Por Horacio Rovelli

La deuda externa Argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos para pasar a ser de un total de 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte se obtuvo colocando títulos de deuda en los mercados internacionales, entre ellos, el bono a cien años[1]. La otra parte principal es la deuda con el FMI, 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro)[2], aproximadamente, unos 45.400 millones de dólares.  También se tomó deuda, pero menor, con otros organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Club de París, etc. Y, finalmente, deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.).

La deuda con los poseedores del sector privado de títulos de deuda argentinos se les canjeó los mismos por nuevos bonos (incluso el bono a cien años) y, se pagan los intereses que devenga, obteniéndose un período de gracia hasta el segundo semestre 2024, para amortizar el capital.

La deuda con el FMI en la que se pagan rigurosamente los intereses (en torno a los 300 millones de dólares por trimestre), pero, tal lo acordado por el gobierno de Cambiemos, debe comenzar a pagarse el capital, cuya primera cuota vence el 30 de septiembre de 2021. Y así en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.

Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares y se debe devolver en 8 –ocho- cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.

El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por 5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.  Y así sucesivamente hasta completar los 32.200 millones de DEG (equivalente a unos 45.400 millones de dólares).

La tasa de interés será variable y dependerá del valor la del derecho especial de giro (DEG) que es una canasta de moneda de los países aportantes al FMI, y la tasa de interés vigente para la Argentina, que actualmente es del 4,9% anual

Por lo tanto, el vencimiento de capital de la deuda con el FMI para este año 2021 asciende a 3.614,5 millones de dólares, más los intereses unos 1.200 millones de dólares, conforman un monto de 5.814,5 millones a pagar en todo el año 2021.  Pero el problema se convierte en sideral en el año 2022 que, por el acuerdo firmado por el Gobierno de Cambiemos con el FMI, hay que pagar 17.860 millones de dólares de capital más los intereses.  En el año 2023 se debe abonar de capital la suma de 18.285,5 millones de dólares y, el saldo en el año 2024 de 5.640 millones de la divisa estadounidense para completar los 45.400 millones de dólares, según los datos que posee la Secretaría de Finanzas de la Nación

Es una deuda tomada con el FMI sin autorización expresa del Congreso de la Nación.  Toda la deuda externa de la Nación Argentina con el sector privado (colocación de títulos públicos de deuda) se tomó con aprobación del Congreso de la Nación porque la solicitud de endeudamiento se presenta con la Ley de Presupuesto de cada año.  Pero la deuda contraída con el FMI fue una decisión del Poder Ejecutivo de junio de 2018, sin la autorización expresa del Poder Legislativo como exige la Constitución Nacional, es más, esa autorización no fue solicitada.  No fue contraída para construir hospitales, puentes, escuelas, obras de infraestructura, etc. Sino, como le dijo el ministro Martín Guzmán al periodista de Clarín, Marcelo Bonelli, para enriquecer al puñado de rentistas que, obviamente, los fugaron.  

El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo gobierno, es por eso que el FMI, sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban, no hizo ninguna observación al respecto.  El FMI no es una entelequia, como afirma el Director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino, Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el Directorio”[3].

Tal como demuestra acabadamente el estudio “Formación de activos externos 2015-2019”  que realizó el  Banco Central de la República Argentina, que afirma que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos (de los más de cien mil millones de deuda tomado por el gobierno de Cambiemos, de los cuales 45.400 millones puso el FMI), pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual, además de recuperar en parte esa deuda, se logra hacer un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. 

En medio de la pandemia del covid-19, con los serios problemas de control de precios y sin lograr frenar la salida de capitales, un Plan de Facilidades Extendidas a 10 (diez) años y una tasa de interés del 2% anual que es lo que se busca acordar con el FMI, más la deuda con los tenedores de títulos argentinos y con el resto de los organismos internacionales, tornan imposible su pago. Es inconcebible pensar que durante diez años o más, se puede obtener un superávit fiscal primario de una magnitud tal que pague capital e intereses y a la vez, un superávit comercial para que el Estado Nacional pueda comprar esos dólares.

El único camino sería una refinanciación a través de los mercados internacionales, pero se dependería de la voluntad de los mismos y, aún así, a una tasa de interés que es la que mide el llamado riesgo país, que en abril 2021 es de 1.561 puntos,  (esto es 16,51% mayor que la tasa de los EEUU), por lo que en pocos años estaríamos en el mismo problema o peor.

