por Natalia Marchegiani

El COVID-19 nos expuso a una emergencia sanitaria y económica global inusitada, que impacta en todas las sociedades. Esto nos obliga a buscar diferentes métodos para minimizar ese impacto, sobre todo en aquellos sectores que ya venían fuertemente dañados por la crisis de los últimos años. El impuesto a las riquezas es uno de esos métodos, y es sobre el que vamos a ocuparnos en este artículo. Método que no solo es evaluado en la Argentina, sino que se encuentra en discusión en el mundo.

Es conocido por todos que para afrontar gastos extraordinarios se requiere de recursos extraordinarios. Esta premisa podría no ser aplicable cuando existen ahorros previos previstos y destinados a esos fines para hacer frente a la emergencia, pero dadas las dificultades económicas que venía atravesando la Argentina, no es el caso. Tampoco es propio de la administración gubernamental paralizar recursos en exceso, ya que hacerlo sería lesionar aún más a la economía, y no queremos eso, de ninguna manera.

Aquí hay que hacer un alto para recordar que un país no se administra igual que una empresa ni que una familia. Y que ciertas analogías que voy a hacer no son equivalencias matemáticas sino afinidades entre conceptos y lógicas para acercar al lector hacia un mundo que le suene más comprensible, más tangible y cercano.

Retomando, para sortear el momento, sólo podemos validar que, para afrontar gastos extraordinarios se requiere de recursos / ingresos extraordinarios.

Es importante mencionar que nosotros no apoyamos la idea de que el Estado no intervenga en esta situación, cuando la mayor parte de la población se encuentra imposibilitada de obtener recursos individualmente. Entonces, el sentido común indica que no se le puede pedir al Estado que realice gastos extraordinarios sin darle la opción de obtener los recursos que ello requiera, y sabemos que cerca del 90% de los ingresos del Estado proviene de los tributos. Entonces, estamos frente a un desafío.

Hasta acá, parecería haber cierto consenso social, en estos meses de Pandemia, sobre que el Estado debería tener un rol más activo que el habitual en esta situación, pero, a su vez, debemos recordar que el propio Estado tiene recursos limitados y gravemente comprometidos por la deuda contraída en los últimos años, para poder afrontar los efectos de la pandemia. De manera que, además de todas las actividades que le son propias, una nueva serie de intervenciones y “auxilios” urgentes de toda índole le son requeridos inexcusablemente.

En el escenario actual, la idea de que el interés propio de cada individuo conduce al bienestar general, sostenida por individuos y varios sectores de la economía concentrada y sus comunicadores, se vio cuanto menos sacudida. En contraposición, exigieron que el Estado en garantía del “bien general” que debe promover, regule los intereses propios de cada individuo, en todos los planos. Vemos que, en definitiva, la mano invisible no es tal y, tal vez, pronto, la podremos llamar sin pruritos por su verdadero nombre: la mano del Estado.

Tratando de establecer un punteo de las ideas hasta aquí vertidas, podríamos decir que:

  • DEBEMOS SUPERAR LA CRISIS;
  • SABEMOS QUE ESO IMPLICA GASTOS EXTRAORDINARIOS;
  • EN CONSECUENCIA, PARA AFRONTARLOS NECESITAMOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS;
  • SABEMOS QUE ES EL ESTADO EL ÚNICO ACTOR QUE PUEDE Y DEBE ENFRENTAR Y TORCER ESTA SITUACIÓN EXTREMA DE SALUD PÚBLICA.

Surgen en consecuencia las más básicas de las preguntas: ¿Cuál es el recurso considerado más justo, eficiente, inmediato y real que puede obtener el Estado? ¿Cómo se lo obtiene? ¿Gravando a quién?

Evaluamos y pensamos que, para esta situación de urgencia, algunos métodos de obtención de recursos son más justos, pero menos inmediatos. Otros más inmediatos, pero menos eficientes, otros justos y eficientes pero utópicos.

Es por ello que aquel consenso empieza a complejizarse, dado que todos ponderamos y apreciamos de distinta forma esos atributos. Sin embargo, coincidimos en que el mejor equilibrio que se encuentra al calificar cada atributo, y la respuesta a todas las preguntas es un impuesto que recaiga sobre los que más tienen.

Hacemos un nuevo alto para explicar que optamos por utilizar el término Impuesto, y dejemos de lado por un rato el concepto de “aporte solidario”, porque la opción de que sea “voluntario”, para muchos puede no responder al principio de realidad/materialidad que exige el tema y porque entendemos que a pesar de que el aporte obligatorio podría afectar el interés propio de cada individuo alcanzado, estamos convencidos que este interés propio debe ser jerarquizado por debajo del bienestar general.

Nótese que no excluimos el interés propio en nuestra estructura de pensamiento ni acción, pero le damos una jerarquía inferior. Y lo hacemos convencidos; no solo porque es lo justo, sino también porque el bienestar general impactará positivamente sobre el interés propio. Lo abarca, lo contiene.

También se observa que la opción de implantar un impuesto extraordinario o permanente a las grandes fortunas no es una idea original, propia ni exclusiva de Argentina.

