Por Arq. Ángel H. Merlo

Marco legislativo y político deseable para su logro

“No hemos fundado la ciudad con el objetivo de que alguna clase de ciudadanos sea particularmente dichosa sino con miras a que toda la ciudad sea lo mas feliz posible, convencidos de que en una ciudad como esta tendríamos las mayores posibilidades de hallar la justicia”. Platón – República

La meta de construir un país integrado y equilibrado desde el punto de vista territorial, con una fuerte identidad ecológica y ambiental, y con una organización que favorezca la competitividad de la economía y el desarrollo social, deben ser el resultado de un producto social conducido por el Estado. Sin la intervención del Estado, esta virtuosa construcción, queda en manos del Mercado (inmobiliario y especulativo) y el resultado de su accionar, conduce a desequilibrios estructurales que afectan al valor de la tierra, al destino de la plusvalía, y a desequilibrios que acentúan las diferencias económicas de los sectores sociales, generando condiciones de vida inaceptables y perdida del derecho a la ciudad, por parte de las mayorìas populares.

El producto social deseado, conduce al logro de ciudades integradas, con desarrollo policéntrico (que garantice el acceso de la población a distintas áreas de servicios y equipamiento comunitario), receptivas de la producción para la generación de empleo y la diversificación productiva; es decir, ciudades menos vulnerables y con mayor capacidad de adaptación a las alteraciones del contexto social político y económico; a èstos efectos se requiere limitar las extensiones indiscriminadas de las áreas periurbanas de las ciudades.

Para evitar la desaparición de las áreas de producción fruto hortícola y de los ecosistemas que generan condiciones ambientales aptas para la existencia misma de la ciudad. En el mismo sentido, “es insostenible que solamente el mercado sea el regulador del tamaño de las explotaciones agropecuarias, porque es insostenible que el mercado regule uno de los dos recursos estratégicos de cualquier sociedad, junto con el agua.” (Peretti-Giardinelli-La Argentina Agropecuaria).

Resulta imprescindible, entonces, contar con un marco legislativo que consolide la agenda de planificación territorial en las distintas escalas (la continental, la nacional regional, provincial, la micro regiones compuestas por municipios con realidades semejantes, la municipal y la barrial), y  que establezca objetivos y principios comunes para todo el ámbito nacional, y retomar el fortalecimiento de la institucionalidad de la Planificación Territorial, la consolidación del andamiaje jurídico del ordenamiento territorial, la profundización de la producción de información y conocimiento acerca del territorio y la construcción de plataformas de evaluación y monitoreo de las políticas territoriales.

2.- Hábitat

El proceso incesante de urbanización, y las necesidades sociales a satisfacer de un habitante masivo y desconocido consciente y demandante de sus derechos, ha ido forzando la conceptualización del concepto de la ciudad como sumatoria aleatoria de edificios, para alcanzar la categoría de arquitectura ciudad. Este concepto (setentista) no ha perdido su vigencia para países como el nuestro, en el cual aún nos encontramos en la etapa de disputa por el sentido y en la construcción de un pensamiento situado que no se someta a otros intereses que no sean el del derecho del Pueblo al disfrute, uso y goce de la ciudad. Este pensamiento situado se viene ensanchando, perfeccionando, (aun con períodos de estancamiento en su profundización como el que sufrimos los últimos 3 años), consolidando y expresando cada vez con mayor profundidad, en el contexto deaspirar a concebir una adecuada intervención urbano arquitectónica sobre la ciudad y el territorio: el del hábitat.

El concepto, entendido como la interacción entre las actividades de los hombres en el proceso de conformación del espacio, supone una proactiva acción de los destinatarios de estas intervenciones: no es desatinado afirmar que la mejora en la calidad del hábitat solo es posible en la medida que se garantice la participación consciente y activa de la población en la defensa de ese derecho postergado.

Debe conceptualizarse una nueva unidad de actuación: la de una sociedad que se apropia simultáneamente de la ciudad, trasladándose, utilizando equipamiento producido de modo industrial, haciendo uso de su tiempo libre y en el ejercicio de su trabajo; este deseable escenario supone la máxima socialización posible en el uso de la arquitectura como parte de la ciudad y del territorio (natural y cultural). 

A estos efectos resultan imprescindibles iniciativas legislativas

  • Para impulsar el ordenamiento territorial para un desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de la regulación del suelo como recurso natural, económico, social, e incluyendo la localización y condicionamiento de las actividades de los habitantes de la Argentina:un Proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, y Leyes Marco derivadas de un Plan Estratégico Territorial, por temática (Vivienda, Suelo, Infraestructura, Ambiente, Transporte, etc.) y la conformación de un Catastro Nacional que normalice los catastros provinciales ponderando con progresividad las dimensiones, geométrica, dominial y tributaria.
  • Para contar con un aporte normativo y operativo para mejorar la vida de los habitantes que viven en barrios con déficit dominial y urbanístico: un Proyecto de Ley de Regularización de la Vivienda Familiar y Ley de Alquileres
  • Para institucionalizar a nivel nacional una normativa (vigente/desactivada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que constituye una alternativa al sistema tradicional, para las comunidades que decidieron organizarse y autogestionarse la producción del hábitat :un proyecto de Ley Producción Autogestionaria del Hábitat Popular
  • Para que se legisle la actuación democrática en desalojos urbanos y rurales: un Proyecto de Ley que protocolice la acción del Estado en esas circunstancias.
  • Para preservar el patrimonio de todos los Argentinos: un proyecto de Ley de creación de una Comisión Bicameral de Regulación de la Actividad Inmobiliaria Estatal
  • Para facilitar la democratización de la producción de hábitat popular: un Proyecto de Ley que exima a las Organizaciones de la Economía Social de impuestos regresivos (IVA, Ingresos Brutos)
  • Para el proceso de integración territorial, sin límites jurisdiccionales que puedan actuar como excusas de falsa competitividad: la extensión a todo el territorio nacional de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, vigente en la Provincia de Buenos Aires (aunque desactivada) para democratizar la gestión del territorio con un criterio de equidad y de justicia distributiva

 

Y fundamentalmente, un Estado y el conjunto de las organizaciones libres que aspiran al ordenamiento justo de nuestra sociedad, involucrados con la idea del desarrollo sostenible y configurados como la forma política suprema de su Pueblo.

El Manifiesto Argentino Región Capital

(Berisso-Ensenada-La Plata)