Por Moira Goldenhörn

Vengo pensando estos días en cuestiones relativas a las dinámicas de la democracia y la satisfacción de los DDHH básicos de toda persona ¿En qué dinámicas estamos [email protected]? ¿Qué praxis hemos naturalizado? Vengo pensando no sólo en los conceptos progre de la socialdemocracia como “vivienda adecuada” o “alimentación adecuada” que pueblan la legislación sin especificar claramente los criterios objetivos para la atribución de derechos y sus restricciones; sino también en el campo político, pensando en quién entendemos que es la persona o la orga «autorizada» a erigirse como [email protected] imparcial para distribuir y atribuir, merecimientos, adecuaciones, calificaciones y demás bondades dispuestas para la repartija… pero también sanciones y castigos.

En la clásica definición de justicia, entendiéndola como justicia distributiva, se dice que ella es la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, o conceder a cada quién su derecho. Pues bien, desde el jurista romano Ulpiano hasta hoy han corrido ríos de tinta pero, quienes consideramos las cosas críticamente, seguimos preguntándonos lo mismo. Digamos ¿qué es ese suyo de cada uno que debe sernos dado y quién lo otorga?

Esa definición clásica presupone que hay una ley justa y un tercero imparcial, y a su vez justo, capaz de establecer qué cuestiones positivas y negativas, o sea derechos y restricciones, corresponden a las personas según ciertas circunstancias. El tema pasa por un lado, por ver qué leyes son las que nos rigen y si las mismas son capaces de dar cuenta de lo que es justo para cada quién, estando incluido en esa distribución también el mecanismo para el nombramiento de los jueces que luego decidirán; y por otro, específicamente qué jueces decidirán la atribución y qué autoridad revisten para la sociedad.

Ahora bien, la justicia es, por definición, un hábito de la voluntad. Los juristas clásicos y sus diversos seguidores entienden que ese hábito es virtuoso. Yo prefiero quedarme en este caso con eso de la habitualidad solamente. Porque el hábito se hace costumbre y la costumbre se hace ley; es decir, se convierte en norma, pero no necesariamente es justa o buena por ello. Entonces, decimos que “normalizamos” lo que es “habitual”. Y así, nuestro sentido común, individual y también colectivo, se impregna de lugares comunes quizás nada justos, pero que repetimos con la convicción de que en algún punto sí responden a alguna norma.

Es importante darnos cuenta del orden de las cosas para advertir quién y bajo qué parámetros decide qué elementos componen “lo adecuado” de una vivienda, de la alimentación o de la retribución salarial, por ejemplo. ¿Qué consideración subyace en el sentido común de “lo meritorio”?

Pensemos, cuando hablamos de “vivienda adecuada” y si es pertinente o no la correspondencia con algún mérito que sea debido para llegar a ella, ¿es la “vivienda propia”? ¿es la vivienda de emergencia? ¿es la vivienda social? ¿es la vivienda que una persona honesta puede comprar con el fruto de su esfuerzo? ¿todos los esfuerzos rinden frutos equivalentes? ¿todas las actividades lucrativas son honestas? ¿es la honestidad un punto meritorio, justamente, en la meritocracia? ¿cuál es el mérito social que deben acreditar “los pobres” para acceder a una vivienda? ¿cuál es el de “la clase media”? ¿dónde debe radicar la diferencia entre ambos? ¿por qué debería haber una diferencia ab initio?

Porque, digo, en atención a cuestiones de intercambio social al considerar el acceso a la vivienda, ¿cuántas veces eso que los agentes de la propaganda antiderechos llaman “la gente” se opone a que las clases populares accedan a una vivienda subsidiada por el Estado? ¿Cuántas veces se habla de una “gente” que defiende a los propietarios antes que a los inquilinos? ¿podemos decir que la tal “gente” se opone a que el pueblo reciba “lo suyo que en derecho le corresponde”? Pues bien, entonces ¿quién es “la gente” y por qué pareciera estar empecinada en negar derechos? ¿Existe tal “gente” y tiene tal capacidad de presión? ¿O esas afirmaciones responden solamente a la necesidad de dar forma a un sujeto político difuso que encarne desde sectores populares las pretensiones conservadoras del status quo, abusando de la función performativa del lenguaje?

Volvamos entonces al planteo del comienzo. Digamos entonces que tenemos bastante claro que cuando, en un esquema de enfrentamiento de clases en el acceso a la propiedad privada vemos desenvolverse este tipo de dinámicas, puede ser que algunas premisas de un progresismo socialdemócrata edulcorado nos lleve a pensar que hay viviendas o dietas “adecuadas para los pobres” y otras “adecuadas para el que puede pagar una a la medida de su esfuerzo”, que hay votos que valen más que otros y, por ende, personas que merecen y otras que no.

Sin embargo, propongo también que seamos conscientes de nuestra propia praxis política cuando, en orden a defender los privilegios resultantes de una situación de poder, repetimos las prácticas que los sostienen en detrimento de la igualdad de oportunidades, que debería ser el punto de partida para todo el andamiaje ético de la atribución de beneficios. La pregunta nodal se vuelve evidente entonces ¿tenemos todos, todas y todes las mismas oportunidades iniciales, como para que un esfuerzo equivalente se traduzca en los mismos frutos para el disfrute? Y, lo que importa ¿estamos haciendo algo para equiparar ese punto de partida?