Por Alejandro Mosquera

Como tantas veces en nuestra historia reciente ante los problemas estructurales de seguridad que vive el país, y los horrores que viven familias afectadas por el delito violento reaparecen las voces de políticos irresponsables llamando a la pena de muerte, la baja de edad de imputabilidad, el endurecimiento de las excarcelaciones y penas mas extensas, al uso más violento y arbitrario de las armas por parte de las fuerzas de seguridad.

Que aparezcan personajes de ultraderecha promoviendo estas ideas que ya fracasaron una y otra vez y que nos vuelven un país mas violento, con policías ineficaces y una investigación penal centrada en la flagrancia y con características clasistas y racistas, no debería ser una sorpresa. Sin embargo, también surgen voces desde el campo nacional y popular que aceptan y promueven el discurso de la derecha irresponsable. También quienes los aceptan y aplauden creyendo que es una jugada inteligente para contener votos por derecha, sin percatarse que cuando ellos es sostenido por dirigentes estatales funciona también modelando hacia la ultra-derecha el pensamiento popular y que el personal policial lo siente como una orden o permiso para librarse de los protocolos de utilización proporcional de la fuerza.

A la vez una parte del pensamiento progresista no termina de dar cuenta del problema y no desarrolla políticas de transformación en el tiempo y cede a la tentación de ceder el problema de la seguridad en las agencias policiales, renovando así los viejos pactos con las viejas policiales que les ofrecen cierta administración del delito en los territorios en tanto y en cuanto se mantengan las zonas grises de convivencia de un lado y otro de la legalidad.

La llamada mano dura es un gran engaño. La vivimos recurrentemente para nombrar solo algunas: en la dictadura, en los tiempos de la “maldita policía, en el metan bala de Ruckauf, con la doctrina Chocobar de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. El resultado fue que el delito no bajo, la violencia se elevó, las policías se desprofesionalizaron aún mas,

La seguridad comunitaria y democrática es parte de un proyecto de país, no en el sentido de que hay que esperar a un paraíso para poder concretarla, sino que implica al estado y la sociedad actuando en diversos ámbitos y diversas políticas publicas en bloque. Tanto en las de contexto como son las de promoción del trabajo, recuperando los miles de pibes que se salieron de las escuelas, la de acompañamiento y ensamble familiar, construyendo mas igualdad. Como en las especificas de la cuestión de la política criminal y de la seguridad ciudadana.

El país esta viviendo un retroceso en cuanta a los diversos intentos de democratizar, transformar y hacer mas eficiente la seguridad pública. Algunos aspectos de ese retroceso se muestran en el debilitamiento o derrumbe del modelo de conducción civil de la seguridad, que deriva nuevamente en la concentración del poder en las jefaturas policiales, dándole así la posibilidad por un lado de imponer la agenda criminal, y por otro obligar a los pactos oscuros del poder político con las policías.

La capacitación en la prevención e investigación son reemplazadas por la saturación del territorio que en el marco de la autonomización de las fuerzas policiales es la administración de los territorios con su arbitrariedad, violencia, clasismo y racismo.

En un mundo con intoxicación de la novedad y la información, cambiar el trabajo serio, con fases de transformación que necesitan tiempo y persistencia para cambiar no solo leyes, sino normas no escritas, por el facilismo de la mano dura solo agrava los problemas estructurales que tenemos.

Sin mirar a fondo y haciéndose cargo de la problemática en su dimensión global podrá mejorarse la situación y una y otra vez se repetirán las mismas demandas de la sociedad y reaparecerán los oportunistas de turno.

Es necesario avanzar en una transformación de la justicia, no solo para terminar con los núcleos activos de una justicia del lawfare y a favor de las grandes corporaciones, sino para construir una justicia cercana a la sociedad, mas ágil, no patriarcal. Una justicia que no delegue la investigación en policías desprofesionalizadas.

El camino de las políticas de estado en la seguridad pública no es aceptar el discurso de la ultraderecha ni sobre la pena de muerte, ni la baja de imputabilidad a 12 años como si no existiera la ley penal juvenil, o apoyando el uso de las pistolas Taser y muchos menos plegándose a las teorías norteamericanas de las nuevas amenazas que para justificar el control social construye enemigos internos llamándolo terroristas.

Uno de los grandes desafíos de las democracias de la región y en su proporción de nuestro país es enfrentar mercados ilegales integrados por organizaciones criminales algunas de ellas trasnacionales tales como la trata de personas, el trafico de inmigrantes, el narcotráfico, la desforestación ilegal, los delitos informáticos y financieros entre otros. El reto es diseñar un camino para lo que queda de la década y sostenerlo en el tiempo mientras atendemos la urgencia que nos exige más trabajo y menos pantalla.