Por: Lucas Gómez Portillo

De repente el mundo, así globalizado e ilimitado como nos habíamos acostumbrado algunos en este siglo XXI, se puso finito. Muy finito, tanto como nuestra sensación vital.

Es en este momento, de calles vacías y tensiones, donde necesariamente nos tenemos que poner a pensar, pero no en el aire y bajo cualquier paradigma o intención. Debe ser en clave política, nacional y, por ello, económica.

A continuación, aprovechando el tiempo de encierro, intentaré reflexionar sobre la posible oportunidad que puede representar este momento crítico para nuestro país, o para países como el nuestro, con la intención de que la tragedia no nos paralice sino que nos active. Por supuesto que lo que aquí se plantea es sin ánimo de quitar atención a lo importante, que son la urgencia sanitaria y la reducción del daño social que esta pandemia puede generar en forma directa. 

Algunas cuestiones preliminares

Partimos de comprender la política como la herramienta que piensa y ejecuta, mediante estructuras institucionalizas, buena parte de los mecanismos de distribución social de materia, información y energía. Decimos también que, dentro de esa estructura, el sistema jurídico juega un rol preponderante. Lógicamente esos mecanismos de distribución no actúan solos, se vinculan o compiten con otros, como las estructuras formadoras de precios del ámbito privado, llamadas habitualmente mercados, o las religiones, entre otras, pese a que muchas veces estos se terminen confundiendo inevitablemente todo con lo político. Lo conceptual suele ser, muchas veces, puesto a prueba por la realidad.

Antes de continuar, también vale la pena dejar escritas algunas notas respecto a algunos conceptos que son útiles para entender a qué nos referimos al usar determinado término. Así, lo eficiente o ineficiente no radica en este texto en una simple composición hipersimplificada entre costo/beneficio o de oferta/ demanda, sino que necesariamente incorpora las cantidades de sujetos que acceden con la mayor calidad posible a bienes y servicios. O sea, propongo superar el limitado encuadre de la economía neoclásica usado por el discurso instalado como sentido común. En palabras más simples, será más eficiente o adecuada una medida o funcionamiento sistémico cuando el mismo garantice el acceso de las cosas y prestaciones disponibles a la mayor cantidad de gente posible. Pero, además, no es menor que esas variables se sostengan en el tiempo, incorporen en los análisis las disputas de poder real que existen y, por sobre todo, tener en cuenta que no se dan en forma aislada sino que se vinculan con otras relaciones de costo/beneficio y oferta/demanda y acceso/no acceso, en una red donde todos estamos interconectados.

Dicho esto, empecemos.

La emergencia o la visibilización

Pareciera que este contexto de agitación sanitaria no hace más que acelerar debates profundos que nuestra humanidad, y nuestro país en particular, vienen postergando, pero que asomaban en temáticas tan actuales como medio ambiente, endeudamiento soberano o desigualdad socioeconómica “estructural”.

Proponemos entonces activar y potenciar en forma urgente dichos debates, la emergencia no debe paralizarnos, sino ser tierra fértil para movilizarnos, para asegurar nuestro bienestar. Pensemos la emergencia no sólo como lo que acontece de urgencia, sino como visibilización o surgimiento con claridad de lo que habitualmente pareciera escondido, pero en realidad está presente y define cotidianamente los límites de nuestro bienestar colectivo.

La emergencia se nos presenta como propicia para evaluar la capacidad del sistema social mundial y nacional para responder ante lo extraordinario, así como también para evaluar los mecanismos que habitual y ordinariamente se muestran como ineficientes o inadecuados. Llegado el evento de gravedad inusual pone en evidencia lo que tenemos ante nuestros ojos todos los días pero no podemos lograr que todos vean, al existir un sentido común que todo lo tapa y justifica.

Empezando por lo sanitario

Cierta evidencia temprana de lo que viene ocurriendo con el avance mundial del Covid-19, las respuestas de cada Estado y los resultados provisorios consiguientes, así como nuestra historia patria reciente, nos permiten efectuar algunas consideraciones referidas al sistema de Salud y, luego, una reflexión más global.

Empecemos entonces por evaluar que, desde la aparición y posterior expansión del virus, los Estados tuvieron dos respuestas bastante disimiles pero también sus estructuras previas y posiciones geoestratégicas condicionaron u orientaron su proceder.

Por un lado se encuentran los Estados que, frente al inicio de la radicación de la enfermedad en sus territorios, optaron por una intervención profunda, condicionando la libertad individual a fin de limitar al máximo el contacto social, priorizando desde un inicio la salud de la población por sobre toda otra variable, incluso asumiendo pérdidas económicas significativas.

