por Ruben Lamas

La ruralidad,  está constituida por un sin fin de matices ya sea  estructurales, económicos,  geográficos, climáticos, tamaño de las explotaciones, duración del ciclo productivo según la actividad, de manera que el conjunto conforma un entramado complejo.

Para quien no conoce el tema, se abre la puerta de todo un universo, que interrelaciona aspectos técnicos, junto a condiciones económicas, sociales, ecuaciones  de costo-beneficio, oportunidad, tendencia de precios, estacionalidad, logística, variables climáticas, nuevos requerimientos de los mercados de consumo etc.

A lo largo de la historia  todos los países se han ocupado de manera directa de estas actividades, debido a su importancia, en tanto rubro proveedor de alimentos de interés primordial.

Hasta tal punto es así  que a pesar de  condiciones muy desfavorables, muchos subsidian la actividad o llevan adelante otro tipo de intervenciones  con tal de garantizar estratégicamente el abastecimiento aunque sea parcial  de los alimentos básicos, tal el caso no solo de Europa, sino también de Japón, Estados unidos, Canadá, etc.

Considerando que la agricultura y la ganadería, tienen características propias diferentes a la industria, desde el punto de vista económico financiero, en general este sector productivo  necesita recibir un trato específico y diferenciado en cuanto a las tasas de interés de los préstamos, o cuentan con bancos de fomento, agencias de soporte técnico como en nuestro caso el INTA, u organismos reguladores para el comercio a fin de proteger la producción contra cambios bruscos de cotización, restricciones arancelarias, ataques  especulativos etc.

Para que la producción sea eficiente en cuanto a rentabilidad, sustentable desde el punto de vista poblacional y ambiental, estable debido a la duración prolongada de los ciclos productivos, integradora en el aspecto laboral, se han implementado a lo largo de la historia, una serie de cambios promovidos desde los gobiernos a fin de disminuir o eliminar la conflictividad social, adaptando correcciones acorde a la dinámica de los cambios de contexto, político social y económico.

Básicamente existen dos grandes líneas que definen el enfoque de esos cambios,  una es  llamada tecnocrática y la otra reformista.

La tecnocrática, promueve la introducción de mejoras en el gerenciamiento de las unidades productivas, capacitación del personal, incorporación de avances técnicos tanto sea en equipamiento, maquinarias,  instalaciones, sanidad, nutrición, manejo y genética animal, semillas modificadas genéticamente, agroquímicos, y todo un gran arsenal de recursos técnicos que mejoran los rendimientos productivos.

Este camino parece corresponder bastante al modelo implementado en Argentina, pero tiene una gran limitación, ya que solo una parte de los productores puede tener acceso, y no contempla las características estructurales de tenencia y uso de la tierra, gran asignatura pendiente de la política Argentina.

La vía reformista, por otra parte sostiene la necesidad de encarar primero el cambio estructural necesario, acorde a las características zonales, potencialidades a desarrollar y situación de la conflictividad social,  lo cual no implica desconocer las mejoras tecnológicas mencionadas,  pero sostiene que estas mejoras  por si solas de poco servirán, para resolver la conflictividad social, en tanto no contempla la integración masiva de productores a las nuevas prácticas, por lo cual muchos de ellos no podrán subsistir.

País raro el nuestro, se dice que alguna vez fue granero del mundo, actualmente  lidera la producción de soja, exporta biodiesel,  al mismo tiempo que  en el mercado interno no paran de aumentar de precio los alimentos que aquí mismo se producen, y  los pequeños productores no pueden sostener su actividad, se desarma la secretaria de agricultura familiar y se deja sin efecto el monotributo social agropecuario.

Pero aquí nadie habla de política agropecuaria, mientras en los últimos años han desaparecido mas de cien mil pequeñas producciones,  pronto quedarán apenas un puñado de tambos, y coexisten un grupo pequeño de particulares y empresas que hacen grandes negocios agropecuarios articulados con grupos financieros, mediáticos  y de otros rubros, que son los pocos beneficiarios de este modelo agro exportador.

El mismo se caracteriza por producir grandes volúmenes, con una agricultura deshumanizada, sobre una base latifundista, con dependencia tecnológica, fumigaciones a mansalva  en perjuicio del ambiente y las poblaciones cercanas,  y un “interior” despoblado con economías regionales abandonadas a su suerte, y miles de conflictos zonales que afectan por vía de la rentabilidad o el desalojo a campesinos y pequeños arrendatarios, y ni por casualidad se encara una solución para la propiedad de las tierras de los pueblos originarios.

¿No será hora de replantear el problema rural?

El principio es la tenencia y uso de la tierra.

¿Quien tiene la tierra?, ¿Cuánta cantidad tiene? ¿Cómo y para que la usa? ¿Se aplican prácticas ambientalmente sustentables? ¿Quien controla? ¿Resiste el mercado interno pagar el precio en dólares del producto exportable? ¿Se permitirá eternamente el desmonte ilegal? ¿Interesa la supervivencia del pequeño y mediano productor agropecuario? ¿Interesa discutir el trabajo infantil y las condiciones de semiesclavitud de los trabajadores quinteros, y golondrinas? ¿Cómo corregir los niveles de informalidad de los trabajadores rurales?

Estas son solo algunas preguntas, que deberían formar parte de la agenda programática del campo popular.

De los estafadores electorales que prometieron pobreza cero, y se llenan la boca hablando de la república, pero acomodan jueces,  fugan dinero al exterior,  lavan dinero con aportantes falsos en sus campañas electorales, rebajan jubilaciones, desatienden a discapacitados y castigan al pueblo con tarifazos, y endeudan al país por varias generaciones, ya sabemos que no se puede esperar nada.

¿Pero nosotros? Si nosotros, los que nos consideramos parte  del movimiento popular con sus variadas identidades, los que enfrentamos el neoliberalismo y su secuela de miseria, exclusión, deuda y escombros.

¿Nos decidiremos por fin a dar la discusión con mayúsculas de un cambio de paradigma en la política agropecuaria?

Es eso, o resignarse a la  concentración de la propiedad de la tierra, y la extinción del pequeño y mediano productor junto a las economías regionales.