Por Gabriel Bermejo

La Comisión Normativa de la Organización Internacional del Trabajo aprobó en junio de 2019, el Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo, como así la Recomendación 206, emitida por dicho Organismo.-

La idea fuerza de lo aprobado radica en el objetivo de la OIT de alcanzar hacia el año 2030 el fortalecimiento de la dignidad del ser humano y su derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, centrando en la persona humana y para lograr igualdad de oportunidades, lo que implica un cambio cultural y de paradigmas, convenio que entrara en vigor a los doce meses posteriores a que los Estados Miembros lo ratifiquen, y cada Estado luego de ratificarlos cuenta con doce meses para adoptar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

En tal sentido, la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

Y resulta fundamental la tutela dirigida a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador y se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales.

Asimismo, todo estado Miembro que ratifique el presente Convenio deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

Dicha promoción deberá ser materializada de conformidad con la legislación y la situación nacional según el país de que se trate, para lo cual  todo Miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables, o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Para el logro de dichos objetivos se deberá prever que las víctimas de violencia y acoso por razón de género en el mundo del trabajo tengan acceso efectivo a mecanismos de presentación de quejas y de solución de conflictos, asistencia, servicios y vías de recurso y reparación que tengan en cuenta las consideraciones de género y que sean seguros y eficaces;

No puede soslayarse el papel a cumplir por la inspección del trabajo, en orden a que estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluyendo el dictado de órdenes que requieran la adopción de medidas de aplicación inmediata, o que impongan la interrupción de la actividad laboral en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores, a reserva de cualquier recurso judicial o administrativo que pueda prescribir la legislación.

En Argentina la Inspección del Trabajo es facultad propia de las provincias a través de sus correspondientes ministerios y esperemos que a partir del año 2020 volvamos a tener un Ministerio de Trabajo Nacional que colabore con sus pares provinciales en defensa de los derechos de los trabajadores.-