Un segundo grupo optó por esperar, por dejar que el sistema funcione como lo venía haciendo, dejar que se autorregule sin el Estado o con la menor intervención posible, priorizando el mercado, afectando al mínimo las libertades individuales. Claramente los resultados iniciales obtenidos por el primer grupo de países, en cantidad y velocidad de contagiados/as y fallecidos/as, están a la vista, más allá de las estrategias desplegadas por cada uno, que puede incluir mayor o mejor tecnología o simplemente acciones de aislamiento masivo con uso de tecnología social, o una mezcla de ambas.

Habrá que esperar mucho, o no tanto, para poder evaluar cómo evoluciona la expansión de la enfermedad y las respuestas que cada Estado dará; lo que sí parece ser una certeza es que será justamente desde el Estado, en su ejercicio soberano, donde se encontrará la respuesta. Será desde la organización colectiva inteligente y estratégica donde se resolverá de mejor manera (más eficiente) esta tragedia global. Obvio que esto no quita que desde la comunidad se dinamicen procesos y que estos sean importantes, pero la potencia estatal es lo que marcará claramente la diferencia. Los intereses privados, por su propia naturaleza, ceden y cederán ante el interés público encabezado por el Estado.

Claro que las respuestas y situaciones de cada país, como anticipáramos, estarán vinculadas con la fortaleza de su estructura sanitaria, e incluso institucional general, que esta pandemia encontrará en cada país. Se podrá visualizar sin mucha dificultad cómo está parada cada Nación, si ha existido planificación, inversión, cuidado de lo público o al contrario si se desfinanció el sistema de salud y de ciencia en cada lugar, afectando la planificación estratégica y la capacidad de respuesta, y por cuánto tiempo y en qué magnitud esa desinversión  ha tenido lugar.

Esos procesos de desinversión sanitaria, de la mano de la privatización, atomización sistémica y destrucción de la autoridad estatal, han sido recetas auspiciadas desde todos los sectores de poder hegemónico mundial, durante por lo menos los últimos 30 o 40 años. La emergencia brutal de la crisis quizás exhiba sin velos el daño generado por discursos y prácticas individualistas y anti estatales, y por sobre todo, anti políticas.

Sin entrar en detalles que escapan el objeto de este artículo resulta interesante poner como ejemplo a nuestro país. Los sucesivos y espiralados procesos de extranjerización, ataque de la estructura estatal, endeudamiento, fuga de capitales, privatizaciones y desregulaciones han ido haciendo mella en nuestro sistema de salud, salvo un periodo muy breve e inconcluso de recuperación, dejando como resultado un sistema fragmentado, atomizado, desigual e ineficiente.

Desde 1955 se puede observar un proceso cada vez más profundo de degradación de la rectoría nacional que se había consolidado a partir del primer Ministro de Salud de la Nación Dr. Ramón Carrillo. Ese proceso incluyó la progresiva desarticulación sistémica, mediante las dictaduras de la segunda parte del siglo XX y de la mano de los negocios privados, la entrega de parte del sistema a los sindicatos, la privatización, desregulación y federalización en la época menemista, todo lo cual dejó a nuestro país con un sistema compuesto de múltiples subsistemas, con poca capacidad de planificación estratégica, efectores ineficientes, inaccesibilidades múltiples, altos costos, burocracias superpuestas y en el medio un negocio formidable para unos pocos. El sistema público quedó desfinanciado, atomizado, sin equipamiento suficiente, sin camas para cubrir la demanda social, sin capacidad de respuesta real, sin rectoría. Un Ministerio Nacional que no tiene hospitales ni camas, tiene que ir pidiendo permiso a efectores provinciales o privados y recurrir hoy al ejército para poder cubrir la inminente situación de crisis sanitaria. Este diagnóstico debe ser superpuesto con las crisis económicas, sociales y culturales cada vez más profundas a las que se viene sometiendo a nuestro país, que vinculadas con la precarización del sistema de salud no hacen más que acelerar su decadencia.

Pero bien dijimos que existió un periodo que debía ser rescatado como el único donde ese paradigma de atomización y desintegración fue frenado e incluso, vuelto sobre sus pasos. Dentro del periodo 2003/2015, superada la crisis de 2001 que dejó nuestra economía en ruinas, progresivamente se lograron avances tendientes a superar la desintegración y atomización buscando rescatar el rol del Ministerio de Salud de la Nación, con fuertes inversiones en materia preventiva, estrategias de abordaje territorial que incluyó camiones sanitarios, agentes sanitarios, ampliación de la vacunación, programas de compra masiva de medicamentos centralizada y con distribución territorial mediante el programa Remediar, medicamentos gratuitos de PAMI, estrategias de prevención de la mortalidad infantil como Qunita, la AUH y asignación por embarazo, el aumento masivo de la cantidad de adultos mayores y personas con discapacidad con cobertura nacional, estrategias de impulso de la Rehabilitación desde organismos nacionales, entre muchas otras medidas. A cada avance de recuperación económica el sistema sanitario nacional fue siendo fortalecido.

