Al declarar en el Juicio a los Magistrados de Córdoba, un juez del Tribunal Superior brindó detalles del horror vivido durante el terrorismo de Estado en los 70, pero aseguró que no tenía nada para reprocharle a uno de los acusados más señalado por las víctimas. 

 

Por Mónica Ambort

 

Convocado por la defensa de Carlos Otero Álvarez -uno de los cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal cordobesa a quienes se juzga por su actuación durante la dictadura del 76-, el vocal del Tribunal Superior de Justicia de esta provincia, Luis Enrique Rubio (75), detalló cómo el acusado ayudó a la liberación de un preso político que pudo regresar a la casa de sus padres en la provincia de San Luis, y permanecer a salvo.
El juez Rubio recordó que al informarles del sobreseimiento de Miguel García, el entonces secretario penal Otero Álvarez advirtió a sus abogados defensores (Rubio era uno de ellos), que lo retiraran rápidamente de la penitenciaría, antes de que fuera puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y lo retuvieran en prisión.
“Con el Rafa (Rafael Vaggione), lo sacamos de la cárcel, lo escondimos” y poco después “le cargamos todos los muebles y lo mandamos a Villa Mercedes”, contó el testigo Rubio, y agregó que cuando en 1982 fue levantado el estado de sitio, supieron que García había estado a disposición del PEN desde el momento de su libertad. Ignorándolo, todos esos años el ex detenido ejerció la abogacía en San Luis sin dificultades.

