Por Alejandro Mosquera

La deuda externa es principalmente una manera de reducir o someter la soberanía de un país, la aceptación de las condicionalidades del FMI su manera de producirse en cada renegociación de esta. Su forma de actuar parece un dogma: exige determinadas políticas, los gobiernos cumplen produciendo dolores profundos en sus pueblos, en sus economías, en sus lazos sociales, en poco tiempo el Fondo les corre el arco al que parecían que llegaban. De vuelta a cumplir, y una nueva ronda de achicamiento de la soberanía económica, de la soberanía fiscal, en definitiva, de la soberanía nacional.

 

Esta ha sido y es la forma de actuar del Fondo en todo el mundo sobre los países menos poderosos. Y es la manera de actuar en el nuestro, la experiencia cercana lo evidencia.

Todos lo saben en el sistema político y económico, incluso aquellos que desde la oposición se pelean por ver quien es mas obediente al organismo multilateral y a sus países mandantes.

 

Sin lucha, sin participación popular enfrentando el mandato que nos quieren imponer, y creando las condiciones para que nuestro gobierno sea leal al mandato de origen, el resultado, aún con las justificaciones más creativas que se puedan conseguir, será catastrófico para el presente y el futuro del país.

 

Nos quieren decir que no hay otro camino. Que la realidad es tan contraria al interés popular que nada se puede hacer y hay que acatar de la mejor manera que se pueda el mandato impuesto por el FMI y los EEUU.

 

Por eso es aire fresco, la propuesta de Soberanxs para que “el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner antes de sellar cualquier tipo de acuerdo con el organismo multilateral de crédito solicite a la Asamblea General de las Naciones Unidas que le pida a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados”.

 

Es en si misma una actitud de soberanía nacional la que reclama, tanto por construir un camino para salvaguardar los intereses del país y nuestra población, como porque el mega-endeudamiento del FMI- Macri fue realizado por medios de ilícitos.  Y no se puede pagar una deuda nacida de diversas ilegalidades organizadas para garantizar un encadenamiento a las políticas del país a los países centrales.

 

En los fundamentos de su pedido Soberanxs sostiene: “De acuerdo con la información pública disponible, se encontrarían en estado avanzado las conversaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de llegar a un arreglo con el organismo para una renegociación de la deuda, ampliando los plazos de pago mediante un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), ya que no existe la menor posibilidad de afrontar las obligaciones contraídas irresponsablemente por el gobierno de Mauricio Macri, tanto por el monto como por el calendario para su devolución.  Ese acuerdo EFF tendría un límite de diez años, de conformidad con las prácticas habituales del FMI, quien, de acuerdo con la información que trasciende, se muestra completamente inflexible frente a los requerimientos de la República Argentina, en cuanto a la necesidad de mayores plazos (20 años) y reducción de tasas (eliminación de sobrecargos). En tales condiciones, conforme a las posibilidades del sector externo de la economía argentina y la capacidad de la misma para generar divisas genuinas a través del comercio exterior, este acuerdo EFF tampoco permite asegurar que se trate de una solución definitiva, debido al monto de los vencimientos que se desprenden de tal acuerdo, los cuales deberían desembolsarse pasado el período de gracia que se descuenta, a lo que hay que adicionar los intereses y sobretasas así como el resto de vencimientos que forman parte de los compromisos ya asumidos por el Estado, tales como la deuda externa con acreedores privados reestructurada en 2020.

 

No menos significativo resulta el hecho de que un acuerdo supone la aceptación de un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI. Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años. Máxime cuando tales políticas implican una redistribución regresiva del ingreso entre el capital y el trabajo, siendo que, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INDEC, la remuneración del trabajo en nuestro país ha perdido diez puntos (10 p.p.) de participación en el ingreso nacional entre el segundo trimester de 2021 y el mismo periodo de 2020. En el mismo sentido, también resulta inaceptable para un país soberano, como la Argentina, que el FMI pretenda fijar, además de la política económica doméstica, el patrón de inserción comercial internacional del país y la política exterior de nuestra Nación, como lo han dado a entender el futuro embajador que EEUU quiere nombrar en nuestro país y otros voceros norteamericanos. No resulta razonable que el organismo corresponsable del endeudamiento forzado, impuesto a la Argentina con la decisión política de EEUU, pretenda intervenir en la geopolítica de un país soberano, ni tampoco en el diseño de su patrón de (sub)desarrollo, definiendo qué sectores se deben desarrollar y cuáles no. La deuda ha sido históricamente un mecanismo de sometimiento de los países periféricos y semi periféricos, una lección que los argentinos y las argentinas tenemos bien aprendida en base a la propia experiencia de padecimientos que significó el anterior ciclo de endeudamiento con el organismo multilateral.”

 

Mas adelante señala Soberanxs: Nuestra propuesta es la de peticionar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los efectos de que la misma solicite a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva a los efectos de que se pronuncie sobre los siguientes puntos:

                                1.- Existe responsabilidad del FMI en el otorgamiento y desembolso de un acuerdo stand by inusual, sabiendo de las dificultades para afrontar el pago de lo allí comprometido en los plazos que se convinieran, y la poca probabilidad que la deuda pudiera pagarse.

                                2.- Existió violación de los artículos I, V y VI de su Convenio Constitutivo durante los años 2018-2019.

                                3.- Existe responsabilidad del FMI, emergente de la violación de los artículos citados en el punto anterior, que permitieran una considerable salida de capitales.

                                4.- Existe la obligación de reparar los daños ocasionados por las acciones u omisiones llevadas a cabo por el FMI, debido al incumplimiento de las normas de su Convenio Constitutivo.

                                  5.- Existe incumplimiento por parte del FMI, de lo establecido en el artículo IX, Sección 30 del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, al no haber contemplado entre sus normas, la realización de procedimientos adecuados, en caso de un conflicto con un Estado.

Nuestra propuesta supone proceder dentro de un marco estrictamente legal, a los efectos de poner en evidencia los incumplimientos del Fondo respecto de su estructura normativa, y recurrir a una instancia internacional, a los efectos de obtener un pronunciamiento respecto de los mismos y la posibilidad de una instancia reparatoria”.

Conviene remarcar que la propuesta que aquí exponemos es totalmente distinta al pedido de investigación interna del FMI, o mejor dicho autoinvestigación donde los presuntos responsables de los ilicitos que se denuncian van a resolver que realmente son culpables, o que EEUU reconozca que avaló tremendo prestamo a conciencia de que no podia ser pagado por la Argentina con tal de encadenarla a sus intereses y para que ganara Macri en las elecciones pasadas. Me suena a esas proclamas que cuando surgen vinculaciones de las policias con el delito piden que la policia se autodepure.

La propuesta es que la Corte Internacional dicte una opinión consultiva sobre esos ilicitos, resolución que es vinculante para el FMI.  “La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU” (pagina de las Naciones Unidad)

Soberanxs quiere discutir con el Gobierno y el Congreso esta propuesta, su documento fundamenta rigurosamente los ilicitos como la responsabilidad del Fondo quien paso a paso conocia las ilegalidades cometidos, incluso que el FMI conocía que los fondos se fugaban, porque tenía un delegado en el Banco Central Trevor Alleyne, con un staff técnico que monitoreaban las operaciones y además el gobierno le informaba día a día de las operaciones monetarias, ya que se había comprometido a hacerlo.

Hubo mil batallas por la soberanía de la patria, y habrá otras miles más, un hilo historico las recorre, es la decisión de no someterse, de rebelarse, de inventar caminos nuevos ante las viejas recomendaciones del club de los adoradores de la correlación de fuerzas