En todos los países del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo, ideología dominante o peso relativo en el contexto de la globalización, sus sociedades se hacen la misma pregunta y parecen llegar a una respuesta similar: son los tenedores de grandes fortunas los que deben contribuir más en esta situación.

Al respecto, y para aportar al debate, el mundo está discutiendo seriamente sobre la implementación de este tipo de impuestos. Se puede leer el trabajo de Centro CEPA donde va recopilando la información de diferentes países del mundo, lo cual se expresa en la siguiente infografía del propio Centro de Estudios Económicos.  

Fuente: impuesto a los grandes patrimonios infografías

 

Por su parte, el argumento en contrario suele traer a colación el concepto de presión tributaria o presión fiscal, normalmente adjetivada como “excesiva”, “asfixiante”, “insoportable” entre otras pretendidas descalificaciones cuyos fundamentos vamos a repensar.

Entonces, no podemos desatender el tema y para adentrarnos en él, vamos a introducir conceptos de otras disciplinas, en este caso la física, que nos permite comprender mejor el concepto y las diferentes posturas ideológicas que circulan alrededor de él.

En economía solemos centrarnos en el concepto de presión. Sin embargo, en éste caso considero oportuno cambiar el ángulo de análisis y centrarnos en el concepto de resistencia, que es su contracara.

Recordemos. La Física dice que la Resistencia es una fuerza que se opone a la acción de otra fuerza contraria y que, de alguna manera, mide la posibilidad (capacidad) que tiene la primera fuerza (que llamamos “presión”) para modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o, de deformarlo. Entonces, sin lugar a duda, y ya volviendo al mundo de la Política, “Presión” y la “Resistencia” son dos fuerzas que por ser opuestas nos obligan a tomar partido por alguna de ellas, aunque debamos ocuparnos de ambas, en distinta medida, siendo la Resistencia la que más nos preocupa en éste momento.

Analizar sólo qué porcentaje de presión tributaria se debe ejercer, es un análisis erróneo, o cuanto menos incompleto.

Para evaluar la medida y saber si la presión puede dañar la estructura sobre la que se va a ejercer, debemos conocer su capacidad de resistencia. Sabemos que no todas las estructuras cuentan con la misma resistencia, y también sabemos que en el caso que nos ocupa, los destinatarios de las mismas (cerca de 11.000 contribuyentes con patrimonios superiores a pesos ($) 200 millones) cuentan con estructuras que no se verían alteradas sustancialmente por la presión que se pretende ejercer. Por el contrario, en el resto de las estructuras económicas del país (léase PYMES, Monotributistas y Autónomos) que se encuentran por demás debilitadas, cualquier presión impositiva adicional que se pensara las quebraría por completo.

Entonces, analizado todo esto, en términos generales nos queda manifestarnos a favor de la propuesta de gravar a las fortunas personales, independientemente del piso o la alícuota que se determine en el parlamento nacional.

Acá nuestros motivos,

  1. Es necesario, no hay recursos excedentes en el Estado para afrontar la emergencia económica y sanitaria que se atraviesa por el COVID 19. De acuerdo con el informe del Centro de Economía Política (CEPA) las medidas adoptadas para paliar esta situación incrementan el gasto por un monto que representan el 3% del PBI;
  2. La crisis económica previa al COVID 19 ya era compleja y se vio agravada por la pandemia, por lo que no teníamos un superávit fiscal que nos encontrase solidos económicamente para hacerle frente a esta situación;
  3. El impacto económico que le produciría este impuesto a las grandes empresas o contribuyentes en sus economías particulares, no los expondría a una situación crítica ni económica ni financiera. Los porcentajes que se barajan (aunque aún no definidos), si bien les exige disminuir sus patrimonios, no lo hace de una manera sustancial, es decir tienen una alta Resistencia;
  4. El costo de oportunidad. Estamos convencidos de que las empresas inicialmente afectadas por el impuesto dejarían de ganar un monto muy superior al que erogarían en esto momento, en el contexto de una economía en recesión aumentada por la pandemia, siendo que, abonando el impuesto, colaborarían en reactivar la economía.

Por último, dejando claro que entendemos que el método más equilibrado frente a esta situación es el impuesto a las riquezas, nos permitimos, además, introducir algunas ideas que permiten ampliar el marco conceptual sobre el que trabajamos y opinamos.

Creemos que es preciso pensar también en un método de obtención de recursos mixto.

Por un lado, exigir a los sectores mencionados el pago del impuesto especial a las riquezas, pero  por el otro, habilitar desde el Estado Nacional, la utilización de un instrumento confiable que permita el aporte solidario del resto de la sociedad, generando un círculo virtuoso, una red de voluntades organizadas inteligentemente en función de un objetivo social que permita poner nuevamente a la Argentina en marcha.

Proponernos como sociedad que nadie quede excluido, ni siquiera en este sentido. No son solo los ricos los que pueden participar de esta voluntad de poner a la Argentina de pie. El resto de la sociedad tal vez individualmente no puede mover la aguja de una manera visible, pero en conjunto podemos hacer la diferencia, una vez más, como ya es costumbre.