Esta breve primavera finalizó el 10 de diciembre de 2015, cuando un gobierno con ideología contraria decidió desarmar cada una de esas estructuras junto con una nueva y fenomenal crisis de deuda y fuga de capitales que terminó por desfinanciar todos los sistemas, especialmente los programas sanitarios instalados en los años anteriores. Este proceso, que incluyó el desfinanciamiento obsceno del sistema de ciencia y técnica, tiene como cereza haber degradado el Ministerio de Salud a una simple secretaría, con recortes presupuestarios fenomenales. La misma suerte corrió el Ministerio de Ciencia y Tecnología o instituciones vinculadas a esa área como el hoy estratégico Instituto Malbrán.

El gobierno argentino actual, frente a la pandemia, ha actuado adecuadamente en virtud de los recursos disponibles y la realidad sanitaria que tiene, la cual de propagarse exponencialmente el virus se vería desbordada. Pero claramente la realidad actual muestra que las ineficiencias cotidianas, la accesibilidad desigual y fragmentación del sistema no solo son problema en tiempos de paz sanitaria sino una amenaza ante situaciones de emergencia, que en lugar de favorecer la toma de decisiones estratégicas de mayor complejidad han obligado a una respuesta de inmovilización social con costos sociales y económicos atroces.

La única esperanza de que la respuesta estatal frente al avance de esta enfermedad funcione es la enorme capacidad, liderazgo y celeridad que ha demostrado nuestro Presidente y las principales autoridades nacionales, aprovechando la ventaja geoestratégica, el tiempo de demora que ha tenido en llegar este virus a esta parte del mundo, e incluso las todavía altas temperaturas, a diferencia incluso de algunos de los presidentes de la Región que siguiendo el dogma neoliberal que los guía han decidido no actuar o actuar de manera imperfecta, poniendo en serio riesgo a millones de personas, ya que sus sistemas de salud no presentan muchas diferencias con el nuestro, mostrando evidencias de ser mucho más desiguales y precarios. Asimismo la clave del éxito puede estar en la respuesta que desde la misma sociedad y los aspectos destacados que nuestro sistema de salud público existente pueda dar. Esa capacidad la demostró anticipadamente el nuevo gobierno meses antes, el cual ni bien asumido, y cumpliendo con sus promesas electorales, restituyó a la Salud y a la Ciencia y Tecnología su rango ministerial y empezó a generar políticas de rectoría del sistema nacional, como fue la reciente decisión de dar una significativa cantidad de remedios gratuitos para los afiliados de PAMI.

Tenemos que ser realistas, si la situación de Argentina no hubiera estado bendecida por su posición geográfica lejana del foco de contagio más importante y no estuviera gobernada por alguien como Alberto Fernández, desde el peronismo, podríamos estar frente a una situación mucho más trágica, la cual no eximiría, ni exime, a los dueños de los negocios de la salud que hoy manejan la caja de buena parte del sistema de salud o sus familiares.

Siguiendo el postulado de que momentos extraordinarios exigen respuestas extraordinarias entendemos que es una oportunidad única para recuperar el sistema único de salud y la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación como principal autoridad en la materia, por sobre las fragmentaciones y los negocios particulares. Esto no sólo con el objetivo de construir definitivamente un sistema eficiente, sino como primer paso para redefinir en forma rápida el rol estatal nacional con capacidad de acción en todas las materias, resolviendo las inequidades e ineficiencias estructurales de nuestro sistema económico social.

Es el momento de que el Estado Nacional asuma la centralización del comando y administración económica- financiera del sistema de salud, asegurando un enfoque preventivo, sanitarista, equitativo, igualitario, ordenador y formador de los equipos de salud, que atienda también los aspectos paliativos, curativos y vinculados con la rehabilitación, que ponga límites a la especulación y los negocios privados, que fomente la investigación científica,  que mejore las redes sanitarias y ordene los roles y comunicación entre los niveles de complejidad, que priorice las inversiones esenciales.

Redefinición histórica de los demás condicionantes estructurales

Pero, como dijimos, en forma conjunta o inmediata, y dentro de lo humanamente posible, se debería aprovechar este contexto de crisis inédita para lograr lo que en tiempos normales resulta imposible o demora tanto que da tiempo suficiente para que no pueda concretarse al permitir recomponerse y resistir a los sectores concentrados cuyos intereses necesariamente se verían afectados, volviendo imposible transformaciones profundas que orienten el sistema en un sentido diferente al que durante décadas han venido inclinándolo.

El sistema mundial concentrado ha logrado instalar como mantra la ineficiencia del Estado, la imposibilidad del mismo de cubrir las necesidades sociales, la ineficiencia de los sistemas políticos. Es hora de recuperar espacios en esa disputa, sobre todo considerando que este momento no durará para siempre y la posibilidad de no contar con tantas resistencias exteriores así como tener el sistema financiero global inmunodeprimido resulta ventajoso para que países como el nuestro introduzcan reformas estructurales y profundas.

