Por Horacio Rovelli

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales 148.881 millones era en divisas y el equivalente a 73.822 millones de dólares era en pesos; el 60% de la misma era intra sector público (en poder del FGS de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% al sector privado. 

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares y en divisas era 249.047 millones (más de 100.000 millones por arriba de 2015), la deuda en pesos era al tipo de cambio oficial de 71.583 millones de dólares.  

El 40% de la misma -intra sector público-, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado. 

La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró ostensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que van desde Arroyo seco al sur hasta Timbués al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

LA INCOSNSITENCIA DE LA DEUDA

No existe el castigo moral ni a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos que instrumentaron el endeudamiento ni tampoco a los legisladores que se lo aprobaron. Pero si debería existir la pena fiscal por la deuda tomada con el FMI que no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el Artículo 75 Inciso 4 de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso: “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. Deuda con el FMI que se tomó “entre gallos y medianoche” por 45.400 millones de dólares y que se fugó en su totalidad.  No es que con esa plata no se hizo una vivienda, es que ni siquiera se compró un ladrillo.

El Presidente de la Nación en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…

 

Porque incluso viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[3]  que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

 

Nicolás Dujovne y Adolfo Sturzenegger como Ministros de Hacienda y Presidente del BCRA respectivamente de Cambiemos, firmaron que el crédito tomado se cancelaba en tres años, cuya primera cuota venció el 22 de septiembre de 2021 por 1.687,5 millones de dólares, que es un despropósito y que sabían tanto el gobierno de Macri como el FMI que era imposible su cancelación.

 

Nos endeudaron para que nos subordinemos a la política del FMI como efectivamente pasó en el gobierno anterior y, como es evidente que influye sobre la gestión actual al suspenderse en septiembre del año pasado el cuarto tramo del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y, en los primero ochos meses del año 2021, el Sector Público Nacional registro un déficit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) de $431.503 millones y un déficit financiero (incluyendo el pago de los intereses de la deuda) de $ 870.555 millones, cifras que significan un 1,01% y 2,02 % del PIB respectivamente, cuando en la Ley 27.591 de Presupuesto se preveía un déficit fiscal primario para todo el año 2021 es del 4,3% del PBI y se contemplaba que no iba a haber una segunda ola de la pandemia del covid-19 a partir de marzo del 2021. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $431.000 millones, por ende aún contemplando que haya compromisos tomados que no aparecen en el Resultado Fiscal base caja de agosto 2021, la Administración Nacional podría haber incurrido en gastos por no menos de 2 puntos del PIB (Unos 862.000 millones de pesos) y no lo hizo. Suma que hubiera sido importante en la remuneración de jubilados y pensionados, en los planes sociales, en la obra pública, etc.

 

PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA ADMINISTRACION  NACIONAL 2020-Agosto2021

    

 

2020

Acumulado

Proyección

Porcentaje

Proyecto de Ley

 

 

 

8 meses 2021

2021

de Ejecución del año 2021

Presupuesto 2022

 

Ingreso total

4.841.525

5.271.730

7.194.586

73,27%

10.055.313

 

Gasto Total

7.134.285

6.142.285

9.643.517

63,69%

13.191.168

 

Gasto Primario

6.591.412

5.703.233

9.053.324

63,00%

12.238.735

 

Intereses Netos de la deuda

542.874

439.051

590.193

74,39%

952.433

 

Déficit Primario

-1.749.957

-431.503

-1.858.738

23,21%

-2.183.422

 

Resultado Financiero

-2.292.730

-870.555

-2.448.931

35,55%

-3.135.855

 

Gasto de Capital

279.626

345.652

888.462

38,90%

1.437.328

 

Gasto de Capital / Gasto Total

3,92%

5,63%

9,21%

 

10,89%

 

Resultado Financiero/Gs Total

-32,14%

-14,17%

-25,39%

 

-23,77%

 

Tipo de cambio promedio

84,025

101,25

103,58

 

131,3

 

PIB estimado por el INDEC

 

 

 

 

 

 

 A precios corrientes en millones

27.481.440

43.100.735

43.100.735

 

60.177.212

 

Convertido a dólares

327.063

416.111

416.111

 

458.318

 

Porcentaje Gasto Total  s/ PIB

25,96%

21,38%

22,37%

 

21,92%

 

Déficit primario / PIB

-6,37%

-1,01%

-4,31%

 

-3,63%

 

Déficit total/PIB

-8,34%

-2,02%

-5,88%

 

-5,21%

 
       

Nota:  Presupuesto Ejecutado Base Caja en Millones de pesos corrientes 2021 y 2020 por Devengado (Cuenta Inversión)

 

La Proyección 2021 y el Presupuesto 2022 surgen del Mensaje Nº 49 y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2022

Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación – Ley  27.467 y Cuenta de Inversión 2020

   
        

 

