por Horacio Rovelli

“Nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno (y todo ministro de Economía) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de sueldos y salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias (…) nadie se ha preguntado: si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”. Enrique Silberstein

La inflación es el crecimiento generalizado de los precios, y se refleja en el deterioro del poder adquisitivo del dinero.

El dinero es el medio de pago creado por el Estado a través del Banco Central, por ende la inflación  perjudica a los que tienen ingresos fijos, generando una puja entre los que pueden fijar precios[1] y los que no, afectando a la población, y paralelamente, a la capacidad de ese Estado de contar con un medio de cambio idóneo, y que sea instrumento de ahorro a la vez, combinación esencial para generar lo que en economía se llama “señoreaje”, que no es otra cosa que el financiamiento del gasto público con emisión monetaria.

Por ende la inflación, en diversos grados,  genera quienes se perjudican con ella (los que tienen ingresos fijos y finalmente el Estado que pierde el manejo de los instrumentos de política económica), y los que se benefician, que son los formadores de precios, y mayor es el beneficio cuando más poder tienen de fijar dichos precios.

En una economía como la Argentina, fuertemente concentrada en pocas empresas y pocos y grandes productores y comercializadores, sobre todo tras la dictadura militar, el límite que tienen para fijar precios es la convalidación de la demanda (que alguien se lo pague)

La inflación es el mecanismo que tienen los formadores de precios para apropiarse de una mayor productividad del trabajo, de otro modo debería aumentar el salario real, cosa que puede llegar a suceder pero, siempre,  en menor proporción que el aumento de la tasa de ganancia, y que es de lo que “nunca se habla”, como nos enseña Enrique Silberstein en el epígrafe del trabajo

Una vez enmarcado el concepto y las causas, es fácil entender porque el proceso inflacionario en la Argentina se desata con el primer peronismo[2], que incrementó fuertemente el gasto estatal (y su financiamiento vía emisión monetaria), y al industrializar al país dejó que se fijaran libremente y en paritarias los salarios.  Toda esa expansión de la demanda agregada, que implicó el fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno, se llevo a  cabo con una mayor inclusión social y una mejora en la distribución del ingreso.  La defensa “natural” de los intereses de los formadores de precios fue y es la inflación, de otra forma hubieran perdido parte de sus ganancias por el incremento de los salarios.

El modelo que encerraba el peronismo (y el viejo radicalismo de Arturo Illia y de Bernardo Grinspun) es el de una alianza de hecho entre los trabajadores y los productores que venden al mercado interno, de manera tal que se crecía en base al fortalecimiento del mercado local por mayor remuneración al trabajo, pero esto tuvo (y tiene) dos límites, uno proviene de que el país no puede producir todo lo que necesita y debe importar insumos y técnicas indispensables para su desenvolvimiento, con lo que la tasa de incremento de las importaciones es mayor a la del producto[3]  y con ello se produce el “estrangulamiento del sector externo” (Las exportaciones son insuficientes para pagar las importaciones), y la otra es que en ese marco, nuestra burguesía, por su condición de subordinarse al capital internacional, es incapaz de liderar un proceso de desarrollo.

Esto no fue siempre tan así, pese a lo antedicho, nuestro país supo ser el más integrado de toda América latina, basado en el trabajo, con una estructura económica afín, que fue destruido por un modelo con los mismos objetivo que ahora plantea el macrismo, pero impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar

La construcción de la estructura productiva industrializada y diversificada desde 1945 a 1974 fue el sostén de una economía en crecimiento con mejoras en la distribución del ingreso, a la vez, determinante del modo de relaciones comerciales internacionales al final de ese período liderada por los acuerdos con la ex URSS donde se cambiaba carne y trigo por represas. En ese período los grupos sociales apuntalado por el gobierno, buscaron producir la mayor cantidad de bienes y servicios para un mercado interno que no paraba de crecer.

La política económica de esos años amalgamaba la protección del mercado internos (y con ello del consumo) y apuntalaba  la inversión, lo que garantizaba el crecimiento económico.

El Estado cumplía un rol orientador y de defensa de las empresas nacionales, especialmente de las Pymes, y del trabajo, recordemos por ejemplo que fue la llamada “Revolución Libertadora” por derogar la Constitución Nacional de 1949, que convocó a una reforma de la misma en 1957, y el Constituyente de la UCR, Crisólogo Larralde, impuso el Art. 14 “bis” de la Constitución Argentina.

En1973 y ya siendo Juan Perón presidente por tercera vez de los argentinos, se aprobaba la Ley N° 20.557 que buscaba limitar a la inversión extranjera y que se realizara en tanto no perjudicara la capacidad decisoria del país, no significara una carga gravosa de futuros pagos, y demostrara tener efectos positi­vos para el desarrollo nacional. Atento a tales principios, esta­blecía que en ningún caso podría otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que a los nacionales y que debían solicitar previamente autorización para radicarse en el país. Este trato severo hacia el capital extranjero se complementaba con el estí­mulo a las empresas de capital nacional.

Entre el fantasma del comunismo y la organización económica y social que el país había conseguido en ese entonces, torno necesario para los sectores dominantes y subordinados a los EEUU, que el modelo dejara de existir, para dar lugar, genocidio mediante, a la apertura financiera y comercial externa, y con ello la desindustrialización y el desempleo como regulador del conflicto social, que concluyó en el año 2002 en crisis interna por pobreza y crisis externa por deuda.

Cuenta el sociólogo norteamericano James Petra que la primera vez que vino a la Argentina en 1969, se encontró con un país fuertemente industrializado, que producía locomotoras, automóviles, toda la línea blanca, artefactos para el hogar y que tenía bases sólidas e importantes en el área electrónica y de computación.  Se entrevista con el por ese entonces presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Elbio Cohelo, y le pregunta por qué contando con una clase trabajadora disciplinada y capacitada y con perspectivas de mayor capacitación no se decidían a ser un país industrial, la respuesta fue que, por eso, porque la clase obrera era numerosa, capacitada y consciente y le podía disputar el poder.

Pese a los varios gobiernos militares en ese lapso, el modelo económico sobrevivió hasta el 24 de marzo de 1976 en que cambió integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad, para reemplazarlo por una estructura productiva y distributiva con un bloque de poder hegemónico y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del circuito económico, fundado en el temor que confesara el presidente de la UIA. El nuevo modelo, orientado y dependiente del exterior, tuvo como instrumento clave el endeudamiento y la valorización financiera del capital, la apertura externa irrestricta al comercio y los capitales, y la acumulación rentística y financiera.

Traducida en retraso de salarios, liberación de precios, revaluación cambiaria, fomento a la competencia externa, así como altas y confiscatorias tasas de interés. El previsible resultado fue una caída sin precedentes del nivel de vida de la población (con una inflación promedio del 193% anual de 1976 a 1981), que arrastró la caída del mercado interno, y con ello del PIB.

Terminada en catástrofe la dictadura dejó como legado la destrucción de eslabones de la cadena productiva, una fuerte concentración y extranjerización económica, y una impagable deuda externa.

El país engendrado por la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz buscó destruir la alianza de hecho entre trabajadores y productores ligados al mercado interno argentino, subordinando nuestra producción y nuestra riqueza al capital externo, proceso liderado por grandes empresas locales que conforman grupos económicos y empresas trasnacionales fundamentalmente de origen estadounidenses y/o que cuentan con el apoyo de los EEUU, máxime que ese país sigue siendo la primer potencia mundial,  y continua en su rol hegemónico en la región. Los EEUU inclusive reconvierten fuertemente su sector energético de manera tal que más de la mitad de sus insumos energéticos son producidos en los EEUU, y en este siglo XXI, Texas produce más petróleo que Irán, a la par que realiza importantes inversiones que aumentan considerablemente su productividad. Si a la de tener parte del problema energético resuelto, le sumamos su gran capacidad técnica, podemos inferir el crecimiento sostenido de Norteamérica, y el peso creciente de esas empresas de ese origen en nuestro país y en la región.

Esas empresas tienen capacidad de producción y distribución muy superior comparada con una economía relativamente pequeña como la nuestra, esto le permite concentrar y centralizar en pocos establecimientos que producen en segmentos muy determinados y/o en actividades extractivas dependientes como engranaje de la corporación trasnacional. En buena medida el poder de los EEUU está en función de esas grandes empresas que han captado el consumo masivo y el uso de las marcas y patentes de nuestros países.  Paradójicamente en la gran mayoría de los casos, las filiales de esas trasnacionales son marginales en ese aglomerado económico y traen directamente la tecnología e insumos claves del exterior con lo que acrecientan la dependencia y no generan valor agregado en la región.

Osvaldo Sunkel en un trabajo muy reputado “Capitalismo trasnacional y desintegración nacional”, dice textualmente: «La corporación internacional actúa y planea en términos que el proceso de modernización incorpora a las nuevas estructuras productivas a los individuos y grupos especialmente aptos para el sistema impuesto de racionalidad y eficiencia, por otra parte repele a los individuos y grupos sociales que no tienen cabida en la nueva estructura productiva o no tienen condiciones para adaptarse a ellas”

Es importante destacar que este proceso no solamente tiende a limitar la formación de un empresariado nacional, sino también clases medias nacionales (incluyendo grupos intelectuales, científicos y técnicos nacionales) e incluso una clase obrera nacional. El avance del proceso de modernización actúa, en efecto, introduciendo una cuña a lo largo de la franja en que se encuentran los segmentos integrados y no integrados tendiendo a incorporar a parte de los empresarios nacionales como gerentes de las nuevas empresas y marginando a los no aprovechables, incorporando a algunos de los profesionales, técnicos y empleados adaptables y marginando al resto y a los que no lo sean; e incorporando parte de la mano de obra calificada o con condiciones para calificarse[4] y repeliendo al resto y a aquella otra parte que se supone no pueden tener niveles de calificación técnica e incluso cultural para adaptarse a las nuevas condiciones.