No son pocas las áreas, como la de la salud, donde el Estado no ha hecho más que perder su capacidad de articulación en los últimos 65 años, lo cual se ha visto en una degradación de nuestra calidad de vida y nuestra capacidad para actuar como comunidad.

Será también en educación, en materia de producción de alimentos, de regulación de la comercialización exterior, en la producción y comercialización de productos estratégicos, en materia ambiental, en la regulación, protección y aprovechamiento soberano de recursos naturales, en materia energética y en general en la cultura Nacional, donde nuestro Gobierno debería hoy más que nunca, y como nunca, empujar un rol protagónico del Estado. Insistimos, siempre que esto hoy sea posible.

Deberían tejerse estrategias y alianzas para aprovechar este contexto, para cumplir con nuestro programa como Nación soberana, insertándonos en esta nueva etapa del mundo globalizado en mejores términos, aprovechando nuestros recursos y energías y dejando de lado la dependencia anacrónica. Forjemos desde ahora una interdependencia autónoma con el mundo, potente para nosotros. El mundo estaba cambiando, hoy ya no hay dudas, está todo patas arriba, es la hora del Estado, de nosotros, de la comunidad organizada.

La redefinición del sistema de salud concentrado en el Estado Nacional tiene que ser el primer y necesario paso, en este contexto de emergencia sanitaria, pero debería ser la variable palanca, o punto articulador del resto del sistema, construyendo el empoderamiento estatal, recuperación de la autoridad estatal rectora en uno de los sectores estratégicos no solo por lo económico sino por lo social y político, pero más que nada, lo cultural. El Sanitario es uno de los sistemas esenciales en tiempos normales, en emergencia donde miles o millones pueden morir es la columna vertebral y ordenadora, desde allí se deben poner los cimientos de todo el resto de la estructura, es el momento en que el estado invierta sin límite y con inteligencia en ese sector, sobre todo en el primer nivel y la infraestructura de contención de la pandemia, dinamizando la economía mediante la infraestructura, equipamiento, mejora  salarial de los trabajadores de la salud, incluyendo todos el personal formado dentro del programa de médicos comunitarios, para juntar información sanitaria, establecer estrategias territoriales, ordenar y estructurar los niveles de complejidad, ocupar el territorio, apostar al desarrollo tecnológico y científico, colocando recursos en forma inteligente.

Pero también establecer otras estrategias de desarrollo, como la urgente y emergente economía del conocimiento, que requiere no sólo de un sector privado, indispensable y pujante, sino de un Estado que oriente los recursos, que potencie su proyección y que a la vez logre capitalizar al Estado, fortaleciéndolo económicamente.

La urgencia no nos debe tapar el largo y mediano plazo, el Gobierno no sólo tiene una responsabilidad descomunal por la magnitud del desafío y el riesgo que enfrentamos como sociedad, sino que si planifica hoy, y no mañana, los próximos diez o veinte años, nos pondrá en un camino superador como Nación.

Algunas consideraciones sobre el Estado, la distribución y la economía

En este mismo sentido vale considerar un par de cosas.

Por un lado el Estado es el único que puede cumplir, sobre todo en una situación de crisis ya no sólo sanitaria sino claramente económica (local desde antes y amplificada por lo internacional actualmente) una mínima planificación estratégica social de relevancia, este rol se potencia en momentos como este y debe ser puesto sobre la mesa no solo para tomar decisiones de urgencia sino para definir rumbos a seguir en el corto y mediano plazo frente a los factores de poder que hoy existen en nuestra sociedad.

Por otro lado, vale la pena hacer una breve consideración de tipo económica.

Durante décadas la estrategia de dominación de grupos de poder concentrado locales e internacionales ha sido la fragmentación social y económica, habiendo presionado, obligado y condicionado a las estructuras institucionales a direccionar recursos a su favor. Hoy esas estructuras concentradas entran en crisis y el Estado se encuentra frente a una posibilidad inusual de pararse de otro modo y estructurar las relaciones de poder en forma ventajosa para las mayorías.

Debemos aprovechar la situación de crisis, empoderar líderes regionales y globales que, más allá de sus ideologías de base, quieran potenciar las estructuras estatales, condicionar al sector financiero, articular en políticas solidarias, construir diseños institucionales que beneficien a las mayorías, que democraticen los beneficios de las tecnologías, que eviten las concentraciones monopólicas privadas o regulen las existentes de manera exitosa para el pleno goce social de los beneficios generados.

En países de tanta dependencia exterior como el nuestro (en realidad en todos los países, sobre todo desarrollados) el rol de Estado es fundamental, su presencia es la diferencia entre el desarrollo y la decadencia.

