Por Patricia V. Perelló*
El día 21 de Octubre, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla dictó el cierre de instrucción en la causa Nº88/2019 seguida a Carlos Stornelli, Marcelo D’Alessio, Daniel Santoro y otros, por los delitos de “Asociación ilícita y extorsión”.

Innumerables han sido los artículos periodísticos y las opiniones que se han vertido a favor o en contra de dicha resolución, aunque muchos de los que lo hicieron no tuvieran un acabado conocimiento de la causa, ni argumentos fundados para pronunciarse.

Como abogada apoderada de una de las víctimas, y querellante de esta causa, Sr. Roberto Porcaro, y habiendo no sólo tomado contacto con todas las constancias del expediente, sino también aportado prueba de cargo en el mismo, conjuntamente con la co-querellante Dra. Mariana Fardin, considero imprescindible realizar el siguiente análisis:

A modo introductor habré de decir que la resolución que pone fin a la etapa instructoria no hace más que detallar y describir pormenorizadamente las conductas desplegadas por los imputados, y el cúmulo de prueba producida en la causa, que determina en este estadio procesal la autoría y responsabilidad de los mismos en los delitos investigados.

El Dr. Ramos Padilla expresa en su resolución que “….se investiga en estos actuados una organización criminal paraestatal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior”.

Surgen de dicha resolución tres elementos que quisiera destacar en el presente artículo, elementos que no son aislados, sino que tienen una concatenación lógica y que muestran a las claras las cuestiones de enorme gravedad institucional que esta causa evidencia.

El primero de dichos elementos el Dr. Ramos Padilla lo pone de manifiesto con la siguiente frase:

“simbiosis productiva útil”, en referencia a la relación que unía al falso abogado Marcelo D’Alessio con el periodista de diario Clarín Daniel Santoro.

Esa es la descripción perfecta del vínculo espurio existente entre ambos imputados.

Uno de ellos ponía en la mira a la persona a la que había que destruir social y políticamente, y el otro, haciendo uso de los beneficios que le otorgaba su profesión, ejecutaba dicho mandato.

Daniel Santoro no solamente publicaba las “erróneas informaciones” que sus fuentes le aportaban. El mismo participó activamente con la organización aportando información y publicándola luego, siendo ésta una herramienta fundamental para consumar los planes ilícitos. De allí la mentada simbiosis productiva útil.

Así, el Sr. Porcaro, fue ilegalmente investigado por D’Alessio y subsiguientemente Daniel Santoro publicaba el producto de esta “investigación” en el diario en el que trabaja.

Una unión estratégica perfecta. La razón para poner a Porcaro en la mira era su condición de amigo de Nestor Kirchner, de creador de “Compromiso K”, en síntesis, su pertenencia política al partido opositor de ese momento.

D’Alessio conseguía, por sus propios medios y/o con ayuda de terceros, información sobre su víctima, que luego manipulaba para sus fines y con ella se procedía a la campaña de salvaje difamación mediática.

“Uno por uno” le dijo Ricardo Oscar Bogoliuk, otro de los imputados, a D’Alessio en un chat, en referencia a destruir a los enemigos políticos, sin cejar en su propósito.

De esa manera se arrojó un manto de sospecha sobre Porcaro, a nivel nacional, haciéndolo padecer una persecución sistemática.

De esto precisamente se trata el lawfare, de imputar delitos y crear causas falsamente para perjudicar al adversario político y de esa manera aniquilarlo.

Esta práctica difundida especialmente en Latinoamérica, ha causado y causa un perjuicio, no sólo a las personas que son objeto de la misma, sino a la sociedad en su conjunto, ya que rompe con la trasparencia de las instituciones y vacía de contenido a la democracia, ya que el conocimiento que adquiere el ciudadano se ve distorsionado por información y actuaciones judicial que no se compadece con la realidad fáctica.

Demás está decir que el lawfare y las fake news también están unidos por una “simbiosis productiva útil”, al igual que los imputados de esta causa, ya que uno de los elementos para lograr el primero, es la difusión de la difamación en los medios periodísticos.

El segundo elemento al que he de hacer referencia, y que se aduna muy naturalmente al primero, es la tan mentada “libertad de expresión”, o “libertad de prensa”, que es la defensa que en su descargo pretendió durante la etapa instructoria esgrimir Daniel Santoro, argumento rechazado fundadamente por los funcionarios judiciales actuantes.

La libertad de expresión se encuentra consagrada en instrumentos internacionales de Derecho Humanos (PIDCyP, CADH, Declaración Universal de los DDHH, entre otros),  que establece el derecho a publicar o dar a conocer libremente opiniones sin ser objeto de censura, pero esa libertad, tiene un límite, y ese límite precisamente es el que traspuso Daniel Santoro, ya que está prohibido ampararse en dicha libertad para calumniar, injuriar, o hacer insinuaciones ajenas a la realidad.

No hay argucia que pueda convertir este derecho en un bill de indemnidad para que personas que ejercen la profesión de periodistas puedan dolosamente publicar noticias falsas, y así damnificar a adversarios políticos, y/o extorsionar a empresarios.

