Por Marcelo Branda*

El pasado 14 de Julio el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto 457/2021, dictó la actualización de la Directiva de Política de Defensa Nacional.

La misma es modificatoria de la DPDN que había dictado en el año 2018 el gobierno de Mauricio Macri. En ésta se incluían, por presiones de EEUU, las amenazas “no estatales”, es decir terrorismo, narcotráfico, etc., lo cual abría la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Afortunadamente, ahora sólo se identifican amenazas estatales, manteniendo la tradicional prohibición establecida desde la vuelta de la democracia, a la participación en asuntos que son privativos de las fuerzas de seguridad.

Junto con esto, se reafirma como el principal interés y objetivo estratégico y geopolítico para la Argentina el territorio patagónico, el Mar Argentino, islas del Atlántico Sur y aguas circundantes y el territorio antártico. Lo cual consideramos correcto.

Ahora bien, esto merece algunas consideraciones. En primer lugar, la ocupación ilegal por parte del Reino Unido de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos adyacentes, la presencia de una importante base militar en la isla Soledad -que es una espada apuntada a la garganta de la Patagonia argentina-,  la depredación de los recursos pesqueros que pertenecen a nuestro país y la posibilidad cierta de la explotación hidrocarburífera. Es ésta la principal hipótesis de conflicto que afronta nuestro país, sea que se haga explícita o no.

Por lo demás, se reitera la mención de América del sur como zona de paz y remarcando la colaboración entre los Estados integrantes de la misma.

Sin embargo, este último hecho ha quedado súbitamente desvirtuado a pocos días de actualizada la norma, por la actitud del gobierno de Sebastián Piñera de extender por decreto la zona bajo soberanía chilena en los mares australes, al sur de Tierra del Fuego, en un área estimada de 5.000 KM2 de aguas argentinas y otros 25.000 KM2 de aguas internacionales.

Cuando creíamos que habíamos superado definitivamente las cuestiones limítrofes con el país trasandino con la firma del acuerdo por el canal de Beagle,  la solución de las controversias sobre los hielos continentales y Laguna del Desierto, el gobierno chileno vuelve a introducir, extemporáneamente, un litigio de soberanía entre ambos países, en violación del propio tratado de 1984 y del principio rector que ha guiado desde siempre las relaciones bilaterales que sostiene  “ Chile en el Pacífico – Argentina en el Atlántico” (aunque por ése mismo acuerdo mencionado ya Chile se asomaba al Atlántico, pero ése es otro cantar.)

Esto, que en un primer momento podía ser interpretado como una maniobra distractora del gobierno de derecha chileno, de a cara a un proceso electoral y con muy baja popularidad actual, recurriendo al viejo recurso de buscar un enemigo exterior para unificar fuerzas en torno a la figura del líder, se vio pronto agravado por el apoyo que todo el espectro político del país vecino brindó a la medida, así como la prensa, que volvió a sus tradicionales diatribas anti argentinas.

Esta actitud contrasta tristemente con la de la oposición argentina encarnada en Juntos por el Cambio, que exhortó en un comunicado a ambos países a “dialogar” en un asunto sobre el cual hay diálogo posible. No se podía esperar otra cosa de quienes niegan la soberanía argentina sobre Malvinas y están dispuestos a cualquier entrega en el delirio de su cipayería.

Una vez más, Chile muestra la colusión con los intereses británicos en el Atlántico Sur, sometiendo a la Argentina a una suerte de movimiento de pinzas que amenaza nuestra soberanía en los territorios y mares australes y sobre todo la viabilidad de la reivindicación que nuestro país mantiene sobre un sector del continente antártico, lo cual es particularmente grave en la medida en que se acerca la fecha de renovación del Tratado Antártico, que se producirá en 2048, y donde cada país reclamante de soberanía (y probablemente algunos nuevos) intentarán hacer valer sus derechos, reales o presuntos, sobre el continente blanco. En este sentido, la posesión de los archipiélagos australes otorga al Reino Unido una especie de paraguas que justificaría sus ambiciones sobre la zona que pretende (y que incluye la totalidad de lo que llamamos Antártida Argentina) mientras que el avance chileno por el oeste obraría en el mismo sentido, el de separar a la Argentina continental de su sector antártico. Ello a pesar de que la reclamación del Reino Unido abarca también la mitad oriental de la zona chilena, hecho que parece no tener en cuenta el gobierno del país vecino, salvo la existencia de algún acuerdo secreto que desconocemos.

Mientras tanto, nuestro país no concreta el cruce por aguas soberanas entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, viejo reclamo de los fueguinos, ocupando en forma efectiva la boca del Estrecho de Magallanes, ni dispone de medios para un efectivo patrullaje y control del Mar Argentino.

Momentáneamente, la respuesta del gobierno argentino ha sido rápida y bastante contundente. Nuestro país no debe aceptar la introducción intempestiva de nuevos conflictos territoriales allí donde ya no los había, ni aceptar negociaciones sobre este punto, ni bilaterales ni multilaterales, como tampoco el sometimiento a arbitrajes o mediaciones, que vuelvan a socavar en el futuro los derechos y la soberanía de nuestro país sobre los territorios australes. También debería llevar a replantear la supuesta inexistencia de hipótesis de conflicto en el subcontinente. Lamentablemente, la extrema debilidad, casi estado de indefensión en que se encuentra nuestro país en materia militar luego de tantos años de desinversión, reduce considerablemente nuestras posibilidades de disuasión y por ende de negociación. Pero ése es motivo para otra nota.

 

En el mapa puede observarse cómo la posesión de las islas australes otorga al Reino Unido una proyección sobre el territorio antártico, y a la vez el avance chileno por el oeste constituye una especie de maniobra de cerco, tendiente a separar el territorio continental argentino de la zona reclamada por nuestro país.

 

*Escritor

Dirigente del Frente Grande

Miembro de la Comisión de Defensa del Instituto Patria