Recordemos que en ese trabajo, Osvaldo Sunkel va a ponderar la doble dependencia del sector externo, por un lado de la producción primaria (para nuestro país hoy fundamentalmente la soja), y la necesidad de importar insumos, máquinas, equipos, y tecnología de las grandes corporaciones, los que condicionan y subordinan a la economía nacional a las trasnacionales, amén de depender de la administración que ellas hagan de las divisas.

 La caída del salario y del empleo 

Generar las condiciones para valorizar el capital, como la de subir la tasa de interés para ser redituable el ahorro en moneda nacional son pagados por el trabajo y la producción local.

En lo que respecta al nivel de actividad, porque se produce de hecho un aumento de los precios exacerbado por la devaluación del tipo de cambio y eso implica menores ventas y menor consumo, deteriorando el círculo virtuoso de expansión del mercado interno y crecimiento de la producción. Paralelamente la suba propiciada de la tasa de interés encarece el financiamiento de la inversión y del consumo, en un marco que la tasa no puede descender porque si no crece la demanda de divisas, que solo se puede desactivar con el ingreso de capitales del exterior.

Afecta el empleo porque en la Argentina la relación entre crecimiento del PIB y la creación de puestos de trabajo es de por sí muy baja (en torno al 0,36 por cada punto de crecimiento del PIB entre los años 2003 y 2011, pero desciende a 0,22 para el año 2013), por ende, si encima el PIB se cae, arrastra con menor creación de empleo, y con ello una recesión importante con el impacto laboral que implica.

En lo que respecta al salario, por el teorema de Carlos Díaz Alejandro sabemos de la relación inversamente proporcional entre el poder adquisitivo de las remuneraciones al trabajo y el tipo de cambio, dado que básicamente consumimos el bien que exportamos (en el caso de la soja, que consumimos marginalmente, su cultivo reemplazó a otros cultivos y a la cría de animales, con lo que el efecto de encarecimiento de los precios es el mismo), a eso hay que sumarle los mayores costos en nuestra moneda de las importaciones.

El aumento sistemático del precio internacional de los granos generó mayores ingresos por exportaciones, que pagaron  las crecientes importaciones del período kirchnerista, el problema se entra a suscitar que fruto del mayor crecimiento económico aumentaron las importaciones de insumos, energía y tecnología, que sumado al pago de los servicios de la deuda, obligó al gobierno a emplear parte de las Reservas internacionales del BCRA para pagar el creciente déficit en la cuenta corriente, con lo que podemos sostener que es necesario las ventas externas de soja y demás alimentos, pero que si no se industrializa, si no se obliga a invertir en sustituir importaciones, tarde o temprano se incurre en déficit en la cuenta corriente que, un país como el nuestro, que sale del default de la deuda y que tienen financiamiento caro y a corto plazo, no puede financiar.

La economía tiene 5 (cinco) precios principales, el de todos los bienes y servicios (fideos, carne, gasoil, ropa, enseres personales, muebles, inmuebles, restaurante, prepaga, etc.); las tarifas (agua, gas, luz, comunicaciones, etc.); los salarios; el tipo de cambio (que para nosotros es el valor del dólar); y las tasas de interés. Durante más de diez años al principio por decreto y luego por paritarias, el salario obtuvo un nivel aproximado al crecimiento de los precios de bienes y servicios[5],  creciendo en forma menor las tarifas, el dólar y las tasas de interés.  Ese mecanismo garantizaba la expansión del mercado interno y del consumo, en un círculo virtuoso, pero entró a generar problemas principalmente con el frente externo.

Si todos estos años el modelo de acumulación se benefició con los aumentos salariales, contrario sensu también es cierto.  Si se reducen los salarios, se cae el nivel de actividad y se cae el PIB (entramos en recesión, del que es fácil entrar pero es difícil salir, sino pensemos en Japón que se debate hace más de 20 años sin obtener un crecimiento sostenido).

Lo que debía ponerse en discusión no es que el modelo de acumulación kirchnerista estaba sobre expandido por los aumentos salariales y el gasto público, en realidad el modelo enfrentaba la restricción de falta de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen súper ganancias porque fijan los precios.  Por eso es que mal o bien el kirchnerismo trató de controlar el tipo de cambio y el comercio exterior, controlar los precios, controlar los ajustes de los contratos, y que las paritarias sean libres, que fueron las cuatro columnas del kirchnerismo original y de todos los gobiernos nacionales y populares que pudimos tener en este país.

Por ende, y como consecuencia y prosecución del espíritu del Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional[6], una de las tareas pendientes de los trabajadores y del gobierno de los Kirchner fue hacer que las empresas (y fundamentalmente las más grandes) proporcionen a los sindicatos “toda la información necesaria”, por ejemplo cómo se compone lo que producen (cuanto es generado en la Argentina y cuanto se importa), y como se distribuyen los beneficios de la productividad, para poner en discusión, precios, salarios y ganancia.

El Diputado Héctor Recalde en una nota que le publicó el suplemento económico del matutino Página 12 en marzo de 2014 proponía que “…los establecimientos de más de 300 trabajadores deben elaborar anualmente un balance social, que incluye el balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, estado y evolución económica y financiera de la empresa, y del mercado en que actúa, información también sobre actos de tercerización y subcontratación”.

“Con sustento en ello, los sindicatos tienen derecho a exigir de las empresas que les informen, entre otros datos, el detalle de unidades producidas, el total facturado, el precio de venta por unidad, el costo laboral por unidad producida, los precios de los insumos de producción –tanto nacionales como importados, para verificar la real incidencia del tipo de cambio en los costos–, existencias en stock, la rentabilidad bruta y neta de la empresa, y la distribución de las utilidades”.

Para comprender la importancia de lo que estamos leyendo, debemos pensar unos segundos, como puede ser que la revista Forbes del año 2014, publique que entre las 2.000 personas más ricas del mundo hay varios argentinos.  La mayor fortuna la tienen Carlos y Alejandro Bulgheroni, dueños de la petrolera Bridas y Panamerican Energy, con U$S 5.880 millones, lo que los ubica en el puesto 256. En segundo lugar entre los empresarios de este país, aparece Paolo Rocca con 3.400 millones de dólares. Gregorio Pérez Companc y familia ocupan el tercer lugar del ranking con US$ 2.800 millones. Cuarto está Eduardo Eurnekian, dueño de la Corporación América (administradora de aeropuertos en la Argentina), con U$S 1.900 millones, lo que lo deja en el puesto 931 en el ranking global mundial del año 2013. Quinto lugar para Alberto Roemmers, con U$s 1.350 millones. Sexta está María Inés de la Fuente (única heredera de Amalia Lacroze de Fortabat) y su familia, con U$S 1.260 millones, en el puesto 1.372 de la Revista

Es claro que un país que tiene semejantes magnates, debe estudiar lo que no se habla, que es el costo y los beneficios de los empresarios que operan en la Argentina. La razón, la justicia social, y el principio de equidad deberían hacer que todos los ciudadanos de este país defendamos lo contemplado en nuestra Constitución Nacional en general, y en particular en su Art. 16º que dice textualmente: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Decimos esto, porque no es posible que quienes han realizado una fortuna inconmensurable, por un lado se nieguen sistemáticamente a dar información sobre su producción, sus costos y sus precios, y por otra parte, no contribuyan mínimamente con el sostén del Estado para que pueda afrontar con los gastos sociales y de infraestructura que se requieren para aumentar el nivel de vida y la producción nacional, cuando ese mismo Estado le garantiza el derecho de propiedad y explotación de los ingentes recursos con que cuentan.

La Argentina necesita ser un país industrial, sin “Industria no hay Nación” afirmaba Carlos Pellegrini tras la crisis del 90[7], porque la industria genera trabajo, y es por medio del trabajo y trabajo capacitado que vamos a generar un país para todos, y no una republiqueta proveedora de materias primas y alimentos (en la soja es incluso peor porque básicamente son forrajes, y por el modo en que se la cultiva) ó de la energía de Vaca Muerta, para el resto del mundo.

En la industria argentina se da un proceso de concentración y de extranjerización que debe analizarse detenidamente, es el “nudo gordiano” de la problemática económica y social de nuestro país. Los proveedores de insumos de uso difundido (acero, aluminio, petroquímica, cemento, etc.), las grandes empresas de alimentos y el sector automotor, que cuentan con mercado cautivo y, en algunos casos, barreras paraarancelarias a la importación, obligan a subordinarse a las pymes industriales que compiten entre sí y con la oferta externa, y pasa lo mismo con los pequeños y medianos proveedores de servicios que no tienen posición dominante en el mercado.

Este escenario se potenció por el cambio en las condiciones mundiales de producción. El crecimiento industrial asiático –con altísima explotación laboral–, el desarrollo tecnológico y las mayores escalas bajaron los costos industriales en relación con los precios de los servicios o bienes que no se pueden comercializar internacionalmente, torna poco competitiva nuestra producción a nivel mundial, por lo que debe protegerse su destino nacional primero y acuerdos comerciales de beneficio mutuo con los países de la región, y segundo, con aquellos que están en una situación socio económico parecida.