Máxime que los planes del FMI se centran en reducir el gasto público y aumentar los ingresos, recordemos que fue el FMI el que le sugirió al gobierno de Macri subir la alícuota del IVA a los alimentos, del 10,5% al 14%. Y también fijarle una tasa del 1 al 3% en el IVA al agua y a la leche que están exentas.

EL CAMINO A SEGUIR

Es fácil deducir quiénes son los que fugaron gran parte de los dólares del año 2015-2019 (el BCRA lo sabe, tiene los datos fehacientes de cada compra de divisas, fecha y monto), son los beneficiados del macrismo, las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, las extractivistas y comercializadoras de minerales líquido, sólidos y gas y las empresas de telecomunicaciones.  Si se los auditara y se los multara, porque es claro que los cien primeros no pagaron impuesto a las ganancias por la compra que hicieron de 24.769 millones de dólares en los cuatro años de la gestión de “cambiemos”, haríamos un fuerte avance en la fiscalización del país y en los ingresos del Tesoro de la Nación.

En una situación de extrema complejidad, el gobierno debería suspender las negociaciones con el FMI y el Club de París y abocarse a una política de shock distributivo para impulsar la economía nacional y mejorar el nivel de vida de la población. Suspender la negociación y los compromisos de amortización de capital con el FMI y el Club de París mientras dure la pandemia del covid-19, e impulsar un shock distributivo con control de producción y de precios. Paralelamente, frenar con las devaluaciones de nuestra moneda, poner cupos de exportación a la carne y al maíz y, fijar retenciones del 35% para todos los alimentos.

La suba de precios de los alimentos beneficia a los grandes productores, acopiadores y comercializadores y perjudica sobre manera a la población.  Los precios en dólares en el mercado internacional subieron y suben exponencialmente. Este gobierno no solo permite que se igualen los precios de los alimentos con los internacionales, no se anima a subir los derechos de exportación o poner cupo a la venta externa de maíz y de carne vacuna, sino que encima devaluó nuestra moneda un 58% desde que asumió, pasando el dólar comercial fijado por el Banco de la Nación Argentina de valer el 10 de diciembre de 2019 la suma de $ 62,75 a $ 98,85 a fines de abril de 2021. Néstor Carlos Kirchner puso retenciones del 35% a todos los alimentos y el dólar, fijado por el Banco de la Nación Argentina, cuando asumió el 25 de mayo de 2003 valía $ 3,20 y cuando terminó su mandato el 9 de diciembre de 2007, $ 3,15.  

Con todos sus errores (y también sus grandes aciertos) el Kirchnerismo en la Argentina (y otros movimientos nacionales y populares en América Latina) lograron demostrar que se puede producir más bienes y servicios, crear empleo, distribuir el ingreso con mejoras en la participación de los asalariados en el PIB, con impulso a las economías regionales, con imprescindibles obras de infraestructura en todo el país, y con integración comercial entre los países latinoamericanos, partiendo de un shock distributivo, esto es, poniendo plata en el bolsillo de la gente y evitando que las grandes corporaciones aumenten los precios y se queden con ese mayor ingreso, apuntalando así, el mercado interno y regional.

Debemos generar un shock productivo que recupere el poder de compra de los argentinos, pero no para que vaya a los grandes grupos agroexportadores, o a las grandes empresas monopólicas, sino para que aumente el tejido económico y productivo de abajo hacia arriba. Para esto es fundamental el control de los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que, principalmente, está conformado por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio y a las pequeñas y medianas empresas y al Estado.  Para ello  debe transformarse el stock de LELIQ, por casi 2 billones de pesos en abril 202 (equivalente a 20.300 millones de dólares, aproximadamente el 6% del PIB), en otro activo remunerado a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la  tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada y administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQ se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.

Debemos gobernar con un programa que defienda el trabajo, la producción nacional y el mercado interno, de otra manera se es cómplice, voluntario o no, de un modelo extractivista y agropecuario exportador que emplea la deuda y los condicionantes del FMI para imponer el hambre y la sed del pueblo argentino.

Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor” Atahualpa Yupanqui “Preguntitas sobre Dios”

 [1] Bono Centenario” por unos 2.759 millones de dólares con un cupón de renta fija del 7,125% anual, que iba a vencer en el año 2117, y que debía pagarse durante cinco generaciones de argentinos. En la negociación con los “bonistas” se lo incluyó en la negociación y fue cambiado por otros bonos que vencen en el año 2030.

[2] DEG nace de una canasta de moneda de los países miembros del FMI, aproximadamente de un valor de 1,41 dólares por unidad.

[3] Entrevista al Dr. Sergio Chodos de El diario AR del 16/02/2021