por Lucas Gómez Portillo*

Quienes somos miembros del Manifiesto Argentino recibimos con mucha alegría el interés despertado en estos días por la difusión de nuestras ideas por parte de los principales medios nacionales respecto a la propuesta de encarar profundas transformaciones en el Poder Judicial. Lamentablemente el apuro por intentar demonizar cualquier idea de verdadero cambio y ensuciar a la principal referente de la oposición derivó en simplificaciones infantiles y la propalación de mentiras a repetición de parte de quienes antagonizan con los intereses nacionales y populares, buscando desvirtuar las palabras de Mempo Giardinelli, que no dijo otra cosa que lo que venimos planteando desde hace años desde este espacio y que no es más que el eco de una demanda social indiscutible. Existe un consenso social, y un enorme malestar, respecto al funcionamiento y rol histórico negativo de nuestro Poder Judicial.

Me propongo en estas líneas, en consecuencia, repasar de una manera breve algunos hitos y tensiones que aconsejan encarar estas reformas tendientes a lograr un nuevo contrato social

Nuestro país y nuestras provincias presentan un esquema de Poder Judicial liberal clásico, con características comunes a la gran mayoría de las Constituciones de origen europeo y americano del siglo XVIII-XIX. Su diseño responde a una necesidad histórica de la élite local e internacional correspondiente a los momentos iniciales del capitalismo globalizante que buscaba el establecimiento de un sistema judicial –o sea de resolución de conflictos individuales- que, a través de fuertes privilegios funcionales y un diseño claramente aristocrático, tendía a asegurarse frente a los embates de los otros dos poderes más caracterizados por su dinámica electoral, de rotación, y la búsqueda de una mayor concentración de poder ya sea para la implementación y ejecución de decisiones político institucionales como para asegurar una estructura de minorías lo más sólida posible.

En los inicios del pensamiento racionalista el Poder Judicial ni siquiera era visualizado como un poder independiente, sólo se avizoraba como una función estatal y más bien ligada a la aristocracia, siendo esta incluso la idea del propio Montesquieu, quien ponía al modelo Inglés como ejemplo. Fue recién con la expansión de las ideas individualistas y liberales de fines del siglo XVIII y principios del XIX, especialmente con el derecho de propiedad como eje del desarrollo del modelo de libre cambio predominante, cuando se evidenció la necesidad de contar con un Órgano Judicial independiente que garantizara los derechos de los individuos y, por sobre todo, asegurara sus intercambios y mecanismos de acumulación. El sistema propuesto tenía en miras, a tal fin, incluso contrariando las bases mismas del sistema Republicano y Democrático, la conformación de un modelo caracterizado por cargos vitalicios, fortísimas inmunidades, un perfil profesional excluyente y mecanismos de selección y nombramiento sin la intervención directa del voto popular.

Algunas de estas variables, justificadas al momento de su creación, parecen anacrónicas para los nuevos tiempos, donde claramente el Poder Judicial está consolidado y convive normalmente con los otros poderes, incluso muchas veces condicionando su funcionamiento más allá de lo aconsejable.

Asimismo debe tenerse en cuenta, a la hora de encarar reformas, una evidente demanda social respecto a nuevos roles que debe asumir el Poder Judicial, que largamente exceden la mera protección de prerrogativas individuales (aunque no se las descarta por supuesto), exigiéndole la incorporación y aplicación de todo el haz de derechos contenidos en los Tratados sobre Derechos Humanos con Jerarquía constitucional, debiendo dar respuestas más dinámicas y demostrar una permanente adecuación a los vertiginosos tiempos en que vivimos. Tampoco debe ser menospreciado el impacto que las nuevas tecnologías van a tener sobre toda la sociedad, y en particular sobre el propio Poder Judicial. Esta nueva realidad social y cultural desaconseja extender excesivamente esos privilegios funcionales más allá de lo indispensable para asegurar su independencia, autonomía y correcto funcionamiento.

Asimismo, más allá de esa ponderación general, en particular el Poder Judicial presenta diversos problemas en su funcionamiento que encuentran explicación en la regulación constitucional centenaria y minimalista.

A esta caracterización debe considerarse que en nuestro país el Poder Judicial funcionó durante buena parte del siglo XIX y XX signado por la hegemonía de los intereses de los sectores de mayor concentración económica, dueños de las tierras, sus riquezas y de las propias instituciones políticas. Estos sectores, mediante el fraude o la violencia política directa, bloquearon los avances democráticos, algunos incluso previstos en la propia Constitución original como el juicio por jurados y, más grave aún, avalando con el silencio la derogación entera de la Constitución de 1949. Mediante la legitimación de los Golpes militares por vía jurisprudencial y la continuidad de los magistrados y principales funcionarios generaron un sistema que hasta hoy se resiste a cualquier reforma profunda, por moderada que esta sea.

No hay que descartar algunas experiencias que podemos recoger en nuestro sistema constitucional, o más bien nuestros sistemas constitucionales de 1949 y el de 1853-1957-1994.

Debemos tener presente que ese sistema originario de protección irrestricta de la propiedad privada fue cediendo, en el siglo XX, ante las nuevas demandas que se van a ir generando ante la creciente diversificación social, tensiones del sistema productivo agro exportador y su capacidad de dar respuestas a las demandas sociales y la emergencia de la industrialización y urbanización, entre otros fenómenos. De este modo, por ejemplo, el sistema judicial vio aparecer, a partir de fuerzas políticas que así lo determinaron, para mediados del siglo XX un nuevo fuero que buscaba tutelar los derechos de los Trabajadores: La Justicia del Trabajo.

En particular tenemos que considerar quen 1994 se intentó una moderada reforma del mecanismo de selección de candidatos a ocupar cargos de magistrados/as, un Jurado de Enjuiciamiento para resolver sobre la posibilidad de destituir un alto magistrado y una mayor autonomía del Ministerio Publico y la Defensa, buscando una menor incidencia del factor político en las razones del nombramiento de los funcionarios judiciales de alto rango (menos los de la Corte Nacional). Pero, claramente esta experiencia no ha sido muy feliz si repasamos tanto la falta de celeridad de la cobertura de vacancias, la politización de su funcionamiento, la permeabilidad ante los intereses de los grupos concentrados de poder, su funcionamiento corporativo y endogámico, el excesivo marco de interpretación que su insuficiente regulación constitucional generó y, por sobre todo, la absoluta falta de credibilidad social en el sistema, resultando una inadmisible distancia de las necesidades populares.

Durante los últimos años hemos sido testigos de la manipulación del Poder Judicial por parte de operadores políticos, servicios de inteligencia de toda laya, factores mediáticos e incluso agentes extranjeros para fines diferentes que la administración de justicia y la protección de nuestro marco institucional soberano, funcionando como un verdadero ariete para presionar y perseguir a políticos, favorecer intereses corporativos y voltear leyes y procesos populares varios.

Al contrario de lo que se intenta mostrar desde las usinas de generación de desperdicio informativo el debate que propone el Manifiesto es completamente racional, democrático y adecuado con las condiciones sociales, culturales y necesidades ciudadanas.

En lugar de instalar miedo los comunicadores deberían ser agentes de promoción de un debate democrático impostergable.

 

*Mgter.  Profesor de Derecho Constitucional

Miembro del Manifiesto Argentino Mendoza