Debemos industrializar para generar trabajo, y debemos mejorar la productividad, y nos encontramos con una fuerte extranjerización de la economía, grandes empresas extranjeras que tienen una estrategia propia que no coincide (y no tiene porque hacerlo) con los intereses de desarrollo y sustentabilidad del país; con fuertes empresas nacionales que tienen una mirada de muy corto plazo y esencialmente especulativa que posicionadas en divisas esperan siempre el derrape cambiario;  y una estructura de pequeñas y medianas empresas, dependientes de uno u otro sector del gran capital,  que en conjunto muestran clara incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas, integrar la producción creando los eslabones faltantes y no tienen (y no pueden tener) una estrategia común de desarrollo  y de transformación social.

En el año 2013 existían alrededor de 509 mil empresas registradas en Argentina en sectores industriales, de comercio y de servicios, la mayor parte de estas firmas corresponden al segmento de microempresas (70% del total), siguen en importancia el segmento de Pymes, con 141 mil empresas (28%), y el de grandes empresas, con más de 9 mil compañías registradas (2%).  En ese 2%, las 500 empresas de mayor facturación de Argentina a diciembre 2013 (se excluyen las actividades agropecuarias y financieras), 315 eran de capital extranjero (6 de cada 10) y concentraban el 77% de lo producido por todas ellas, que a su vez representaban (las 500 empresas) en conjunto el 16,2% del Valor Agregado total, esenciales en la provisión y uso de divisas (por las exportaciones y las importaciones).

 

Esas grandes empresas afincadas en sectores concentrados que, por factores tecnológicos e institucionales, no afrontan una competencia externa y que, por las grandes barreras de capital para ingresar a esos mercados, tampoco enfrentan amenaza de competencia interna. Por lo tanto, las empresas dominantes de esos rubros fijan precios mucho más altos que los estándares internacionales, concentran ganancias derivadas de su poder de mercado y tienen total libertad para fugarlas al exterior. En tanto, las insuficientes inversiones que realizan no suelen estar alineadas a un plan de desarrollo nacional y su oferta representa un cuello de botella cuando la actividad local crece.

 

Volvamos a la historia 

El primer gobierno democrático encabezado por Raúl Alfonsín confiaba en que la orfandad política de amplias capas de la sociedad haría que se encolumnaran detrás del ideario de crecimiento económico con justicia social y de un gobierno que diera fin con un Estado que transfería recursos de la población a la casta de privilegiados que lo usufructuaban. La primera gestión la condujo Don Bernardo Grinspun quién aumentó los salarios por decreto y trató de controlar los precios, y paralelamente, concertó vanamente de que funcione una comisión investigadora de la deuda pública y de constituir un “Club de Deudores”, pero la fuerte concentración económica local y la defección del las por ese entonces administraciones de Brasil y México, hizo naufragar los objetivos y, por ejemplo, en diciembre de 1984,  el IPC[8] creció un 40%, para cerrar el año con una inflación anual de 688%

Presionado por los acreedores externos, Grinspun, que era una persona honesta y educada, se le terminó la paciencia y el 18 de febrero de 1985 lo echa de su despacho a Joaquín Ferrán que era el representante del FMI en la región, un día más tarde, Alfonsín le pide la renuncia a su amigo.  Su reemplazo por Juan Vital Sourrouille y el plan Austral, fue el retorno a los mercados internacionales y a la política de ajuste, con el reconocimiento (legitimación) del total de la deuda externa heredada de la dictadura, que fueron las principales razones de la furiosa oposición empresarial, política y hasta de la burocracia sindical a la gestión de Grinspun.

El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con cierto control de salarios y de precios (tras la devaluación), y un cambio de moneda (pesos por el austral).

Con fecha 1 de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, que no tenían ninguna legitimidad, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, que además significo “estatizar” la deuda, reconocido en el libro “El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos” firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer[9], donde dicen textualmente:

La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa.  La deuda externa del sector público, que era del 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en 1985”

Paralelamente significó la licuación de la deuda externa privada a través de la aceptación de títulos de deuda externa como pago de redescuentos, on lending, y avales caídos[10] , de esa manera la deuda externa privada se transformó en pública.

Esa monumental transferencia de ingresos no podía ocasionar más que un  déficit fiscal y cuasi fiscal del 8% del PIB, y al ser la emisión monetaria la principal fuente de financiamiento convalidó aumentos de precios por 3.079% en 1989,  donde el dólar valía 37,62 australes el 6 de febrero de ese año, en abril pasó el valor de 100 australes, cuando asumió Menem el 9 de julio de 650 australes, y continuó de tal manera que el 1 de abril de 1991 se fijó el tipo de cambio convertible en 10.000 australes el dólar, LA HIPERINFLACIÓN ES HIJA DE LA HIPER DEVALUACIÓN.

Los dos primeros años de la gestión de Menem en un marco hiper inflacionario, consistió en confiscar los depósitos y canjearlos por un título público, los BONEX (Bonos de Deuda Externa), privatizar activos públicos con el pretexto de reducir el déficit fiscal, y merced a un tipo de cambio alto, reconstituir las reservas internacionales del BCRA vía superávit comercial, preparando el camino para lo que fue el Plan de Convertibilidad.

Con la “Convertibilidad” solo se podía aumentar la Base Monetaria si aumentaban las Reservas Internacionales del BCRA, lo que se denomina “monetización de la Balanza de Pagos”, con lo cual nuestra moneda era un “vale” por un dólar que era la reserva de valor.  El mecanismo contuvo la inflación, pero causó otros desequilibrios, como la sobrevaluación del peso, la desindustrialización y destrucción del aparato productivo y una triplicación de la deuda externa.

Desde el punto de vista social produjo, con la crisis de 2001, los mayores índices de desocupación, pobreza e indigencia de la historia argentina, junto a una inédita redistribución regresiva de los ingresos y una apropiación de los ahorros bancarios de vastos sectores de la población. Esa estabilidad buscaba, apañada por los organismos financieros internacionales, la compra barata de los activos públicos, asegurar la rentabilidad en divisas de empresas locales, transnacionales y especuladores y posibilitar la fuga de capitales, garantizando la estabilidad del peso para la entrada y salida de capitales, su principal objetivo”[11].

 El gobierno de la “Alianza”, preso de la convertibilidad con tipo de cambio fijo de un peso igual a un dólar “de aquí a la eternidad”, terminó de la peor forma, con las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre 2001, con déficit fiscal y comercial, con niveles de pobreza y exclusión como nunca antes se registró y con el pueblo en la calle pidiendo que “se vayan todos”, y sin embargo ese año hubo deflación (el IPC fue de – 1,1%).

Los alarmantes niveles de cierre de empresas, de reducción de personal, de pobreza y de exclusión social, que habían dado lugar a sistemáticas muestras de repudio de la política económica por parte de la población, parecieron no importarle a la clase dirigente (empresarios y políticos de acuerdo con el modelo de valorización financiera), quienes siguieron adelante con el plan hasta que la situación externa impidió que continuara.  Como dato descriptivo de valuación del trabajo y de los bienes, podemos decir que el dólar estadounidense valía en nuestro país en diciembre de 2001 un peso, y en abril del año 2002 (cuatro meses más tarde), en el mercado paralelo, cuatro pesos[12].

La devaluación del año 2002 fue para superar la crisis económica producida por el estrangulamiento del sector externo, y los altos niveles de endeudamiento, que dieron fin al modelo de valorización financiera del capital, y su sustitución por otro de valorización productiva, a la par que se abandonaba la orientación y dependencia del exterior, para priorizar el mercado interno y el mercado regional latino americano.

Es en ese marco caótico del fin de la convertibilidad y del gobierno de De la Rua, en que se produce la reconversión de los grupos económicos que no pueden seguir obteniendo beneficios con la valorización financiera, y donde los acreedores deben aceptar el “default” primero y una fuerte quita de la deuda después. Los mayores ingresos por las ventas externas, y una decidida política de “desendeudamiento” realizada por el gobierno de Néstor Kirchner, que significó la quita de la deuda y el pago de los servicios, permitieron superar el límite externo, generando un ahorro interno que financiaba con creces la inversión.

Es claro que del año 2003 al año 2008 se creció y con muy baja inflación, porque se utilizaba la capacidad ociosa (fábricas cerradas, máquinas paradas, trabajadores desocupados), pero cuando, sobre todo los grandes empresarios, tenían que ampliar la capacidad instalada, lo hicieron muy parcial y deficientemente, prefiriendo ante la demanda sostenida, aumentar los precios en lugar de incrementar la producción. Como decía Enrique Silberstein, en nuestro país se ve el costo en dólares de los salarios, pero no hay datos sobre las ganancias[13]

El incremento de la demanda sostenida del gobierno de los Kirchner permitió la inclusión social por el crecimiento del empleo con una evolución que permitió recuperar el poder adquisitivo de la población y convertirse en el principal sostén del crecimiento del mercado interno. Eso se consiguió con la recuperación de herramientas como son el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las negociaciones paritarias[14], principalmente, al aumentar la inversión pero no en la misma magnitud que la demanda, se desata un nuevo proceso inflacionario, que si bien no logra impedir el crecimiento del PIB,  para que no cercene el poder adquisitivo de los que tienen ingresos fijos, los consumidores y el gobierno convalidaron los aumentos de precios con lo que sistemáticamente se atrasa el tipo de cambio.

