por Gabriel Bermejo

En los últimos días ha trascendido la proliferación de los Pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis, donde al pedido de Carrefour y Fate , entre otros , se adiciona y destaca lo peticionado en tal sentido, por  Coca-Cola Femsa  Argentina, la empresa embotelladora a nivel local, que presentó ante la Secretaría de Trabajo un Plan Preventivo de Crisis frentea “una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo”.

A esta altura del debate, resulta conveniente una breve reseña de la génesis de ese instituto jurídico, el que nos lleva al año de su sanción, 1991 mediante la ley 24013.- denominada Ley nacional de empleo.

Es decir que el origen de esa normativa se encuentra en la previsión de los gestores de la convertibilidad acerca de las desastrosas consecuencias que dicha política económica  haría recaer sobre las espaldas de la sociedad toda y fundamentalmente de los trabajadores argentinos, con el consecuente cierre de empresas, importaciones a granel, y las reformas del Estado, intrínsecamente vinculadas al proceso de privatizaciones  llevado a cabo en la Argentina.

Valga agregar que cualquier similitud con la situación actual, no es azarosa; el neoliberalismo suele repetirse en sus argumentos sofísticos y sino observemos los enunciados de la ley 24013…ARTICULO 2°— Son objetivos de esta ley: a) Promover la creación del empleo productivo a través de las distintas acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de programas y medidas específicas de fomento del empleo; b) Prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos esenciales de dichos procesos; c) Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas o rurales de baja productividad e ingresos, a otras actividades de mayor productividad; d) Fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral; e) Incorporar la formación profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo; f) Promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la producción y la productividad; g) Atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra, de modo de contribuir a una mayor adecuación entre la disponibilidad de mano de obra y la generación de puestos de trabajo; h) Organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores desocupados; i) Establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen del salario mínimo, vital y móvil; j) Promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las prácticas evasoras; k) Implementar mecanismos de participación tripartita y federal en el nivel de toma de decisiones, y de federalización y descentralización municipal en el nivel de ejecución y gestión. ARTICULO 3 — La política de empleo comprende las acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados, de formación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder Ejecutivo a través de la acción coordinada de sus distintos organismos.

En cuanto al procedimiento propiamente dicho a transitar por las empresas ante el hoy desparecido Ministerio de Trabajo (convertido en Secretaría )  encontramos….ARTICULO 98.— Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo. ARTICULO 99.— El procedimiento de crisis se tramitará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a instancia del empleador o de la asociación sindical de los trabajadores. En su presentación, el peticionante  fundamentará su solicitud, ofreciendo todos los elementos probatorios que considere pertinentes. ARTICULO 100.— Dentro de las 48 horas de efectuada la presentación, el Ministerio dará traslado a la otra parte, y citará al empleador y a la asociación sindical a una primera audiencia, dentro de los cinco días. ARTICULO 101. — En caso de no existir acuerdo en la audiencia prevista en el artículo anterior, se abrirá un período de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una duración máxima de 10 días. ARTICULO 102. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de parte, podrá: a) Recabar informes aclaratorios o ampliatorios acerca de los fundamentos de la petición; b) Realizar investigaciones, pedir dictámenes y asesoramiento, y cualquier otra medida para mejor proveer. ARTICULO 103. — Si las partes, dentro de los plazos previstos en este capítulo, arribaren a un acuerdo, lo elevarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien dentro del plazo de 10 días podrá: a) Homologar el acuerdo con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo; b) Rechazar el acuerdo mediante resolución fundada. Vencido el plazo sin pronunciamiento administrativo, el acuerdo se tendrá por homologado. ARTICULO 104. — A partir de la notificación, y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical. La violación de esta norma por parte del empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los salarios caídos. Si los trabajadores ejercieren la huelga u otras medidas de acción sindical, se aplicará lo previsto en la ley 14.786. ARTICULO 105. — Vencidos los plazos previstos en este capítulo sin acuerdo de partes se dará por concluido el procedimiento de crisis.

Ahora bien; una de las causales contempladas en la norma es la fuerza mayor, la que en doctrina jurídica suele conceptualizarse como aquello que aún previsto no pudo evitarse y una de las consecuencias de la aplicación de esta ley puede ser el despido de un porcentual determinado del personal ocupado en la empresa peticionante, lo que daría derecho a la patronal a abonar al despedido lo establecido en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, esto es, el 50 % de la indemnización que le correspondiere.

Pero es del caso que según lo que establece el art. 247 de la LCT quien argumente la causal de extinción del contrato por “falta o disminución de trabajo” no imputable al empleador, o “fuerza mayor”, es quien tendrá la carga de la prueba de dicha situación, pudiendo el trabajador impugnar la causal expresada en caso de no reconocer ésta como una situación real.

Finalmente , el pedido de Coca Cola Femsa no prosperó en términos relativos, ya que hay una treintena de trabajadores que sí serán despedidos abonándoseles el 100 % de la indemnización que le corresponde, pero que no haya sido aceptado en este caso concreto el proceso preventivo de crisis, en sí mismo, para el colectivo sindical y organizativo del trabajo no deja de ser en rigor de verdad una victoria a lo Pirro, pues todos sabemos que quedarse sin trabajo hoy en la Argentina implica una suerte de trágico destino para millones de familias.

Debe inferirse que para el Ministerio de Producción el argumento de Coca Cola de desaceleración del consumo no ha resultado suficiente para hacer prosperar el procedimiento preventivo de crisis, y puede decirse que dicho argumento debería ser el central de toda empresa que presente una solicitud en el mismo sentido, en la medida que esa es una realidad consecuente con la política económica desarrollada por el Poder Ejecutivo; por tanto no debería hacerse lugar en ningún caso.

Pero entonces, ¿porque las empresas en situación crítica no recurren al concurso preventivo solicitando a sus acreedores plazos de gracia para ir cumpliendo sus obligaciones y entre tanto mantener las fuentes de trabajo ?

Siendo que tanto a nivel legislativo como sindical donde la propia CGT acaba de ratificar que no aceptará ninguna ley de flexibilización laboral, ¿estamos entonces en presencia de una estrategia empresarial flexibilizadora de hecho , para así eludir su propio riesgo empresarial  y trasladarlo a los trabajadores ?

Entre tanto el gobierno, mostrando una vez más sin tapujos su concepción de país a construir, que en realidad es a destruir, lanza con bombos y platillos su proyecto de leyes para la transformación productiva, promocionada  oficialmente mediante una indignante publicidad racista, que lo único que persigue es profundizar tanto un sistema impositivo regresivo como la baja de salarios; en un marco de desprotección de los sectores vulnerados de la sociedad .