Por Juan Carlos Di Lullo

 

El 12 de abril pasado Clarín imprimió una de sus clásicas tapas destinadas a confundir y desorientar a la mayor cantidad de lectores posible. «China ahora admite que sus vacunas tienen una baja efectividad», dice el título central. Siguiendo la línea de respaldo a la multinacional Pfizer que muestra desde que se llevaron a cabo los primeros ensayos científicos, el diario (intencionalmente) no aclara que los datos se refieren a la vacuna Sinovac (que no se aplica en nuestro país y sí en Chile, nación elegida por toda la prensa hegemónica como modelo de gestión ante la pandemia, a pesar de que las cifras de contagios y decesos no avalan esa afirmación). Escribir «sus vacunas» junto a la palabra «China» es el recurso al que apelan para englobar en los pobres resultados estadísticos a toda la producción del gigante asiático, entre la que se encuentra Sinopharm, que es la vacuna de ese origen que se está aplicando en número creciente en nuestro país. El efecto que se busca (y se consigue, lamentablemente) con esta grosera generalización (a la que asocian visualmente con la figura del fallecido conductor televisivo Mauro Viale, como para indicar que las «vacunas chinas» matan) es el de provocar prevenciones, temor, inseguridad o, al menos, razonables dudas entre quienes están por recibir (ellos o algún pariente o afecto) la dosis que ofrece inmunidad, atacando sin el menor asidero científico justamente esa prometida eficacia. El fin último es agredir y erosionar a un gobierno al que han declarado la guerra desde antes de que asumiera y al que ahora golpean con el recurso que se les ocurre más dañino, con absoluta prescindencia de la veracidad o siquiera la verosimilitud de lo que se está publicando.
Al mismo grupo pertenece el equipo de investigación de Canal 13 que produjo hace algunas semanas un impactante informe acerca de mujeres pertenecientes a un pueblo originario de la provincia de Formosa, embarazadas, quienes (según los angustiados relatos de los noteros y los presentadores) eran prácticamente secuestradas en los montes para practicárseles cesáreas forzosas luego de las cuales sus bebés eran arrancados de sus manos. Una investigación judicial en marcha ha detectado pruebas que certificarían que todo fue una puesta en escena con el concurso de dirigentes políticos de la oposición provincial, quienes habrían reclutado (y pagado) a las mujeres para que repitan un guión preparado por la producción periodística a los efectos de provocar un impacto profundo sobre la audiencia. Si esta investigación prueba seriamente que el informe no fue otra cosa que una ficción destinada a esmerilar al gobierno provincial, debería encontrarse la manera de sancionar de manera ejemplar a todos los que tomaron parte de semejante maniobra. Y nada tiene que ver con esto la libertad de prensa porque, precisamente, es la posibilidad de proporcionar información veraz y fidedigna la que se pone en cuestión con maniobras como la que habría tenido lugar en Formosa.
El espectador tiene que tener la garantía de que lo que se le muestra en pantalla se corresponde con la realidad, porque ese es el punto de partida para el funcionamiento responsable y serio del sistema de medios de comunicación. No hay (de probarse el fraude) equivocación posible o atenuante a la hora de merituar responsabilidades: se trata de una malversación intencionada y a sabiendas de piezas de información muy sensibles. Además de la utilización vil de personas en situación de vulnerabilidad extrema al solo efecto de provocar un golpe bajo en la sensibilidad del espectador desprevenido.
No se trata de casos asimilables a una mala praxis profesional. Hay una línea histórica de utilización de recursos poco transparentes con el propósito de favorecer a grupos o sectores de altísimo poder económico que provee demasiados ejemplos como para pretender que se trata de anomalías accidentales. Si se naturaliza la aberración de alterar la información para favorecer a un determinado sector político o económico en detrimento de otros con menor poder o influencia social, la propia democracia está en peligro. Y la naturalización es hija de la costumbre, y ésta, de la reiteración sistemática.
Quien puede lo más, puede lo menos, dice un principio general del derecho. Nunca hay que olvidar que en la edición del día después del golpe perpetrado el 24 de marzo de 1976, el más nefasto y criminal que vivió la Argentina, Clarín escribió una de sus tapas más infames. Por encima de los gruesos caracteres que certificaban que «Las Fuerzas Armadas ejercen el Gobierno», un antetítulo destacado marcaba el sendero de respaldo a la impunidad de los poderosos que guiaba ya la línea editorial del matutino: «TOTAL NORMALIDAD»
Un gobierno pésimo pero legal había sido abortado, la Presidenta detenida, suspendida la vigencia de la Constitución, disuelto el Poder Legislativo, el Judicial sometido al estatuto de la «revolución», las Universidades intervenidas, los sindicatos descabezados, prohibida la actividad de los partidos políticos e incontables dirigentes estudiantiles, políticos, referentes sociales y activistas gremiales detenidos, encarcelados o directamente asesinados o desaparecidos.
Para Clarín, eso era «total normalidad».
Han hecho (y hacen diariamente) esfuerzos para superar tamaña indignidad, pero no es sencillo. El problema es que, a lo largo de los 45 años que separan una tapa de la otra, el diario porteño se ha convertido en el multimedio más poderoso del país, con más de 200 empresas (directa o indirectamente ligadas) esparcidas por todo el territorio nacional para manejar la casi totalidad del espectro comunicacional tanto en las modalidades tradicionales como en las nuevas tecnologías electrónicas; esto le confiere una influencia descomunal sobre el humor, el ánimo, las expectativas y las decisiones de una abrumadora mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
Esa es nuestra actual, cotidiana, lamentable y «total normalidad».