Para comprender que implica la restricción externas al crecimiento y con ello la repetición del ciclo de que un gobierno que impulsa el mercado interno es sistemáticamente reemplazado por otro que se subordina al capital ligado al extranjero, se debe ponderar el rol que juegan las grandes corporaciones en un país como el nuestro, donde al sujetarse su accionar a la cadena de valor internacional[15], condicionan el nivel de actividad y de comercio en lo general, y  son causantes sistemáticos de la crisis del sector externo.

Las corporaciones que operan en el país solo aceptan y por un lapso, ceder parte de su poder, siempre y cuando obtengan tasas de ganancias mayores que en otros mercados, hecho que es posible por la crisis de los otrora países centrales y la falta de confianza hacia los llamados países emergentes, y lo hacen solamente cuando se enfrentan a un Estado que las controle y las discipline en el sentido de que deben “blanquear” al menos parte de su operatoria y reinvertir un porcentaje de sus ganancias.

Es en ese marco y con estas contemplaciones que se entiende la lógica de acumulación y reproducción del sistema capitalista en general, y de la Argentina en particular, y porque se torna indispensable plantearnos las tareas imprescindibles del Estado para encausar y asegurar el crecimiento sustentable, la inclusión social[16] y la preservación ambiental, que solo es posible modificando la matriz productiva y distributiva del país, y que solo se puede hacer si se cuenta con un Plan Estratégico[17].

En la visión keynesiana el crecimiento sostenido depende, en primer lugar, de una alta propensión al consumo, que estimula la demanda total, y por lo tanto las inversiones. A su vez, las inversiones son alentadas por una baja tasa de interés. Además, en la medida en que la inversión se realice, se genera el ingreso que da lugar al ahorro correspondiente que financia la inversión. Por eso un sistema bancario que genere crédito con fluidez es esencial para el crecimiento. La preocupación central en este enfoque es alentar el consumo y la inversión, porque el ingreso no es decidido por las decisiones de ahorrar, sino de consumir e invertir; siendo el ahorro un factor residual, que depende del Ingreso.  “El ahorro es riqueza que no se consume, de hecho, no es más que simple residuo. Las decisiones de consumir y las decisiones de invertir determinan conjuntamente los ingresos” [18]

Es más, para Anthony Thirlwall [19] el rol de la demanda es casi excluyente a través de todos sus escritos. En su modelo el ingreso de un país está liderado totalmente por la demanda; en particular depende de manera directa de la elasticidad ingreso de sus exportaciones, e inversamente de la elasticidad ingreso de sus importaciones.

En cambio, para Luiz Carlos Bresser Pereira[20] es prioritario el mecanismo de transmisión entre un tipo de cambio competitivo y el crecimiento económico, y debe tenerse en cuenta porque lo plantea para los países emergentes.  Del lado de la demanda, si se cuenta con capacidad tecnológica y con recursos ociosos o desocupados, el crecimien­to dependerá de la tasa de ahorro, que depende de la tasa de inversión, que depende de la existencia de oportunidades de lucro, que a su vez depende de las oportunidades de exportación las que, en última instancia, existirán únicamente si el tipo de cam­bio no está sobrevaluado, sino que es competitivo.  Para Bresser Pereira el tipo de cambio es, de hecho, la principal variable de estudio por la macroeconomía del desarrollo, dado que desempeña una función estratégica para el crecimiento económico.

Si uno observa el crecimiento del PIB argentino, tomamos la medición del INDEC del Kirchnerismo, pero con valores más bajos, es igual si se lo mide por el INDEC que dirige Jorge Todesca,  desde el año 2002 al año 2012 fue del 98,6%[21], con una tasa promedio anual del 7,1%,  y se explica fundamentalmente porque la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija) creció en dicho período un 258% -13,6% promedio anual-, y el Consumo (que representa más del 70% del PIB), impulsado por las políticas de ingreso implementadas por el Gobierno nacional y popular de los Kirchner, verificó un incremento del 102% -7,3% promedio anualizado-.

Sin embargo, para el mismo lapso, las exportaciones se acrecentaron en un 171% (el monto de las exportaciones para el año 2012 fue de US$ 81.200 millones, cuando había alcanzado los 83.950 Millones en el año 2011), en cambio las importaciones crecieron en un 395% (US$ 68.500 millones), en el mismo período. En ese contexto, el problema de la economía argentina se refleja en el crecimiento de los precios internos, que, al no ser acompañado por la depreciación cambiaria, provoca inflación en dólares y con ello un efecto de valorización de activos[22] y de los costos.

Este fenómeno se debe a que el impulso de la demanda efectiva con el que se salió de la convertibilidad, no implicó un círculo completo de incremento de la inversión, sino que, fruto de la concentración económica y de poder de mercado de grandes corporaciones nacionales y multinacionales que operan en y con el país, una parte importante salió del circuito (fuga de capitales),  con lo que sistemáticamente la oferta fue menor que la demanda.

La industria Argentina que en general había crecido desde el año 2002 en base a la utilización de la capacidad ociosa y en parte por las nuevas inversiones, como estas últimas, aunque considerables, no fueron suficientes (se partió de un “piso” de inversión muy bajo, fruto de 27 años de políticas de desindustrialización y exclusión social, salvo la honrosa gestión, dentro de lo posible y en ese marco, del Dr. Bernardo Grinspun de un poco más de un año de duración),  y sumado al problema estructural de dependencia de insumos y de bienes de capital del exterior, hace que a pesar del importante aumento de las exportaciones de origen industrial (MOI), la industria como un todo muestra un desbalance comercial negativo de alrededor de 25.000 millones de dólares por año.

 

Las desiguales e insuficientes inversiones, y el atraso estructural del que se partió,  no permitió (ni permite) que se tenga la capacidad suficiente para sustituir importaciones, aun a costos crecientes. Por ende la dependencia de la venta de granos por un lado, y de las medidas de control de cambio por el otro, permitieron obtener superávit en la cuenta comercial para el período 2003-2014 (que va disminuyendo desde al año 2013),  y  se torna negativo en U$s 3.035 millones en el año 2015, dado que se reduce  las ventas de manufacturas de origen industrial, se retuvo la venta de granos a la espera de la devaluación y quita y reducción de los derechos de exportación que hizo Macri cuando asumió, como ellos querían, en un marco de menores exportaciones en general  por la cambiante situación externa, y de adelanto de las importaciones por la diferencial cambiaria, agravando el déficit en la Cuenta Financiera y en las Reservas Internacionales del BCRA de la Balanza de Pagos (reflejado en la fuerte caída de las mismas).

El problema de fondo no es otro que la relación Inversión – Producción, esencialmente en la industria, por ser el centro del crecimiento (y donde obviamente se impone el proceso de sustitución de importaciones), esto es, no existe ninguna oportunidad para un país como el nuestro, sino se tiene una estrategia cierta de sustitución de importaciones.  Es más, cuando más se producen bienes y servicios finales, como fue el período estudiado, paradójicamente crecen más los insumos que se deben importar[23].

El cuadro descripto se agrava cuando vemos que, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre los años 2005 y 2011 el giro de dividendos y la formación de activos en el exterior del sector privado osciló en torno a los 75 mil millones de dólares, por ende no debería llamar la atención que entre los mayores compradores de dólares para “atesoramiento” en el año 2011 hayan estado muchos de los oligopolios fabriles que más aumentaron los precios y que se mostraron reticentes a la inversión. Tales los casos de, entre otros, Siderar, Arcor y Ledesma a través de sus titulares, como lo demuestra Alfredo Zaiat en su libro “Economía a Contramano”[24]. En el año 2012 y mientras existió el “cepo cambiario” la fuga de divisas se frenó, pero para acometer fuertemente cuando se fueron levantando medidas que lo conformaban[25]

La idea del “Cepo Cambiario” era que los pesos excedentes puedan destinarse a ahorra en pesos, consumir, o demandar bienes, con lo que se reconstruye la posibilidad de conferirle valor de reserva a nuestra moneda, y hacer política monetaria, dado que de esa manera la reducción del costo financiero de los pesos (al no competir con la evolución del dólar) implica estimular la demanda de bienes (Por ejemplo las empresas que acopian stock de materias primas y materiales, y los consumidores que demandan más bienes y servicios ante la imposibilidad de ahorrar en dólar).  Se buscaba canalizar el excedente en el país, lo que obviamente va en contra de los intereses de las corporaciones que quieren “dolarizar” sus ganancias para sacarlas del país.

No hay que ser muy inteligente para amalgamar la reticencia a invertir y a exportar, el aceleramiento de las importaciones (con la sobrefacturación de las operaciones intra firma), con la compra permanente de dólares.  Fueron creando un escenario propicio para limitar primero y luego vulnerar el modelo de crecimiento basado en el mercado interno y en garantizar el poder adquisitivo del salario.

Ante ese marco creado, el gobierno ya con la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, incurre en la severa inconsistencia macroeconómica de financiar con emisión y déficit fiscal la ruptura de la transferencia de recursos de la producción agropecuaria (al contar con las tierras más fértiles del mundo dentro de las 32 millones de hectáreas cultivables), a la industria que se realiza principalmente por las retenciones (derechos de exportación) y el subsidio energético y de transporte.

