por Pedro J. Kesselman

Nuestra Constitución, desde 1853, no habla de «la gente». Habla del pueblo. Y en el actual derrumbe institucional que vive la Argentina, donde «el mercado», es decir, los buitres financieros y los grupos económicos monopólicos han asumido el gobierno nacional, el poder judicial no escapa a ese derrumbe.

No sólo se vive el escandaloso proceder de buena parte de jueces y fiscales federales, convertidos ya en empleados menores de ese mercado. La llamada justicia «ordinaria», donde tramitan los juicios a los que llegan los reclamos de miles de hombres y mujeres que piden el reconocimiento de sus derechos más elementales, ha llegado a un punto que se asemeja a una crisis terminal.

Trabajadores y trabajadoras que reclaman se les reconozcan el derecho a ser indemnizados por despidos o accidentes y enfermedades laborales, o para lograr el cobro de sus salarios adeudados o mal pagos, enfrentan juicios que duran en muchos casos seis, siete o hasta diez años. Víctimas de accidentes de tránsito, o de daños originados por causas ambientales, también se ven obligados a esperar largos años hasta lograr una sentencia que reconozca su derecho a una reparación económica.

Y así se llega a que, al terminar sus juicios, muchas veces les resulta imposible percibir sus créditos, en su mayoría de carácter alimentario, porque los deudores desaparecieron o quebraron. Es decir, se insolventaron. Pero además, durante el trámite de sus reclamos, se dan situaciones que también tornan dificultoso lograr una sentencia que cumpla con el deber de brindar una solución justa.

Las audiencias en las que deben declarar testigos se fijan con largos meses de demora; las pericias, en especial las médicas, imprescindibles para determinar incapacidades físicas o psicológicas derivadas de infortunios, tardan años en llevarse a cabo; los hospitales públicos, a los que se derivan los estudios necesarios para producir esas pericias, directamente ignoran los requerimientos judiciales.

El pueblo ve así negados en la práctica los derechos de acceder a la justicia y de «disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrado constitucionalmente»(art.XVII de la Convenciòn Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incorporada a nuestra Constitución en 1994).

Ello por una conjunción de factores: falta de suficientes juzgados; carencia de personal; infraestructura edilicia que permite la calificación de desastrosa e insegura, y sistemas informáticos deficientes, además de normas de procedimiento obsoletas. Y, también es bueno señalarlo,la presencia de algunos jueces y juezas cuyas condiciones de idoneidad y dedicación no son las que deben darse para la delicada función de administrar justicia, cuya labor contrasta con la de otros magistrados y magistradas que no obstante aquellos problemas, cumplen esforzadamente su trabajo de servidores públicos.

Un nuevo gobierno que, a diferencia del actual, sea sensible a los derechos de los hombres y mujeres del pueblo, deberá impulsar una imprescindible reforma legal que permita agilizar la tramitación de los expedientes; aumente el número de juzgados y cámaras de apelaciones, mejorando la infraestructura y los sistemas que hagan al procedimiento; y, sobre todo, propicie la designación de jueces y juezas que a su capacidad e idoneidad, sumen la necesaria sensibilidad humana y social que les permita entender que detrás de los expedientes hay seres humanos que reclaman se les brinde Justicia. Es decir,se cumpla el deber de darles aquéllo a lo que tienen derecho.