¿Por qué quedarnos solo reducidos a estadísticas? y no confiar en la revolución económica-productiva que puede hacer la sociedad en su conjunto. Tenemos que darle la posibilidad a todos de que participen activamente de un programa de recuperación económica, pero para eso, la dirección estratégica del Estado es clave. Fundamental.

El Estado tiene que poder encauzar todas esas voluntades hacia un camino claro, transparente, inteligentemente delimitado. Es viable y no utópico creer que se puede aprovechar esas voluntades para poner a la Argentina de pie. Aunque sabemos que no es tan inmediato como el impuesto a las riquezas y, siendo opciones no excluyentes, podemos combinarlas perfectamente.

Apoyamos el impuesto a las riquezas, y proponemos ampliarlo. Imponer a un grupo y fomentar el aporte libre de cualquier otro actor social. Encauzarlo. Darle un destino concreto, claro y transparente.

Nuestra propuesta:

  1. Crear un programa que se base principalmente en la obtención de recursos a través de dos vías – Aportes obligatorios y Aportes Voluntarios para destinar a las Pymes/Autónomos y Monotributistas. El aporte obligatorio lo realizarán las Grandes Empresas y/o Grandes Contribuyentes. El aporte voluntario lo harán las Grandes Empresas y/o Grandes Contribuyentes si desean ampliar su compromiso con la Sociedad y se le sumaran los aportes de cualquier otro sujeto (persona o empresa) que decida colaborar en el programa.
  2. El aporte lo harán por medio de dos vías (a opción del aportante): vía impuesto o vía préstamo a las Pymes/Autónomos y Monotributistas. El impuesto será conforme el porcentaje aprobado por el Congreso. El porcentaje podrá ser ampliado voluntariamente.
  3. Las Grandes Empresas/Contribuyentes podrán eximirse de ese impuesto si optan por destinar un importe superior (a modo de ejemplo se estableció 3 veces el monto del impuesto) a préstamos directos a las Pymes/Autónomos/Monotributistas.
  4. Las pymes podrán solicitar el préstamo a través de la página de AFIP. La solicitud emitirá un número que podrá ser exhibido por dichos sujetos en sus comercios u otras vías para que sus clientes/vecinos/ u otros puedan aportar.
  5. Si obtienen el préstamo por parte de un aportante al programa, los fondos serán transferidos a una cuenta de AFIP, y esos fondos podrán ser destinados exclusivamente al pago de impuestos, pago de sueldos o transferencia a un proveedor para compra de mercadería o servicios. La devolución de los prestamos se efectivizará vía AFIP, con un periodo de gracia y junto a la liquidación impositiva de IVA o pago de monotributo.
  6. Los aportantes van a poder decidir a quienes prestar, con algunas restricciones. Las Grandes Empresas/Contribuyentes por ejemplo no podrán prestarle a vinculados y otros que puedan facilitar la simulación para evadir el Impuesto. Se habilitará que las empresas opten, por ejemplo, en base al rubro de la Pyme. Esto permite entre otras cosas que una Gran Empresa Alimenticia, pueda seleccionar a una Pyme de producción de packaging, reforzando la idea en todos de que los grandes también necesitan que los más chicos funcionen para sostener su negocio. Asimismo, la posibilidad de opción motiva a los participantes voluntarios, ya que pueden ayudar a alguna empresa de su barrio o de su interés personal. Seguro hay muchas personas que quisieran aportar en esta crisis, pero no encuentran por donde hacerlo con la seguridad de que sus aportes serán correctamente utilizados. Que el Estado brinde un canal de confianza del destino de esos esfuerzos, genera una sinergia positiva, y la obtención de recursos será mucho mayor a la que solo se conseguiría por medio de un impuesto obligatorio.
  7. El Estado Publicitará todos aquellos sujetos que aportaron al programa (excepto decisión en contrario). El aportante será Categorizado según su rango de aporte. Se emitirá un certificando que contendrá esa categoría. Se puede evaluar la generación de un Logo para que las empresas inserten en sus packagings y/o publicidades en base al aporte hecho a la Argentina. El Estado podrá en sus pautas publicitarias, una sección donde detalle y agradezca a las Empresas aportantes.

Concluimos entonces que es indispensable en el contexto que está atravesando el mundo, y la Argentina, aprobar en el Congreso un impuesto extraordinario a las riquezas, que incluya tanto a las Empresas como a las personas físicas.

Pero, por el otro lado, estamos también frente a una oportunidad única de aunar las voluntades de todos los ciudadanos en pos de una Argentina distinta, que se solidarice con el otro, que entienda la necesidad de tirar todos hacia el del mismo lado, que vivencie la fuerza del cambio a través de los esfuerzos.

La oportunidad de exponer a un Estado tan necesario como transparente. Un Estado que se ocupe de administrar inteligentemente los esfuerzos de todos para encauzarlos hacia objetivos concretos. La oportunidad de que las Grandes Empresas y los Grandes tenedores de fortunas también se unan y sean actores indispensables de la Argentina que queremos.

Aprovechémosla.