En efecto, en pleno auge del modelo kirchnerista, por ejemplo, el año 2007, los subsidios en energía y transporte fueron por $ 14.600 millones (a un dólar promedio de $ 3,10 significaron U$s 4.700 millones), contra retenciones por U$s 7.000 millones.  En el año 2015 los subsidios fueron por $ 240.000 millones (y oficialmente cerró el tipo de cambio el último día de la gestión kirchnerista a $ 9,70 por dólar, equivalente a U$s 25.000 millones), cuando la recaudación por retenciones del año 2015 fue de $ 75.860 millones (unos U$s 7.800 millones), esa brutal diferencia significó el déficit fiscal y su financiamiento por emisión de ese año.

John M. Keynes decía que los empresarios son importantes cuando contribuyen más a la sociedad que lo que la sociedad contribuye con ellos, y en el Libro VI, Capítulo 24 de su libro “La Teoría General…” sostiene que el principal rol del Estado es: “determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar los medios de producción y la tasa básica de remuneración de quienes lo poseen, y con ello habrá realizado todo lo que le corresponde».

 Y repetimos a Thirlwall,  en la lógica de crecimiento de una economía abierta (como es la casi totalidad de los países), es imprescindible el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el largo plazo, y plantea textualmente que “…la tasa de crecimiento a largo plazo no puede ser mayor a la tasa de crecimiento que corresponde al equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos.”.

La principal conclusión que Thirlwall señala es que si se quiere crecer más rápido se debe primero levantar la restricción que impone la cuenta corriente de la balanza de pagos sobre la demanda, por ello propone expandir y aumentar el valor agregado de las exportaciones y/o reducir la demanda de importaciones ante el crecimiento del PIB (que es lo que nos pasa a nosotros donde por cada punto que crece el Producto Bruto Interno,  las importaciones crecen tres puntos), y eso se logra sustituyendo las compras al exterior por producción local (La matriz Insumo-Producto permite ver como se forman las cadenas de valor, y por ende que eslabones de la misma pueden sustituirse por producción local), y esa fue la limitación del modelo Kirchnerista, donde en una lucha despareja no pudo imponer las retenciones móviles primero, y después observó pero no pudo impedir que los exportadores amparados por el “sagrado” derecho de propiedad “pisaran” las ventas externas y que lo importadores adelantaran sus compras (con el encomiable esfuerzo del por ese entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno y su gente, para al menos limitarlo).

En ese marco los errores propios y el dominio de los medios fueron creando las condiciones para que Mauricio Macri gane las elecciones, para ejecutar un modelo que distribuye regresivamente ingresos, expulse gente del mercado de trabajo para que la desocupación abierta frene los incrementos salariales, y solo se puedan desarrollar aquellos emprendimientos productivos en que somos competitivos internacionalmente, que están fuertemente ligados a la tierra pero que no generan trabajo (cuantas horas hombres anuales significa la producción de la soja. O la extracción de oro, o del gas y del petróleo) y determinados segmentos industriales, que paradójicamente requieren del apoyo estatal.

 El gobierno de Macri 

 “…grandes ganancias a sectores reducidos promoviendo otra gigantesca fuga de capitales, que servirá para evadir y proteger esas ganancias en los paraísos fiscales y posiblemente, para muchas multinacionales, compensar las pérdidas que la crisis les ha producido en otros lados” Prof. Mario Rapoport

La lógica imperante en el modelo macrista es la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos generan con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional, que a su vez es el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

Devaluaron violentamente no bien asumieron (el dólar pasó a valer de $ 9,70 el 9 de diciembre de 2015 a $ 13,90 el 31 de enero y a $ 15,80 el 28 de febrero de 2016) y le quitaron las retenciones a las exportaciones (disminuyendo la de la soja), redujeron los impuestos internos para la compra de autos de alta gama y artículos de lujo, incrementaron fuertemente las tasas de interés, acrecentaron sideralmente las tarifas de la luz, del gas, del agua, de las comunicaciones.  Se endeudaron irresponsablemente, como gráficamente lo expresara el primer ministro de economía de Kirchner, Roberto Lavagna: “El Kirchnerismo para resolver 90 mil millones de dólares, emitieron 35 mil, el gobierno de Macri para resolver menos de 5 mil millones, emite 12.500 millones”.

Y hacia el futuro inmediato, en la ley 27.260 que va a permitir pagar jubilaciones extraordinarias a costa de todo el sistema previsional, reduce severa y tajantemente el impuesto a los Bienes Personales (patrimonio de las personas), eliminan a partir del año 2019 el impuesto a los activos de las empresas (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), derogan el impuesto a los dividendos (ganancias) por la compraventa de acciones en mercados financieros del exterior, permiten un “blanqueo” sin la obligación de repatriar los capitales no declarados, y como postre para terminar de desfinanciar el sistema, la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

En efecto la ley ómnibus recorta beneficios a quienes tienen sentencia firme y a quienes están litigando, puede desatar miles de juicios de aquellos que no fueron contra el Estado y ahora ven la posibilidad de obtener un resarcimiento por esa vía -para lo cual tienen todo el derecho-, expulsa de la jubilación plena a quienes fueron víctimas del trabajo en negro y no pudieron completar aportes, especialmente a las mujeres, consume la rentabilidad del FGS, que no podrá utilizarse para otros fines, y compromete la sustentabilidad del sistema jubilatorio en su conjunto al asumir compromisos que no se sabe si se podrán cumplir. Paralelamente la propuesta de blanqueo de capitales en medio del descubrimiento de cuentas offshore en Panamá y Bahamas entre las que figura el Presidente, su familia, y otros funcionarios del gobierno y del partido político que lo llevo a la presidencia, es coherente y se amalgama con la posibilidad de vender las acciones de empresas privadas en poder de la ANSES a partir de la nacionalización de las AFJP. Entre otras con acciones en poder de la ANSES figuran empresas del grupo Techint (Siderar); de Aluar; el 9% del paquete accionario del Grupo Clarín; Molinos Río de la Plata; las empresas distribuidora de gas; de energía eléctrica; Endesa; Cresud; Central Puerto SA; IRSA; Ledesma SA; Alpargatas SA; Solvay; Quickfood; Consultatio; Holcim;  y Mirgor.  Y los bancos Macro (con el 24,6% del paquete accionario), BBVA Francés, Banco Patagonia, Galicia, e Hipotecario, el volumen de acciones en poder del organismo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) superarían a septiembre de 2016 los $ 90.000 millones, que indefectiblemente será utilizados para ese fin.

Una clara muestra de la irresponsabilidad, desconocimiento e improvisación del gobierno es la Resolución 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería por la que se aprobó un nuevo cuadro tarifario para la boca de pozo del gas incrementando el Millón BTU de U$s 2,60 a U$s 4,50 o U$s 5.- según la cuenca, que sumado al precio de los distribuidores y a la devaluación realizada implicó un aumento sideral de las tarifas, que al no ser convalidado por la Corte Suprema de Justicia al no haberse realizado las correspondientes audiencias públicas, tuvieron que frenar, pero es obvio que tienen toda la intención de una manera u otra de aplicarlo y así lo hacen subrepticiamente y lo plasmarán en el año 2017, sobre todo después de las elecciones de medio término de ese año.

El gobierno de Macri solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, no existe y en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.

Se realizó una importante depreciación de nuestra moneda y como las grandes empresas formadoras de precios los acrecentaron, el incremento de los mismos absorbió gran parte del ajuste cambiario inicial de modo tal que en enero de 2017 el valor del dólar favorece la compra en el exterior de bienes finales (sobre todo de consumo y de consumo para los sectores más pudientes de la sociedad, como lo demuestra la importación record de autos de alta gama del año 2016).

La administración de Macri busca consolidar un modelo de acumulación a favor del gran capital (nacional y extranjero). Posibilita la fuga de capitales, de allí que el 16 de diciembre de 2015 eliminaron el mal llamado “cepo” cambiario y permiten cada vez más y mayores compras de divisas a particulares y a empresas (que Argentino de a pie puede adquirir U$s 5.000.000.- por mes), generando una fuerte caída del consumo popular (y con ello del Producto Bruto Interno) e incrementando el déficit fiscal y comercial que cubren con un cada vez mayor endeudamiento, camino que, como se ha dicho y a demostrado la historia de nuestro país, solo sirve para enriquecer a la minoría dominante, y a su vez los deja a ellos como únicos contactos y confiables al capital extranjeros para renovar esos créditos que se emplean mal (en realidad se convierte en el vehículo de la fuga de capitales) y que no se necesitan.

El final de la película ya lo conocemos, nos lo dice la historia y lo hemos vivido, en la crisis de 1890 y de 1930, y que tras el golpe militar de 1976 se acorta en períodos de siete años promedio: 1982, 1989, 1995, 2001/2 y que por el gobierno de los Kirchner de defensa del mercado interno no se había hecho presente pero que si lo será en un futuro inmediato por las condiciones creadas por la administración macrista.

La voluntad política expresada por el Presidente de llevar a la Argentina a la Alianza del Pacífico, un bloque que se caracteriza por sus elevados niveles de apertura a las importaciones, y a un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, demuestra que no solo no se defiende el mercado interno, sino que se obliga a nuestra industria a competir en forma desigual propiciando el cierre y fusión por absorción por grandes empresas, esencialmente extranjeras. Si sabemos que las pymes son las principales creadoras de puesto de trabajo se vislumbra lo mismo que antes fue, desocupación y crisis para obligar a reducir los salarios en moneda dura.

