por Walter Bustos*

El derecho a la ciudad es entendido como un derecho colectivo que interpela al Estado a velar por el cumplimiento efectivo de las condiciones que garanticen el acceso pleno de toda la ciudadanía no solo a una vivienda adecuada sino también a bienes, servicios y equipamiento comunitario. Por lo tanto el Estado debe garantizar el acceso a la infraestructura urbana, al equipamiento comunitario, al transporte de calidad, a espacios verdes públicos, a zonas comerciales, a lugares de trabajo, entre otras condiciones de bienestar. Así lo establece la Ley Provincial Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y los tratados internacionales con rango constitucional.

En la coyuntura actual de deterioro de las condiciones de vida, debido a la creciente inflación, falta de empleo, y tarifazos impagables para gran parte de la población, el acceso a ciertos servicios se vuelve crítico por ser indispensables para la vida. Uno de ellos es el servicio eléctrico. En el conurbano bonaerense se ha vuelto habitual que las empresas prestatarias del servicio eléctrico corten el servicio cuando los usuarios no pueden abonarlos. Detrás de esa decisión, que deja a las familias en un real estado de abandono, ya que sin servicio eléctrico no es posible acceder al agua ni satisfacer otras necesidades elementales, existe la intención de proveer a los hogares de medidores prepagos. Entendemos a los servicios urbanos como derechos humanos. De prosperar la instalación de estos medidores se estaría mercantilizando al extremo un servicio que debería estar garantizado y asegurado por la regulación estatal.

Especialmente en el partido de José C. Paz la empresa Edenor ha realizado cortes de servicio eléctrico en los asentamientos y casas de planes federales con la pretensión de instalar los mencionados medidores. El sistema es tan simple como cruel. Si una familia no cuenta con recursos para “recargar” el medidor no tendrá energía eléctrica.

La situación de los servicios públicos se ha visto especialmente agravada por medidas concretas del Estado Nacional. La sanción del Decreto Nº 358/17 ha traído más confusión y falsas esperanzas que posibilidades de mejorar la vida de los sectores populares. Tal norma permite al Anses otorgar Certificados de Vivienda a las familias que habitan en los barrios que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares. Dicho certificado, en teoría, serviría como documentación respaldatoria suficiente de acreditación de domicilio para que las familias puedan solicitar la conexión a los servicios como energía eléctrica, agua o gas. En la práctica, las empresas prestatarias de servicios no reconocen este certificado como válido para otorgar los servicios, exigiendo, entre otros requisitos, que los usuarios posean título perfecto de las viviendas que habitan.

En síntesis, el Estado Nacional ha actuado de forma completamente irresponsable, jugando con las esperanzas de los más humildes, de aquellos que sin la presencia del Estado no lograrán mejorar sustancialmente sus situaciones urbanas y habitacionales. El combo es fatal: aumentos siderales de tarifas, inflación en aumento, desempleo y políticas públicas que lejos de aportar a la resolución de los problemos agravan la situación de miles de familias que buscan vivir mejor.

*Sec.  de Obras y Servicios Públicos – Dirección de Habitat Popular, Municipalidad de JCPaz