Por Horacio Rovelli

Desde el origen de nuestro país hubo una fuerte disputa entre los rentistas (las grandes estancias y los comisionistas por tomar deuda externa) y por lo tanto subordinada al mercado externo y, la población que quería producir bienes y servicios para sí y para exportar independiente de “España y de toda otra potencia extranjera”

En toda nuestra historia, salvo honrosas excepciones y fomentada desde el gobierno, desde que nos dimos el primer gobierno patrio, la burguesía local (comerciantes, hacendados, funcionarios, intelectuales orgánicos que la promueven etc.) se subordinó al capital extranjero. En el año 1808 Napoleón Bonaparte impuso las abdicaciones de Bayona por las cuales debieron renunciar Carlos y Fernando VII al trono de España en favor de José Bonaparte, ese hecho fue usado en nuestras tierras para terminar con la dependencia comercial con España.

Es más, la Junta de Buenos Aires intentó mantener los privilegios del «orden colonial en beneficio del bloque comercial porteño». Este intento de «apropiación de poder” (la aduana de Buenos Aires donde salían y entraban la mayoría de los productos y debían pagar derechos de exportación o aranceles de importación) que llevó adelante un sector de los ricos porteños, sin dar muestras de querer compartirlo o distribuirlo entre los otros pueblos, encontró resistencias en el Paraguay, en el Alto Perú, en Córdoba y en Montevideo.

Los porteños se habían adueñado de la Revolución de Mayo y detentaba el poder en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1819 habían sancionado una constitución unitaria y seguían buscando un príncipe europeo que reinase sobre nuestra Patria.

En 1822 en el gobierno de Martín Rodríguez, cuyo Ministro de Relaciones Exteriores era Bernardino Rivadavia, se solicitó un empréstito en Londres por 1.000.000 de libras con la firma Baring Brothers. Este empréstito se pidió para financiar obras públicas. La operación se concretó en 1824, pero el monto recibido (en su mayor parte, en letras) quedó reducido a 560.000 libras, luego de haberse descontado los intereses por dos años, las comisiones y otros gastos. Como garantía, se hipotecaron las tierras públicas que fueron entregadas en enfiteusis (en alquiler) a particulares, por una renta o canon anual que, además de bajo, fue difícil de recaudar

El sistema de enfiteusis puso a disposición de comerciantes, ganaderos y funcionarios enormes extensiones de tierras, en forma casi gratuita. Ante la falta de mano de obra para trabajar esas tierras, es que el gobierno promulgó el Decreto con el fin de reprimir la vagancia, por lo que se debía portar la «papeleta de conchabo», a los fines de demostrar que trabajaba formalmente bajo un patrón.

Dos proyectos de país. Por un lado, el proyecto centralista basado en el puerto y en la biblia del libre mercado, de la exportación y de la producción primaria agroganadera y financiera, que beneficiaba y sigue beneficiando a una minoría que se apropió de la tierra y de nuestros recursos naturales.  Y el interior cada vez más empobrecido por las importaciones de todo que reemplazaba nuestra precaria producción de carruajes, embarcaciones y hasta ropa, que le hace decir al Gobernador de Corrientes, Brigadier Pedro Ferré: “No se podrán nuestros paisanos ponchos ingleses”  y proponía el desarrollo de las industrias y artesanías provinciales frente a la ruinosa competencia de las manufacturas extranjeras. Señaló, asimismo, la necesidad de poner término al injusto privilegio que Buenos Aires se arrogaba en el control de las rentas aduaneras, y propuso que estas rentas fuesen en adelante compartidas por todas las provincias, en proporción al consumo y producción de cada una.

Toda la caterva de gobiernos, funcionarios y burócratas desde Juan Manuel de Rosas hasta Mitre y, de los gobiernos que los sucedieron hasta Hipólito Yrigoyen, defendieron y priorizaron el comercio con Inglaterra y los negocios de la deuda, produciéndose de hecho una alianza entre la burguesía comercial y los estancieros de la pampa húmeda productora de cueros y carnes saladas para exportación, ambos asociados al capital inglés, generando el período de transición que permite el marco institucional y político al modelo agro exportador, con el objetivo de insertarse en el mercado mundial a través de la especialización en actividades agrícola-ganaderas donde contaba con “ventajas comparativas naturales” y establecer una economía complementaria con Gran Bretaña.

Paralelamente se imponía el mecanismo de la deuda con Inglaterra para reasegurar ese modelo agroganadero exportador. “

A las deuda tomada por Rivadavia se le sumó la deuda de Mitre para la Guerra al Paraguay y, posteriormente, se le suman las deudas que financiaron las inversiones directas (para hacer obras de infraestructura puertos y ferrocarriles básicamente) y el constante aumento de las importaciones inglesas, que producen déficit en la balanza de pagos. La situación estalló con la “Crisis de 1890” donde se incurre en el primer default (en cesación de pagos) de la historia Argentina.

La extensión de la frontera agropecuaria, denominada pomposamente campaña del desierto fue una vez más fusil automático contra lanza y flecha: “En la superficie de quince mil leguas, la población indígena que la ocupa puede estimarse en veinte mil almas, en cuyo número alcanzarán a contarse de mil ochocientos a dos  mil hombres de lanza” Gral. Julio A Roca – Informe al Senado de la Nación – 14 de agosto de 1878.

