Por Inés Iglesias

La  catástrofe social resultante de los cuatro años de neoliberalismo ejercido por el gobierno macrista, junto a la irrupción de la pandemia de Covid 19, no ha hecho otra cosa que anticipar la necesidad de revisar creativamente las herramientas con las que, hasta ahora, el estado intentaba dar respuesta a la cuestión social.

Estos tiempos de pandemia develaron las condiciones de precariedad, que el macrismo acentuó, desde las que se presumía atender necesidades tan básicas como el alimento y el cuidado de la salud de una mayoría empobrecida extendida, que en sectores de la comunidad de mayor riesgo,  como lo son los adultos mayores, se volvió insostenible.

Para dar un solo ejemplo de cómo nos sorprenden situaciones que hace años arrastramos, que estaban a la vista de todes, pero que aquelles con capacidad de resolver no atendieron: las largas colas de adultos mayores que ya en horas de la madrugada o desde la noche anterior, han sido por años la condición necesaria para poder acceder a algún “beneficio” –con seguridad magro- tal como el cobro de su pensión o jubilación, el acceso a alguna prestación médica (turnos, medicación, atención), o social (bolsón de alimentos, asistencia a merendero o comedor). Ello sin desconocer razones de índole cultural que han ido instalando, por historia, que hay que ser de los primeros en la cola para garantizar accesibilidad porque el recurso no alcanza para todes.

El riesgo al que nos ha expuesto el coronavirus junto a los serios problemas socio económicos que arrastramos, han puesto en evidencia de modo anticipado, la necesidad de transitar el camino de la justicia social, como el valor central a ser custodiado por el estado, que indique salidas universales a problemas universales.

Hoy y más claro que nunca se pone en cuestión la salida meritocrática,  también en lo que respecta al acceso a los recursos básicos,  que garanticen condiciones dignas de vida para enfrentar la crisis social, sanitaria y económica actual. El hecho que la pandemia genere la conciencia de que “nos puede pasar a todes”, y que todes necesitamos acceder a los mismos recursos – llámese un lugar en terapia intensiva, un respirador, barbijo, alcohol en gel… – ayuda a entender que las respuestas deben ser rápidas, contundentes, y que la semejanza entre la necesidad de  respuesta urgente y masiva a la enfermedad se compadece con la misma celeridad en la respuesta al orden de las necesidades  socio económicas.

Nuestro gobierno nacional como provincial van hoy  en la dirección expuesta y demuestran cómo las condicionalidades básicas para la accesibilidad a los recursos, tanto sociales como sanitarias y económicas, las responde un sistema injusto de distribución de la riqueza que es la razón central a atender y no la requisitoria a quien lo necesita, desde distintos supuestos – prejuicios – que han sedimentado hondo en la creencia que se debe comprobar “mérito individual” para acceder al recurso de que se trate, porque el supuesto central es que la razón de la carencia está puesta en la persona, en el pobre, que no quiere, no sabe, al que “no hay que dar pescado sino enseñar a pescar”. Ello sin advertir que es un sistema injusto que no brinda lugar, ni caña, ni cebo, la razón central de no poder acceder al sustento de que se trate.

Al comienzo de esta reflexión se afirma que la pandemia no hizo más que anticipar y potenciar la necesidad de encontrar nuevas herramientas para dar respuesta a la cuestión social, entendida ésta en franca interrelación con la cuestión económica.

En ese sentido, vuelve a la escena principal el proyecto del llamado “ingreso universal”, como el piso básico que garantice a todes las condiciones de vida dignas, ante la crisis sanitaria mundial que jaquea al sistema económico neoliberal, exigiendo nuevos rumbos.

El avance de la revolución tecnológica que ya había anticipado la necesidad de repensar el trabajo del hombre, interpelado en su reemplazo por el recurso tecnológico, mostraba ya los dos caminos posibles de resolución: que los costos se paguen con la reducción de horas laborales y consecuentemente del salario, la desocupación masiva y la desigualdad creciente o la recuperación de la presencia de un estado fuerte,  en su rol de impulsor de un proyecto de nación que sostenga mecanismos de distribución de la riqueza para que, en un nuevo orden mundial, se garanticen los derechos del conjunto de la ciudadanía, a partir de un ingreso básico universal que permita pensar nuevas formas de desempeño de mujeres y hombres, sosteniendo esa base universal.

Las experiencias en el mismo sentido como han sido las adoptadas por el gobierno ejercido por el peronismo, en tiempos de Néstor como de Cristina, y actualmente por el presidente Alberto Fernández, tal el caso de la Asignación Universal por Hijo – AUH – como el régimen de jubilación anticipada y de moratoria, y como el actual Ingreso Familiar de Emergencia – IFE –y en el sentido redistributivo, el proyecto del impuesto que aplicaría a las grandes fortunas del país que, por otra parte, en su gran mayoría no han mostrado gestos solidarios frente a la crisis que hoy nos toca enfrentar, parecen ser muestras cabales de que es posible pensar en la posibilidad de anticiparnos al desafío de encontrar un nuevo orden social bajo el imperativo de la justicia social.

En tal sentido, será necesario revisar, entre otros,

  • Los supuestos que han regido la interpretación de las causales de la pobreza, como intrínsecas a las personas que la sufren, proponiendo intervenciones sociales que, en el mejor de los casos, obraran modificando su entender así como su conducta como camino de resolución de su situación de pobreza. De allí la necesidad de cumplir con condicionalidades,  que lo habiliten a ser merecedores de respuesta a su necesidad, cuando ésta es padecida masivamente producto del sistema injusto que la provoca.
  • El rol del estado y el carácter de lo público, que hoy la pandemia deja a las claras que es lo de todes, y que requiere entonces ser revalorizado en su función, por la ciudadanía toda y en particular para los que en él se desempeñan, que deben honrar sus cargos disipando con nuevos procedimientos la mancha de la corrupción, que ha servido de excusa para la antipolítica. En tal sentido, hoy es ya un reclamo en el ámbito de las profesiones de lo social, la necesidad de institucionalizar lo que ya se reconoce como el derecho a la asistencia, proponiendo una ley federal de serviciossocioasistenciales como así se propone, que redefina, reglamente, establezca responsabilidades nacionales, provinciales y locales, diseñe formas de participación de las organizaciones sociales, entre otros, para garantizar el derecho a la asistencia.
  • El rediseño de las currículas de formación de los profesionales de lo social que deje atrás la función que se instaló como central, de control del cumplimiento de las condicionalidades, para avanzar en el entendimiento de lo social como un bien a custodiar, fortaleciendo las instituciones públicas en la defensa de derechos como ejecutoras de la política social.