Paralelamente, el FMI con el fin de que los países miembros puedan hacer frente a la pandemia, amplía los Derechos Especiales de Giro (DEG) por una suma equivalente a 650.000 millones de dólares, de los cuales a la Argentina le corresponden unos aproximadamente 4.350 millones de dólares, para que se destinen a los programas de salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros.  Sin embargo, el gobierno decidió pagarle al Club de París 226 millones de dólares en el mes de julio 2021 y, pagó la primera cuota del FMI que venció el 22 de septiembre 2021, queda pendiente otra cuota igual que vence el 22 de diciembre 2021

LAS OTRAS DEUDAS

Recordemos que el gobierno de Cambiemos –

que pretextó para tomar deuda externa que no podía colocar títulos en pesos y lo hizo igual y es peor-, defaulteó la misma (defaulteó deuda en pesos) cuando decidió en agosto de 2019 que las deudas de corto plazo en pesos: Letes, Lecap, Lecer y Lelink, se abonen en cuotas, un 15 % al vencimiento, un 25 % a los tres meses y el 60 % restante a los seis meses.

Actualmente se estima que los vencimientos de los distintos títulos públicos en pesos (deuda en pesos de la Administración Nacional) para los tres meses que restan del año, ronda los $ 450.000 millones. Importe al que se le debe sumar el déficit fiscal final que la Secretaría de Hacienda de la Nación prevé en $ 1.300.000 millones (o sea 1,3 billones de pesos), conformando un total de 1,75 billones de pesos.  Para lo cual se confía en un roll over (renovar deuda vieja por nueva) del total de los $ 450.000 millones en títulos que vencen en el período y que, el BCRA asista al Tesoro de la Nación en torno a los $ 890.000 millones, que se suman a los $220.000 millones correspondientes a Transferencias de Utilidades realizadas y los $190.000 millones por Adelantos Transitorios otorgados hasta el 27 de septiembre de 2021, para conformar los $ 1,3 billones requeridos.

Al 27 de septiembre 2021, los títulos de deuda del BCRA: Las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) y los pases pasivos, totalizan 4,1 billones de pesos (al tipo de cambio oficial unos 40.000 millones de dólares), cifra que supera ampliamente la Base Monetaria y, también al total del crédito al sector privado, demostrando el grado de incoherencia de la política monetaria.  Deuda de corto plazo que es la variable que más creció y que más crece desde que asumieron las actuales autoridades casi triplicándose y que, no tiene freno alguno, porque devenga un interés efectivo anual en torno al 45% que, como no se pagan, se suma a los vencimientos conformando una bola de nieve que no para de crecer y que depende de la voluntad de los 10 grandes bancos privados del sistema para que se sigan renovando. En cuatro de ellos (Santander, BBVA, Galicia y Macro) el CEO de Blackrock, Larry Fink, reconoce tener participación accionaria, los otros cuatro son extranjeros (Citi; HSBC, ISBC, Patagonia-Banco Do Brasil) y dos son nacionales (Supervielle y Credicoop).  Estos 10 bancos privados tienen en su poder la mitad de las Leliq y de los pases pasivos.

SE PAGA Y NO SE INVESTIGA LA DEUDA

De acuerdo, financieramente el gobierno logra cubrir los pagos de este año 2021, y lo hace a costa de desatender imprescindibles gastos públicos como es el de actualizar el haber de las jubilaciones y pensiones y el de realizar una menor obra pública.  Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué el pueblo argentino debe pagar la deuda que fugaron unos cuántos?  ¿Por qué no se los llamaa los cien primeros compradores de divisas en la gestión de Cambiemos y se les pregunta, dado que no declararon ni pagaron el Impuesto a las Ganancias por los 24.679 millones de dólares que compraron, de dónde sacaron los recursos y se los multa por ello?

Si bien es cierto que el gobierno de Cambiemos liberó la compra y venta de divisas sin límite alguno -como si cualquier ciudadano pudiera comprar 1 millón o 10 o 100 millones de dólares-, aún así, en todos los casos, el comprador debe justificar la procedencia de los fondos, tal lo exige la Ley 25.246 de Lavado de Activos que fue sancionada y promulgada en el año 2000 y, eso obviamente no se hizo y los responsables son entonces, el comprador y el banco que le vendió.

En la medida en que el principal problema de la economía es la deuda, las negociaciones actuales con el FMI no se pueden llevar adelante sin antes determinar las responsabilidades penales y administrativas. Menos aún si tal acuerdo va a implicar que se continúe pagando dicha deuda, con sus inevitables consecuencias económicas y sociales para el país.

Determinar responsabilidades corresponde por derecho, (y ética y moralmente), porque es indispensable para poder llevar a cabo las acciones tendientes al recupero de parte del dinero en cuestión por parte de los responsables de tales delitos y, también, para negociar desde otra posición frente al FMI.

No es lo mismo negociar una deuda legítima, a hacerlo con una tomada en base a delitos eventualmente cometidos, actos administrativos muy probablemente nulos y violación de la propia normativa del acreedor.

Es más, el mismo FMI debe colaborar en el rastreo e identificación para saber a dónde se fueron los 45.400 millones de dólares (32.200 millones de DEG) que le prestó al gobierno de Macri y no se sabe a ciencia cierta donde están.

 

[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[2] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

[3]  Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo