Por Edgardo Contreras Nossa[1]

La ciudad de Rio de Janeiro en Brasil está viviendo un periodo acelerado de renovación y revitalización del centro histórico y abandonado de la ciudad por cuenta de los grandes eventos deportivos que se llevaron y que se van a llevar a cabo en la ciudad: la Copa de las Confederaciones 2013, la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. Esto la está perfilando como una ciudad para el mercado y por el mercado. Vainer[2], expone cómo la ciudad de Rio de Janeiro es una empresa competitiva dirigida por el capital, donde la democracia urbana es imposible; el eslogan de la ciudad ahora dice ¨no entre a menos de que sea para traer o hacer negocios¨. La ciudad es una empresa flexible y la regla de oro es ¨todo es negociable¨ a través de los decretos de excepción, la regla desaparece y el mercado manda. El resultado es una ciudad de acuerdos entre el Estado y los capitales privados y entre la democracia del mercado y los negocios[3]. La renovación del puerto de Rio de Janeiro: Porto Maravilha

El gobierno lleva adelante planes de urbanización no a favor de los ciudadanos y de la ciudad si no a favor de las inversiones privadas, desarrollando la infraestructura que va a beneficiar a los negocios inmobiliarios, a los especuladores, a los inversionistas nacionales y extranjeros. Un claro ejemplo es el proyecto Porto Maravilha en el corazón de la ciudad, en el cual el Estado suministra la infraestructura vial, de transporte público, de servicios públicos y el capital privado aporta las construcciones privadas para ser vendidas al mejor precio. Pero tal vez lo más perverso es la remoción y expulsión violenta de comunidades -que históricamente habitaron la zona- hacia la periferia de la ciudad, en algunos casos ofreciéndoles un monto de dinero de alquiler social o prometiéndoles construcciones que aún no han sido terminadas y en otros casos ni siquiera comenzadas. La favela de la Providencia es la más antigua del Brasil y uno de los casos más emblemáticos de violación de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vivienda. El gobierno municipal a través de la Secretaría Municipal de Habitación [SMH] es el encargado de decidir qué viviendas tienen que ser demolidas y qué familias desplazadas, pero lo más cruel es el mecanismo utilizado para marcar las casas de las personas que tienen que salir: siglas que indican la numeración y la fecha de demolición[4].

Casas marcadas favela Indiana Tijuca en La renovación del puerto de Rio de Janeiro, Porto MaravilhaCuando las ciudades portuarias quieren entrar en el patrón de ciudades con puerto renovado -Buenos Aires, Barcelona, Bilbao- parece que también quieren estar estandarizadas como sucede en Rio de Janeiro donde las prácticas urbanas se llevan a cabo bajo los mismos parámetros políticos, sociales, de financiación, así como, del mismo desarrollo físico de la ciudad –en una especie de estandarización del paisaje. El proyecto del puerto renovado de Rio de Janeiro, Puerto Maravilla, tal vez lo que menos tiene es carácter o función de puerto; bajo el argumento de la renovación de un área degradada se vuelve un caso claro de un proceso de gentrificación en una zona central de la ciudad. El mega-proyecto para la renovación de la zona portuaria está destinado a emprendimientos de carácter financiero, comercial y de vivienda -al mejor estilo de Puerto Madero en Buenos Aires-, donde la intensión final es convertir los terrenos y la potencialidad de construcción vertical de esas zonas en un verdadero producto del mercado inmobiliario especulador. Los pobres representan un riesgo para esas nuevas inversiones, ya que no permiten la valorización de los terrenos y las construcciones, entonces la pobreza se convierte en un problema, y la mejor solución es la evacuación negociada o, en última instancia, violenta. Para los habitantes de la zona central -y en especial para la favela del morro de la Providencia- se ha convertido en una odisea permanecer en su barrio, son víctimas de continuos ataques y de prácticas perversas para que abandonen la zona blanco del mercado inmobiliario y de los negocios de la ciudad.

El proyecto de Puerto Maravilla en Rio de Janeiro viola normativas municipales, estatales y federales, desde leyes decretadas en la Constitución Nacional (1988), incluidas en el Plan Director (1998) y posteriormente establecidas en el Estatuto de La Ciudad (2001), hasta leyes y derechos humanos establecidos en pactos internacionales como fundamentales, promoviendo leyes complementarias y decretos de excepción que alteran las originales. Según El Estatuto de La Ciudad la nueva ley nacional tiene cuatro dimensiones fundamentales: consolida un nuevo marco conceptual jurídico-político para el desarrollo urbanístico, aportando elementos para la interpretación del principio constitucional de la función social de la ciudad y de la propiedad urbana; reglamenta y crea nuevos instrumentos para la construcción de un nuevo orden urbano por parte de las municipalidades; y sugiere procesos para la gestión democrática de las ciudades, identifica estrategias e instrumentos de regularización de asentamientos informales en áreas públicas y privadas. Sin embargo, a pesar de tener un marco jurídico-político bien fundamentado, en la práctica la función social de la ciudad y de la vivienda no son llevadas a cabo, los instrumentos urbanos expuestos en el Estatuto de la Ciudad son utilizados para favorecer los negocios privados y la especulación inmobiliaria. En este sentido, la gestión democrática de la ciudad sólo se da cuando no interviene con los intereses políticos y económicos, cuando se trata de asentamientos informales en zonas ricas y centrales de la ciudad los instrumentos y las estrategias de regularización pierden fuerza, sobre todo cuando se trata de una zona con potencial de valorización y de especulación inmobiliaria, como es el caso de la zona portuaria de Rio de Janeiro.

