Por Francisco Tete Romero

En este tiempo histórico marcado a fuego por la pandemia del COVID 19, acontecimiento histórico de escala planetaria al que Ignacio Ramonet[1] califica como “hecho histórico total”, porque afecta nuestras vidas individuales y colectivas, las máscaras que sostienen el gran decorado del neoliberalismo  han caído grosera y trágicamente. Quedan expuestas de este modo las profundas desigualdades de la “aldea global. Porque los mercados no curan ni educan a nuestras grandes mayorías. Por eso, precisamente, ahora que vuelve a revalorizarse el rol del Estado y de lo público, resulta indispensable situar a la idea de la soberanía educativa como condición de posibilidad para la descolonización cultural.

  1. La hora de la desmercantilización.

La Ley de Educación Superior en vigencia data de 1995, durante el menemismo, e introduce los principios que dieron lugar a su mercantilización. Es muy destacable la sanción de la Ley Nº 27.204/2015 (“Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilización del Estado en el Nivel de Educación Superior”), por iniciativa de la legisladora nacional Adriana Puiggrós, porque introduce modificaciones importantes a la ley del ’95, en especial, en lo que concierne a su gratuidad, concibiendo a los estudios superiores como un derecho social. Sin embargo, en marzo de 2016 el juez Pablo Cayssials la considero inconstitucional[2] –una ley votada por todas las fuerzas políticas en el Senado-, porque la consideró un avance sobre la autonomía universitaria. Hizo lugar así a un amparo solicitado por las autoridades de la Universidad de La Matanza (UnLam) contra la reforma de la Ley de Educación Superior aprobada el año pasado por el Congreso. El gobierno de Macri no apeló tal fallo y por lo tanto quedó firme.

  1. La hora de la soberanía educativa:

Hace 16 años escribí en Culturicidio[3] que necesitábamos un gran debate para contar con una Ley de Educación Superior para una Argentina Soberana. Por eso escribí hace un año, en Culturicidio II[4], que su ausencia –y la de la iniciativa política para plantear su discusión- es una de las grandes asignaturas pendientes del período 2003-2015. Porque necesitábamos y necesitamos transformar las condiciones simbólicas –tanto como las materiales- que pesan sobre nuestra educación pública como anteojeras conceptuales para comprender quiénes son sus nuevos sujetos, y que clase de conocimientos necesitan aprender y cuáles son los procesos de enseñanza aprendizaje social, cultural, científica, tecnológica y éticamente valiosos.

Por consiguiente, el debate por una nueva Ley de Educación Superior, y su sanción surgida de un gran acuerdo nacional, es condición de posibilidad tanto material como simbólica para la planificación y puesta en marcha de un proceso de transformación de la formación y la carrera docentes. Eso en lo que atañe a la educación. Pero también debe discutir y definir los aportes de nuestras universidades para el desarrollo estratégico de la investigación científica y tecnológica –tanto de ciencia básica como aplicada- cuyo norte debe apuntar hacia el horizonte de una emancipación que conquiste grados crecientes de autonomía en pos de la Soberanía Nacional. Dicho de otro modo, que se proponga un aporte significativo para la justa redistribución de la riqueza material y simbólica del país, porque se piensa como la institución capaz de producir los conocimientos imprescindibles para el desarrollo integral de la Argentina, social, económico, cultural y educativo –capaz de interrogar y transformar nuestra matriz productiva y científica-tecnológica-, concebido desde la perspectiva ambiental entendida como dimensión transversal. Porque también precisamos reemplazar el modelo neodesarrollista de base extractivista que no pudo ser superado por la mayoría de los gobiernos populistas sudamericanos de este siglo.

Necesitamos, por lo tanto, una ley de Educación Superior que se proponga producir una ruptura epistemológica con las matrices y paradigmas de amianto del neopositivismo y del economicismo que nos quieren “neutrales” y “objetivos”, como profesores/as e investigadores/as islas de una universidad isla -es decir, aislados-enclaustrados en nuestros gabinetes y aulas, naturalizadorxs del orden de desigualdad social-, como mascarones cientificistas de proa del neoliberalismo que mercantilizó, durante la larga década del ’90, casi todos los rincones de la vida universitaria. Y que hoy todavía goza de buena salud, más allá de las muy valiosas experiencias del período 2003-2015, sobre todo en las nuevas universidades, y de lo que se viene aportando desde la salud pública e investigación científica en medio de la actual pandemia.

Resignificar el concepto de autonomía universitaria es vital, entonces, para repensar los roles de nuestras Universidades Públicas Nacionales en relación con los desarrollos de las comunidades en las cuales están insertas y con las necesidades del pueblo argentino que las hace posibles. Porque de lo contrario seguirá funcionando una paradoja que en nombre de la reforma universitaria hiere de muerte su legado: la autonomía solo pensada en relación al Estado Nacional que la sustenta, mientras las corporaciones del mercado la atraviesan de lado a lado en beneficio de los intereses y privilegios que defiende. Por eso necesitamos una ley de educación superior que establezca a la autonomía universitaria también, y, sobre todo, respecto de los intereses de los grandes monopolios y corporaciones que son los poderes fácticos que penetran los planes de estudio de las carreras y líneas de investigación como formadores de lo que conciben como sus propios recursos humanos.

Repensar el concepto de extensión universitaria.

Para que este principio reformista se resignifique desde las dimensiones sociales y éticas del conocimiento como instrumento para comprender y transformar la realidad, no para las otras y otros, sino junto con los sujetos que la viven como injusta. Rescato, en tal sentido, lo que escribe y propone Eduardo Rinesi[5], así como la transformación de ese paradigma extensionista, llevada a cabo durante su gestión como rector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Rinesi destaca algunos cambios producidos en las universidades más nuevas, con el propósito de resignificar el concepto de extensión universitaria durante el período 2003-2015. La creación de un nuevo consejero superior como representante por la comunidad: “un representante de las organizaciones sociales del territorio de la Universidad que lleva la voz de la comunidad (ya que rara vez el voto, que le suele estar vedado) al Consejo Superior de la Institución. Y, en especial, la conformación del “Consejo Social asesor o consultivo.

A partir de estos dos ejemplos, Rinesi sostiene que con tales herramientas “las universidades podrían y ya pueden enriquecer las perspectivas a partir de las cuales piensan su lugar y sus responsabilidades en relación con ese sujeto colectivo de derechos al que aquí venimos llamando “pueblo”. Porque ahora, desde tales experiencias, ya no se piensa a ese pueblo fuera de las universidades, “sino formando parte… de la propia “comunidad universitaria”.

Acuerdo con él. Ese es el camino para superar el viejo paradigma extensionista de trabajar para y no junto con los sujetos colectivos que conforman la comunidad de la cual la universidad es parte.

[1]     Ramonet, Ignacio. Coronavirus, la pandemia y el sistema mundo. En: https://www.pagina12.com.ar/262989-coronavirus-la-pandemia-y-el-sistema-mundo

[2]     Lorca, Javier. El gobierno no apeló y quedó firme un amparo contra la reforma de la Ley de Educación Superior. Un fallo a favor del ingreso restringido. 11 de marzo de 2016. Página 12. En:

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299074-2016-05-11.html

[3]     Romero, Francisco (2019). Culturicidio. Historia de la Educación Argentina (1966-2004). Buenos Aires: RGC libros. La 1 edición es de 2004.

[4]     Romero, Francisco (2019). Culturicidio II. Cultura, educación y poder en la Argentina (2004-2019).  Buenos Aires: RGC libros.

[5]     Rinesi, Eduardo (2013). Filosofía (y) política de la Universidad. Provincia de Bs. As.: Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento.