Por Mónica Ambort

El ministro de Justicia y un ex dirigente del Colegio de Abogados revelaron en el Juicio a los Magistrados de Córdoba, detalles de la complicidad de funcionarios judiciales y letrados con la dictadura del 76.

 Los abogados tienen prohibida la entrada a la cárcel. Al declarar en el Juicio a los Magistrados que se sigue en Córdoba contra cuatro ex funcionarios judiciales acusados de complicidad con la dictadura eclesiástico-cívico-militar, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de esta provincia, Luis Angulo, recordó cuando uno de ellos le informó que los defensores no podían entrevistar a los presos políticos alojados en la penitenciaría.
Había un régimen de restricción e incomunicación absoluta, precisó el ministro Angulo, al indicar que el entonces secretario penal Carlos Otero Álvarez, sentado ahora en el banquillo de los acusados, a menos de dos metros suyo, le dijo en una de sus tantas incursiones por las oficinas de la Justicia Federal en busca de algún alivio para los presos que defendía, que los abogados particulares no podían ver a sus defendidos.
En el Juzgado, donde se cruzaba con el secretario Otero Álvarez, un joven Luis Angulo despertaba hostilidad en empleados y funcionarios. Ahora tiene 67 años, y como integrante del gabinete de ministros de la Provincia recibe en la audiencia las previsibles pleitesías. Pero entonces era un abogado recién recibido, de menos de 25, y sentía la incomodidad que sus interpelaciones generaban en sede judicial. El ministro recordó la tensión sufrida cuando él y otros colegas fueron a denunciar los apremios ilegales padecidos por los presos que patrocinaban. Debieron hacerlo ante la presencia intimidatoria de un policía.
En el Juzgado Federal Oral 2 de Córdoba, se realizó el martes 8 la cuarta audiencia pública por el juicio que se tramita contra el ex juez Miguel Ángel Puga (71); el ex secretario Carlos Otero Álvarez (67); el ex defensor Ricardo Haro (84), y ex fiscal Antonio Cornejo (79), por abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento. Es decir, por su complicidad con la dictadura del 76, aunque esa figura no esté incluida en la carátula.
Este juicio comenzó el 25 de julio, unas horas antes de que la Justicia mendocina condenara a prisión perpetua a cuatro jueces hallados culpables de complicidad con el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en aquella provincia.
Durante la audiencia en que declaró en Córdoba el ministro de Justicia y Derechos Humanos, hizo lo propio Rafael Vaggione, un ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, quien en los años del terror integró la comisión directiva del Colegio de Abogados, a cuyos dirigentes acusó de cobardía por no haber defendido a los abogados perseguidos y asesinados en ese período.
Al responder a una pregunta del fiscal Carlos Gonella, el ministro Luis Angulo sostuvo que “el plan sistemático de destrucción de opositores” implementado por la dictadura necesitó de una estructura jurídica, y judicial, que no se opusiera a los procedimientos de las fuerzas armadas genocidas. La Justicia de entonces, dijo, fue una ficción, un simulacro. Había una apariencia de legalidad en la cual las pobres víctimas del genocidio, estaban “en la indefensión”.
Hubiera sido muy difícil que las atrocidades cometidas durante esos años contra los opositores políticos en Córdoba, como la existencia de campos de concentración, fueran desconocidas por los funcionarios de la Justicia, sostuvo el ministro. Parece lógico y sensato suponer -opinó-, que a determinado nivel se supiera, cuando por lo menos 30 presos alojados en la cárcel penitenciaria, muchos de ellos a disposición de la Justicia, fueron sacados por personal militar, y fusilados en episodios informados a la prensa como enfrentamientos o intentos de fuga.
Después de declarar, Angulo, que el 10 de mayo último participó junto a miles de cordobeses de la marcha contra la libertad de los genocidas que se intentó habilitar con el fallo del 2×1 de la Corte Suprema de la Nación, le dijo en las puertas del Juzgado a los periodistas, que los jueces hubieran podido frenar el plan sistemático de exterminio. Con actitudes como la de algunos magistrados que se opusieron al poder absoluto de Luciano Benjamín Menéndez, ejemplificó.
Entre ellos, el camarista Daniel Pablo Carreras, quien le ordenó al juez Adolfo Zamboni Ledesma que investigara los apremios ilegales denunciados por dos detenidos, y desconociera su declaración en sede policial. En cambio, los camaristas que reemplazaron a Carreras (separado del cargo por sus diferencias con Menéndez), aceptaron como prueba esas declaraciones tomadas bajo tortura por la policía. Zamboni Ledesma, el principal responsable de las complicidades que ahora se juzgan, murió en 1984.
El ministro Angulo recordó también a Humberto Vázquez, designado en 1974, quien renunció luego de decirle a Menéndez que él no iba a convalidar los atropellos a la Justicia.
Visiblemente agobiado, tras una hora larga de testimonio, el ministro sostuvo que una de las atrocidades que más le impactaron de aquellos años fue el fusilamiento de Marta Juana González de Baronetto, en cuyo homenaje, particularmente, se presentó a testimoniar aun cuando, dada su condición de ministro, se le ofreció hacerlo por escrito. “Una mujer joven, de 24 años, extraordinaria”, la describió ante las y los periodistas, y recordó su militancia como catequista, en defensa de los sectores excluidos de la sociedad.
Marta González es una de las 33 detenidas de la cárcel, fusilada en 1976. Su esposo, Luis Miguel Baronetto, entonces detenido con ella, es uno de los principales querellantes en esta causa: tiene asistencia perfecta a las audiencias. Por esos crímenes Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua en 2010, y por la complicidad con los mismos, se juzga ahora a estos cuatro funcionarios.

-Usted dijo durante la audiencia que muchas veces se preguntó, si no era una insensatez seguir con su trabajo de abogado defensor de presos políticos en plena dictadura. ¿Por qué siguió?

“Agradezco a Dios que me haya mantenido en mis convicciones”, respondió Angulo a La Barraca. Una formación humanista que atribuyó a los jesuitas de la Universidad Católica de Córdoba, donde estudió para ser abogado. Seguí -precisó- porque esos presos tenían derecho a una defensa.

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Hábeas corpus, para salvarlos de ser desaparecidos

“Eran unos cobardes”, describió enfáticamente Rafael Vaggione a sus colegas del Colegio de Abogados de Córdoba durante la dictadura militar. Junto a dos compañeros que como él defendían presos políticos, había logrado entrar por la minoría en la comisión directiva de una institución cuyos dirigentes preferían ir a conversar con los militares, antes que reclamar a viva voz por las violaciones al Estado de Derecho y la vida de sus asociados perseguidos.
De estos tres opositores, sólo Vaggione sobrevivió. A Hugo Vaca Narvaja lo secuestraron a la salida de Tribunales. En ese momento salvó su vida porque gritó su nombre mientras se lo llevaban, pero meses después, fue sacado de la cárcel y fusilado en la calle. A Carlos Altamira lo secuestraron en la vía pública y desaparecieron en La Perla.
Advertido inmediatamente del secuestro de Vaca Narvaja, Rafael Vaggione presentó un hábeas corpus “para evitar su desaparición”. A pesar de los menguados resultados que obtenían con ellos, los habeas corpus, insistió el testigo ente el tribunal, eran el mecanismo conque intentaban salvar la vida de los detenidos.
Vaggione contó a los jueces que el Colegio de Abogados había resuelto visitar a los militares antes que presentar hábeas corpus para conocer el paradero de los socios perseguidos. “Eran unos cobardes”, dijo en voz alta, y recordó que preferían el minué político de ir a los despachos castrenses.
Al llegar a este punto, Vaggione extrajo de un portafolio de cuero marrón los libros de actas de la época. Son aleccionadores, aseguró con espanto. Y se permitió una broma. “¿No los tienen? ¿Me los van a devolver? Están todos”, advirtió a los jueces, en tono didáctico. Rafael Vaggione fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Pequeño, el cabello blanco alborotado, 80 años, a Vaggione los defensores de los imputados lo saludan por su nombre. Cuando habla de la falta de coraje de sus antiguos colegas, se enciende. Pero se quiebra al recordar el fusilamiento de Hugo Vaca Narvaja, su amigo. “Fue una de las más grandes arbitrariedades, monstruosidades”, de esos años, sostiene al borde del sollozo. Se silencia un instante eterno, y sigue. “Fue un hombre valiente”, que en una de sus últimas visitas a la cárcel, le pidió que no volviera. “Me dijo que lo iban a fusilar”. Detrás suyo, en la zona del público, el querellante Luis Miguel Baronetto detiene la respiración, y se enjuga los ojos. Raquel Altamira, la esposa de Hugo, escucha en silencio, inmóvil. “No sé que se haya investigado su homicidio”, dice Vaggione ante una pregunta del fiscal.
Y reitera. Las actas del Colegio de Abogados muestran la persecución de aquellos años, cuando también quemaron estudios de abogados, entre ellos los de Luis Marcó del Pont y César Carducci. Sólo ante su insistencia, el presidente del Colegio accedió a pedir explicaciones al Tercer Cuerpo de Ejército. Desconociendo la militancia peronista de alguno de ellos, el militar que los atendió les dijo que los abogados por quienes reclamaban, eran todos comunistas.
“Estuve hojeando anoche las actas y me hizo daño. Ha sido un momento muy triste en la Argentina”. Recuerda que el 24 de marzo de 1976 le destruyeron la casa con una bomba, y habla nuevamente de la valentía de Hugo (Vaca Narvaja), el secuestro de Carlitos (Altamira) y el martirio de otro abogado que sufrió persecución: Luis Prol, detenido cinco años en crueles condiciones. “Quedé solo”, dice Vaggione, frente a los jueces.