Por Ginés Araez, Malka Manestar y Gustavo Ramiro López 

Integrantes de Andhes

El estallido de la pandemia puso de relieve una deuda del Estado democrático. La violencia institucional y la brutalidad policial llamaron la atención de la sociedad a raíz de las numerosas situaciones de abuso registradas a lo largo y ancho del territorio nacional.

En este contexto hay dos casos que conmocionaron muy fuertemente a la provincia de Tucumán, el primero fue la desaparición seguida de muerte del trabajador rural Luis Espinoza durante un operativo policial muy poco claro y el segundo fue la muerte por asfixia mecánica de Ceferino Nadal a escasas cuadras de la Casa Histórica de la Independencia. Entre ambos actos de abuso del poder y violencia de la policía provincial pasaron sólo 40 días. El necesario control estatal durante esta pandemia viene acompañado de las más reprochables tradiciones de las fuerzas de seguridad y, debemos decirlo, esas tradiciones no se mantendrían vigentes sin la aprobación tácita de quienes gobiernan, sin su performatividad y la de sus operadores.

La violencia policial en nuestra provincia parece ser una política implícita de seguridad. La pandemia ha motivado la pasión subyacente por el control represivo y punitivo que incluso se justifica en público habitualmente: a días de la muerte de Ceferino Nadal el Ministro de Seguridad de Tucumán en vez de ofrecer claridad en la investigación, leyó en los medios el prontuario del difunto. Se trata de una maniobra macabra,  similar a la puesta en escena que siguió al asesinato de Facundo Ferreyra, el niño de 12 años víctima de gatillo fácil en el año 2018. Se trata de justificar los abusos policiales a deslegitimando a sus víctimas.

Esta práctica nos remite a la tan nombrada y tristemente célebre “Doctrina Chocobar”. Nos enfrentamos a un gran problema:  la ausencia de reconocimiento por parte del Estado provincial de la mínima posibilidad de la existencia de brutalidad y violencia por parte de sus dependientes. Es un problema porque bloquea la posibilidad de tratar el fenómeno a través de la reforma de las instituciones policiales. En el mejor de los casos el funcionariado público limita el caso de brutalidad a la conocida construcción de la “manzana podrida”, cuando lo que huele mal es el cajón entero. Son necesarias políticas integrales que cambien el foco de la conducta individual de un agente, hacia las carencias institucionales estructurales, sin ellas será muy difícil cambiar o eliminar estas prácticas. Es necesario pensar a la policía más allá de las voluntades políticas coyunturales, atendiendo al conjunto de prácticas estructurales que la componen.

Desde Andhes hablamos de responsabilidad estatal porque observamos problemas recurrentes y entendemos que estas deficiencias se deben a varios factores. La formación policial continua permanece en las provincias del NOA como una atribución discrecional de las fuerzas policiales. Parte de la prescripción para revertir una cultura policial nociva pasa por cómo se construye un policía, puede sonar una obviedad pero los agentes policiales sienten y comparten creencias con el imaginario social, que luego se traducen en su accionar en situaciones de tensión, pero que son completamente pasadas por alto en las obsoletas currículas de las academias que los forman,  más centradas en “forjar el carácter”. Éstas, además, a nuestro entender, carecen de una formación permanente e imprescindible en Derechos Humanos.

Violencia policial

La pandemia también ha puesto de manifiesto la necesaria implementación de la Ley Micaela en el ámbito de las fuerzas de seguridad, esta ley impulsa la capacitación obligatoria de los efectores del Estado en perspectiva de género y violencia de género. Las políticas de seguridad ignoran la violencia, la discriminación y los prejuicios a las que son sometidas las mujeres y personas de identidades disidentes, principalmente mujeres trans y travestis, por el personal policial. Solo durante el ASPO, en la provincia de Jujuy hemos relevado una serie de situaciones alarmantes que dan cuenta de la necesidad de medidas urgentes.

Durante el mes de abril acompañamos el caso de Delfina Díaz, una joven trans de 19 años oriunda de la localidad de Libertador General San Martin, víctima de violencia sexual, física y psicológica por parte de la policía de la provincia que en un procedimiento de detención la sometió a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la denuncia fue radicada en la Fiscalía de San Pedro y por el hecho se imputó a cinco policías; en el mismo mes se registró que una joven denunció haber sido abusada sexualmente por tres efectivos policiales que estaban de guardia en la Comisaría N° 63 del Barrio Alto Comedero, otro caso registrado fue el de un sargento de la policía de la provincia que fue detenido luego de abusar sexualmente de una colega mientras se encontraban trabajando dentro de un destacamento policial en Chalican, Fraile Pintado.

En el mes de mayo un policía fue detenido por violar a una mujer en un destacamento en Palpalá y la Fundación Damas de Hierro, que nuclea a mujeres trans, denunció públicamente la persecución y violencia policial que subsiste en las fuerzas, evidenciando la violencia desmedida en un procedimiento policial llevado a cabo en la Comisaría N° 32 del Barrio Malvinas de la Capital, donde no se respetó ningún protocolo de bioseguridad y se vulneró la identidad de género de las detenidas. Prácticas como estas dan cuenta del carácter selectivo de la violencia policial, que con un criterio discriminador en razón del género o la clase, reproduce desigualdades sociales. ¿Quién no ha escuchado opinar a la ciudadanía que los policías “llegan tarde” o a los policías “se les fue la mano”?

La falta de reformas durante décadas de las instituciones policiales del NOA las enfrenta a una crisis de legitimidad. En una sociedad democrática cada institución del Estado requiere legitimidad para operar efectivamente hacia el cumplimiento de sus objetivos y esta consiste en que la ciudadanía tenga coincidencia con los principios éticos y con los métodos y rutinas que la institución lleva a cabo para conseguir sus fines, no es una cuestión menor la necesidad de que la ciudadanía perciba los operativos policiales como justos, pensemos en el impacto que cada conducta (la calidad del trato) tiene en la relación entre el agente policial y la ciudadanía.

En la provincia de Jujuy, la deslegitimación incluso proviene de la presunta comisión de delitos costosos a la salud pública, tras el contagio masivo de COVID 19 por personal policial que habría realizado contrabando de hojas de coca en el vecino país de Bolivia introduciendo de esta manera el virus a la provincia. Este hecho puso de manifiesto un entramado de prácticas irregulares y delictivas que están siendo investigadas por las justicias, tanto federal como la provincial. No existe en esta policía la posibilidad de mecanismos de autorregulación, policías-investigando-policías es una noción similar a militares-investigando-militares, no ha funcionado antes, no funciona así en ningún lado.

Entonces ¿quién vigila a los vigilantes?, una pauta de seguridad democrática sería poner, progresivamente, el control en manos de  organismos civiles de política de seguridad. La delegación del gobierno de la seguridad ciudadana en la institución policial facilita a la institución policial actuar sobre la base de intereses autónomos y corporativos. Los cambios deben ser motorizados desde los gobiernos con el apoyo de la sociedad civil que ha venido sufriendo  cada caso de brutalidad, estableciendo protocolos que con claridad estipulen los parámetros para que el uso de la fuerza letal pueda disminuir la violencia mortal.

Estas herramientas se encuentran postuladas desde hace tiempo en el campo de los DDHH, y también nos orientan hacia la investigación independiente de los abusos policiales o la prevención de la tortura en lugares de detención. Existe un sentido democrático que nos indica hacia dónde dirigir las políticas de seguridad.  Tomar ese rumbo es una responsabilidad del Estado.