En relación a esto, Cardoso argumenta que las directrices expuestas evidencian que la tierra se transformó en un activo financiero. Luego, el principio básico que mueve toda la dinámica de producción del espacio en el área del puerto de Rio, operación esa asentada sobre un fondo de inversión inmobiliaria, es la rentabilidad. Entonces, la tierra pasó a ser el elemento que además de financiar el proyecto, generará ganancias futuras para los potenciales poseedores. La rentabilidad del suelo –plusvalía- es el componente básico, la inversión inmobiliaria es la estructura de soporte y, la dinámica de producción del espacio es la rentabilidad del proyecto dada por la especulación del suelo y de la construcción. Por otro lado agrega que del conjunto de las informaciones expuestas, se desprende que es el patrimonio del trabajador, representado por los recursos del Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS], que costeara, no la producción de la vivienda de interés social, por ejemplo, pero sí, esa inmensa ingeniería financiera que mal consigue encubrir su real dinámica económica bajo la forma de obras de infraestructura en la región portuaria[5].

Porto Maravilha por Edgardo Contreras

Además de usar las tierras públicas para promocionar y financiar el proyecto, el consorcio se vale de los recursos públicos del fondo de los trabajadores [FGTS] para cooptar la acumulación financiera a través de los títulos valor –bonos inmobiliarios- que serán puestos a la venta en el mercado poco a poco para evitar el trastorno de los desarrollos simultáneos y la posibilidad de no atrapar la mayor cantidad de plusvalías. El Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro lo argumenta desde otro punto de vista: con la pose de esos títulos, es posible maximizar la utilización del terreno y aumentar el margen de lucro. El proyecto, por tanto, depende de la valorización y de la liquidez de esos títulos para que sea exitoso, además de la lógica financiera del mercado, lo que incluye un lugar interesante para invertir. Sin embargo, la proximidad física de viviendas pobres y de habitantes pobres es un factor de desvalorización de inmuebles, por eso la remoción de esas personas ya comenzó. Sólo en el morro de la Providencia, 692 residencias están marcadas para salir, siendo que 140 ya fueron destruidas[6].

Es interesante ver cómo además del uso de tierras públicas para favorecer el mercado inmobiliario privado y, de dineros públicos para desarrollar la infraestructura urbana necesaria para que los inversionistas privados no tengan riesgo de inversión, se expulsa a la población tradicional de bajos ingresos, ya que con ellos habitando la región del puerto se reducen las inversiones privadas y la valorización de la zona. Además, el gobierno municipal corre un riesgo muy alto al especular con los títulos valores que él mismo, y en condición monopólica, adquirió para poder garantizar la ejecución de los proyectos en sus primeras etapas y construir las bases con las cuales el proyecto iba a tomar forma. Sin embargo, el gobierno local siguió sumando inversionistas para desarrollar otros proyectos futuros dentro del mega-proyecto, como es el caso del fondo de jubilación de los empleados y servidores públicos municipales de Rio de Janeiro [PREVI-RIO], quienes invirtieron en el desarrollo inmobiliario a cambio de propiedades exclusivas dentro de la zona portuaria futura.


Notas

[1] Planificador Urbano y Regional. Miembro y cofundador de la organización Surbanistas (www.surbanistas.org).
[2] Vainer, C. Rio promove limpeza urbana e será mais desigual em 2016. Entrevista en Viomundo, 13 de enero de 2014.
[3] Vainer, C. Quando a cidade vai as ruas, Cidades Rebeldes. São Paulo, Brasil. Boitempo Editorial – Carta Maior 2013. p. 35-40.
[4] Comitê Popular da Copa e das Olimpiadas do Rio. Dossier Mega-eventos y Violación de los Derechos Humanos en Rio de Janeiro. Mayo del 2013. Rio de Janeiro, Brasil.
[5] Costa, I. da. O papel da Operação Urbana Consorciada do Porto do Rio do Janeiro na estruturação do espaço urbano: uma ‘’maquina de crescimento urbano’’. En O Social em Questão – Año XVI n. 29 – 2013. Rio de Janeiro, Brasil. PUC-RIO, 2013. p. 69-100.
[6] Comitê Popular da Copa e das Olimpiadas do Rio. Ibíd.