por Alejandro Mosquera

El gobierno nacional a través de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el aval del presidente ha aprobado un nuevo protocolo de la utilización de las armas de fuego por parte de las fuerzas federales que crea las condiciones de la pena de muerte extrajudicial, medida ilegal porque viola la ley de seguridad interior, que prepara una masiva violación de derechos humanos y a contrario de lo que sostienen muchos medios de comunicación será ineficaz para la prevención y persecución del delito, y creara condiciones para una sociedad mas violenta. El gobierno no cuida a los ciudadanos como dice, sino utiliza sus miedos para hacer demagogia punitiva, mentir a sabiendas y profundizar el pacto con las burocracias de la seguridad.

Derribemos algunos mitos. El gobierno en su ala política trata de sostener que es lo que hacen todos los países, veamos algunos parámetros para examinar sus “verdades”. EE. UU. lleva adelante en la mayoría de sus estados la política que pregona la ministra: promueve portación de armas por los civiles y tiene una policía que dispara antes de preguntar. Veamos:

  • 96 estadounidenses mueren por armas de fuego como promedio cada día.
  • 13 000 estadounidenses mueren cada año como promedio por homicidios con armas de fuego. Aunque las estadisticas de la Campaña Brady sostiene que llega a 33.880 personas que fallecen por armas de fuego y Cada día de media 309 personas reciben disparos.
  • 2 personas son heridas por cada 1 asesinada. 7 niños y adolescentes son asesinados como promedio cada día por armas de fuego.
  • 50 mujeres son asesinadas a tiros por sus parejas como promedio cada mes.
  • 13 veces más probabilidades tienen los hombres negros de ser tiroteados y asesinados que los hombres blancos.
  • 42 por ciento de las armas en poder de civiles en el mundo están en manos de estadounidenses, a pesar de que ese país sólo tiene el 4,4 por ciento de la población mundial.
  • 1606 asesinatos masivos por armas de fuego han tenido lugar desde el asesinato de 20 niños y 6 adultos, en diciembre de 2012. (datos hasta 2017).
  • En 2017 por una trabajo de recolección artesanal del The Washington Post, ya que en EE.UU no hay estadisticas fidedignas de asesinados por fuerzas de seguridad, murieron 987 personas por disparos de la Policía, un 24 por ciento más que en 2016.
  • Hay que agregar un estudio de la Universidad de Harvard donde se sosteine que muchas muertes a manos de fuerzas de seguridad no son clasificadas como homicidios policiales. La conclusión es que mas de la mitad de las muertes por policias no figuran como taales.

 

 

Entre las 50 ciudades mas violentas del mundo medidos por el índice de homicidios según la cantidad de homicidios lidera Brasil, México, EE. UU. y Colombia, todos países donde la militarización de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de su programa. No hay ninguna ciudad de Argentina.

Los países donde hay menos delitos no son en los que se quiere espejar Macri y Bullrich, por el contrario, son Suecia, Suiza, Alemania, Holanda, Japón, Luxemburgo, Singapur, Noruega.

Estados Unidos y el Salvador son los países con mayor tasa de encarcelamiento. Según Human Rights Watch en EE. UU. hay 2,3 millones de personas en prisiones y cárceles estatales y federales, que representan la mayor población penitenciaria del mundo.

El otro gran mito que ha penetrado en parte de nuestra sociedad y que propagandizan políticos oportunistas es que las penas mas duras aseguran una baja en la delincuencia. Es falso. Ni siquiera se verifica en los 31 estados de Norteamérica donde sigue vigente la pena de muerte. En los 18 estados donde no hay pena de muerte los homicidios son menores a los que la tienen.

La irresponsabilidad de la ministra y de Macri con tal de contener votos de los desesperados por el peligro delincuencial someten al país a una doctrina que hará crecer la violencia tanto por las fuerzas de seguridad como por la delincuencia organizada. Una policía desprofesionalizada, cuyo entrenamiento inicial es de 6 meses, es un trabajador en peligro, tanto para si mismo como para la ciudadanía.

La diputada Lilita Carrió ha rechazo la modificación del protocolo, y sostuvo que A mí me parece que esta reglamentación firmada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”.  Tener coherencia en defender la republica y los derechos seria entonces impugnar y pedir la renuncia de la ministra que nos pone cerca del peligro fascista y pedir una retractación del presidente. Porque sino suena al tero que grita en un lado y los huevos los pone en otro.

Ya tuvimos un Ruckauf que sostuvo la idea de meter bala a los delincuentes, pero incendió la provincia aliado a De la Rúa y luego huyó del cargo de Gobernador, dejando una crisis carcelaria y en las comisarías, y la provincia tuvo un ciclo de violencia delictiva mas grave. Ya tuvimos los ministros de seguridad tipo Rico o Patti que “vendían” poses de machos con mucha calle, como si así se solucionaba el problema de la seguridad.

Algunos comunicadores aún contrariando el protocolo están sosteniendo en estas horas que no es tan grave porque la justicia pondrá en caja el disparate de la ministra. Lamento decir que no es cierto. Las opiniones de los dirigentes estatales, en especial de los ministros de seguridad y mas aún un protocolo avalado por el presidente funciona como una orden para las burocracias estatales de seguridad. Hay una orden dada, hay que frenarla a tiempo, los jueces en nuestro país (salvo contadas excepciones) llegan tarde, el derecho penal actual sobre el hecho no previene. Además, en la historia negra de las policías del gatillo fácil muestra como ponían un arma en la victima para decir que era un enfrentamiento o había peligro de vida. Después de esto esa practica se va a multiplicar.

No hay tiempo, hay que derogar la orden (el protocolo).