Por Alejandro Mosquera

Si bien el desmantelamiento de la causa inventada al ex presidente de Brasil y líder del PT, Lula d Silva, recién está en desarrollo, significa un duro revés para la derecha y ultraderecha en la región.

La destitución de Dilma, la detención, procesamiento y condena ilegal contra Lula, y el triunfo electoral de Bolsonaro fueron parte de un plan cuyas terminales no solo están en el 1% más poderoso de Brasil, sino en su entramado de poder con los halcones de EEUU y las políticas de dominación y seguridad nacional de Donald Trump.

Es evidente que no fue solo un triunfo jurídico contra la violación del estado de derecho en nuestro país amigo, sino un triunfo contra la estrategia de descabezar al movimiento popular brasilero y a su principal partido, de desmantelar al propio PT, de amenazar a todos los que no se disciplinaran a las órdenes del poder real y al papel que EE. UU. preveía e impulsaba para Brasil en la región. Moro fue un instrumento en el plan para que el poder fuera detentado por las elites de siempre y no por un partido originado en las luchas obreras y campesinas.

En toda Latinoamérica las resistencias populares fueron abriendo grietas en la estrategia regional de la internacional de las derechas. Las luchas y movilizaciones por los derechos destruidos por los neoliberales, las marchas y la gigantesca ola feminista, las acciones contra la dictadura en Bolivia y el posterior triunfo electoral del MAS, las elecciones que llevaron al Frente de Todos en Argentina al gobierno, el triunfo popular en Ecuador y las luchas abiertas contra las amenazas golpistas para frustrar la segunda vuelta, la capacidad enorme del pueblo revolucionario Venezolano, muestran como ejemplo las dificultades para estabilizar la estrategia de dominación en nuestro continente.

Sí hay que reconocerle a la estrategia del poder real en la región y en el mundo que logró hacer girar una parte importante del sistema político a posiciones conservadoras y de derecha.  Lo que no pudo es desterrar, anular, cooptar la potencia del movimiento popular.

En nuestro país la derecha y ultraderecha comienzan a desarrollar una táctica de unificación en dos pasos. En el 2021 será de acumulación de fuerza de las distintas variantes y su centro de coincidencia central es impulsar el desgaste del gobierno a como dé lugar.

Parte sustancial de su táctica política será frustrar los mejores intentos del gobierno nacional y del FdT por cumplir su compromiso electoral y liderar las reformas que nuestra sociedad necesita y reclama.  En ese campo se encuentra la necesidad de una reforma judicial profunda, no sólo por la participación de segmentos clave de ese poder en el lawfare, en la existencia de una red de persecución, espionaje, montaje de causas, y detenciones contra opositores o funcionarios del anterior gobierno, sino porque es una justicia atada y colonizada por el poder corporativo. Es una justicia ultra clasista, distante de la sociedad real, machista, burocratizada y ritualista. Una judicatura que se siente y actúa por encima de las leyes violando el propio estado de derecho, ausente, tardía y distante es un peligro para todos los ciudadanos.

El poder real, el Macrismo y sus ceos, los que se han beneficiado con el ciclo neoliberal y el mega endeudamiento externo defenderán a capa y espada el actual poder judicial por que es la clave de la impunidad con la que viven desde hace muchos años y décadas. 

En cualquier país normal un fiscal que amenaza al presidente como lo hizo Stornelli no conservaría su cargo, y se le iniciaría una causa penal. Otra vez tuvo que ser Cristina Fernández de Kirchner la que llamara a las cosas por su nombre. La mantención del lawfare, la persistencia de los presos políticos, la amenaza del fiscal procesado no solo tiene el objetivo de atacar a la vicepresidenta, o perseguir a los opositores, es un mensaje a los funcionarios actuales. Traducido significa que desde sus cargos de jueces y fiscales los estarán esperando cuando termine su mandato. Es una amenaza para que vía el miedo no hagan lo que tienen que hacer.  Es una actitud que rompe la democracia, que intenta anular la voluntad popular.

Ese tipo de justicia es incompatible con la democracia y la república.

Intentarán detener cualquier reforma por tímida que sea. Buscarán que sea una discusión de las elites, una discusión de dirigentes, expertos e intelectuales.

Hay que lograr que sea una discusión de nuestro pueblo, en defensa de sus intereses y derechos, un reclamo de la gente de a pie. Solo así será posible.

La idea de que se recluya la discusión en el Congreso Nacional y dependa de roscas, conciliábulos y rebajas de su contenido es la forma de lograr que fracase.

Solo la construcción de una gran voluntad popular podrá transformar uno de los pilares claves del neoliberalismo, de la dominación, de la gran corrupción de esos ultra-ricos que hablan todos los días contra el estado pero que lo han vampirizado todas las veces que se lo permitieron.