Por Silvio Randazzo

Claro que un/a empleadx de la Municipalidad de Azul puede elegir repartir boletas de Juntos; elegir cargarse hasta el tope de sus posibilidades y comenzar a recorrer la ciudad y dejar una boleta en cada puerta, portón, ventana y cucha que encuentre a su paso. Claro que sí. Puede, de igual modo, ofrecerse como fiscal el próximo domingo y destinar unas, aproximadamente, 12 horas de su jornada para esa labor. Claro que sí. Claro que puede convencerse hasta su último glóbulo rojo del proyecto político que encabezan Hernán Bertellys – Alejandro Vieyra y considerar que el jefe de Gabinete es capaz de convertirse en una opción mayúscula en la conformación legislativa del Partido de Azul. Claro que sí. Y tantas más cosas puede, por supuesto.

Pero lo que resulta inadmisible es que la moneda de cambio para concretar estas u otras acciones afines sea su condición de empleado municipal, su empleo, su sustento.

No pretendo señalar adhesiones y simpatías partidarias; nadie debe asimilar esta modesta expresión con ese prisma. De hacerlo, estaría cometiendo una torpeza. No me interesa amonestar el voto. 

El audio viralizado en estas horas, que expone a la directora de Recursos Humanos, Mantenimiento y Mayordomía del Municipio de Azul (la expone a ella, pero fundamentalmente expone a quienes tutelan la campaña de Juntos), es esclarecedor respecto a la extorsión que sufren empleados y empleadas municipales. Y en la extorsión viene, indisoluble, la humillación y la violencia. “Todos tenemos que luchar por esa boleta, porque de ahí depende nuestro laburo”, dice la funcionaria.

No hay metáfora, no hay forma de leer en esas palabras algo que amerite la excusa. Le habla (es una reprimenda) a su “cuadrilla” desobediente, que no hizo lo que se le ordenó. Ese grupo preconcebido sobre el que, en los términos de este mensaje, sobrevuela la amenaza de algún tipo de perjuicio laboral. “¡Mañana tienen que estar todas las calles hechas!”, enfatiza en el corolario.

Aquí no hay elección genuina. Esxs empleadxs municipales no están eligiendo. Y les llega el golpe bajo, artero, ruin en la disparidad de poder: “De ahí depende nuestro trabajo”, dice la advertencia. Una oscura amenaza que encandila, una ofensa hacia parte de una planta de trabajadores y trabajadoras, una forma de violencia que no se detiene en quien la recibe de forma directa: quienes tengan familia no podrán impedir que este ardid les afecte. ¿Cuántas violencias más contundentes que insinuar la pérdida –sin justificativos válidos– de la fuente de trabajo?

El trasfondo (uno posible) de tanta miseria es el siguiente: la alianza Juntos no tiene en Azul la suficiente construcción partidaria (¿militancia?), una adhesión genuina lo suficientemente grande como para poder abordar a lxs vecinxs y buscar entusiasmarles durante la campaña. La coerción a una fracción de la planta de trabajadorxs municipales refleja esa esencia. Y si acaso la directora de (vaya paradoja) Recursos Humanos también repudia esa práctica de sus jefes políticos y sufre idéntica coerción a la que ejerce con su “cuadrilla”, ya estará al tanto de que tiene, de mínima, dos alternativas que no se invalidan: renunciar y denunciar ante la Justicia. Misma conducta que se espera de las representaciones sindicales.