está previsto para el 6 de noviembre con la sentencia, se han analizado los casos de 118 víctimas del terrorismo de Estado, secuestrados y trasladados al tristemente célebre Departamento de Informaciones, D2, y de allí a la Penitenciaría. Treinta de esas prisioneras y prisioneros fueron ejecutados. Dos de ellos, en el patio del penal a la vista de todos, y los otros, retirados de la cárcel, y fusilados mediante la aplicación de la llamada ley de fuga, entre abril y octubre de 1976. Los militares informaban estos crímenes mediante comunicados que la prensa reproducía textualmente, y los funcionarios ahora juzgados aceptaban sin cuestionamiento ni atisbo de investigación. Se limitaban a pedir el certificado de defunción, y cerrar la causa.  
Por su parte, las abogadas y el abogado de las querellas, Patricia Chalub, Adriana Gentile y Jorge Chalub, quienes representan a familiares de cuatro víctimas, y a un sobreviviente, solicitaron cinco años de prisión para Otero Álvarez, y tres para Puga y Cornejo. Para los tres, inhabilitación absoluta.
Por estos delitos, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, jerarcas del poder castrense de la época, fueron condenados en 2010 a prisión perpetua. La llamativa diferencia entre esas condenas a los militares y los pedidos realizados ahora por los fiscales para los funcionarios judiciales, fue posible al juzgárselos por separado, y porque a pesar de la abundante prueba reunida, la Cámara que elevó la causa a juicio no la consideró suficiente para acusarlos de ser partícipes necesarios, es decir, cómplices. 
El fiscal Gonella no está de acuerdo, y lo ha repetido durante su acusación en la audiencia del martes 3. “Tengo la íntima convicción de que el aporte de los acusados al terrorismo de Estado fue de complicidad”, dijo con vehemencia, mirando de frente al Tribunal. Y comentó que por ese delito, en un caso similar al de Córdoba, cuatro ex jueces fueron condenados hace pocas semanas en Mendoza, a prisión perpetua. En ese juicio, los magistrados compartieron el banquillo con los uniformados, fotografía que en Córdoba la Justicia Federal evitó empecinadamente, con éxito, durante diez años.
“Estoy convencido de que fue complicidad. El carácter sistemático del incumplimiento de los deberes de funcionario público es complicidad”
, subrayó Gonella. Y recordó que en 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en esta provincia la dictadura actuó con la complicidad manifiesta del ex juez Zamboni Ledesma, y su secretario, Carlos Otero Álvarez. No fue un obstáculo para la carrera judicial del ex secretario, que siguió su derrotero en la Justicia Federal, donde fue integrante del tribunal del primer juicio que se hizo en Córdoba al genocida Menéndez.
“Los criminales del D2 seguían matando y torturando porque sabían que la Justicia no iba a hacer absolutamente nada”, redondeó en otro momento el fiscal. A lo largo de toda la acusación, estuvo subyacente esta idea: si los funcionarios judiciales hubieran cumplido con el deber que le exigían las leyes vigentes a pesar del estado de sitio, hubieran puesto un freno a la impunidad. Pero la Justicia fue una farsa, coincidieron los fiscales. “Acá no se investigaba, y muchas de las personas que denunciaron apremios, fueron asesinadas”.
Hablaron asimismo de un patrón repetitivo, prolongado, de este incumplimiento. “No es un caso aislado, sino omisiones sistemáticas y prolongadas en hechos sumamente graves del plan sistemático de persecución política”, sostuvo Gonella y advirtió que “es un reduccionismo creer que el terrorismo de Estado se limita a las fuerzas de seguridad. La Justicia actuó blanqueando los crímenes”.
Cómplices fueron también la Iglesia y las corporaciones empresarias, agregó el fiscal, siempre en tono enérgico, al recordar que en la celda donde cumplió prisión perpetua, el dictador Videla le dijo al periodista Ceferino Reato que las fuerzas armadas se reunían con los empresarios para darles órdenes. Autores, más que cómplices, se corrigió Gonella.
Amén del testimonio de las víctimas, sobrevivientes y familiares de las y los fusilados, cuyo calvario ha horrorizado nuevamente en este juicio, la reconstrucción del periplo judicial de los acusados se ha podido hacer con abundante documentación que los fiscales mostraron desde un power point en una pantalla de la pequeña, y disfuncional, sala donde se hacen las audiencias.
Rechazos de hábeas corpus; validación de declaraciones tomadas a los prisioneros bajo tortura; recepción de detalladas denuncias sobre detenciones sin la orden judicial correspondiente (detenciones ilegales, es decir, secuestros), saqueos en el domicilio de las víctimas, tormentos espantosos en el departamento de policía; constatación de detenidos encapuchados tirados en el piso; sobreseimientos por muerte (fusilamiento) de prisioneras y prisioneros.
Numerosos documentos muestran que los acusados conocían de primera fuente los crímenes de las fuerzas de seguridad, pero, agregaron los fiscales, no hay una sola constancia de que, como la ley manda, hayan investigado, o denunciado los delitos cometidos por agentes del Estado.
“Es increíble, señor juez, increíble”, dijo por su parte Facundo Trotta, casi gritando, en un momento de su exposición. Trotta, que ha nacido en abril de 1976, y entre 2013 y 2016 fue fiscal del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración y exterminio La Perla, muchas veces, durante su extenso alegato acusador, exclamó de igual modo.
