Por Alejandro Mosquera

Mientras se desarrolla la crisis por la pandemia, y el gobierno de la ciudad junto con el PRO pusieron en marcha una campaña electoral centrada en la presencialidad o virtualidad durante 10 días, otros acontecimientos importantes quedaron semiocultos.

Uno de ellos es la presentación del informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia que preside Leopoldo Moreau y que integran oficialistas y opositores que, con dictamen por mayoría expuso los casos de espionaje ilegal del Macrismo.

El dictamen señala en diversos párrafos los siguiente:

Durante el gobierno que abarcó el período 2015 – 2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri.”

 “Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa. Las “células paralelas” eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”

 Al explicar cómo se financiaron las estructuras ilegales, el dictamen recuerda la decisión por decreto de Mauricio Macri de volver a dotar de reserva a los fondos de la “inteligencia”, tal como era en la vieja SIDE:

“Esa decisión, dispuso que los recursos destinados presupuestariamente a la AFI, volvieran a ser gastos reservados sin control alguno. En el 2016 el presupuesto para la AFI fue de 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.”

 Si bien gran parte de las afirmaciones que se suscitan en el dictamen fueron parte del debate nacional y habían sido denunciadas una y otra vez, la clave de la relevancia que el mismo tiene es que se realiza después de reunir información, declaraciones de los agentes de inteligencia, de reunir pruebas. Y que este análisis está realizado por una comisión bicameral del Congreso de la Nación que crea una base insoslayable para la persecución penal y para las decisiones que deben tomar el poder ejecutivo y el Congreso para que el Nunca Mas sea realmente efectivo.

El estado macrista creó un estado paralelo totalmente ilegal, con financiamiento del propio estado, no sólo para perseguir opositores (aquí disiento con el informe) sino para construir un poder político y económico impune, con el sueño de perpetuarse en el poder. Habrían logrado, de esta manera, una victoria estratégica sobre el movimiento popular que le habría permitido desestructurar las resistencias y las alternativas a ese poder.

Mas allá del paso que se dio durante el gobierno de CFK al desarmar la SIDE y construir una inteligencia nacional democrática, está claro que el armazón en que se construyó este verdadero estado paralelo ilegal del Macrismo es la estructura viciada, ilegal y represiva que fueron los servicios de inteligencia del estado. Se apoyó en conductas repetidas en el tiempo durante décadas. Donde la SIDE intervenía como instrumento del poder político y económico, con vinculaciones con jueces federales, fiscales, con periodistas y políticos.

Enfrentar la impunidad es transformar las estructuras que permitieron su existencia y desarrollo, desmontar las estructuras que han quedado en pie y que permiten que siga vigente la guerra jurídica, el lawfare, la persecución a los que se resistieron y se resisten al sistema.

El estado paralelo e ilegal que se describe y se prueba en el informe de la comisión demuestra que parte esencial del sistema judicial esta podrido por dentro y fue clave en la vulneración del estado de derecho. Que las causas abiertas al calor del funcionamiento de este aparato estatal delictivo, de la confluencia de actores diversos, de funcionarios, fiscales, jueces, espías, y personas y/o empresas privadas son ilegales en su totalidad y es necesario revisarlas para que con imparcialidad puedan probarse los delitos si los hay, y que los perjudicados puedan ejercer su defensa acorde a derecho.

Una de las recomendaciones que realiza el dictamen de mayoría es: “recomendamos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio

Es clave poder avanzar en este cometido porque su razón es que los hechos descriptos superan a las funciones de la comisión bicameral creada y que se necesita una decisión del Congreso para poder seguir avanzando.

Sin embargo, la aprobación o no de esta comisión investigadora no puede, ni debe, obstruir ni demorar la exigencia que tiene el Congreso Nacional tanto de aprobar la media sanción del Senado sobre modificaciones al poder judicial federal, como de avanzar en una verdadera y profunda reforma del sistema judicial.

El poder judicial ha perdido hace mucho tiempo la confianza de la sociedad, la negación de justicia que vivimos no sólo se debe a la persecución de opositores por parte de la derecha y ultraderecha, sino que nuestro poder judicial es clasista, patriarcal, colonizado por el poder económico y mediático. Es, además, lento y arbitrario. Se concentra en cabeceras de ciudades y capitales, pero gran parte de la ciudadanía no tiene acceso por las distancias que deben recorrer para reclamar.

El Macrismo no quiere transformar el sistema judicial porque quiere garantizar la impunidad de sus jefes y socios por las tropelías y delitos que han cometido desde el poder. Está claro, pero hay que explicarlo a toda la población. La cuestión es ¿cómo está el debate dentro del Frente de Todos? ¿Las reformas no avanzan sólo por la falta de número del bloque oficialista? ¿o hay un debate en nuestro campo sobre la necesidad o no de una reforma judicial profunda? No es difícil inclinarse por esta segunda variante teniendo en cuenta todos los debates que se han suscitado frente a esta urgencia de la democracia argentina.

Sin transformación de la justicia, con la impunidad de los que crearon y operativizaron este aparato ilegal de destrucción del estado de derecho, no hay gobernabilidad ni democracia real posible.

Informe Comision Bicameral Inteligencia 2021-04-20 by Revista La barraca on Scribd