La guerra es algo demasiado serio para dejarla en manos de los militares.”

George Clemenceau (1841/1929)

por Arnaud Iribarne* 

 

Se han anunciado cambios estructurales y transformaciones que requieren el respaldo del Congreso.

A grandes rasgos, es necesario remarcar lo siguiente:

  • Reducción en 4 (cuatro) años del Impuesto a las Ganancias no distribuidas de las empresas.
  • Reducción en 5 (cinco) años de las contribuciones patronales.
  • A pesar de las promesas de campaña no está previsto la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios ni reducciones paulatinas.
  • No podrán continuar como Monotributistas quienes tengan un patrimonio mayor a $ 2.850.000.-
  • Se buscará acordar con las provincias una reducción importante en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

 

El necesario debate amplio 

Determinar cuáles son las prestaciones que corresponden al Estado y como se van a financiar es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los tributaristas.

Pongamos dos ejemplos opuestos: NORUEGA Y LOS EE.UU.

Los noruegos quieren un Estado presente desde la cuna hasta la tumba. Eso quiere decir educación y salud pública de primera calidad.

También un gasto importante en Ciencia y Tecnología. No es casualidad de que dentro de las 20 empresas tecnológicas más importantes haya varias de Noruega y Lituania (Nokia, buques oceanográficos, por ejemplo) dos países que tienen poco más de 5 millones de habitantes.

Ese Estado es caro de mantener.  Los noruegos, a quienes no les gusta pagar impuestos, aceptan que es necesario tener impuestos altos para contar con esas prestaciones estatales.

En contraste, los republicanos en EE.UU. quieren impuestos bajos y que el Estado no se ocupe de la salud pública ni de las universidades. Que cada uno contrate su seguro de salud, aquél que piense que  su hijo irá a la Universidad debe ir ahorrando todos los meses desde que es pequeño para tener como pagarle la universidad. Durante las vacaciones que el alumno trabaje para pagar la cuota  y, cuando haya transcurrido la mitad de su carrera, obtener un crédito para cancelarlo una vez recibido.

Esta decisión, entre estos dos extremos, no puede quedar circunscripta a los especialistas sino que debe ser debatida por los partidos políticos, en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, etc. Requiere de una amplia participación de los habitantes. Requiere un consenso.

Una vez hecho conciencia que las prestaciones del Estado es necesario sostenerlas con impuestos, la mayoría definirá cual es el monto de gasto público que está dispuesto a financiar y cuáles generaciones son las que pagarán ese gasto. La propuesta del gobierno hasta ahora de financiar el déficit fiscal tomando deuda externa es decidir que las actuales prestaciones las pagará, con impuestos, la generación de nuestros hijos.

Déficit fiscal

Por un lado tenemos la Recaudación y por el otro el Gasto social. La diferencia es el superávit o el déficit fiscal.

En un modelo económico que produce reducción del consumo, baja el nivel de actividad y se produce un déficit fiscal importante (8.1% del PBI).

El gobierno anuncia que quiere reducir el déficit pero también reducir los impuestos, lo que bajará  la recaudación. Matemáticamente la única manera de reducir este déficit será una reducción importante del gasto público. Tener en cuenta que el pago de intereses tiene cada vez más peso en el presupuesto. Esto es algo demasiado serio para dejarlo en manos de unas pocas personas denominadas especialistas.

La reforma implicará una reducción de la presión tributaria nacional de 1.5 puntos del PBI (Producto Bruto Interno) que se sumará a los 2 (dos) puntos que bajó en el 2016.

Thomas Piketty, especialista francés que analiza la desigualdad creciente de la sociedad, considera que por definición el mercado desregulado es darwiniano y generador de desigualdades.

La manera de atemperar es orientar el gasto público para proteger a los sectores más desfavorecidos.

Lamentablemente, la reforma que propondrá el gobierno, va a ir exactamente en el sentido opuesto:

  • Reducción de $ 100.000 millones de pesos anuales en jubilados y beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo). Hay 8.000.000 de argentinos que perciben las asignaciones, lo que matemáticamente arroja $ 12.500.- por año de reducción por beneficiario.
  • La baja de los recursos de las provincias redunda en baja de ingresos a los municipios y, como consecuencia, reducir las prestaciones que brindan en este momento.
  • Reducción escalonada de subsidios a los servicios de luz, gas, agua y transporte con el consiguiente aumento de tarifas y boletos.

* Tributarista. Miembro de El Manifiesto Argentino y del Plan Fenix