Por Fernando S. Basso

RAE: “REVISAR”

  1. tr.  Ver con atención y cuidado.
  2. tr. Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. 

Abordar las distintas dimensiones sociopolíticas en el período posterior al tsunami cambiemita, nos obliga a entender que además de seguir repicando por muchos años con la precisa ilustración de “tierra arrasada” de nuestro Ministro de Cultura al terreno de trabajo, al Gobierno de Alberto Fernández debemos considerarlo, sin duda alguna, como un nuevo intento democrático de reconstrucción y liberación nacional y debe intervenirse, decididamente, en la mayoría de los estratos de la realidad social argentina con el mayor nivel de profundidad posible.

Por defecto, nuestras miradas se posan inmediata y casi exclusivamente en las consecuencias perniciosas de los compromisos externos asumidos por la Alianza Cambiemos, su desparpajo en el manejo anticonstitucional de la justicia institucional y/o por sus múltiples claudicaciones respecto de nuestra soberanía. Pero debemos ajustar la mira y ver con atención y especial cuidado lo que temerariamente me animo a denominar como la “inoculación patogénica” que significó la intervención política del club de los CEO´s en el seno del entramado institucional estatal, usando pero sin banalizar ese concepto médico y mucho menos en este momento de emergencia sanitaria global.

A su manera, la Alianza Cambiemos “infectó” a las administraciones políticas (nacional, provincial y/o local) no solamente por la vía de la harto conocida preponderancia ideológica y de la fantasmal eficiencia de los mercados (eufemismo con el que encubren sus propios intereses de clase) sino también con la inacción y sub ejecución presupuestarias en las áreas dónde sus empresas parásitas ad hoc, aún no enraizaron; o la absoluta falta de idoneidad e inexistencia de cualquier tipo de ética de parte de los gerentes y políticos de baja estofa puestos a gestionar lo público.

Concordantemente con todo aquello, su praxis política tuvo como una de sus premisas inconfesables, aunque no inimaginables, instaurar un sistema corrosivo autónomo en la administración pública de todo nivel, por una vía no tradicional pero potencialmente efectiva para sus verdaderos fines: la alteración normativa.

Dicha alteración consistió en implantar en todo el cuerpo legal a su merced, (y muy especialmente en lo que significara impuestos de cualquier clase, promoción, protección y regulación del trabajo y/o desarrollo productivo nacional), una “nueva letra” cuya característica esencial es la de ser imprecisa, laxa y, en algunos casos, contradictoria con el espíritu que le diera origen a toda regulación que resultara inconveniente o molesta para sus insaciables deseos particulares.

Si bien es cierto que por lo general las distintas administraciones políticas que se suceden unas a otras democráticamente, le imprimen a la norma vigente anterior su propia impronta ideológica y concepción económica asociada, la incursión estatal de la Alianza Cambiemos comporta un récord mundial histórico de ignominia, que dejará su marca por mucho tiempo. Será así no solamente por haber erigido como su máximo representante a un empresario especializado en esquilmar al Estado argentino, sino porque con ello fue posible que su propia esencia de estafador al fisco se impusiera en el interior de la administración pública de la mano de la legalidad de toda la normativa nacida o reformada que lleva su firma, directa o indirectamente, aunque prometiera y jurara en campaña electoral, que nada de ello ocurriría en su gobierno.

Paciencia. Ya sabemos que mentir abierta y descaradamente para obtener la representación política en Argentina por ahora no tiene remedio por fuera del límite moral y/o ético de quién se proponga.

Si lo que sostengo es cierto, la disgregación de nuestros “Estados” no se detendrá solamente por la justa acción reparadora de auditar y/o judicializar cuando y cuanto corresponda (y aunque es perfectamente inútil esperar justicia de parte de un sistema dispuesto para todo lo contrario), a la totalidad de las amañadas licitaciones sobrevaloradas en la obra pública concedidas a sí mismo, a socios y/o testaferros; al perdón auto decretado a la fuga ilegal de dinero sucio; el intento de condonación de una añosa millonaria deuda con el Estado o las exorbitantes y demenciales subas de tarifas de servicios públicos de propiedad pública concedidos, pareciera a propósito, para su legal expoliación, entre otras tantas tropelías infames.