La mentira de la productividad y de la necesidad de la economía de escala nace de la misma debilidad ideológica del macrismo, de no defender el mercado interno y el trabajo nacional, creyendo en la perogrullada de las leyes del mercado. El mercado por definición es donde se unen oferentes y demandantes de un mismo bien o servicios, sin tener en cuenta la magnitud de uno y otro, por ende, en una economía abierta como la nuestra, donde existen grandes operadores (tanto para la compra como para la venta) los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, insumos, energía, etc.) quedan determinados por los capitales más importantes. La única lógica que conocen los capitales es la de generar la mayor tasa de ganancia, y en el caso del capital financiero, que la misma se obtenga en el menor tiempo posible, por ende se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo, como juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro (e incluso la lectura del pasado) en esa lógica primaria, elemental,  casi secreta, donde la primacía la determinan esos grandes capitales que solo ingresan al país si se le asegura (de allí la confianza de los mercados y la seguridad jurídica que propician) el cumplimiento estricto de la maximización de la ganancia y la minimización de los costos.

En esa lógica la tasa de interés es decisiva y fundamental, solo se emprende aquellos proyectos de inversión que superen la tasa de interés (con lo que se supedita la economía real a la financiera),  lo que se agrava porque paralelamente, la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento de la economía en dólares con lo que es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI, entonces el “alegre” endeudamiento que incurre el gobierno debe pagarse con un PIB que no crece, por un lado, y por el otro nos preguntamos: Qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtiene; de otro modo no se puede pagar la deuda y menos pagar las importaciones necesarias, con lo que el modelo es insustentable, dura mientras no se deba hacer frente a los servicios de una deuda cada vez mayor y asfixiante.  La apariencia de equilibrio y generación de negocios persiste mientras ingresan capitales[26], y se puedan cancelar y renegociar títulos de deuda, pero una vez agotada las ventas de activos públicos (por ejemplo la venta de la participación del Estado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS)  y privados, el ingreso de blanqueos y condonaciones de todo tipo, presionar a las provincias para facilitar y ampliar la compra de tierras por empresas extranjeras, después de esos ingresos, como pasó con las privatizaciones de Menem y Cavallo, queda un modelo incapaz de sustituir importaciones y producir bienes con alto valor agregado.

Ingresan dólares financieros (deuda, blanqueo de capitales, extranjerización de la economía) pero en forma sistemática las importaciones superan a las exportaciones y a la vez, se debe hacer frente al cada vez mayor pago de los intereses del endeudamiento, con lo que se incurre en un déficit cada vez mayor de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que, como ha pasado en el año 2001, por más renovación de deuda y/o plan canje que presenten, los acreedores impondrán peores condiciones y mayores tasas de interés, hasta que llega un momento en que se retiran en bandada.

Si a todo lo dicho le sumamos el accionar del Banco Central bajo la presidencia de Federico Sturzenegger, de fijar metas inflacionarias y que se readecue toda la economía a las mismas, en la creencia que al restringir la cantidad van a limitar el crecimiento de los precios, sin contemplar que los que fijan los precios son los grandes empresarios que tienen mercado cautivo o semi cautivo, como son los  casos, por ejemplo, de los combustibles o el de generación y distribución del gas o de la electricidad.

Que dicha esterilización de dinero se sostiene colocando títulos de deuda del BCRA para absorber liquidez, y que implementó el gobierno anterior para financiar al Tesoro de la Nación, en cambio el macrismo, aun endeudándose para subir artificialmente las reservas internacionales, esterilizan al 28/12/2016, siempre según datos oficiales, el 77,52% de la base monetaria (que es la cantidad de dinero creada y puesta en circulación por el BCRA), solo para que el mismo no vaya al público, ya sea para el consumo (lo que subiría la inflación en su mentalidad), o a la compra de divisas. Las LEBAC – Letras del BCRA- totalizan al 28/12/2016 la suma de $ 629.320 millones, cuando la Base Monetaria a esa fecha era de $ 811.800 millones, y se incrementaron en ese lapso en un 112,5% (Las LEBAC totalizaban al 09/12/2015 la suma de $ 296.181 millones).

Es por eso que, en lo inmediato, en el día a día, la administración de Macri trata de frenar la inflación con endeudamiento (externo e interno) y colocando Letras del Banco Central (LEBAC) a tasas astronómicas, incrementando exponencialmente la deuda externa e interna del Gobierno[27].  Trampa generada por ellos mismos, por su propia concepción e impericia, el ejemplo de las LEBAC (que comenzaron con una tasa del 35,25% el martes 24 de mayo 2016), y va descendiendo paulatinamente (el 31/08/2016 cortó a 28,25% anual para el plazo de los 35 días y al 28/12/2016 lo hizo al 24,75%) y no puede ser menor porque en el mercado a futuro del ROFEX (Mercado cerealero de Rosario) está acordado el valor del dólar a $ 17,90 para julio de 2017 y de $ 19,35 para noviembre 2017, cuando el valor tipo vendedor del día 28/12/2016 fue de $ 16,15, de allí se desprende que  la tasa anualizada de las LEBAC debe ser mayor que la depreciación esperada punta contra punta, de 12,5% para julio 2017 y del 21% para noviembre 2017.

En síntesis, en un año de gestión como Presidente de la República de Mauricio Macri se ejecutó una brutal transferencia de ingresos a favor de los que más tienen a través, primero, de la combinación de la devaluación y la quita y/o reducción de las retenciones a los grandes productores y comercializadores de granos, y a las empresas mineras; segundo,  durante el año beneficiando al  capital financiero con las LEBAC (Letras del BCRA) y otros activos púbicos con tasas de interés mayor que la depreciación del dólar (Por ejemplo las LEBAC pagaron en promedio en el año 2016 una tasa cercana al 32% anual y el dólar punta contra punta se incrementó solamente el 21%); y tercero y fundamental, a  las grandes empresas que subieron sus precios en torno al 50% castigando a la población y a  las Pymes que deben comprarle insumos a ese valor y/o venderle a precio vil (acero, aluminio, petroquímica, cemento, gas, electricidad, combustibles, el precio a la población de la leche, de la carne, de la harina, de la yerba, del aceite, de los medicamentos, etc. etc.) .

En ese marco la economía cayó fuertemente (no menos del 3% del PIB como quiera medírselo), se perdió riqueza por un valor equivalente a no menos de U$S 16.500 millones, pero como hubo puntuales beneficiados por la transferencia de ingresos como dijimos en el primer párrafo, es claro que el resto de la población, la Argentina de a pie, perdió lo que ganaron los otros, más la caída del PIB.

Un año de gestión y genera graves problemas en las economías regionales, lo demuestran los cierres de tambos, el “regalo” desesperado o dejar que la planta se pudra de los pequeños y medianos productores de la fruta y de las hortalizas y verduras ante los precios menores que los costos por la suba del combustible y demás insumos; 190.000 despedidos formales (trabajo en blanco con aportes previsionales y sociales) en el año (unos 122.000 puestos en el sector privado -industria, construcción, comercio, etc.-. y unos 68.000 en el sector público nacional, provincial y municipal), sin  contar la suspensiones, vacaciones anticipadas, reducciones de horas de trabajo, eliminación de las horas extras, etc. etc. que suman personas de a miles; caída en la Inversión Bruta Interna Fija que perforó el piso del 18% del PIB; caída del consumo (y de las ventas);  las exportaciones se mantuvieron gracias a que sabiendo la devaluación de más del 40% del inicio de la gestión de Macri (un dólar de $ 9,70 al 9 de diciembre de 2015 a $ 13,90 al 31 de  enero y de $ 15,80.- al 28 de febrero de 2016) se vendió parte de la cosecha retenida, pero las importaciones crecieron más (y sobre todo de bienes finales lo que compite con nuestra producción).

En ese marco cuál es la prioridad del gobierno, bien por un lado y a través del Comunicado “A” 6128 del BCRA le permite a las entidades financieras incrementar la tenencia de dólares del 15 al 25% de su patrimonio;  por otra parte, no bien asumió Macri le autorizó a las empresas exportadoras tomarse hasta 365 días para liquidar una operación, ahora y desde el primer día hábil de 2017, primero las exportadoras de servicios (royalties o patente, turismo, servicios profesionales de todo tipo, correo, fletes, seguros, etc.) no tienen ningún límite de tiempo para ingresar al país los dólares que reciben por esos servicios, y después los exportadores de mercancías (bienes) tienen hasta 10 –diez – años para liquidar sus exportaciones en el mercado local (pasar de divisas a pesos); finalmente, como regalo de fin de año, le reconoce y le paga a TRASENER SA (donde tiene participación el Estado y también EDENOR del grupo Mindlin) la suma de $ 2.014 millones, y a las distribuidoras de gas (Metrogas, Litoralgas, Gasnor, Gasnea, Gas Natural Ban, Gas del Centro, Gas Cuyana, Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi gas Pampeana) le transfiere $ 3.450 millones por no haber podido ajustar las tarifas todo lo que las mismas pedían.