Para poder graficar este punto vamos a recurrir a uno de los autores en materia económica más populares, masivos y técnicamente solventes de la actualidad mundial. En su libro El Capital en el Siglo XXI[1] Thomas Piketty hace un profundo y extenso análisis histórico de las principales variables económicas que permiten evaluar la evolución de la desigualdad. En general en ese libro busca demostrar como las bajas tasas de crecimiento económico y poblacional a lo largo del tiempo tienen un impacto negativo en la distribución económica. A grandes rasgos podemos decir que el fenómeno de desigualdad se da por dos vías, mediante la desigualdad en el ingreso y mediante la acumulación de capital.

Piketty pone sobre la mesa y estudia por qué algunos ganan excesivamente más que otro por su trabajo y por qué algunos acumulan muchísimos más bienes que otros, siendo este último el factor determinante como factor de desigualdad.

Entre otras cosas, explica que la principal causa del desarrollo de los países no ha sido el ingreso de capital extranjero sino en el capital físico y humano generado por cada país. Cuestión a tener presente en este contexto.

En la parte central de su trabajo Piketty explica como, a partir de 1970 y hasta 2010, el capital privado se duplicó en los países ricos, básicamente por tres factores que se refuerzan y complementan: menor crecimiento (sobre todo demográfico), privatización de activos estatales y recuperación de los precios de los activos inmobiliarios y bursátiles. Ese proceso se da en forma simultánea a la creciente desigualdad en cada uno de esos países en la misma época, tal y como acredita Piketty en su trabajo.[2]

En este aspecto de su análisis queremos detenernos. En términos generales, según se verifica en los datos trabajados por Picketty, la mayor capitalización privada tiene como contrapartida una importante disminución del capital estatal, el cual según muestra Piketty es relativamente bastante menor que el privado, pero además, por regla, si se considera la deuda pública el patrimonio estatal es nulo o de signo negativo.

Pero, lo importante es que existe una relación evidente a la que debemos prestar especial atención. Mientras se va descapitalizando y endeudando el Estado se va incrementando el capital privado, mientras a su vez aumenta la desigualdad. Desde el comienzo del libro el autor advierte que la cuestión de la distribución es profundamente política, no siendo explicables en aspectos estrictamente económicos. Desde los ’70 del siglo pasado esos países adoptaron, cada vez con más fuerza, políticas de privatización y desregulación, típicas del neoliberalismo mundial, que incluso generó en el caso Francés de abrir al capital privado empresas como Renault o Telecom, vendiendo activos para evitar caer en una trampa de endeudamiento impagable.

Nada muy diferente ocurrió por estas tierras. El proceso de privatización fue una decisión política tomada a la luz de la operación de los mercados financieros que ahogaban la economía nacional, incluso desde mucho antes de la década del ´70, cuando se destruyó la vida institucional democrática en 1955 preparando el terreno para el nuevo sistema colonial que se fue construyendo. Pero el programa económico resultó evidente desde 1976. Con una dictadura militar sangrienta vía deuda externa, reducción de la industria nacional, dolarización e importaciones volvió imposible a los gobiernos democráticos que la sucedieron definir políticas de desarrollo soberanas y distributivas, logrando en los ´90 el directo cogobierno, la privatización de casi todo lo estatal, la desregulación feroz, y el endeudamiento condicionante de toda actividad pública y con ella privada. El resultado fueron enormes retrocesos en materia de igualdad de ingreso, una capitalización privada enorme y un condicionamiento exterior que estalló en el 2001 por una agudización del modelo neoliberal sin límites, retomado desde diciembre de 2015.

Piketty calcula que la capitalización privada de ese periodo está explicada entre un décimo y un cuarto por el decrecimiento del patrimonio público, pero aclara que ese patrimonio estatal suele estar subvaluado, por lo que la transferencia puede ser todavía mayor.

De todos modos vale la pena considerar que justamente este es un fenómeno político. Por ello destacamos que esa transferencia de activos públicos al sector privado concentrado no sólo es importante en si misma sino que da cuenta y es parte de algo más grande. Según entendemos, y esto ya corre por nuestra cuenta, la decisión de desregular y achicar la estructura estatal genera tres consecuencias bien visibles y con impacto significativo en el crecimiento del patrimonio privado, pero por sobretodo en la capacidad del Estado para regular el resto de la estructura económica y con ello de reducir las tendencias desigualadoras. Repetimos, esta parte del análisis ya corre por nuestra cuenta.

Por un lado la reducción de los activos públicos o su participación en la riqueza le quita al Estado la capacidad de influir en los procesos económicos, contando con menos herramientas de intervenir y con ello de planificar el crecimiento, favorecer áreas estratégicas y poner en marcha mecanismos de distribución, lo cual termina generando no sólo crecimiento del capital privado en mayor medida que el ingreso que genera sino que termina en una mayor concentración económica y su correspondiente extranjerización.