El límite a esta libertad es la afectación de la libertad de otra persona mediante acciones ilegales. Y aquí hay un a cuestión medular a destacar: el uso espurio de la libertad de prensa no solo perjudicó a Roberto Porcaro, en forma directa, sino a la sociedad en su conjunto en forma indirecta, ya que ésta fue inducida a tomar por verdaderas las campañas difamatorias difundidas por el periodista imputado.

Esta conducta afecta el derecho a la información de los ciudadanos, que está íntimamente relacionado con la libertad de expresión, y que en sociedades desarrolladas se encuentra consagrado constitucionalmente.

La sociedad argentina se encuentra atravesada por una profunda grieta. Sin duda este es nuestro mayor mal, el lawfare y las fake news no hacen más que profundizar esta grieta impunemente.

La desinformación sobre cuestiones esenciales, la distorsión de la información y la difamación como herramienta política son enemigas de la paz social.

Resulta inaceptable que haya periodistas que defiendan este tipo de accionar ilícito pretendiendo su enmarque bajo el paraguas protector de la libertad de prensa, y descalificando el procesamiento de su colega, olvidan que el prestigio de las instituciones se defiende mediante el autosaneamiento.

La última cuestión sobre la que estimo necesario expresarme es la calidad de paraestatal de la asociación ilícita integrada por los imputados de la causa en cuestión:

Para comenzar, habré de manifestar que el hecho que damnifica a mi mandante se encuentra inmerso en un contexto de varias operaciones ilegales, llevadas a cabo por la mismas personas y con fines similares.

La extorsión a los empresarios se perpetraba bajo amenaza de ser involucrados en causas judiciales, lo que algunos casos se concretó expresamente.

No debemos olvidar que el delito de extorsión ataca al bien jurídico propiedad, pero también al bien jurídico libertad, es decir, el autor requiere un bien de contenido patrimonial, pero lo hace restringiendo la libertad de su víctima. En términos simples: “o me das esto o te hago esto otro”.

Es de destacar que dicha admonición no podría haber surtido efecto si los miembros de la asociación ilícita no hubieran contado con los medios para hacerla efectiva, es decir con los funcionarios judiciales involucrados en la trama ilícita descripta.

Se trata de un grupo de personas que llevó adelante acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal dirigidas hacia uno o varios objetivos específicos que, en la mayoría de los casos, tenían una directa relación con los intereses del gobierno o de algunos de sus representantes.

Por eso es que resulta apropiado el término para–estatal para definir a esta organización, en la que se observa un grupo de personas con relaciones con el Estado que llevó adelante decenas de operaciones que responden, favorecen y confirman cierta práctica o discurso. (De la resolución en análisis)

No se trata aquí de un grupo de particulares que deciden asociarse para delinquir, se trata de una grupo orgánico, con roles bien definidos, y con una protección estatal que les permitió actuar durante largo tiempo, damnificado a muchas personas, y que aún cuenta con la connivencia de funcionarios afines políticamente.

Es de destacar que se encuentran citados a prestar declaración indagatoria en la presente causa el ex Director de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex subdirectora de la AFI, en el período diciembre 2015 a diciembre 2019.

También surge de las pruebas colectadas que el imputado Marcelo D’Alessio mantenía conversaciones con la ex Ministro de Seguridad Patricia Bullrich y con la ex diputada nacional Elisa Carrió.

Por otra parte, formaban parte inescindible de esta organización funcionarios del Poder Judicial, como el Fiscal Carlos Ernesto Stornelli y el Fiscal Juan Ignacio Bidone, quienes tenían un rol activo en los planes de la asociación ilícita, colaborando con el aporte de información reservada propia de sus funciones y en el armado de falsas causas.

La paraestatalidad es una condición que debe destacarse en forma precisa, por la protección que el Estado brinda a conductas delictivas, y la impunidad que esa protección genera, sumiendo al ciudadano en estado de indefensión.

Nuestra historia reciente nos muestra que aún no se han restañado las heridas producidas por la acción de organizaciones ilícitas paraestatales que funcionaron causando un grave daño a la sociedad, y un gran descrédito y desconfianza en las instituciones de la República.

El daño a dichas instituciones se reactiva de manera palmaria ante el accionar de estos sujetos, asimilables, como expresara el magistrado actuante , a una especie de mafia, en el sentido de organizaciones delictivas que actúan en Italia, con la connivencia de ciertos sectores políticos.

La visibilización de estos delitos y de sus autores resulta indispensable a la hora de pensarnos como sociedad, de asumirnos como sujetos que defendemos la democracia, la transparencia de las instituciones y los derechos de los ciudadanos.

Considero indispensable finalizar el presente artículo con una frase del Dr. Ramos Padilla, en cuanto expresa en su resolución:

“Como señalé en varias oportunidades, el objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos.

Por ello es que, además de la atribución de responsabilidades penales –que, por supuesto, debe ser realizada lo más prontamente posible–, esta investigación, al igual que otras que han avanzado y se han conocido en los últimos tiempos, debería también contribuir a modificar un paradigma de actuación respecto de la relación entre las actividades ilegales de inteligencia y las instituciones de la República, para evitar que hechos como los aquí probados, que afectan bienes jurídicos preciados para el Estado de Derecho vuelvan a ocurrir”.

*Abogada-Magister en Criminología