Conjunta y necesariamente se impone revisar la forma perversa y sutil con que descompusieron el entramado institucional para corroer y resquebrajar la estructura y potencia redistributiva e interventora del Estado: los inescrupulosos cambios normativos que impuso la Alianza Cambiemos.

Para muestra basta un botón.

Quién estudie el derrotero de la Resolución M.E. N° 256/2000, especialmente poniendo el foco en las modificaciones del período 2016/2019, verá como un beneficio arancelario pensado para asegurar un adecuado nivel de empleo y el mejoramiento de la productividad industrial se transformó en un esquema propicio para la elusión arancelaria, cuando no, en un pretensioso salvoconducto para el contrabando, todo bajo el paraguas de los objetivos aduaneros definidos en el Acuerdo para la Facilitación del Comercio.

Ese canal, pensado para incentivar los Grandes Proyectos de Inversión que se propusieran aumentar la exportación de bienes industriales, estaba puntillosamente instrumentado por normas reglamentarias que determinaban qué debía entenderse por una “línea de producción”, solicitaba la presentación de una evaluación técnica de parte del INTI o de alguna Universidad nacional, exigía su clasificación arancelaria (NCM) indubitable de los bienes por parte de la DGA e incluía un compromiso de exportación de una parte del producido con dichas líneas, entre otras precauciones y compromisos temporales.

Pero luego del manoseo de la tropa cambiemita, invocar alguna importación de bienes utilizando la “256” como se la conoce en el mundo del comercio exterior argentino y a pesar de los grandes esfuerzos que se están realizando día a día por parte de la actual administración nacional, hasta que no se derogue o cambie su letra “amigable” lo cual incluye librar de la penalidad gravosa y extrema que correspondería aplicar cuando no se cumplen los compromisos asumidos para acceder a un régimen que exime del pago de aranceles, su pervivencia es una tentación, cuando no, una “vía obligada” para los sempiternos elusores, ya que no solamente sigue siendo posible importar cualquier cosa que se pueda “adosar” a una línea de producción ya existente, sino que llegamos al paroxismo por influjo de su infame Artículo 3 bis (el cual merece, creo, una inmediata investigación al amparo de la ley de ética pública, al menos) de la posibilidad de importar un “almacén inteligente”, el cual, como todos sabemos, es un perfecto sucedáneo de una línea de producción de bienes tangibles completa y autónoma (permítaseme ésta triste ironía).

Aunque esta pandemia atroz nos azote, nuestro Estado no se detiene ni deja de pensar en todas las dimensiones de sus incumbencias.

Aunque la salud publica ocupe naturalmente el centro de la escena de la vida en comunidad o se lleve casi todas nuestras miradas preocupadas, y aunque nos conmueva profundamente con su “ciencia resiliente” con logros como el “NEOKIT-COVID-19” cuya matriz científica de origen estatal público lo hizo posible, la atención sobre todos los recursos provenientes de la recaudación deviene, literalmente, en una cuestión vital.

Sabemos y celebramos que las actuales autoridades de la administración nacional, además de seguir estudiando en profundidad el cenagoso terreno estatal recibido, estén aplicando una nueva fórmula política que busca la reconstrucción del aparato productivo nacional arrasado. Pero también, me animo a decir con todo respeto que deberían aplicar de inmediato, como una suerte de “torniquete de urgencia”, un cuerpo de normas que de alguna manera retrotraigan la legislación a la letra que imperaba en tiempos del anterior gobierno nacional y popular, en áreas tan sensibles como lo es la recaudación fiscal aplicable al comercio exterior.

Y, finalmente, es una cuestión liminar e ineludible ponerse a revisar con detenimiento extremo la totalidad de la normativa cambiemita y transformar esa acción en un nuevo imperativo categórico para todas y todos las argentinas y los argentinos que creemos que la patria es el otro y que, para el caso, todas y todos entendamos que facilitar el comercio no es sinónimo de “estupidizarlo” (el que nomina, domina).

“Volver para ser mejores” es la consigna que enarboló el Frente de Todos. Esa es nuestra esperanza y, a ojos vista, está claro que ya estamos transitando por ese camino.

El autor es Politólogo y Despachante de Aduana