El Estado tiene un rol determinante en los procesos de puja distributiva mediante el desendeudamiento, la planificación estratégica democrática, la propiedad de empresas, los convenios colectivos de trabajo y acuerdos paritarios a la alza, los subsidios, etc. Su corrimiento, achicamiento y descapitalización abre la puerta para que los mejores posicionados en la red social aceleren los procesos de acumulación y en la mayor cantidad de veces sin incrementar niveles productivos, sobre todo vía sistema financiero, abandonados a la renta y revalorización de sus activos.

Si a su vez se reduce la tasa demográfica esos procesos de concentración se agudizan, mejorando la posición de los sectores que tienen mayor información y capital, incluso aumentando su capacidad de acumulación por el simple devenir hereditario, cuestión esta que si forma parte de lo estrictamente analizado por Picketty.

De este modo, si tenemos en cuenta que los bienes estatales están subvalorados, que se hace cargar al estado de deuda que en buena medida es del sector privado –y que en buena medida la genera el propio sector privado sin generar nada productivo o innovativo-, que el Estado pierde capacidad de intervención, negociación y regulación con esa descapitalización a favor del sector privado, que genera concentración y extranjerización, podemos concluir sin muchas dudas que la capitalización que tiene lugar en el sector privado se debe principalmente o en buena medida a la descapitalización estatal, y que la misma  deriva en procesos de desigualdad, además de que no asegura siquiera crecimiento económico, más bien todo lo contrario.

Veamos de nuevo las tres causas que propone Piketty a la luz de lo dicho.

Si el valor de los activos públicos es mayor, ya que están normalmente subvaluados, la transferencia va a ser mayor, tal como dice Piketty. Pero si consideramos que existe un mecanismo de endeudamiento meramente financiero que empobrece al Estado y que es generado por pequeños sectores de la economía privada, la transferencia es todavía mucho mayor.

Pero a su vez queda analizar la recuperación de los precios de los activos inmobiliarios y bursátiles, que Picketty señala como otra variable de la evolución registrada mundialmente desde los años 1970. Este punto es también explicado en buena medida, para nosotros, por esa descapitalización estatal, por una doble vía. Mientras el Estado deja de regular, los privados con posiciones privilegiadas pueden mejorar su condición patrimonial y con ello sus precios, tienen un negociante de peso menos, o más condicionable, para encontrar límites en la fijación de precios, pudiendo a largo plazo generar mejores condiciones de concentración y de valuación de sus activos, e incluso de generar nuevos activos, reales o ficticios. En otra vía del mismo camino se observa que el Estado no tiene ya capacidad de negociar precios ni intervenir de manera alguna, o en muchos casos, parafraseando a Sampay, al no intervenir interviene a favor de los más poderosos y concentrados.

Por último, en el mismo orden de cosas, a quienes tienen la posibilidad de acumular, fijar precios y capitalizarse poco les va a interesar el crecimiento económico en general, les convendrá apostar sin hacer mayor esfuerzo al endeudamiento estatal, la financierización y extranjerización, la baja de salarios (o costo laboral como les gusta decir), sin aumentar la producción, diversificarla o innovar. La apuesta será al crecimiento económico individual o sectorial en el mejor de los casos, y la revalorización de sus patrimonios, de manera tal que mientras más se descapitalice el Estado en su favor más probable es que se den condiciones de menor crecimiento económico, favoreciendo nuevamente la concentración y desigualdad económica.

Será el crecimiento demográfico la variable menos determinada por la descapitalización estatal. En el resto deberemos prestar mucha atención a los mecanismos descriptos, esenciales para explicar la destrucción de factores de desarrollo o Densidad Nacional, al decir de Aldo Ferrer, y generador de la cada vez mayor desigualdad, atraso y dependencia.

Propuesto como hipótesis lo anterior puede sintetizarse en una serie de variables interconectadas: Al crecer el capital privado decrece el público, con ello aumenta la capacidad de ahorro privada, baja el crecimiento, suben los activos privados y con ello crece la proporción del capital por sobre el ingreso, con ello crece la desigualdad.

Por último resulta interesante considerar lo que manifiesta Piketty respecto a la extranjerización y financierización:

“De hecho, una característica de la globalización financiera actual es que cada país está en gran parte poseído por los demás países, lo que lleva no sólo a oscurecer las percepciones sobre distribución mundial de las riquezas, sino también a una importante vulnerabilidad de los países pequeños, así como a una inestabilidad en la distribución mundial de las posiciones netas. De manera general, desde los años 1970-80 se asiste a un poderoso movimiento de financierización de la economía que afectó la estructura de la riqueza, en el sentido de que la masa de los activos y los pasivos financieros propiedad de los diferentes sectores (hogares, sociedades, administraciones,) creció con mayor fuerza aún que el valor neto de la riqueza”.[3]

En particular nuestro desafío actual como Nación es, sin dudas, el de disponer mecanismos institucionales que habiliten y aseguren la participación estatal en la economía y limiten los viejos y reiterados condicionantes de endeudamiento y fuga asesinos para nuestro pueblo, causas determinantes del actual estado de fragmentación nacional. Pero además, y por sobre todo, de generar mecanismos de capitalización estatal, acumular activos de todo tipo en manos del estado, a fin de potenciar su rol regulador, expansor de la economía y distribuidor de bienes y servicios.

La principal estrategia, no la única, tiene que ser, entonces, que la mayoría de lo que gaste o invierta el estado lo convierta en capitalización, o sea estatizar empresas privadas, activos privados y generar  propios, tanto porque eso va a cuidar el dinero que se emplee, así como reducir el déficit a mediano plazo como para asegurar una drástica reducción de la desigualdad y una más rápida recuperación. Reformulándolo debería el Estado intentar que el dinero que más se pueda se convierta en inversión más que en gastos que no generen infraestructura y estructura a mediano y largo plazo, además de toda intervención vía subsidios, regulación, política monetaria, desendeudamiento y política tributaria.

Debería estarse analizando la magnitud de las pérdidas económicas que se generaran según los diversos escenarios posibles y frente a ellos evaluar los montos de las transferencias directas que deberán efectuarse desde el Estado, así como la cantidad de transferencias condicionadas a empresas sobre todo en sectores estratégicos, evaluar instrumentos para transformar el gasto en inversión y la capacidad de capitalización de cada acción, considerando el necesario déficit alto inicial, entre otras muchas otras variables.

Así como hace un par de meses se está discutiendo que debería hacer el Estado con la empresa Vicentín, endeudada sin freno ni control con el Estado durante los 4 años anteriores, pudiendo capitalizarla total o parcialmente por el Estado, debería hacerse esa proyección sobre todos los sectores donde el Estado necesariamente deberá invertir o encuentre resistencias estructurales, promoviendo herramientas de posicionamiento imposibles de pensar en tiempos normales.

Así como necesitamos un nuevo sistema de salud, necesitamos reordenar múltiples espacios de nuestra economía para romper con los ciclos de crisis que registra nuestra historia, permitiendo la expansión definitiva de nuestro desarrollo Nacional. Debe considerarse especialmente que las consecuencias de esos ciclos de devastación estructural a los que se nos viene sometiendo generan también pérdidas económicas, pero por sobre todo pérdidas de vidas humanas en forma trágica, y por ello también merecen su debida atención y preocupación en estos momentos.

Debemos aprovechar el lamentable apagón económico ya casi total (si sumamos lo dejado por el macrismo más lo que genera la protección colectiva frente a la pandemia) para reorientar las fuerzas productivas, dejar sin capacidad de respuesta a las resistencias habituales, aprovechar, por qué no, la debilidad de los líderes internacionales para tener más libertad de acción.

La crisis, o crisis superpuestas, que hoy nos tocan afrontar en Argentina en buena medida son la consecuencia de diluir durante años la identidad nacional y el rol del Estado, pese al momento excepcional vivido durante 2003-2015. En parte esa dilución de lo identitario y del rol estatal está presente en diversos países donde vemos en vivo y en directo fracasar al Estado frente al virus.

La política estatal hoy no solo debe dar batalla en el campo discursivo e institucional, o sea disputar el rol del Estado dentro del propio Estado, de sus propias estructuras, sino de disputar el poder con las estructuras económicas privadas sobre todo de mayor concentración en su propio campo de juego, interviniendo, limitando, condicionando, poniendo reglas, asociando a los sectores privados al propio Estado, volviendo los procesos sociales y económicos así más eficientes y predecibles.

Puede ser también un momento crucial para disputar poder con las propias estructuras provinciales que ejercen competencias sensibles como educación o salud sin la adecuada rectoría nacional ni la eficiencia que se requiere.

No sería descabellado, tampoco, considerar que esta situación lamentable desde lo sanitario y humanitario permitan nuevos escenarios para salir del laberinto en el que la gestión anterior ha metido a nuestra Nación respecto al endeudamiento público, generando condiciones más favorables para la renegociación de nuestra deuda soberana.

Hay que darle certeza y seguridad jurídica a los propios, a los más cercanos y después a los extraños, y eso empieza por garantizar mecanismos de distribución de alimentos, servicios esenciales como salud, educación, seguridad social, electricidad, agua potable, sanidad, gas, internet, de acceso al trabajo en condiciones dignas, etc. Esa es la densidad nacional o capitalización y desarrollo nacional del que hablan Aldo Ferrer o Picketty, sobre la que las grandes potencias o economías emergentes han desarrollado sus economías, generando un desarrollo desde dentro hacia fuera, con una apertura inteligente. Dependerá del modo en que superemos esta crisis y esta posible tragedia como Nación en tanto logremos desarrollarnos y capitalizarnos, demostrar cohesión, cuidarnos entre nosotros, fortalecer lo colectivo, lo que en definitiva terminará por generar un lugar propicio para inversiones exteriores serias y aprovechables al interés nacional y no meras corrientes especulativas que nos sigan degradando.