Miguel García era un joven abogado militante de la Juventud Peronista y apoderado del Partido Auténtico en Córdoba. “Es el padrino de mi segundo hijo”, contó el juez Rubio al relatar la amistad que los une desde la infancia, siguió cuando estaban en el peronismo, y se mantiene a pesar de haberse distanciado políticamente.
Integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desde hace 27 años, Luis Rubio recordó el episodio de la liberación de su amigo y entonces defendido, como para contrarrestar los duros testimonios de víctimas que comprometen la responsabilidad de Carlos Otero Álvarez. El juez Rubio dijo sin dudar, que no encontraba nada reprochable en el desempeño del entonces secretario penal.
Elogió también al ex defensor oficial Ricardo Haro. Ante una pregunta del patrocinador del acusado, Benjamín Sonzini Astudillo, Rubio narró que Haro lo había reemplazado en algunas defensas, para protegerlo del riesgo a que se exponían los pocos abogados que se atrevían a defender presas y presos políticos. “He sabido por comentarios que ya lo había hecho con otros colegas”, dijo el testigo, y agregó: “No recuerdo de alguien que haya criticado a Haro”.
Ricardo Haro y Carlos Otero Álvarez son los acusados más nombrados por las víctimas cuyo relato se escuchó en el Juicio a los Magistrados de Córdoba. Numerosos testimonios coincidieron en que ninguno investigó los innumerables tormentos que denunciaron los prisioneros, ni los fusilamientos de 33 presas y presos alojados en la penitenciaría de esta ciudad.
Al declarar hace algunas semanas, el testigo Manuel Canizzo contó que Otero Álvarez eludió su responsabilidad al saber que el detenido Hugo Vaca Narvaja sería ejecutado, lo que finalmente ocurrió. Mientras, la ex prisionera Dora Caffieri Milani, señaló que el defensor Ricardo Haro quiso desalentarla de denunciar los tormentos y saqueos padecidos durante su detención, y que los magistrados encubrieron con mentiras el fusilamiento de su marido en el patio del penal.
En la audiencia del lunes 4 de septiembre, los dichos de Rubio contrastaron también con el testimonio de María del Rosario Miguel Muñoz, ahora una psicóloga de 67 años quien recordó que por vergüenza no pudo contarle a Otero Alvarez que fue violada, pero sí otras vejaciones padecidas. En video conferencia desde el consulado argentino en París, la testiga señaló a una policía que con zapatos de tacones, caminaba sobre su cuerpo. “Cuando me sacó la venda me di cuenta que estaba embarazada. Tengo buena memoria auditiva. Era la misma persona que había marchado sobre mí”, aseguró. Como recordó Katy García en Prensared, se trata de Mirta Cuca Antón, una peligrosa torturadora que ahora cumple condena a prisión perpetua en la cárcel.
Ante el relato de tales hechos, el secretario Otero Alvarez decía no puede ser. “Una especie de burla”, precisó María del Rosario Miguel Muñoz y agregó que también le reclamó la devolución de un tensiómetro, un reloj Seiko y una caja de disecciones que le robaron al secuestrarla, delante de una nena de siete años, hija de la dueña de la pensión donde vivía.
El vocal del Tribunal Superior de Justicia coincidió con todos los testigos que lo precedieron en la descripción de los crímenes del terrorismo de estado de esos años. “Era un lugar tenebroso”, dijo del Departamento de Policía, el D2, Ante una pregunta del fiscal Carlos Gonella, sostuvo que era “público y notorio” el clima de represión clandestina que se vivía y admitió que en Tribunales “era común que se denunciaran” las torturas soportadas por los detenidos políticos. Sin embargo, aseguró desconocer las acusaciones que se le formulaban al secretario penal ahora en el banquillo.
A su turno, el ex prisionero Angel Víctor Barrozo (68) contó que denunció al defensor Ricardo Haro los vejámenes padecidos en el D2. Calificó a Haro de bellísima persona a quien conocía antes de su detención, pero dijo que no sabía si había investigado esos crímenes. “No me comunicó nada”, puntualizó.
Finalmente, el abogado Pablo Carreras, de 49 años, contó que su padre, el camarista Pablo Daniel Carreras, debió renunciar en 1976. “Le pidieron que se hiciera a un costado”. Un hombre muy estricto, atenido a Derecho, incapaz de aceptar órdenes, lo describió.  En su renuncia, que el testigo leyó en la sala de audiencias, el camarista sostuvo que la tarea del juez es la de un servidor público cuya función debe ser la búsqueda permanente de la justicia. Y cuando no están dadas las condiciones, retirarse.
A pesar de que tenía ocho años cuando su padre fue obligado a renunciar, Daniel Carreras recordó nítidamente que “cayó en una depresión de la que le costó bastante salir”.
En el retorno a la democracia, el juez perseguido fue nombrado profesor emérito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, incorporado al Tribunal Superior de Justicia y a la Academia Nacional de Derecho. “Pero no está en la galería de la Sala de los Camaristas”, concluyó Daniel Carreras, y antes de retirarse, mientras los abogados de una y otra parte lo saludaban afectuosamente, reiteró: No ha sido homenajeado por la Justicia Federal.
Los acusados en el Juicio a los Magistrados de Córdoba son el ex juez Miguel Angel Puga (71); el ex secretario Carlos Otero Álvarez (67); ex defensor Ricardo Haro (84), y ex fiscal Antonio Cornejo (79). Se los juzga por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento. A pesar de las denuncias de las víctimas, la Justicia Federal no encontró motivos para acusarlos de haber sido partícipes necesarios, es decir, cómplices.
Los ex prisioneros que desfilaron por el Juzgado Federal II durante las audiencias iniciadas el 25 de julio, reiteraron que conociendo los delitos de la represión ilegal durante el terrorismo de Estado, estos magistrados no investigaron, y convalidaron las mentiras conque el régimen quiso ocultar sus crímenes.
Este juicio, que ha entrado en su etapa final, es uno de los pocos por responsabilidades civiles durante la dictadura que se hacen en el país. Un antecedente inmediato fue la condena a prisión perpetua a cuatro ex jueces federales de Mendoza, fallo que coincidió con el comienzo del juicio en Córdoba.
Pasaron 41 años desde que ocurrieron los hechos. Durante décadas, hubo todo tipo de impedimentos y pocos creían que finalmente se realizaría. Casi todos los funcionarios que debían integrar el tribunal, fueron recusados o se excusaron, por amistad íntima con sus colegas. Han terminado las audiencias de los testimonios. El lunes 18 de septiembre, las abogadas querellantes Patricia Chalub y Adriana Gentile comenzarán la ronda de alegatos. Después de tantas dilaciones, esta causa maldita como se la ha llamado por la resistencia que generó en la Sagrada Familia judicial de Córdoba, está transitando su última etapa.

foto  ex-juez Luis Enrique Rubio  Diario Día a Día