Nos seguíamos endeudando y una minoría se apropiaba de las mejores tierras y del negocio con los bancos, tal vez el más claro ejemplo sea el inefable Victorino de la Plaza, diputado, ministro de Hacienda de Avellaneda, de Roca y de Figueroa Alcorta, vicepresidente y presidente de la Nación, representante argentino ante los banqueros europeos, Victorino de la Plaza era también promotor y comisionista de esos banqueros.  Su archivo personal (en el Archivo General de la Nación), en una carta que le dirige al presidente del Banco d’Erlanger  de París – Francia, en enero de 1881 le dice: “Haré señor mío, cuando de mi dependa en el sentido que Ud. me indica, y me será permitido anticiparle que podré servirlo cumplidamente no solo en esas negociaciones sino en otras que pudieran producirse en condiciones ventajosas.  Respecto de lo que Ud. me dice de manifestarle por lo que entiendo que debe asignarse por retribución de mis servicios, creo que lo podemos fijar como base de una cuarta parte de las comisiones o los beneficios que Ud. perciba en las operaciones”. Es decir que cuanto mayores fueran las ganancias – o lo que es lo mismo mayor fuera el monto de la deuda y sus intereses-, mayores serían las comisiones a repartir entre la banca acreedora y los representantes argentinos.

Dice Milcíades Peña en su libro “Historia del Pueblo Argentino: Endeudamiento que  enriqueció como comisionista a nuestra incipiente burguesía porteña e hipotecó a la población. El origen y objetivo de la deuda fue y es no es solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, con determinados segmentos que se desarrollan en el país.

LA HISTORIA HOY

Los acreedores externos, fundamentalmente los grandes fondos de inversión o de cobertura: Blackrock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc. que pactaron un acuerdo con el gobierno argentino de percibir solo los intereses y recién se comienza a amortizar el capital desde el segundo semestre de 2024, han perdido plata desde que se firmo el acuerdo el 31 de agosto de 2020, porque esos títulos en promedio valían 53 dólares la lámina de 100 dólares en esa fecha y hoy (septiembre 2021) valen 47 dólares 

La esperanza de los bonistas externos es que las cláusulas del Facilidades Extendidas que se acuerden con el FMI sean lo suficientemente duras como para obligar al Gobierno a atravesar un estrecho sendero de estabilidad monetaria, cambiaria y fiscal; hasta llegar al momento de comenzar a liquidar los pagos. ¿Por qué la importancia de los primeros cuatro años del acuerdo? Se entiende entre los bonistas que si Argentina cumpliera esas metas, la cotización de la deuda reestructurada debería comenzar a recuperarse hasta llegar a niveles normales para el sistema financiero mundial y los mercados de títulos públicos soberanos internacionales. Y, llegado ese momento, analizar si conviene o no desprenderse de los papeles argentinos.

El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo gobierno, por eso es que el FMI sabiendo que esos dólares que ingresaban al país se fugaban, no hizo ninguna observación al respecto.  El FMI no es una entelequia, como afirma el Director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino, Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el Directorio”[1].

Entonces queda claro que las condicionalidades del FMI, por más que nos den 10 -diez-años de plazo y hasta 4 –cuatro- años de gracias para pagar el capital y que nos reduzcan el interés del 4,05% anual que actualmente nos cobran a 2,05% anual,  la exigencia es que reconozcamos toda la deuda con el FMI que son 32.200 millones de DEG, unos 45.400 millones de dólares.  Cuando esa deuda se tomó a espaldas del pueblo argentino, sin autorización del Congreso de la Nación y se usaron para fugar capitales.

La deuda externa en diciembre de 2015 era de 222.703 millones convertido en dólares de los cuales 148.881 millones era en divisas y el equivalente a 73.822 millones de dólares era en pesos, el 60% era intra sector público, 9% con organismos internacionales (sin el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% al sector privado. 

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, en divisas era 249.047 millones (más de 100.000 millones por arriba de 2015)  y en pesos el equivalente a 71.583 millones.  El 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Nunca dieron a conocer oficialmente el listado de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[2]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de septiembre de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[3];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

EN SINTESIS

No se debe convalidar bajo ningún concepto la fuga de capitales que debe pagar el pueblo argentino con la tutela del FMI, que impone ajustes fiscales y con ello menor obra pública y menores pagos de jubilaciones y pensiones que son las dos principales variables del presupuesto nacional.

Hay un claro incumplimiento del FMI y debe ser corresponsable de la fuga, por ende, debe exigirse que el FMI brinde todo su apoyo con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país. De no hacerse así, en un plazo prudencial, por incumplimiento de una de sus partes (el FMI), la Argentina queda librada de esa obligación (amortizar la deuda) hasta que esa investigación finalice

Paralelamente el gobierno debe llamar a los principales compradores de dólares durante el gobierno de Cambiemos y decirles que no tuvieron ganancias para comprar la cantidad de dólares que adquirieron, castigarlos duramente por la evasión fiscal y con ello amortizar parte de la deuda con el FMI.

Solo así, liberada de esa deuda, la Argentina podrá impulsar la producción y el empleo.

 

[1] Entrevista al Dr. Sergio Chodos de El diario AR del 16/02/2021

[2] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[3] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.