Por supuesto que semejante dislate y muestra cabal de incompetencia de la administración de Macri, se refleja en:

  1. a) Un déficit fiscal de $ 544.000 millones, esto es aproximadamente U$s 34.000 millones, el 6,2% del PIB. La administración de Macri Incrementó el presupuesto original en un 46% (por supuesto que encima sub ejecutó en salud, en educación,  y en obra pública), y lo hizo sobre todo en el rubro deuda, en donde los intereses de la misma sumaron $156.872 millones en once meses, un 93,4% más que lo devengado un año atrás, de acuerdo a las cifras de ASAP,  monto que no pudo ser compensado por el ingreso de las multas del blanqueo de $ 82.000 millones (Unos U$s 5.100 millones, aproximadamente el 1% del PIB).  Que la mayor parte del ingreso de la multa del blanqueo de capitales se destine al pago de los ajustes de los haberes de jubilados y pensionados forma parte del gasto público, donde obviamente se incrementó también las erogaciones previsionales, sin que ello signifique una mejora para los que menos ganan (también allí el sello de clase de Macri).

 

  1. b) La deuda cuasi fiscal de la gestión de Macri, reflejado en la LEBAC (Letras del BCRA) asciende a $ 333.139 millones, con lo cual el pasivo no monetario del BCRA al 28/12/2016 es de $629.320 millones, convertidos a dólares aproximadamente unos U$s 39.300 millones (el 7% del PIB) que devengó intereses este año por el equivalente a U$s 11.000 millones (suma mayor de lo que ingresó al fisco nacional por la multa del blanqueo de capitales)

 

La suma del déficit fiscal (6,2% del PIB) y de la deuda cuasi fiscal o del BCRA (7% del PIB) asciende a 13,2% del producto bruto interno, de los cuales la gestión de Macri es responsable del aumento en un 5,4% del PIB  y también, obviamente,  que el mismo descienda no menos de 3% en el año 2016.

  1. c) Deuda: La deuda contraída por el gobierno de Macri del año 2016, tanto en pesos como en dólares, pero convertida toda en divisas norteamericanas al tipo de cambio oficial, implican:

1) Intereses de las LEBAC por no menos de U$s 11.000 millones

2) Déficit Fiscal del año 2016 por el equivalente a U$S 34.000 millones

3) Reconocimiento y pago de deudas con los fondos buitres y otros por U$s 18.655 millones

4) Se le resta la multa ingresada por el “Blanqueo” de capitales de $ 82.000 millones en su equivalente en dólares de U$s 5.100 millones

Lo que conforma un total de deuda nueva por U$s 58.500 millones como mínimo, cuando la deuda al 31/12/2015 reconocida por el gobierno de Macri y publicada en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Nación ascendía a U$S 222.703 millones (de los cuales casi el 57% era deuda intra sector público nacional), por lo que en un año aumentó el endeudamiento externo en un 26%

También, obviamente,  es impensable que se pueda volver a repetir, primero porque ahora el nivel de deuda es mayor; segundo el ingreso de la multas del “blanqueo” es por una sola vez; y tercero y el más importante dato, que el riesgo de devolución de los créditos se incrementa potencialmente cuando la suma de los déficit fiscal y de la deuda cuasi fiscal supera el 13% del PIB para un país como la Argentina, que tiene déficit en su cuenta corriente de la Balanza de Pagos y que su población tiene en cuenta que el valor del dólar (su tipo de cambio de referencia) está atrasado y que son mucho más baratos los productos de los países vecinos y persistentemente compran dólares como ahorro, como lo demuestra los U$s 26.060 Millones adquiridos en el año 2016 que nos informa el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio de la Argentina).

Esa compra sistemática de dólares por la población local explica porque ante semejante deuda contraída y la colocación de LEBAC para captar divisas, sin embargo las reservas internacionales del BCRA (siempre usando los número oficiales) han aumentado solamente en U$s 14.112 millones, cuando solamente tomando en cuenta los LEBAC, dichos títulos lo hicieron en $ 333.139 millones que es el equivalente a U$s 21.000 millones, quiere decir que si los bancos dan señales de deshacer su posición en LEBAC, el efecto de la corrida cambiaria sería el fin de las metas inflacionarias y cuantas estupideces repite el exotérico presidente del BCRA.

 

Si realmente se quiere propiciar el crecimiento de la economía la consistencia macroeconómica fundamental es la combinación de un tipo de cambio alto con bajas tasas de interés, como lo demuestran los países asiáticos que crecen a tasas sostenidas: China, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, etc., exactamente a la inversa del modelo macrista.

Las inconsistencias del modelo propiciado por la administración de Macri generan un proceso de retroceso perpetuo, en el que desciende aún más la elasticidad empleo –producto, ante un PIB que decrece y genera una mayor tasa de desocupación; se ahoga a las Pymes de todo tipo y a las economías regionales, lo que impacta negativamente sobre el empleo y las cadenas de pago; y ante la menor actividad, cae la recaudación tributaria y se agranda el déficit fiscal.

El economista y Presidente del Banco Central de Chile cuando era Presidente Salvador Allende, Dr. Carlos Matus  sostenía:  “El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero; el hambre sin ingresos no vale; es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico; opera torpemente cuando en el sistema dominan los monopolios, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”.

En cambio, la administración pública es totalmente distinta a lo planteado por los devotos del Mercado. La política económica en el sentido amplio de la palabra es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos. No existe Estado sin fijar metas, que son en sí misma la esencia del diseño del proceso de planificación de un gobierno, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja inter relación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines.

En la teoría económica existen dos grandes escuelas, la llamada neoclásica, liberal o marginalista que determina la asignación de recursos por el mercado, y la keynesiana, que es una apología y propuesta de intervención pública directa en materia de gasto, poniendo en manos de las autoridades públicas, quienes son los que realmente tienen medios y posibilidades de realizar un cálculo más racional y ajustado de la eficiencia marginal del capital, las decisiones de inversión de la economía. John M. Keynes (1883-1946) va a afirmar: “Por tanto, en condiciones de laissez faire (mercado libre), quizá sea imposible evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología de los mercados de inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de la inversión no puede dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares”.

Y sin embargo los empresarios que operan en nuestro país ganaron mucha plata por la ampliación del mercado local y por los acuerdos con la región, la tasa de ganancia fue óptima, pero en lugar de aumentar la oferta (y para ello la inversión),  prefirieron aumentar los precios y fugar capitales, porque nuestros sectores dominantes, del cual el actual Presidente argentino es hijo, piensan en un país para ellos, que no limite sus ganancias, y prefieren subordinarse al capital extranjero a que los negros de este país tengan un mejor nivel de vida, que estudien y se capaciten, siempre tienen el miedo de que se organicen y le disputen el poder, como le dijo Elbio Cohelo a James Petra, y ahora acrecentado por el miedo a no poder competir, lo que refuerza su lógica dependentista y subordinada al capital extranjero

El modelo de negocios para pocos y a costa de la producción y el trabajo, que se representa como el predominio del capital financiero sobre el productivo, genera siempre el mismo resultado.  El profesor Joseph Stiglitz, de la Universidad de Columbia (EEUU), refiriéndose a su país sostiene que el uno por ciento (1%)  de los estadounidenses recibe casi una cuarta parte de la renta (ingreso) de la nación cada año, y si se habla de riqueza en vez de renta, el uno por ciento (1%) de la población detenta el 40 por ciento (40%) de la riqueza, mientras crece la desocupación y la pobreza, fruto de que han ido trasladando la producción fuera de los EEUU (disminuyendo año tras año la inversión en máquinas y equipos) y un sistema financiero e impositivo que es funcional a la cada vez más desigual distribución del ingreso.

El mismo Stiglitz sostiene comparándolo con la caída de los emperadores romanos o los sátrapas persas (de antes, de ahora y de siempre) que en su país el uno por ciento (1%)  de la población tiene las mejores casas, la mejor educación, los mejores médicos, y los mejores estilos de vida. Pero hay una cosa que el dinero no parece haber comprado: el entendimiento de que su destino está ligado a cómo vive el noventa y nueve por ciento  (99%) restante de la población. A lo largo de la historia, esto es algo que el uno por ciento (1%) aprende con el tiempo. Demasiado tarde.

El modelo macrista genera un país para pocos que copia lo peor de los países desarrollados, con fuerte caída del PIB, lo que arrastra menor recaudación fiscal y que rompe el supuesto círculo virtuoso entre las mayores exportaciones por la devaluación y quita de retenciones, ante un país que decrece no invierte y fuga capitales.

Macri y los sectores dominantes de la Argentina conforman una sociedad donde la marginación, la pobreza, la ignorancia y el miedo, les permita a que ellos, que ven un mundo cada vez más global, abierto e integrado, se subordinen y asocien como socios menores al gran capital internacional y la sociedad se modele a su gusto y semejanza, eso explica el “alegre” endeudamiento, la destrucción del sistema previsional para beneficiar a una minoría a costa de la mayoría de los jubilados y pensionados del país, la desprotección al mercado interno, las nuevas normas de flexibilización laboral, el “blanqueo” de capitales, la extranjerización de la tierra, etc. etc.

Pero el costo es una economía concentrada, que le deja los principales resortes de la producción y distribución a las grandes empresas (cada vez más extranjeras), que van a crecer integrándose al resto de su cadena internacional, pero que va a excluir por su propio accionar a la producción local, esencialmente las pymes y las economías regionales, dado que van a invertir en los sectores más redituables con que cuenta la Argentina.

Ese tipo de producción de enclave implica crecimiento para el sector elegido que observando las empresas y sectores referidos podemos apreciar cuales son, pero no hay respuesta de consideración para el resto de las actividades, más allá de un limitado multiplicador por la necesidad de trabajos e insumos locales.