Quizás el hecho de que la amenaza sea global haga que no jueguen con tanta fuerza las desigualdades existentes entre países, al haber golpeado primero a las potencias centrales y a la necesidad de reducir los movimientos espaciales de cada uno o una de nosotros/as.  Quizás esto permita un umbral único para avanzar en reformas profundas. Deberíamos estar pensando en cómo hacerlo si se dan esos escenarios.

La Constitución (real) como herramienta jurídica para la transformación

Siguiendo con la premisa de avanzar en medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios, quizás, además, sea necesario para avanzar en este camino saldar una fragmentación constitucional que, silenciosamente, ha degradado nuestra vida institucional desde 1956. Para encaminar un proceso como el que vengo planteando en estas líneas necesitaremos una estructura jurídica adecuada y potente. Por suerte esa estructura existe.

Decíamos, nuestro proceso constitucional está roto desde 1956, cuando un bando militar dejó sin vigencia material la Constitución Nacional real, la reformada en 1949.

Dicho texto constitucional está vigente formalmente y parcialmente, sólo resta que cobre eficacia por su restablecimiento por el Gobierno Nacional, aplicando su texto, atento a que, más allá de otros argumentos de peso, no puede considerarse derogada una Constitución por una norma de facto, argumento irrebatible en términos jurídicos.

Al respecto vale decir que debe compatibilizarse el texto de la Constitución de 1949 con la reformada en 1994, el cual, en tanto reforma parcial, dejó intacta la primer parte de la Constitución, reformada profundamente en el año 1949, por lo que debe necesariamente aplicarse lo allí dispuesto siempre que no haya sido reformado expresamente por la reforma de 1994.

En la primera parte de la Constitución de 1949, parcialmente vigente como dijimos, se encuentran el Capítulo IV sobre La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, el cual establece instrumentos de fuertísima capacidad de intervención estatal que hoy serían indispensables para lograr una adecuada actuación estatal en las crisis superpuestas a las que nos enfrentamos, tal y como venimos proponiendo, para dar respuesta a la acuciante coyuntura y en forma definitiva a los condicionantes estructurales que nos frenan desde hace 65 años.

Para tener dimensión de lo que significaría recuperar la vigencia efectiva de la Constitución de 1949 puede considerarse que el art. 40 dispone que “El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.”

Los argentinos y las argentinas estamos demostrando sin dudas una enorme capacidad de organización social, en forma democrática, pacifica, solidaria, cooperativa, con un esquema institucional sólido. Entendemos que es el momento de avanzar en grandes reformas, estructurales, que en tiempos de tranquilidad y statu quo resultan imposibles, debiendo afectar intereses concentrados individuales que frustran una y otra vez la potencia social, para lograr mejoras colectivas de largo plazo y estructurales. En esta crisis esos grupos concentrados se encuentran, después de mucho tiempo desordenados, dispersos, sus cabezas humanas buscando sobrevivir, sin mejores lugares donde radicarse, sin posibilidades de ir a los lugares donde la enfermedad hace estragos.

Si mostramos esta solidez, esta capacidad de organización, esta posibilidad de conservación, y la existencia de liderazgos políticos como el de Alberto Fernández, como el de Cristina Fernández, como el de cada gobernador/a, como el de las Fuerzas Armadas, organismos nacionales, empresas nacionales, e intendentes/as que están demostrando estar a la altura de las circunstancias y con compromiso a un proyecto colectivo superador, podemos dar de una vez por todas el salto hacia el desarrollo. Frente a países centrales que se muestran confundidos, perturbados, sin liderazgos, con estructuras políticas y estatales jibarizadas y sometidas al capital financiero, podemos alcanzar nuestro proyecto de Nación.

Claro que debemos respetar y asegurar las garantías individuales y libertades esenciales, potenciar a los miles de pequeños, medianos e incluso grandes productores y emprendedores, pero en el marco de la comunidad organizada y no admitiendo prácticas antisociales. La potencia privada, que existe y es fuerte en nuestra patria, necesita hoy más que nunca de un Estado fuerte y conductor. La propiedad, siempre, con fin social. El instrumento jurídico de la emancipación está esperando hoy ser desempolvado en el cajón donde hace 65 años fue escondido y, por supuesto, en una Nueva Constitución.

Lucas Gómez Portillo es abogado constitucionalista y miembro del Manifiesto Argentino.

[1]Piketty, Thomas, El Capital en el Siglo XXI, Fondo de Cultura económica, 2014.

[2]Piketty, Thomas, ob. Cit. 190 a 219.

[3]Piketty, Thomas, ob. Cit. Pág. 213.