por Alejandro Mosquera

La represión de Gendarmería el 1 de agosto a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut dejó el saldo terrible de Santiago desaparecido, junto con heridos, golpeados, detenidos por el accionar de la fuerza que depende de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El hermano de Santiago, Germán Maldonado denunció ayer en la movilización en reclamo por su desaparición que en la represión hubo balas de goma y de plomo, y que fue la gendarmería la que se llevó a su hermano luego de golpearlo.

Mientras la ministra Bullrich y sus funcionarios salían a defender y cubrir a la responsabilidad de Gendarmería, transformada en la principal fuerza represora del gobierno nacional.  “El juez dice que no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería quien lo tomó a Maldonado. Nosotros tampoco tenemos indicio de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas”

Y hoy avanzó tratando de focalizar en la victimas la responsabilidad de la violencia: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.

Trata de esconder la ministra que el reclamo de la tierra viene de muy lejos, que los mapuches son preexistentes, que así lo reconoce nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Eso si el gobierno de Macri y Bullrich se preocupa de garantizar la “propiedad” del Grupo Benetton, dueño de 900.000 hectáreas en las que crían mas de 100.000 ovejas que producen el 10% de la lana de la firma empresaria. El papel del jefe de gabinete del ministerio de Seguridad Pablo Noceti, defensor de represores y genocidas, se entiende en ese marco de a quien sirve la escalada represiva del Gendarmeria contra los  mapuches que luchan contra los que usurpan sus tierras. Tampoco conviene en esta lógica olvidar  al amigo del presidente el terrateniente Joe Lewis, protegido en su apropiacion ilegal del Lago Escondido, desconociendo fallos judiciales y protegido por Macri.  Es la lógica del gobierno de los ricos, en los conflictos reales de nuestra sociedad capitalista no desbalancean a favor de las víctimas y los mas débiles, tampoco disimulan con el marketing de un Estado equidistante, por el contrario sin ponerse colorados sus hechos muestran con crudeza que el aparato estatal está al servicio de su clase, de las corporaciones, de los grandes propietarios, de los grandes empresarios, de los especuladores.

La investigación de la desaparición de Santiago Maldonado debe ser tratada como una averiguación en el marco de una desaparición forzada de personas. Gendarmería debe ser separada no solo de la investigación, y también de cualquier tarea en la zona y en especial con respecto a la comunidad mapuche.

Debe terminar el discurso creciente desde el Ejecutivo Nacional destinado a descubrir conspiraciones terroristas donde hay reclamo social, político, gremial y cultural. La regresión de utilizar las “nuevas amenazas” del narco terrorismo en el norte, o de grupos violentos en el sur, es solo explicable en un crecimiento del autoritarismo y la violencia estatal que intenta convencer a una parte de nuestro pueblo de la legitimidad, legalidad y necesidad de un estado policializado y de la persecución a luchadores, opositores y excluidos.

La desaparición forzada de Julio López no solo fue un ataque a las víctimas de Etchecolaz, sino un mensaje claro al proceso de memoria, verdad y justicia. La represión de Gendarmería, la desaparición de Santiago, son también un mensaje sobre los límites a lo que están decididos a llegar.