Paralelamente, los salarios estarán siempre compitiendo en moneda dura con los salarios de Brasil o de México u otro país de la región que sea alternativa de inversión. Y solo pueden crecer siempre y cuando no se incurra en déficit en la cuenta corriente, y para ello se necesita que el precio de la soja y demás bienes primarios que vendemos y el volumen vendido sea un porcentaje mayor que el crecimiento de las importaciones, lo que genera un doble cerrojo al proceso de recuperación salarial, conformado por: Primero que no supere el salario medio industrial de Brasil ó México[28] (y otro u otros países alternativos en cuanto a inversión), y segundo, que las exportaciones puedan pagar las crecientes importaciones por el gusto de los sectores de mayores ingresos que quieren autos, embarcaciones, whisky, jamón, perfumes, productos electrónicos importados y por la destrucción de las industrias nacionales que se animaban a producirlos, más la lógica de las grandes empresas trasnacionales que con su integración empresarial toman en cuenta en segundo término las condiciones de desarrollo del país.

En este marco avizoramos una sociedad en el futuro inmediato más dual, con un Estado más limitado para poder apuntalar al resto de la economía y de la sociedad, con una clara concentración en los mercados, con un sector que se le capacitará e invertirá en tecnología, pero tanto la actividad como ese sector será determinado por grandes empresarios, esencialmente extranjeros y subordinados al capital financiero.

Vemos también otra economía que subsistirá en base al mercado interno, que ya no va a ser el centro del modelo (como le fue durante el kirchnerismo originario), siempre y cuando no implique crecimiento de significación de las importaciones (la restricción externa perdurará y se profundizará), y fundamentalmente primará la lógica del capital financiero donde la tasa de interés vuelve a ser determinante de la inversión, del tipo de cambio, y de los salarios.

En síntesis, para ver la economía que se viene en los próximos años, es una que le permite a las empresas trasnacionales y grandes nacionales obtener una tasa de ganancia y una valorización de sus activos en moneda dura, superior a la que venían teniendo en el país y a la que impera en el mundo.  En ese marco no son muchos los sectores que se van a beneficiar con la inversión, y si en cambio una parte importante del país y de la población llevará adelante una economía de subsistencia, que nunca es digna.

[1] Por supuesto cuando mayor poder económico se tiene es mayor la capacidad de formar precios,  con lo que afecta no solo la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, sino también la distribución del ingreso desde las empresas pequeñas a las grandes.

 

[2] La política del primer peronismo consistió en “tirar” la demanda,  buscando el efecto acelerador de la inversión, que pasó y en gran medida, pero como los empresarios no aumentaron la inversión en similar magnitud,  también aumentaron los precios.  Es de destacar la actitud el gobierno de esa época,  que el mundo salía de la segunda guerra mundial y los alimentos y las materias primas tenían un precio muy alto, a través de las Juntas de Granos  y de Carnes, y del IAPI se regularon los precios para no encarecer (aún más) la vida de la población.  Con ello paralelamente, al tener alimentos “baratos”, el costo salarial era menor, con lo que se produce una transferencia de ingresos de los productores del campo a la industria, siempre en un marco crecientemente inflacionario.

[3] Para la Argentina 1980 – 2015, el promedio fue de por cada punto que crecía el PIB, las importaciones lo hacían en tres puntos.

[4] La “meritocracia” de Macri

[5] Nos referimos a los salarios bajo convenio, pero arrastra a las remuneraciones no registradas. También se incrementaron proporcionalmente las jubilaciones y pensiones ajustadas por la ley de movilidad previsional.

[6] Que por otra parte, corrobora y desarrolla el Art 14 bis de la Constitución Nacional de 1957 que sostenía:  «El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

[7] Crisis de 1890, primer default de la Argentina, que se produce por el pago de los servicios de la deuda y por las importaciones de casi todo, superando ampliamente el ingreso de las exportaciones. Paralelamente esa crisis dio lugar a la conformación de la Unión Cívica Radical, cuyo primer gobierno en 1916 fue el primer intento de una administración nacional de fomentar el mercado interno, crear fuertes instrumentos públicos y defender el trabajo nacional.

[8] Tomamos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referente para medir la inflación, como generalmente se hace, pero debería tomarse también la variación de los precios del Índice de Precios Mayoristas Nivel General (IPMNG) que representa el costo de la producción y su influencia en el precio de los demás bienes, dado que la inflación es el aumento generalizado de todos los precios

[9] Presidente y Director del BCRA en la gestión de Juan Sourouille

[10] Las grandes empresas no pagaban la deuda y el Estado que había avalado esos compromisos, debió hacerse cargo del pago. Al no tener los recursos, el Tesoro de la Nación emitió nuevos títulos de deuda.  Es más, mediante el Decreto 1003/1988 se aceptaban títulos de deuda externa por avales caídos, como dichos títulos podían comprarse al 25% de su valor nominal, significaba una nueva transferencia de recursos del Tesoro a favor de los grandes deudores.  Tampoco fue casualidad que esas mismas empresas deudoras fueron las principales compradoras de empresas estatales en la privatización menemista.

[11] Mario Rapoport “Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas”

[12] Valor con el que comenzó el año 2011, tras haber descendido desde abril de 2002

[13] Solo se podría acercar algo,  la información de las empresas que cotizan en Bolsa,  que presentan sus balances,  pero la experiencia nos enseña que los costos de los precios de transferencias y otros insumos y gastos importados que contabilizan como costos, son mayores que los reales,  así como la facturación en muchos casos no es la real,  con el fin de pagar menos impuestos a las ganancias

[14] Paritarias que permiten el incremento salarial en donde pesan múltiples factores, y no exclusivamente  por productividad como proponen los empresarios

[15] El capitalismo a nivel mundial ha hecho que grandes corporaciones retengan para sí resortes claves de la producción y de la comercialización, que le asegura la apropiación de parte del excedente físico de producción. Ya sea a través del conocimiento (por ejemplo la patente de determinadas semillas híbridas, o de fertilizantes o plaguicidas,  lo que le garantiza un mismo sistema de producción y fijar ellos las condiciones) o de la propiedad de máquinas, equipos, tierra, etc…  Igual pasa con cualquier cadena productiva o de comercialización,  de manera que se dependa de la decisión de esas grandes corporaciones

[16] Esencialmente por el trabajo, haciendo compatible el avance tecnológico, con la elaboración de conocimiento propio, y con la creación de puestos de trabajo, dado que como lo demuestra la historia económica, la creación de puestos de trabajo no depende solo del crecimiento, sino que debe haber una política específica  para su apuntalamiento.

[17] Plan estratégico que defina los sectores a desarrollar (especialización), su proyección externa, e implique en su aplicación  la mayor participación de la sociedad (definiendo los canales de participación y control), y que por supuesto significa también acordar con las grandes corporaciones que operan en y con el país.

[18] John M. Keynes “La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”  -FCE

[19] Anthony Thirlwall “La Naturaleza del Crecimiento”  – FCE Thirlwall relaciona el crecimiento del producto (o del ingreso) con las elasticidades ingreso de las exportaciones y de las importaciones.

Siendo     εx = ∂X/∂Y* Y*/X la elasticidad ingreso de las exportaciones; y

εm = ∂X/∂Y Y/X  la elasticidad ingreso de las importaciones;

Estableciendo además que X = X (Y*) y M = M (Y) [obsérvese que no se hace intervenir el tipo de cambio], se obtiene fácilmente que la tasa de crecimiento del ingreso, gy, es:

gy = εx gy*/ εm

[20]  Luiz Carlos Bresser Pereira “La tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio”

[21] Y lo creemos porque se produjo el doble de automóviles, de línea blanca, y se consumió el doble de alimentos y bebidas, de energía, de cemento, etc.

[22] Por ejemplo la suba en dólares de las propiedades que encarecen su posibilidad de compra por parte de los asalariados, a la vez que encarece el alquiler de las mismas por la relación alquiler-valor de la propiedad, tanto personal como comercial.

[23] La paradoja de la sustitución de importaciones es que a mediano plazo termina demandando más divisas de las que ahorra inicialmente, sobre todo si resulta exitosa en el sentido de elevar la tasa de crecimiento, el empleo y la demanda interna. La sustitución de los productos finales eleva la demanda de insumos importados de producción más compleja (paquete tecnológico) e inversiones de mayor volumen, que son a su vez, mayoritariamente, los que las grandes corporaciones se reservan para sí, acotando y condicionando el poder de los Estados nacionales para planificar políticas en su propio territorio.

[24] “Economía a Contramano – Como entender la economía política”  Ed. Planeta Noviembre 2012

[25] Tras las elecciones del 23 de octubre de 2011 y perfeccionado en los meses siguientes, el gobierno nacional decretó la “inconvertibilidad interna del peso”, es decir los tenedores de pesos no podían comprar dólares para atesoramiento ni “dólares cable” para transferir al exterior.

[26] Y paradójicamente el ingreso de capital financiero hace que se atrase sistemáticamente el valor del dólar, que es superado por los precios y por la tasa de interés, lo que favorece la compra de productos importados llegando  al ridiculez de comprar latas de granos de choclo de Francia, naranjas de España, o frutilla de Polonia, lo que no solo compite deslealmente con nuestra producción, sino que distorsiona todos los precios relativos y hace que la cuenta de capital financie las importaciones y los intereses de la deuda

[27] Amén de que se toma la tasa que pagan las LEBAC, como interés piso para los créditos.

[28] Que a agosto de 2016 en promedio el salario del peón industrial de esos países es el 60% medido en dólares, que en la Argentina.