Por Patricia Teresita Arias.

El rol del Estado en una crisis requiere de la utilización de todas las herramientas posibles para enfrentarla con eficiencia. La compra pública es sin duda una de ellas y ha pasado a ser un elemento crucial de política sanitaria.

Así, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID 19, Coronavirus, el Poder Ejecutivo Nacional dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para autorizar, entre otras cosas, la adquisición mediante el procedimiento de Contratación Directa de Bienes y Servicios sin sujeción directa al régimen de compras vigente en la materia.

El PEN en uso de sus atribuciones diseñó un sistema de contrataciones que resultara más propiodadas las condiciones de hecho.

Esto fue posible en el marco de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declaró la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegándose en el Poder Ejecutivo las facultades necesarias para el logro de dicho objetivo.

El primer DNU, normativa madre, fue el Nro. 260/2020 determinando como autoridad de aplicación del mismo al Ministerio de Salud de la Nación y facultándolo a efectuar la “adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones públicas de la administración nacional”.

Con posterioridad el Decreto Nro. 287/2020 estableció que, mientras dure la emergencia, las jurisdicciones comprendidas en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la ley 24156 (Ley de Administración Financiera) estarán facultados a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios sin esa sujeción al régimen general.

Un detalle a resaltar es que es muy común la confusión existente entre “Compra Directa” y “Contratación Directa” siendo este último un procedimiento normado, jurídicamente válido y no un régimen de excepcionalidad para eludir otros (Licitación Pública). Más allá de la emergencia de marras este sistema de compras está establecido con sus singularidades y requisitos en la ley.

El régimen especial COVID 19 instituyó al Jefe de Gabinete de Ministros como autoridad para establecer  las principales pautas y procedimientos de dichas contrataciones, sobretodo la obligatoriedad de la vinculación directa de dichas adquisiciones con la emergencia, con una necesidad surgida de la emergencia precisamente y no de otra índole ( así como ejemplo pueden hacerse compras de medicamentos hospitalarios o insumos de uso corriente que no estarían relacionados y que deben seguir el régimen general).

De esta manera,  coexisten en nuestro sistema de compras los regímenes del Decreto Delegado Nro. 1023/2001 y su reglamentación el Decreto Nro 1030/2016 y el establecido por las normas COVID 19.

Este último igualmente deberá ajustarse a los principios generales de razonabilidad del proyecto, publicidad y difusión de las actuaciones, transparencia de los procedimientos, responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes e igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

Es rigurosa la observancia de estos principios como ideas directrices sobre la cuales se apoyan todos los procedimientos de selección de una contratación estatal.

El instrumento de la contratación electrónica resulta un medio muy idóneo de contralor (COMP.AR), ya que los expedientes COVID de alguna manera quedaban allí vinculados y para su control.

Como resumen a esta presentación quizás muy técnica, es importante resaltar la política en la materia y su rápida y accesible puesta en marcha para el logro de los objetivos de un Estado Presente.

La eficacia, eficiencia y economía en la gestión se pusieron se marcha.

La autora es Abogada UBA.
Especialista en Contrataciones Públicas de la APN.