Por Beatriz Garrido y Liliana Soraire

El plan instrumentado desde el gobierno de facto, cuyo ejecutor fue el ministro Jorge Néstor Salimei, se propuso, como uno de sus principales objetivos, mudar gran parte de la producción tucumana de azúcar a los ingenios de Salta y Jujuy. Las medidas tomadas por el ejecutivo nacional subsiguientes al 22 de agosto de 1966 fijaron cupos de producción por «zonas territoriales”- Tucumán, Salta-Jujuy y el Litoral-, establecieron una reducción del 30 por ciento de la producción tucumana, con relación a la zafra de 1965, en tanto a Salta y Jujuy les redijeron sólo un exiguo 17 por ciento y los ingenios de la zona del Litoral no experimentaron limitaciones.

Se produjo así un marcado descenso de la superficie sembrada con caña de azúcar, del precio, del número de explotaciones cañeras y de la producción de azúcar, lo que trajo como consecuencia una disminución en la importancia de la actividad agroindustrial en la generación de la riqueza provincial.

La población tucumana sufrió desde 1966 un acentuado deterioro laboral como consecuencia de la crisis azucarera; se produjo la reducción del personal en los ingenios que continuaron funcionando, así como de trabajadores que se dedicaban a las tareas de cultivo y cosecha, resultando miles de personas relegadas de la actividad.

Señala Hugo Aldo Santillán que, si bien, Ongania y Salimei fueron los ejecutores, existen responsables ideológicos de la “desgracia social” que sufrió la Provincia: la oligarquía azucarera tanto del norte como de Tucumán. También nos explica que fueron esos industriales azucareros los ideólogos de los crímenes atroces y aberrantes que padecieron los obreros del azúcar.

Luego del cierre de los once ingenios, en 1967 la desocupación afectó al 10% o más de la PEA de San Miguel de Tucumán. En los departamentos en donde estaban radicados los ingenios cerrados y en los del área cañera marginal, el problema de la desocupación fue más grave aún, con tasas de desocupación superiores al 15% en algunos departamentos, como señalaron Osatinsky y Paolasso.

La situación por la que atravesaba la provincia fue denunciada por la Comisión de Defensa de la Economía de Tucumán en una declaración de 1967, que tenía como destinatarios al presidente de facto del país y al pueblo argentino. El documento advertía acerca de las consecuencias que podría tener la persistencia de una política deliberada orientada a destruir las fuentes de trabajo al provocar la desaparición de muchas empresas favoreciendo el aumento de la miseria y la disociación de la familia tucumana.

La intervención militar de 1966 ocasionó el vaciamiento demográfico de la provincia. El drama del éxodo tucumano condujo al exilio a unos 200.000 tucumanos (casi una tercera parte de su población en esa época). En palabras de Roberto Pucci, el cierre no fue un mero cierre fabril, sino la muerte de pueblos enteros.

La política del onganiato no se orientó sólo a cerrar los ingenios tucumanos por “razones económicas”, como argumentaba. Tuvo claros objetivos políticos y sociales. Una cuestión en la que va a intervenir con fuerza fue en la reestructuración del modo social de organizar el proceso laboral azucarero.

La dictadura creó un nuevo régimen sindical que permitía la creación de gremios limitados a cada fábrica buscando restringir su acción, como nos informa Lettieri. En Tucumán era necesario desarticular a una de las organizaciones más combativas de los trabajadores, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA). “Paradójicamente, la dirigencia de la FOTIA había celebrado masivamente y con entusiasmo la visita de Onganía a Tucumán, con motivo de celebrarse el 150 aniversario de la Declaración de Independencia. En unos pocos meses, la FOTIA sufrió la disminución del 60% de su afiliación y la pérdida de sindicatos enteros”, tal como analizaron Artese y Roffinelli.

La lucha y la resistencia obrera fue tomando diferentes formas de resistencia, como las comisiones vecinales de defensa de los pueblos de ingenios cerrados, conducidas por curas tercermundistas que en diversas ocasiones pasaron de la negociación a la protesta popular activa y que fueron violentamente reprimidas. Dentro de este contexto, la lucha en la calle se fue expandiendo y fortaleciendo con la incorporación de obreros desocupados, campesinado, estudiantes de la Universidad (UNT) y, los sacerdotes tercermundistas. Estos actores van a confluir, nos anuncian los autores citados anteriormente, “en la CGT de los Argentinos, que en Tucumán funcionó físicamente en un local de la FOTIA. Apareció una nueva tendencia interna en el seno del movimiento obrero local y también a nivel nacional. Los nuevos dirigentes respondían más a sus bases y se oponían frontalmente a la política del gobierno de Onganía y a la burocracia sindical”.

La dictadura respondió al conflicto social que se iba agudizando con una represión brutal. En el mes de enero de 1967 atacaron violentamente a los obreros azucareros en Bella Vista y mataron a Hilda Guerrero de Molina. Lucía Mercado y Silvia Nassif relatan los pormenores de los acontecimientos que derivaron en el asesinato de Hilda.

Durante 1969 la movilización en defensa de las fábricas para que no fuesen desmanteladas crecía. Sin embargo, dice Pucci, sectores de la iglesia local fueron complacientes con la tarea de liquidación de los ingenios. En San Ramón de villa Quinteros el obispo, jefe de la arquidiócesis del sur, a través de una maniobra maquillada como procesión, alejó a los obreros, las mujeres y niños/as del portón de la fábrica que lo cuidaban para impedir el desguace. Luego de un sermón a puertas cerradas en la iglesia, un grupo de mujeres llorosas e indignadas con la gente que había concurrido a la procesión y a la iglesia denunciaban que habían embriagado a la custodia, desmontaron, cargaron en camiones, y sacaron por detrás del ingenio el trapiche (Pucci refiere a un relato de Octavio Cejas). El pueblo de villa Quinteros fue agredido brutalmente a palos y balazos descargándose sobre la población una represión feroz.

Frente a la recurrente represión, en abril de 1969 se organizó una gran marcha de todos los pueblos de la provincia, esto hizo temer al gobernador Avellaneda porque podía convertirse en un levantamiento popular general. La movilización fue impedida por nutridos grupos de efectivos de la policía federal y del ejército que ocuparon la provincia vigilando las carreteras y los pueblos.

Señala Pucci que, ante la conmoción general, Avellaneda combinaba la brutal represión con ampulosos y vacíos gestos de diálogo, iniciando rondas de recepción de las comisiones lugareñas en la que pretendía apaciguar con palabras y promesas a una población indignada, cuya voz era asumida por las mujeres que ocupaban el lugar dejado vacío por sus esposos e hijos, convertidos ya en emigrantes en busca de trabajo. Así, en marzo, esposas de trabajadores del ingenio se entrevistan con el gobernador; el 5 de abril un grupo de madres de trabajadores solicitan una audiencia al dictador Onganía, como relata Sigal.

La furia de las mujeres se pondría de manifiesto en mayo de 1969 cuando los propietarios del ex ingenio Amalia, otro de los clausurados, inició el desguace aprovechando que los ex trabajadores de la fábrica eran trasladados al dique El Cadillal como obreros transitorios del operativo. Cuando se conoció la noticia las mujeres “secuestraron” por unas horas al gerente de la firma arribado desde Buenos Aires, que daba argumentos falaces, pues el desguace de la fábrica finalmente se realizó.

El papel que las mujeres jugaron a lo largo de la resistencia al cierre de los ingenios se replicó en cada uno de los pueblos donde cesó la actividad del ingenio. Ellas tomaron en sus manos la lucha, organizando las ollas populares, las movilizaciones y poniendo en pie las comisiones de mujeres.