Por Rubén Lamas

El mecanismo de la deuda externa/eterna, es algo que a esta altura los argentinos conocemos de memoria. El endeudamiento estatal produce condicionamientos que afectan decisiones soberanas de cualquier gobierno que se encargue de la administración pública.

Pero lo más significativo es que, desde 1955, año en que los golpistas decidieron comenzar a tomar deuda con el FMI y, ya que  estaban,  así  como al pasar, abolieron por medio de un bando militar  la constitución de 1949, marcaron desde entonces  una tendencia que luego otros salvadores  de la patria, con igual criterio y  con el argumento de insertarnos en el mundo, le dieron continuidad, produciendo fenómenos que hicieron historia,  así se popularizaron términos como  “plata dulce”, “deme dos”,” patria financiera”, etc.

Otro engendro similar fue el de la convertibilidad, a cargo de la dupla Menem Cavallo cuando, de la noche a la mañana, pasamos a tener el peso local con una cotización mayor que la del franco Suizo, milagro económico pocas veces visto en la historia económica mundial. Luego, a ese   periodo menemista, que transformó profundamente la estructura económica nacional desarmando mecanismos estatales de regulación y control económico, allanando el camino para la concentración del gran capital, lo siguió el gobierno macrista, que vino   a endeudarnos nuevamente con el FMI, ya que, durante el gobierno de   Néstor Kirchner, habíamos cancelado toda la deuda liberándonos, así, de los condicionamientos externos.

Sin embargo, esta vez, la cosa es más difícil, el nivel de deuda es desproporcionado en relación a nuestra capacidad productiva y el volumen de nuestro PBI, el propio FMI violó sus reglamentos internos, tomó partido por apoyar la reelección de Macri, lo cual es una evidente intención de injerencia en nuestros asuntos internos, el congreso no participó de las decisiones en materia de deuda externa, todo en simultáneo con una gigantesca fuga de capitales.

 Todo eso se sabía, pero los responsables hicieron la vista gorda, de manera que, como fruto de esa deuda, no hay a la vista ninguna obra pública ni bien tangible que pueda justificarla.

De manera que el real significado de semejante desproporción de dinero e intereses, es que más que tomar un préstamo, alguien nos vendió, cobró la factura y fugó el resultado.

Sin pedirnos permiso fuimos vendidos y, como el deudor no es un particular sino el estado Argentino, la consecuencia directa de la deuda es el condicionamiento impuesto por el acreedor, el resultado es el coloniaje, la pérdida de soberanía y la destrucción de nuestra moneda.

Pero además concurren a conformar este escenario, otros factores como las profundas desigualdades que afectan   al conjunto social, porque en medio de esa continuidad de oleadas liberales como se dijo, el estado se fue reduciendo y perdiendo mecanismos de participación y ordenamiento económico, la pandemia de covid19 vino a profundizar con dramatismo las desigualdades, una de tantas consecuencias es hoy el precio de los alimentos, que se producen aquí y tanto nos cuesta. comprar.

Hemos criticado en estas páginas  el modelo agropecuario y, por si fuera poco, en estos días se envía al congreso, el proyecto de  la nueva ley, elaborada a propuesta del consejo agroindustrial, que reúne a las cámaras más poderosas del sector de los agroalimentos, cuya sanción no haría más que dar marco legal al actual modelo agropecuario, curioso fenómeno conformado por latifundios, concentración de la propiedad de la tierra y de la renta, un modelo productivo  con alta tecnología  pero profundamente  extractivista.

Este modelo a su vez articula con un complejo entramado financiero que invierte en pesos y factura en dólares, y del que participa solamente un sector del empresariado agropecuario capitalizado, que es sólo un socio local privilegiado del plan de negocios de las transnacionales del sector, con muy escasa contratación de mano de obra, campos despoblados, y totalmente disociado de la realidad del mercado local.

 En ese contexto, se hace muy difícil o inviable al sector de pequeños y medianos productores el desarrollo de la agroecologia, el cuidado de la tierra, el control del desmonte, que afecta directamente el cambio climático, la soberanía alimentaria, todas contracaras posibles de una vida mejor y una explotación más racional del recurso tierra, protagonista central de este drama.

En este punto cobra sentido la consigna levantada por el dirigente agrario Pedro Peretti, integrante del IEFI (Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad), “pesar monopolios, medir latifundios”, consigna que sintetiza con profundidad, deberes indelegables del estado, como   administrar el recurso tierra, y cobrar como corresponde los impuestos al complejo agroindustrial.

Es cierto que es necesario industrializar la ruralidad, pero concederles más beneficios fiscales a los sectores concentrados cuando no monopólicos de la agroindustria, mientras sigue vigente el mecanismo de las declaraciones juradas que, como sabemos, tienen un “margen de error”, que le hace perder al estado miles de millones de dólares por año, es algo para cuestionar.

En la misma agenda debe tenerse presente el  control del precio local de los alimentos que consume la población,  la recuperación de los puertos privados del Paraná, cuya concesión está temporalmente prorrogada, el control  del tonelaje de granos, carnes, aceites, biodiesel y otros productos exportables, como las oscuras maniobras de triangulación mediante el paso por terceros países y empresas fantasma, reglamentar la ley de agricultura familiar, avanzar con la ley de humedales, los mercados de cercanía, entre otras cosas.

Todo ese conjunto constituye una agenda propia para encontrar las soluciones necesarias para paliar las enormes desigualdades descriptas. Los cambios necesarios son profundos, y las decisiones políticas requieren visión y audacia ya que, debido a la gravedad de las circunstancias, los “parches “no sirven.