En una ocasión, en la pantalla que público, jueces y defensores miraron mientras los fiscales explicaban su contenido, la proyección de diapositivas se congeló en la firma del acusado Puga. Fue cuando Trotta recordaba el “tragicómico” comunicado del Tercer Cuerpo tras el fusilamiento del abogado defensor de presos políticos Hugo Vaca Narvaja, y sus compañeros de cautiverio, Arnaldo Higinio Toranzo y Gustavo Adolfo De Breuil. “Es increíble que (el ex juez) Puga no haya investigado. Si ese comunicado es un reconocimiento de que fue un fusilamiento”, acusó el fiscal, y con amarga ironía infirió que los militares podían redactar una mentira tan impune, sólo porque la Justicia “se tragaba todos los sapos”.
“Mientras las víctimas se aferraban a la esperanza de poder contar con el apoyo institucional, para dejar atrás el infierno (…) la Justicia se dedicó a legalizar lo ilegal”, remató Trotta.
El padecimiento de los sobrevivientes del Departamento de Policía y la Cárcel Penitenciaria ha resonado nuevamente, en la estremecedora enumeración de los fiscales. Una tras otras, en un relato de muchas horas, con breves cuartos intermedios, las vejaciones sufridas sacuden todavía al grupo de periodistas que, duchas y duchos en estas coberturas, lo han escuchado todo. “He vuelto a llorar cuando el fiscal habló de Diana”, comentó a La Barraca la periodista Marta Platía, quien ha cronicado para Página 12 los juicios por crímenes de lesa humanidad que se hicieron en Córdoba.
Diana, es Diana Beatriz Fidelman, asesinada cuando tenía 26 años, siete meses después de denunciar ante el secretario Otero Alvarez los abusos sexuales y otras atrocidades que los perpetradores hicieron sobre su cuerpo indefenso en el Departamento de Policía. “¿Por qué me detuve en esto que parece de mal gusto?”, preguntó el fiscal Carlos Gonella tras el detalle minucioso de esas aberraciones. “Porque no todos saben lo que pasó en el D2”, agregó, señalando la firma del acusado Otero Alvarez al pie de la denuncia de la joven Fidelman. “No se hizo absolutamente nada para investigar”.
“Con Diana se ensañaron particularmente porque era judía, y muy bonita”, le dijo a La Barraca la sobreviviente de la Cárcel Penitenciaria, Norma San Nicolás, una de las compañeras a quien Diana Fidelman advirtió, luego de ver morir por la tortura a un prisionero en el Departamento de Policía, (masacrado, dijo Gonella), que la matarían. Realmente impresionante la omisión de los acusados, insistió el fiscal.
Gonella habló también del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Luis Rubio, quien en aquellos años fuera defensor de perseguidos políticos, y al declarar ahora en este juicio, convocado por la defensa de Otero Alvarez, aseguró sin inmutarse que no tenía nada que reprochar a la conducta del ex secretario durante la dictadura. “Vino aquí sólo para decir eso”, expresó con enojo el fiscal y redondeó: “Es el único abogado defensor de presos políticos que no tiene reproches para la Justicia Federal”.
De los pocos abogados que durante la dictadura eclesiástico-cívico-militar se animaban a patrocinar perseguidos, muchos fueron asesinados, otros sufrieron crueles encarcelamientos y algunos estudios jurídicos resultaron dinamitados.
El caso más emblemático, como lo calificó Gonella, fue el secuestro de Hugo Vaca Narvaja, en las escalinatas de un Juzgado Federal. Vaca Narvaja, defensor de la familia de Horacio Siriani (muerto por la tortura en el Departamento de Policía), y apoderado del Partido Auténtico en Córdoba, fue fusilado unos meses después de su secuestro. Los acusados nada hicieron para investigar el secuestro en las narices de la Justicia, ni la muerte anunciada del abogado.
“Los crímenes no hubieran ocurrido sin auxilio o cooperación de los funcionarios judiciales”, recordó también el fiscal Trotta. Es in-com-pren-si-ble, silabeó con estupor, y describió una omisión deliberada, sistemática, generalizada de graves hechos que estos magistrados no investigaron. “La Justicia -afirmó- fue un burdo montaje de los aquí acusados, para ocultar los crímenes”.
Luego, el fiscal Carlos Gonella pidió la nulidad absoluta de todo lo hecho por la Justicia Federal de Córdoba en vinculación a la Ley de Seguridad Nacional, la 20840, por la cual se detenía a estos prisioneras y prisioneros. Sostuvo Gonella que la nulidad de esas causas es un derecho de las víctimas porque la Justicia Federal hace 40 años violó flagrantemente sus derechos.
El fiscal cuestionó además un fallo de un tribunal tucumano que integró Julián Falcucci, ahora presidente del Tribunal de este juicio, que sobreselló a un funcionario judicial de la dictadura, juzgado por hechos semejantes a los protagonizados por los magistrados cordobeses. Se lo consideró un fedatario, es decir, un burócrata que cumplía órdenes: que se limitaba a dar fe de lo sucedido. Una especie de obediencia debida. Se espera que la defensa, fundamentalmente del ex secretario penal Otero Álvarez, intente sostener ese argumento. “Era un burócrata, pero eficiente -se anticipó Gonella a la previsible justificación-. Persona de confianza del juez Zamboni; con amplias facultades y poder de decisión”.
Finalmente, al cerrar la acusación fiscal para pasar al pedido de penas, Facundo Trotta se preguntó: ¿Qué sentido tiene una pena para personas que en 40 años vivieron en sociedad?
“El sentido de la pena es de prevención positiva. Estaríamos dando un mal ejemplo a la sociedad si estos crímenes quedaran impunes”, no dudó Trotta.